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Fernando Soares Jorquera con SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN Rol: C1241-12

Consejo para la Transparencia, 09/01/2013

Se dedujo amparo en contra del Servicio Registro Civil e Identificación, fundado en que la información requerida no fue entregada en la forma solicitada sobre copia digital del Registro Nacional de Vehículos Motorizados, en formato texto desde el año 2009 hasta la fecha de entrega. Toda la información que haya sido recolectada o adquirida con fondos públicos, ya sea vehículos livianos o pesados. El Consejo señaló que no se ha acreditado la causal de reserva invocada en tanto no se acompañaron antecedentes por los cuales se aprecie una afectación concreta a los derechos de las personas o a sus derechos patrimoniales de proporcionarse la información solicitada. En efecto, en la especie la reclamada se limitó a manifestar que “si bien se trata de un registro público, el contenido de su información es eminentemente de carácter privado y patrimonial”, sin que haya aportado antecedentes o elementos de juicio, ya sea en sus descargos como en la audiencia decretada por este Consejo, que permitan verificar el daño concreto a las personas respecto de las cuales se proporcionaría la información.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Justicia
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Reclamaciones contra esta decisión (Ver estado procesal):


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1241-12

Entidad pública: Servicio Registro Civil e Identificación

Requirente: Fernando Soares Jorquera

Ingreso Consejo: 28.08.2012

En sesión ordinaria Nº 403 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de enero de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1241-12.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285, Nº 19.880, N° 19.628, N° 19.477 y N° 18.290; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; el D.S. N° 1.111, de 1985, del Ministerio de Justicia, que establece el Reglamento del Registro de Vehículos Motorizados, y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Fernando Soares Jorquera, el 13 de julio de 2012, solicitó al Servicio Registro Civil e Identificación -en adelante, indistintamente, SRCI-, “copia digital del Registro Nacional de Vehículos Motorizados, en formato texto desde el año 2009 hasta la fecha de entrega. Toda la información que haya sido recolectada o adquirida con fondos públicos, ya sea vehículos livianos o pesados”.

En particular, solicita que contenga los siguiente datos del vehículo: PPU; Tipo; Marca; Modelo; año de fabricación; Nº de Motor; Nº de Chasis; fecha de inscripción; y fecha de transferencia; y además, se indiquen el R.U.N. y nombre completo del propietario. Finalmente, señala que el CD o DVD -en el cual se entregue la información- será de su cargo.

2) RESPUESTA: El Servicio Registro Civil e Identificación, mediante el Oficio RVM.T N° 119-2012, de 30 de julio de 2012 y notificado al solicitante el 17 de agosto de 2012, respondió a dicho requerimiento de información señalando, en síntesis, que:

a) De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Registro Civil y la Ley N° 19.447, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, se faculta a dicho órgano para llevar registros y efectuar actuaciones, entre las que se encuentra la de formar y mantener actualizados por los medios y en la forma que el reglamento determine, el Registro de Vehículos Motorizados, y a otorgar certificados que den fe de los hechos y actos jurídicos que consten en los registros que mantiene el Servicio.

b) El artículo 47 de la Ley N° 18.290, de Tránsito previene que “el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá informar o certificar, a quien lo solicite, los hechos o actuaciones que consten en el Registro de Vehículos Motorizados”.

c) Agrega que dicha norma se especifica aún más en el artículo 28 del DS N° 1.111, de 1985, del Ministerio de Justicia que establece el Reglamento del Registro de Vehículos Motorizados, en cuanto aclara que dicha información se entrega a través de certificados automatizados, respecto de los cuales cualquier persona puede acceder por el código de la Placa Patente del vehículo, cancelando los derechos de rigor.

d) De este modo, en conformidad a lo dispuesto en las normas citadas y lo previsto en el artículo 18 de la Ley de Transparencia, el detalle de los datos solicitados se debe obtener a través del correspondiente Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes de cada uno de ellos, en cualquier oficina del Registro Civil o en la página web www.srcei.cl, cancelando los derechos por cada certificado.

3) AMPARO: El 28 de agosto de 2012, don Fernando Soares Jorquera dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información requerida no fue entregada en la forma solicitada. Al efecto, hace presente lo siguiente:

a) Que, según el artículo 17 de la Ley de Transparencia, la información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, que en este caso corresponde a la copia digital en formato texto, medio de almacenamiento tipo CD o DVD y no en la forma que indica el organismo, que es en certificado en papel. En relación a lo mencionado, a su juicio la reclamada ha infringido el artículo 18 de la Ley de Transparencia y la Instrucción N° 6 del Consejo de Transparencia en lo relativo a gratuidad y costos directos de reproducción, entendiendo que el formato en que solicitó la información es de un valor bastante inferior al de los certificados automatizados propuestos.

b) Además señala que para proceder con la solicitud de un certificado, requiere conocer previamente la patente del vehículo y según las estadísticas públicas del Registro Civil a la fecha de esta presentación, existen cerca de 1.200.000 nuevos vehículos inscritos en el Registro y otros millones en transferencias, por lo que se hace imposible realizar la solicitud sin contar previamente con dicho antecedente.

4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: El Consejo Directivo de este Consejo, mediante Oficio N° 3.375 de 11 de septiembre de 2012, solicitó al reclamante que subsanara su reclamación en el sentido de acompañar copia del correo electrónico o acto administrativo mediante el cual el Servicio de Registro Civil e Identificación habría dado respuesta efectiva a su requerimiento de información. El 12 de septiembre de 2012, el solicitante remitió a este Consejo copia del correo electrónico por el cual consta que fue notificado el 17 de agosto de 2012, de la respuesta entregada por el organismo reclamado.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 3.444, de 14 de septiembre de 2012, al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, quien a través del Oficio N° 661, de 9 de octubre de 2012, presentó sus descargos, señalando, en síntesis que:

a) En su opinión, el requirente solicitó acceso a toda la base de datos que constituye el Registro de Vehículos Motorizados y cuyo acceso, según lo mandatado por la Ley de Tránsito y su Reglamento, interpretado a la luz de las funciones establecidas por la Ley N° 19.477 Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, solo se puede obtener por la vía del Certificado de Anotaciones Vigentes. En este contexto, señala que la respuesta entregada al solicitante se enmarca en el ámbito de las competencias que el ordenamiento jurídico le entrega para efectos de proceder al acceso a la información que consta en el Registro de Vehículos Motorizados, y cuya obligación de llevar en su base de datos central, pertenece exclusivamente a ese organismo, no a otra persona, institución, ni grupo. Además, se ajusta, a su juicio a lo previsto en los artículos 15 y 18 de la Ley de Transparencia.

b) Agrega que no se establecen normas relativas al acceso de toda la base de datos que contiene el Registro de Vehículos Motorizados, ni menos permite generar o producir información, situación que, de permitir su acceso, desnaturalizaría completamente el propósito legislativo de establecer un Registro de Vehículos Motorizados a cargo de un organismo y a cuya información se accede por la vía de la obtención de certificados. Así la imposibilidad de proveer lo pedido al solicitante, no se fundamenta en un aspecto técnico, sino netamente jurídico, que se reduce a que, a su juicio, dicho organismo no tiene competencia para hacer entrega del total de la base de datos de dicho registro.

c) En este sentido la Ley de Tránsito y su Reglamento rigen el procedimiento de acceso a toda la información que consta en la base de datos del Registro, en conformidad al principio de especialidad y el principio de competencia. Ello por cuanto el Reglamento expresamente determina que tanto la información de los hechos que constan en el registro, como la certificación de los mismos, se produce o genera “a través de certificados automatizados que contendrán dicha información”, no contemplando entre sus disposiciones, ni en las de la ley, un acceso distinto, ni menos aún acceso a toda la base de datos del registro. Luego destaca que la especialidad constituye un principio general del derecho, el cual tiene por objeto la solución de eventuales conflictos normativos que se producen entre las normas jurídicas, siendo un criterio válido para la solución del referido conflicto normativo, la regulación especial sobre una determinada materia. Este principio fluye del artículo 4° del Código Civil y se encuentra ampliamente reconocido a nivel jurisprudencial. A su vez, este principio se encuentra reconocido en materia de procedimiento administrativo, citando al efecto el inciso primero del artículo 1° de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

d) En este sentido, la Ley de Transparencia, respecto del procedimiento de acceso a la información, no posee la especificidad, ni especialidad suficiente para normar la forma en que se accede a la información que se contiene en la base de datos del registro y por el contrario, es la Ley de Tránsito y su Reglamento la normativa que prima sobre la primera en cuanto al acceso a la información que en aquel registro se contiene, imponiendo que tal acceso debe efectuarse por la vía de la regulación especial, no de la regulación general. Con ello, y teniendo presente el principio de competencia, establecido fundamentalmente en el artículo 7° de la Constitución Política de la República, señala que ese Servicio se encuentra impedido de otorgar acceso a la información de manera distinta a las expresamente contempladas en los procedimientos especiales establecido. Además, es un ente registral y, para el ejercicio de sus funciones cuenta con normas que rigen la creación, mantención, poblamiento y tratamiento de los datos contenidos en cada uno de los Registros que administra. Asimismo cuenta con normas específicas que le permiten cobrar por la entrega de la información que puebla cada registro.

e) Por otra parte indica que, siendo el reglamento del Registro de Vehículos Motorizados un complemento indispensable de la Ley de Tránsito, en conjunto con la disposición legal especial, constituyen una regulación normativa que primaría sobre la relativa al acceso general a la información pública. Al respecto, señala que el Tribunal Constitucional, en el Rol N° 325, de 26 de junio de 2001, reconoció el carácter de ley de bases que posee la Ley de Tránsito, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 N° 20 de la Carta Fundamental.

f) A su juicio, lo que hace el Reglamento del Registro de Vehículos Motorizados es "encausar" el ejercicio del derecho de acceso a la información, fijando al efecto un procedimiento que permite el conocimiento de dichos datos, y que es perfectamente compatible con lo que dispone genéricamente la Ley de Transparencia. En este aspecto, la afirmación sobre la existencia de un conflicto normativo entre las normas que rigen el acceso a la información que consta en la base de datos del Registro de Vehículos Motorizados, y las relativas a la Ley de Transparencia, y los eventuales efectos derogatorios que se atribuyen a ésta última respecto de las disposiciones legales y reglamentarias del tránsito, no constituye una materia de competencia de este Consejo para la Transparencia, sino de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

g) Alega la reclamada que la interpretación armónica de las normas, permitiría sostener, en su opinión, que el acceso a la información, en la forma requerida, esto es, solicitando el acceso a toda la base de datos, es una información reservada en conformidad al artículo 21 N° 5, en relación con el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia. En este sentido manifiesta que las disposiciones precedentemente citadas dan lugar a configurar una causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, pues el legislador estableció un mecanismo determinado para acceder a la información del Registro de Vehículos Motorizados, lo cual se puede estima justificado en razón de que en aquél existe información que afecta los derechos de las personas.

h) Agrega sobre este punto que el registro contiene tanto datos personales como patrimoniales, los cuales se encuentran protegidos por las disposiciones de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y también por las de la Ley de Transparencia.

i) La publicidad del citado Registro dice relación con su accesibilidad en la forma ya indicada y por ello el legislador determina que el acceso a dicha información no es gratuito. Al respecto, hace presente que en la entrega de esta información, de la forma solicitada, no existe control alguno de la gestión pública, que es precisamente uno de los objetivos primordiales de la Ley de Transparencia, ya que la información, en estricto rigor, es de las personas que son propietarias de vehículos registrados. En efecto, la idea del legislador al establecer el registro de que se trata, es mantener la historia de la propiedad automotriz y dar publicidad de ella. No es una información asociada a un acto o resolución del Servicio, ni a sus fundamentos, ni a los documentos que le sirvan de complemento directo y esencial, ni se trata de procedimientos públicos, sino más bien atiende a la celebración de actos jurídicos privados, de carácter patrimonial, que celebran las personas sobre sus vehículos.

j) Si bien se trata de un registro público, el contenido de su información es eminentemente de carácter privado y patrimonial. Por ello el legislador regla de una determinada forma el acceso a dicha información, en consideración a la naturaleza de la documentación que en este se contiene, y dispuso que el Servicio debe guardar en lugar seguro y adecuado los documentos y demás antecedentes que sirvan de fundamento a las inscripciones y anotaciones (artículo 43 de la Ley de Tránsito). Esta seguridad se impone debido al carácter privado y patrimonial de la información.

k) Finalmente, argumenta que la información que consta en el registro dice relación con el patrimonio de una persona, en tanto se accede a la propiedad sobre un vehículo y los derechos que aquella tiene sobre éste, citando al efecto la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que, a través del Rol N° 2.846-2010, procedió a acoger un reclamo de ilegalidad en contra de una decisión del Consejo para la Transparencia. Al respecto, en el considerando 6° señala: “Que, resulta evidente el dominio privado de la cosa específica que significa un estudio o trabajo acompañado a una solicitud que se presente a un órgano de Administración del Estado, pues la propia Ley 20.285, en su artículo 21 N° 2 permite como causal de secreto o reserva que habilita para denegar el acceso a la información, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas”.

6) AUDIENCIA PÚBLICA: El Consejo Directivo, en sesión ordinaria Nº 394, de 5 de diciembre de 2012, conforme al artículo 25, inciso final, de la Ley de Transparencia, acordó convocar a una audiencia pública de rendición y discusión de antecedentes y medios de prueba, especialmente aquellos relativos a la procedencia de entregar la información solicitada en términos distintos al certificado y la forma en que el Servicio de Registro Civil e Identificación opera para proporcionar datos del registro de Vehículos Motorizado. Dicha audiencia se llevó a cabo el 9 de enero de 2013, oyéndose los alegatos del reclamante y del organismo reclamado.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, no obstante que la respuesta figura fechada el 30 de julio de 2012, en los hechos solamente fue notificada al recurrente el 17 de agosto de 2012. Al respecto, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o el jefe superior del servicio deberá pronunciarse sobre la solicitud de información que le fuera presentada, sea entregando la información o negándose a ello, dentro de un plazo máximo de 20 días hábiles, cuestión que no ocurrió en el presente caso, lo que será representado al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación.

2) Que, sobre el fondo del asunto, el organismo reclamado manifestó que en aplicación de lo dispuesto en los artículos 15 y 18 de la Ley de Transparencia, el acceso a la información contenida en el Registro de Vehículos Motorizados, sólo puede efectuarse mediante los certificados expedidos por el organismo, previo pago de los valores establecidos mediante sus resoluciones exentas, en tanto no tiene aplicación en esta materia la Ley de Transparencia.

3) Que el artículo 3° de la Ley N° 19.477, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, establece que corresponderá a dicho Servicio “llevar los registros y efectuar las actuaciones que la ley encomiende”. Asimismo, los numerales 1 y 7 del artículo 4° del mismo cuerpo legal prescriben, respectivamente, que son funciones del Servicio, formar y mantener actualizados los registros que indica, entre ellos, el Registro de Vehículos Motorizados, y “otorgar certificados que den fe de los hechos y actos jurídicos que consten en los registros que mantiene el Servicio”. A su vez, los artículos 39 y 47 de la Ley N° 18.290, de Tránsito, establecen, respectivamente, que el Servicio “llevará un Registro de Vehículos Motorizados en la base de datos central de su sistema mecanizado, en el cual se inscribirán los vehículos y la individualización de sus propietarios y se anotarán las patentes únicas que otorgue”, debiendo dicho Servicio “informar o certificar, a quien lo solicite, los hechos o actuaciones que consten en el Registro de Vehículos Motorizados”. Por otra parte, el D.F.L. N° 1.282, de 1975, del Ministerio de Hacienda, establece el monto en pesos de los impuestos que deberán pagarse por las actuaciones del Servicio de Registro Civil e Identificación, cuyos valores serán reajustados por decreto del Ministerio de Justicia.

4) Que, en la decisión de amparo Rol C368-11 -referida igualmente acerca de una solicitud por la que se requerían algunos datos contenidos en el Registro de Vehículos Motorizados-, este Consejo estableció que el legislador ha contemplado un procedimiento especial para la elaboración de los certificados y las copias de las inscripciones y subinscripciones a los que alude la regulación registral, así como para la determinación de sus respectivos costos. Por ello, la solicitud de dichas certificaciones y copias no se encuentran amparadas por el procedimiento de acceso a la información reglado por la Ley de Transparencia (criterio reconocido en decisión de reposición del amparo Rol A146-09).

5) Que, no obstante ello, del tenor del requerimiento de información efectuado por el reclamante, se desprende que éste solicita los datos contenidos en la base de datos del Registro de Vehículos Motorizados y no la certificación de éstos. En este sentido, habrá de desestimar la aplicación en la especie de los artículos 15 y 18 de la Ley de Transparencia, como lo ha sostenido la reclamada, por cuanto según se indica en el sitio electrónico del propio organismo -www.registrocivil.cl-, para acceder a la información solicitada se requiere conocer el número de la Placa Patente Única del vehículo del cual se requieren los datos, lo que corresponde, precisamente, a uno de los datos solicitados por el reclamante. Por lo anterior, la información en los términos en que ha sido requerida, no puede estimarse permanentemente a disposición del público.

6) Que, establecido lo anterior, corresponde determinar si resulta posible acceder a tal información mediante el procedimiento contemplado en la Ley de Transparencia o por el contrario, si su acceso se restringe a los certificados, como lo ha entendido la reclamada.

7) Que, según lo disponen los artículos 5º, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquélla que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquélla contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

8) Que, en la especie, la reclamada alegó en sus descargos que de proporcionar la información solicitada, el peticionario accedería a la totalidad de la base de datos del Registro de Vehículos Motorizados, razón por la que a su juicio sería reservada, en tanto concurrirían a su respecto la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 5, en relación con el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, toda vez que el legislador habría establecido un mecanismo determinado para acceder a la información de dicho registro, lo cual se justificaría en razón de que en aquél existe información que afecta los derechos de las personas. Para tal efecto, señala que el referido mecanismo estaría contemplado en el artículo 47 de la Ley N° 18.290 y en el artículo 28 del D.S. N° 1.111, de 1985, del Ministerio de Justicia, que establece el Reglamento del Registro de Vehículos Motorizados, que dispone que “el Servicio de Registro Civil e Identificación informará o certificará, a quien lo solicite, los hechos o actuaciones que consten en el Registro de Vehículos Motorizados, a través de certificados automatizados que contendrán dicha información”. Conforme a ello, a su juicio, la única forma de acceder a los datos sería a través del correspondiente certificado expedido por dicho servicio.

9) Que, del análisis de la normativa prevista en la Ley N° 18.290, no se desprende que en ella se establezca la reserva de lo solicitado -y por lo tanto cumpla con el estándar fijado en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia-, e incluso, tampoco fija alguna forma en particular por la que se pueda acceder a los datos contenidos en el Registro de Vehículos Motorizados. En efecto, aquello sólo ocurre por la vía reglamentaria –artículo 28 del D.S. N° 1.111, de 1985, del Ministerio de Justicia-, en donde se fijó un modo en particular por el cual se podrá acceder a la información referida a los hechos o actuaciones que consten en el registro.

10) Que, considerando que según el artículo 10 de la Ley de Transparencia, toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la administración del Estado “en la forma y condiciones que establece” dicho cuerpo legal –disposición que se encuentra en abierta contradicción con lo preceptuado por el artículo 28 del citado Reglamento del Registro de Vehículos Motorizados, en cuanto otorga la posibilidad de acceder a tal información sólo a través de los certificados expedidos por el SRCI–, habrá de estimar que en la especie es la Ley de Transparencia la que norma el acceso de la información requerida por el peticionario y que ha de regular su acceso y procedimiento, debiendo primar especialmente frente a una disposición de rango inferior (reglamentario) que lo contraviene.

11) Que lo anterior no obsta a reconocer que la Ley Nº 4.808, sobre Registro Civil, la Ley N° 18.290, de Tránsito, la Ley N° 19.477, Orgánica del SRCI y el Reglamento del Registro de Vehículos Motorizados constituyen el marco normativo especial que regula el régimen de certificación de los hechos anotados en el Registro de Vehículos Motorizados, esto es, la elaboración de instrumentos públicos oponibles a terceros. En base a ello, se concluye que el derecho de acceso a la información ampara el conocimiento de la base de datos contenida en el Registro de Vehículos Motorizados, en tanto el acceso a ésta no importe la certificación de la información contenida en ella, en los términos reglados por el régimen registral.

12) Que, habiéndose alegado por la reclamada en sus descargos la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, fundada en que el registro contiene tanto datos personales como patrimoniales, los cuales se encuentran protegidos por las disposiciones de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y también por las de la Ley de Transparencia, corresponde analizar su procedencia.

13) Que, de conformidad al texto expreso del artículo 21 de la Ley de Transparencia, para verificar la procedencia de la causal invocada es menester determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella. Según ya ha señalado este Consejo, la afectación debe ser presente o cierta, probable y específica para justificar la reserva (decisiones Roles A96-09, A165-09, A193-09, C840-10, C850-10, C492-11, C929-11, etc.).

14) Que a juicio de este Consejo, no se ha acreditado la causal de reserva invocada en tanto no se acompañaron antecedentes por los cuales se aprecie una afectación concreta a los derechos de las personas o a sus derechos patrimoniales de proporcionarse la información solicitada. En efecto, en la especie la reclamada se limitó a manifestar que “si bien se trata de un registro público, el contenido de su información es eminentemente de carácter privado y patrimonial”, sin que haya aportado antecedentes o elementos de juicio, ya sea en sus descargos como en la audiencia decretada por este Consejo, que permitan verificar el daño concreto a las personas respecto de las cuales se proporcionaría la información.

15) Que, este Consejo ha tenido a bien considerar además, que la afectación que invoca el SRCEI no se produce al proporcionar casi la totalidad de los datos requeridos por el Sr. Fernando Soares Jorquera –a saber, los datos del vehículo y del propietario, así como todo el historial y las medidas precautorias decretadas-, por medio del Certificado de Anotaciones Vigentes o de los Convenios que suscribe con entidades públicas o privadas, según lo autoriza el artículo 7°, letra i), de la Ley N° 19.477. Sobre esta materia, la reclamada manifestó en la Audiencia celebrada el 9 de enero de 2013, que incluso efectuaba convenios con automotoras a las que les permitía acceder a las bases del registro sin que ello importara la certificación de los datos consultados.

16) Que, si bien este Consejo ha manifestado que la placa patente de un vehículo constituye un dato personal -a la luz de lo dispuesto en el artículo 2° letra f) de la Ley N° 19.628-, en tanto ella pueda asociarse a una persona natural identificada o identificable y que la divulgación de estos antecedentes constituiría un tratamiento –o comunicación– de datos personales en los términos del artículo 2, literal o), del mismo cuerpo legal, en la especie no puede desconocerse que se trata de un registro público diseñado precisamente para verificar la propiedad de un vehículo y de esa forma crear certeza jurídica respecto de los actos y contratos que se celebren respecto de dichos bienes.

17) Que, en este sentido, no resulta plausible para este Consejo, reservar en este caso, el nombre y RUT del propietario, datos que se encuentran disponibles en la propia página web del servicio, al requerirse el certificado correspondiente, ingresando únicamente el número de la placa patente. No pasa lo mismo con otros datos que pudieran contenerse en la base de datos del organismo reclamado, como ocurre con el domicilio, el cual, a juicio de este Consejo, se trata de un dato de contexto que debe ser reservado.

18) Que, con todo, el razonamiento anterior solamente se aplica respecto de las personas naturales, en tanto las personas jurídicas no son titulares de derechos de datos personales, según lo establecido en la misma Ley N° 19.628.

19) Que, en consecuencia, se acogerá el amparo interpuesto, ordenándose la entrega de la información solicitada, incluido el nombre completo y RUT del propietario, debiéndose tachar previamente cualquier otro dato personal del propietario persona natural que se contenga en la base, tales como domicilio, teléfonos, correo electrónico, entre otros.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por Fernando Soares Jorquera, en contra del Servicio Registro Civil e Identificación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación:

a) Hacer entrega al reclamante de un CD o soporte digital similar, que contenga la información del Registro Nacional de Vehículos Motorizados, en formato texto desde el año 2009 hasta la fecha de entrega, con los campos indicados en su solicitud de 13 de julio de 2012, con excepción de cualquier otro dato de contexto del propietario persona natural que se contenga en la base, tales como domicilio, teléfonos, correo electrónico, etc., los que deberán ser tachados de manera previa a su entrega.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación que al no dar respuesta a la solicitud del requirente dentro del plazo establecido en la Ley, ha infringido lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Ley de Transparencia y el principio de oportunidad consagrado en la letra h), del artículo 11 del mismo cuerpo legal, razón por la cual deberá adoptar las medidas administrativas y técnicas necesarias a fin de evitar que en el futuro se reitere un hecho como el que ha dado origen al presente amparo.

IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Fernando Soares Jorquera y al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.