logo
 

Sergio del Río Labraña con MUNICIPALIDAD DE PEUMO Rol: C1580-12

Consejo para la Transparencia, 25/01/2013

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Peumo, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud sobre a) “Copia autorizada por el Secretario Municipal de la sesión del Concejo Municipal en que se aceptó mi renuncia voluntaria al cargo de Juez de Policía Local de fecha 17 de marzo de 2008, en forma íntegra, para ejercer acciones que me corresponden”; y, b) “Copia autorizada por el Secretario Municipal de todas las licencias solicitadas por un funcionario, durante el lapso que sirvió de Secretaria del Juzgado de Policía Local. El Consejo señaló que se ordenará al municipio reclamado la entrega de la documentación solicitada, en términos tales que ésta sólo dé cuenta de los datos antes indicados, debiendo tarjar todo otro dato que en ellos se contenga, como ocurre, por ejemplo, con el diagnóstico que motivó el otorgamiento de tales licencias. Lo anterior, resulta concordante además con la prevención manifestada por el tercero involucrado, respecto del cual versan las licencias solicitadas, en orden a que dichos documentos evidenciaban su diagnóstico médico.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Gestión y administración territorial (Urbanismo)
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1580-12

Entidad pública: Municipalidad de Peumo

Requirente: Sergio del Río Labraña

Ingreso Consejo: 09.11.2012

En sesión ordinaria Nº 408 del Consejo Directivo, celebrada el 25 de enero de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1580-12.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 25 de septiembre de 2012, don Sergio del Río Labraña formuló dos presentaciones a la Municipalidad de Peumo, solicitando la siguiente información:

a) “Copia autorizada por el Secretario Municipal de la sesión del Concejo Municipal en que se aceptó mi renuncia voluntaria al cargo de Juez de Policía Local de fecha 17 de marzo de 2008, en forma íntegra, para ejercer acciones que me corresponden”; y,

b) “Copia autorizada por el Secretario Municipal de todas las licencias solicitadas por Juana o Gina Madariaga Lorca, durante el lapso que sirvió de Secretaria del Juzgado de Policía Local siendo alcalde el Sr. Elías Cid Cortés.”

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 9 de noviembre de 2012, don Sergio del Río Labraña dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado municipio, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud.

3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Peumo, mediante Oficio N° 4.520 de 26 de noviembre de 2012, quien a través de Oficio N° 805 de 5 de diciembre de 2012, presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis que:

a) El documento solicitado en la letra a) no existe, es decir no existe una sesión de Concejo Municipal en la referida fecha que dé cuenta de la aceptación de su renuncia. En efecto, su renuncia voluntaria fue presentada el día 21 de febrero de 2008, directamente en la oficina de partes del Municipio, y fue aceptada mediante Decreto Exento N° 245 de 26 de febrero de 2008, todo lo cual consta en la documentación que se adjunta. Añade que, por dicha razón no había sido posible atender la solicitud del reclamante, pues en definitiva, estaba buscando un documento que no existía.

b) En cuanto al literal b), señala que existe una vaguedad en lo solicitado por cuanto no se indica el periodo por el cual se solicitan las eventuales licencias médicas, por cuanto el ex alcalde Jerobaal Elías Cid Cortés estuvo dos periodos distintos ejerciendo como alcalde, por lo que no sabe por cual periodo se está solicitando.

c) Estima que los referidos documentos personales de la funcionaria Gina Madariaga Lorca, al ser antecedentes de carácter médico, son antecedentes confidenciales del funcionario, en consecuencia, no podemos disponer su abierta entrega a un tercero ajeno al municipio y además en forma tan amplia como lo solicita el reclamante. Agrega al respecto, que ha recibido misiva de la referida funcionaria, de 3 de diciembre de 2012, en la cual informa que ha sido notificada por el Consejo para la Transparencia de la solicitud, e informa que no desea entregar la información ya que afecta gravemente su salud emocional y laboral.

4) TRASLADO AL TERCERO INVOLUCRADO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, este Consejo acordó trasladar el presente amparo a doña Gina Madariaga Lorca, en su calidad de tercero respecto de la cual se refiere la información solicitada en el literal b), lo que se materializó a través del Oficio N° 4.520, de 26 de noviembre de 2012, con el objeto que presentara sus descargos y observaciones, y solicitándole que hiciera expresa mención a los derechos que le asistirían y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida.

Al respecto, doña Gina Madariaga Lorca, mediante presentación ingresada a este Consejo el 14 de diciembre de 2012, señaló que se oponía a la entrega de la información fundado en “que esta decisión afecta gravemente mi salud emocional y laboral, además son documentos que tienen, a mi entender la calidad de personales. (se informa el diagnóstico que padecía en esa época).”

Y CONSIDERANDO:

1) Que el no haber dado respuesta a la solicitud de información de la recurrente dentro de los plazos legales previstos para ello, constituye una transgresión al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como el principio de oportunidad previsto en el artículo 11 letra h) de dicho cuerpo legal, por lo que cabe representar al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Peumo dicha infracción.

2) Que, en cuanto al literal a) de la solicitud, con ocasión de sus descargos el municipio reclamado informó que lo solicitado no existe, toda vez que no se llevó a cabo sesión alguna en la fecha señalada por el solicitante y que su renuncia fue aceptada mediante decreto alcaldicio cuya copia adjunta. Al respecto, se advierte que mediante decreto alcaldicio N° 245, de 26 de febrero de 2008, el Alcalde de la Municipalidad de Peumo aceptó la renuncia voluntaria presentada por el solicitante para hacerse efectiva a contar del 18 de marzo de igual año. Ahora bien, debe tenerse presente -en lo que interesa- que en conformidad con lo preceptuado por el artículo 145 de la Ley N° 18.883, la renuncia es el acto en virtud del cual el funcionario manifiesta al alcalde la voluntad de hacer dejación de su cargo, la que deberá presentarse por escrito y no producirá efecto sino desde la fecha que se indique en el decreto que la acepte. Asimismo, cabe consignar que el artículo 79, de la Ley N° 18.695, no contempla entre las atribuciones del Concejo Municipal, el otorgar su acuerdo para aceptar una renuncia como la que se analiza. Por tanto, en dicho contexto normativo, este Consejo estima plausible la alegación del órgano reclamado, no pudiendo ordenar la entrega de información que resulta inexistente, razón por la que se tendrá por cumplida la obligación de informar que cabe al órgano reclamado, aunque de manera extemporánea, rechazando en consecuencia dicha parte del presente amparo.

3) Que, respecto del literal b) de la solicitud de acceso, referente a copia autorizada de las licencias médicas de la funcionaria que indica mientras sirvió el cargo de Secretaria del Juzgado de Policía Local siendo alcalde el Sr. Elías Cid Cortés, se advierte, de su propio tenor, que dicho requerimiento se refiere a todos los períodos alcaldicios del mencionado edil, por cuanto el reclamante no ha acotado su solicitud a alguno en particular. En consecuencia, cabe descartar lo alegado por el municipio reclamado en cuanto a la eventual vaguedad de la solicitud sobre tal punto.

4) Que, en cuanto a la naturaleza de lo requerido en el precitado literal, conviene tener presente lo resuelto por este Consejo respecto de la información contenida en las licencias médicas. Al respecto, el considerando décimo de la decisión de amparo Rol C187-11, señala que “… La información relativa al otorgamiento de licencias médicas a funcionarios públicos que permitan justificar el incumplimiento de su jornada laboral no corresponde a un dato referente a la “vida privada o intimidad” de éstos pues, según ha sostenido este Consejo, la esfera de privacidad de aquel personal que trabaja para la Administración del Estado, cuya nómina y remuneración debe publicarse en el sitio web de cada servicio conforme al artículo 7º, letra d), de la Ley de Transparencia, es más reducida que la del resto de las personas en virtud, precisamente, de las funciones que ejercen”, precisando, además, que “… en la medida que el dato relativo a la presentación de licencias médicas por enfermedad común y las fechas de duración de las mismas no dan cuenta, por sí mismas, del tipo de enfermedad de que ha padecido o padece el funcionario de que se trate, puede concluirse que tal información no concierne al estado de salud físico o psíquico de una persona.”

5) Que, en relación a la misma materia, el considerando cuarto de la decisión Rol C533-09, señala que “en relación con los motivos del otorgamiento de tales licencias este Consejo estima que no debe entregarse dicha información por referirse a estados de salud de las personas, en conformidad con el art. 2°, letra g), de la Ley N° 19.628, de 1999, sobre protección de datos personales, pues los estados de salud físicos o psíquicos de una persona son considerados por esta norma como datos sensibles (…)”.

6) Que, con todo, es menester concluir que de lo requerido en el literal b) de la solicitud materia del presente amparo, constituye información pública susceptible de entrega aquella que dice relación con el hecho de haberse otorgado una licencia médica a la funcionaria de que se trata, así como las fechas de duración de las mismas. En consecuencia, en virtud del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, y acorde con el régimen de resguardo dispuesto por la Ley N° 19.628, se ordenará al municipio reclamado la entrega de la documentación solicitada en el precitado literal, en términos tales que ésta sólo dé cuenta de los datos antes indicados, debiendo tarjar todo otro dato que en ellos se contenga, como ocurre, por ejemplo, con el diagnóstico que motivó el otorgamiento de tales licencias. Lo anterior, resulta concordante además con la prevención manifestada por el tercero involucrado, respecto del cual versan las licencias solicitadas, en orden a que dichos documentos evidenciaban su diagnóstico médico.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Sergio del Río Labraña, en contra de la Municipalidad de Peumo, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Peumo:

a) Hacer entrega al reclamante de copia autorizada por el Secretario Municipal de todas las licencias médicas otorgadas a doña Gina Madariaga Lorca, durante el lapso que sirvió el cargo de Secretaria del Juzgado de Policía Local siendo alcalde el Sr. Elías Cid Cortés, dando aplicación al principio de divisibilidad en los términos señalados en el considerando 6° de la presente decisión.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl , o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Peumo que, al no dar respuesta a la solicitud de información del requirente dentro del plazo fijado por el artículo 14 de la Ley de Transparencia, ha vulnerado dicha disposición y, asimismo, el principio de oportunidad consagrado en la letra h) del artículo 11 del cuerpo normativo citado, debiendo adoptar las medidas administrativas que sean necesarias a fin de que, en lo sucesivo, frente nuevas solicitudes de información, se pronuncie respecto de ellas dentro del plazo legal.

IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (s) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Sergio del Río Labraña, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Peumo y a doña Gina Madariaga Lorca en su calidad de tercero involucrado.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.