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Eduardo Ruiz Matamala con MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA Rol: C1635-12

Consejo para la Transparencia, 06/02/2013

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, fundado en no haber recibido respuesta a la solicitud de acceso en que se pedía: a) Copia del certificado emitido por el Jefe de Educación, a nombre de la persona que se señala, de fecha Enero 18 de 2007; b) Copia del Memo Interno N° 31/2006; c) Copia del acto administrativo de nombramiento como Coordinador de Proyecto de Integración citado en dicha certificación. Consejo señaló que se acoge el amparo, dando por entregada la información del literal b). Respecto al literal a) y c), el órgano reclamado señalo que no existía dicha información y al mismo tiempo interpone la causal de secreto por afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, referente a un litigio pendiente entre la reclamada y el reclamante. La existencia de un asunto litigioso pendiente entre las partes y y relacionado con el amparo sometido a conocimiento del Consejo, no inhibe a este órgano colegiado para emitir el pronunciamiento que le ordena la Ley de Transparencia, cuestión que no implica un pronunciamiento sobre el tema de fondo debatido en sede judicial.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Justicia
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1635-12

Entidad pública: Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda

Requirente: Eduardo Ruiz Matamala

Ingreso Consejo: 26.11.2012

En sesión ordinaria N° 411 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de febrero de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1635-12.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de octubre de 2012, don Eduardo Ruiz Matamala solicitó a la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, la siguiente información:

a) “Copia de certificado emitido por Hugo Lavín Becerra, en su calidad de Jefe de Educación, a nombre de Eduardo Ruiz Matamala, de fecha Enero 18 de 2007”;

b) “Copia de Memo Interno N° 31/2006”; y

c) “Copia del acto administrativo de nombramiento como Coordinador de Proyecto de Integración citado en dicha certificación”.

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 26 de noviembre de 2012, don Eduardo Ruiz Matamala dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en no haber recibido respuesta a su solicitud de acceso.

3) SALIDA ANTICIPADA DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIA (SARC): En la sesión ordinaria N° 394, celebrada el 5 de diciembre de 2012, este Consejo Directivo acordó admitir a tramitación el amparo en comento y derivarlo a la Unidad de Análisis de Admisibilidad y SARC de esta Corporación, encargada del “Sistema Anticipado de Resolución de Controversias”. Dicha Unidad contactó al Municipio reclamado a fin de obtener la información solicitada por el Sr. Ruiz. Frente a lo anterior, el 20 de diciembre de 2012, el Encargado de Transparencia Municipal informó por correo electrónico a este Consejo, que el 6 de noviembre de 2012 se despachó el oficio Ord. N° 36/2119/2012, mediante el cual ese Municipio contestó dos solicitudes de información del reclamante, entre las cuales se encontraba la que motivó este amparo. En lo pertinente a este procedimiento, se adjuntó al citado oficio la fotocopia del Memo Interno N° 31/2006 y se comunicó lo siguiente: “Cabe señalar que los demás antecedentes requeridos, no hay registro de ellos en su carpeta personal” (sic).

Atendido lo anterior, la Unidad de Análisis de Admisibilidad y SARC consultó al reclamante su eventual conformidad con la información recibida, ante lo cual este último respondió que no se le hizo entrega del acto administrativo que le confirió la calidad de Coordinador Comunal de Integración, como tampoco de copia del certificado emitido por el Jefe de Educación de fecha 18 de enero de 2007.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Atendido el resultado parcialmente favorable de la SARC, mediante oficio N° 4.594, de 3 de diciembre de 2012, este Consejo dio traslado del aludido amparo a la Sra. Alcaldesa de Pedro Aguirre Cerda. En el oficio aludido se hizo presente que, en el marco de la SARC, el Municipio acreditó haber dado respuesta dentro del plazo legal al requerimiento de información, pero que la misma fue incompleta, por cuanto sólo se hizo entrega del documento requerido en el literal b) solicitud de acceso. La Alcaldesa de la municipalidad reclamada presentó sus descargos y observaciones a través del oficio Ord. N° 40/135 de 23 de enero de 2013, señalando en síntesis lo siguiente:

a) El 9 de enero de 2013 fueron notificados de una demanda de nulidad de derecho público deducida por el Sr. Ruiz en contra de ese Municipio, ante el Primer Juzgado Civil de San Miguel, en causa rol N° 34.010-2012. La misma fue ingresada en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel el 11 de noviembre de 2012 y en el tribunal civil indicado, el día 20 del mismo mes y año, por lo que se trata de una acción jurisdiccional planteada antes del amparo presentado al alero de la Ley de Transparencia.

b) En base a lo anterior, solicita se excuse a ese Municipio de entregar la información solicitada, ya que se configura la hipótesis de reserva legal y reglamentaria que autoriza a reservar los documentos solicitados por afectar el debido cumplimiento de las funciones de la Municipalidad, al tratarse de antecedentes destinados a respaldar la posición jurídica en juicio de la Corporación Edilicia.

c) Agrega que si bien antes la Municipalidad entregó antecedentes requeridos por el profesor, habiendo resultado estar incompletos, sólo con fecha 9 de enero de 2013, tuvieron cabal conocimiento del escenario judicial instalado por el recurrente. En caso de estimar que no procede la causal invocada, el amparo al derecho a la información se desnaturalizaría, privilegiándose en perjuicio de las normas del debido proceso de derecho, la posición jurídica de una de las partes en el proceso, en circunstancias que es en ese procedimiento ordinario que conoce un juez, en donde el Sr. Ruiz Matamala debería ejercer los derechos que le franquea el ordenamiento procesal en orden a la prueba de que intenta valerse.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, a raíz de las gestiones efectuadas en el marco de la SARC, el reclamo en comento ha quedado circunscrito a amparar el derecho del Sr. Ruiz a acceder a la información requerida en los literales a) y c) de la solicitud de acceso, consistentes en copia del certificado emitido el 18 de enero de 2007 por don Hugo Lavín Becerra en su calidad de Jefe de Educación (literal a) y copia del acto administrativo que nombró al solicitante como Coordinador de Proyecto de Integración (literal c).

2) Que en la respuesta entregada al solicitante a través del oficio N° 36/2119/2012, el Municipio sólo entregó copia de Memo Interno N° 31/2006, señalando que no había registro del resto de la información solicitada en la carpeta personal del Sr. Ruiz. Sin embargo, con ocasión de los descargos presentados, el Municipio invocó una causal de secreto o reserva respecto a la información pendiente de entrega. De lo anterior, es posible concluir que la inexistencia inicialmente declarada por la reclamada no era tal y que la información requerida los literales a) y c) de la solicitud de acceso obraría en poder del órgano reclamado, ya que de otro modo no se entiende que haya sido invocada a su respecto una causa de secreto o reserva. La inconsistencia descrita será representada a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda.

3) Que el órgano reclamado señaló con ocasión de sus descargos que concurría en la especie la causal del secreto o reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia, esto es, aquélla que permite denegar el acceso a la información cuando la publicidad, comunicación o conocimiento de la misma afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente, tratándose de “antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales”. Los que conforme al artículo 7° N° 1 letra a) del Reglamento de la Ley de Transparencia, corresponden –entre otros–, a “aquéllos destinados a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico”.

4) Que aplicando el criterio desarrollado por este Consejo en las decisiones recaídas en los amparos Roles C68-09, C293-09 y C380-09, la causal de reserva citada en el considerando precedente debe interpretarse de manera estricta, debiendo concluirse que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido no transforma a todos los documentos relacionados con él en secretos. Para que ello ocurra debe existir una relación directa entre los documentos o información que se solicita y el litigio que se sustancia y verificarse una afectación del “debido funcionamiento” del órgano en caso de revelarse aquéllos. Así, por ejemplo, se ha resuelto que:

a) Los documentos que dan cuenta de la estrategia jurídica del órgano reclamado, tales como minutas internas, informes técnicos o el expediente interno relativo al litigio, entre otros, son reservados por estimar que su comunicación afectaría la defensa jurídica en curso (decisión de amparo Rol C380-10, criterio ratificado en las decisiones de amparos Roles C392-10, C648-10 y C787-10).

b) Los medios de prueba que el órgano quiere presentar en el juicio:

i. Son reservados de acreditarse la afectación señalada (p. ej., un Informe en Derecho), pero sólo hasta el vencimiento de la/s etapa/s probatorias, pues cerrada ésta/s ya no servirían a la defensa judicial del organismo (decisión de amparo Roles A68-09 y A293-09).

ii. Son públicos cuando no se acredita tal afectación, aunque la denegación persiga obstaculizar que la contraparte pruebe un hecho en un litigio pendiente (a menos que concurriese una causal diversa de la del artículo 21 N° 1 a). Ello, porque se ha estimado que dicha motivación no encuentra justificación en la protección del debido cumplimiento de las funciones de la Administración (decisión amparo A380-09).

5) Que en este procedimiento de amparo se encuentra acreditado que al momento del amparo existía un procedimiento judicial iniciado por el reclamante mediante el cual solicita al Juez Civil que se declare la nulidad del decreto alcaldicio que dispuso el término de la asignación de Coordinación por Perfeccionamiento Docente que percibía el reclamante.

6) Que habiendo analizado el contenido de la solicitud de acceso y los escritos presentados en el marco del juicio antes mencionado, adjuntados por el Municipio reclamado, cabe concluir que, si bien podría existir una relación entre la información solicitada y el litigio pendiente, el órgano reclamado no acreditó que la publicidad del certificado emitido el 18 de enero de 2007 por don Hugo Lavín Becerra en su calidad de Jefe de Educación afecte el debido cumplimiento de las funciones de la Municipalidad. Lo mismo respecto de la copia del acto administrativo que nombró al solicitante como Coordinador de Proyecto de Integración. En efecto, el ente comunal se limitó a alegar la existencia de un juicio pendiente entre las partes y a señalar que los documentos solicitados serán destinados a respaldar la posición jurídica en juicio de la Corporación Edilicia. De la argumentación del Municipio se desprende que su estrategia judicial consiste en negar a la contraparte medios de prueba que eventualmente pueden favorecer la pretensión de la contraria, actitud que no es congruente con el principio de la buena fe procesal ni con el principio de probidad, consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política y en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Por lo tanto, no habiéndose acreditado la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia, se rechazará esta alegación de la reclamada.

7) Que a mayor abundamiento, conforme lo señaló la Excelentísima Corte Suprema de Justicia en la sentencia dictada el 16 de septiembre de 2011, en causa rol 4000-2011, relativa al amparo A63-09, la existencia de un asunto litigioso pendiente entre las partes y relacionado con el amparo sometido a conocimiento de este Consejo, no inhibe a este órgano colegiado para emitir el pronunciamiento que le ordena la Ley de Transparencia, toda vez que este procedimiento administrativo de amparo sólo tiene por finalidad resguardar el derecho de acceso a la información solicitada, cuestión que no implica pronunciamiento alguno sobre el tema de fondo debatido en sede judicial, por lo que no se vulnera el artículo 76 de la Carta Fundamental.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Eduardo Ruiz Matamala, de 7 de noviembre de 2012, en contra de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente; sin perjuicio de dar por cumplida la obligación de informar que pesaba sobre el órgano de la Administración del Estado reclamado respecto del literal b) de la solicitud de acceso.

II. Requerir a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda que:

a) Entregue al reclamante la información requerida en los literales a) y c) de la solicitud de acceso, consistentes en copia del certificado emitido el 18 de enero de 2007 por don Hugo Lavín Becerra en su calidad de Jefe de Educación (literal a) y copia del acto administrativo que nombró al solicitante como Coordinador de Proyecto de Integración (literal c).

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas N° 1291, piso 6°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Representar a la Sra. alcaldesa de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda la inconsistencia en su respuesta a los literales a) y c) de la solicitud, en tanto en primer término, alegó la inexistencia de la información y posteriormente invocó a su respecto una causal de reserva. Lo anterior a fin de que se adopten medidas para que hechos como esto no se repita en lo sucesivo.

IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda y a don Eduardo Ruiz Matamala.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.