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Alejandro Díaz Pereira con DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Rol: C1644-12

Consejo para la Transparencia, 28/02/2013

Se dedujo amparo en contra de la Dirección Nacional del Servicio Civil, fundado en la denegación de la información solicitada sobre el resultado de su examen psicolaboral, efectuado para el proceso de selección del cargo de Coordinador Zona Sur. El Consejo señaló de divulgarse las opiniones incluidas en estos informes se producirían cuestionamientos difíciles de dirimir dado que, en muchos casos, los interesados no quedarían satisfechos con su contenido, lo que podría mermar su claridad, asertividad y precisión de tales informes en procesos de selección futuros, atributos que son esenciales para un adecuado sistema de reclutamiento. Esto los transformaría en herramientas poco útiles, todo lo cual atentaría contra el debido cumplimiento de las funciones del organismo en cuanto a la selección de su personal y, por extensión, en la ejecución de las otras tareas que la Ley le ha encomendado, pues se generaría un riesgo cierto, probable y específico de producir tal afectación, configurando así la causal de secreto o reserva del artículo 21 Nº 1 de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Reclamaciones contra esta decisión (Ver estado procesal):


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1644-12

Entidad pública: Dirección Nacional del Servicio Civil

Requirente: Alejandro Díaz Pereira

Ingreso Consejo: 27.11.2012

En sesión ordinaria Nº 415 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de febrero de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1644-12.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285, Nº 19.880 y N° 19.628; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Alejandro Díaz Pereira, el 22 de octubre de 2012, solicitó a la Dirección Nacional del Servicio Civil el resultado de su examen psicolaboral, efectuado para el proceso de selección del cargo de Coordinador Zona Sur.

2) RESPUESTA: La Dirección Nacional del Servicio Civil, por Resolución Exenta N° 2036, de 20 de noviembre de 2012, respondió el requerimiento formulado por el peticionario, denegando la información solicitada por estimar que concurre la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en razón de lo siguiente:

a) La publicidad del proceso de selección -que involucra la evaluación de competencias, experiencia laboral y aptitudes psicológicas- vulneraría la dignidad personal del evaluado, pues en su evaluación constan apreciaciones del examinador emitidas dentro de un contexto técnico, experto y específico. De esta forma sostiene que no corresponde entregar los informes psicolaborales a quien solicita el propio, en atención a que el titular de dicho informe no es éste, sino la autoridad que solicita asesoría profesional para evaluar si un individuo posee las competencias necesarias para desempeñarse en una plaza concursada.

b) Agrega que las opiniones vertidas para un contexto laboral específico no corresponde darlas a conocer al evaluado, pues si así se hiciera, pierden las mismas todo sentido y efectividad en el cumplimiento de la función de seleccionar. Si los eventuales referentes contaran con la seguridad de que su opinión pudiese ser ventilada al escrutinio público y al mismo evaluado, ellas carecerían de la objetividad requerida para comprender el desempeño profesional de un individuo, interfiriendo un proceso de selección que efectivamente discrimine quienes son los mejores para ocupar cargos públicos adscritos al Sistema de Alta Dirección Pública.

c) Por otra parte indica que de acuerdo a lo establecido por la letra g) del artículo 2º de la Ley Nº 19.628, constituyen datos sensibles, aquellos que se refieren a las características físicas o morales de las personas o hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como, los estados de salud físicos o psíquicos de las personas. Respecto de la naturaleza de los informes de evaluación psicolaboral, señala que es fundamental considerar que el artículo 24 de la referida Ley N°19.628, incorporó un nuevo inciso al artículo 127 del Código Sanitario, en cuya virtud “las recetas médicas y análisis o exámenes de laboratorios clínicos y servicios relacionados con la salud son reservados”. A su vez, conforme a lo señalado por los artículos 112 y 113 del Código Sanitario, inciso tercero, los informes emitidos por psicólogos se consideran para estos efectos dentro del supuesto indicado. Además, conforme al artículo 10 de la Ley N° 19.628, los datos sensibles no pueden ser objeto de tratamiento, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares.

d) Finalmente manifiesta que lo requerido afectaría los derechos e intereses del evaluador (consultora especializada), cuyo trabajo sería expuesto a un escrutinio descontextualizado y generalmente realizado por quienes carecen del conocimiento y las habilidades necesarias para dimensionarlo en forma adecuada, haciendo inútil la participación de las empresas consultoras expertas.

3) AMPARO: El 27 de noviembre de 2012, don Alejandro Díaz Pereira dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de la información solicitada. Además, hizo presente que no se aplicó el procedimiento contemplado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia respecto del evaluador y que de conformidad a la Ley Nº 19.628, tiene derecho a conocer la evaluación psicolaboral realizada respecto de él, en tanto es el titular de los datos que requiere.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 4692, de 7 de diciembre de 2012 al Sr. Director Nacional del Servicio Civil, quien a través del ORD. N° 1457, de 26 de diciembre pasado, presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis que:

a) Reitera los argumentos expuestos en la Resolución Exenta N° 2036 de 20 de noviembre de 2012 emitida por esta Dirección. Agrega al respecto lo sostenido en la decisión de amparo del Consejo para la Transparencia Rol C971-12, que las opiniones vertidas y contenidas en los informes psicolaborales, deben estimarse reservadas, toda vez que la evaluación psicolaboral, corresponde a un examen en un momento determinado, sobre la bases de los atributos definidos en un perfil.

b) Asimismo, señala que considerando que en el presente caso se requieren antecedentes obtenidos en el marco de un proceso de selección de una plaza profesional para desempeñarse al interior de su institución, entiende que respecto de la confidencialidad de un Informe Psicolaboral en procesos concursales, debiese aplicarse el criterio sostenido en las decisiones de amparos Roles C850-10 y C1139-11, las cuales concluyen que el informe psicolaboral propio del solicitante como de terceros tienen el carácter de reservado.

5) COMPLEMENTACIÓN DE DESCARGOS: Por el Oficio N° 171, de 11 de enero de 2013, se solicitó al Sr. Director Nacional del Servicio Civil que complementara sus descargos en orden a proporcionar los datos del contacto de la empresa consultora que participó en el referido procedimiento concursal por el que se consulta.

Por el ORD. N° 228, de 30 de enero de 2013, el organismo reclamado remitió los datos solicitados.

6) TRASLADO AL TERCERO INVOLUCRADO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, este Consejo acordó trasladar el presente amparo a la empresa MG Consultores Ltda., en su calidad de tercero interviniente en el presente amparo, a fin de que presentara sus descargos y observaciones respecto del amparo indicado y se manifestara acerca de los derechos que le asisten y que podrían verse afectados con la publicidad de la información requerida. Ello se materializó a través del Oficio N° 500 de 4 de febrero de 2012.Sin embargo, hasta la fecha no ha efectuado presentación alguna ante este Consejo con tal objeto.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, considerando que el peticionario ha requerido “el resultado de su examen psicolaboral efectuado para el proceso de selección del cargo de Coordinador Zona Sur”, cabe entender, conforme el principio de máxima divulgación previsto en el artículo 11 letra d) de la Ley de Transparencia que con ello pretende acceder tanto al informe psicológico elaborado por la empresa MG Consultores Ltda., así como al puntaje asignado a dicha etapa del concurso en el que ha participado el recurrente.

2) Que, en la especie la reclamada denegó la información solicitada por cuanto estimó que resultaba aplicable el criterio sostenido en las decisiones de amparo Roles C850-10, C1139-11 y C971-12. Además, en su respuesta, indicó al solicitante que concurría la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto a su juicio proporcionar la información solicitada vulneraría la dignidad personal del evaluado y afectaría los derechos e intereses del evaluador (consultora especializada), ya que su trabajo sería expuesto a un escrutinio descontextualizado.

3) Que, en lo referente a la entrega del informe psicológico, cabe manifestar, como lo ha indicado la reclamada en sus descargos, que en la especie resulta aplicable el criterio desarrollado por este Consejo en la decisión de amparo Rol C971-12, por el que se ha resuelto reservar dichos documentos, incluso para el propio solicitante. Al respecto se ha entendido que la evaluación de estos antecedentes “corresponde a un examen en un momento determinado y sobre la base de los atributos definidos por un mandante, todo lo cual dificulta medirlos en términos objetivos y supone la emisión de opiniones por parte de las consultoras dedicadas al reclutamiento de personal (…) cuya claridad y asertividad es esencial para una debida prestación de sus servicios, tanto en el mundo público como en el privado y de evidente utilidad para quienes deben decidir qué persona contratar”, constituyendo un “juicio de expertos”, difícilmente objetivable. En este sentido se estimó que de divulgarse las opiniones incluidas en estos informes se producirían cuestionamientos difíciles de dirimir dado que, en muchos casos, los interesados no quedarían satisfechos con su contenido, lo que podría mermar su claridad, asertividad y precisión de tales informes en procesos de selección futuros, atributos que son esenciales para un adecuado sistema de reclutamiento. Esto los transformaría en herramientas poco útiles, todo lo cual atentaría contra el debido cumplimiento de las funciones del organismo en cuanto a la selección de su personal y, por extensión, en la ejecución de las otras tareas que la Ley le ha encomendado, pues se generaría un riesgo cierto, probable y específico de producir tal afectación, configurando así la causal de secreto o reserva del artículo 21 Nº 1 de la Ley de Transparencia.

4) Que, en lo que se refiere al puntaje asignado como resultado del examen psicolaboral efectuado al solicitante, es preciso tener presente que conforme lo ha manifestado este Consejo en las decisiones de los amparos Roles C336-09, C91-10, C190-10, C368-10, C754-11, entre otros, el requirente tiene derecho a acceder a la información relativa a su evaluación, ponderación y los puntajes que obtuvo en las distintas evaluaciones que le fueron practicadas, por cuanto se trata de datos personales respecto de los cuales es titular, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.628, sobre Protección a la Vida Privada. En efecto, según lo previene al artículo 2°, letra ñ) de dicho cuerpo legal, se entiende por “titular de los datos” a la “persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal”.

5) Que lo anterior rige aún cuando el informe psicológico haya sido encargado por el organismo reclamado a la empresa MG Consultores Ltda., en tanto no puede desconocerse que el titular de los datos que en ellos se contiene y, específicamente el resultado o puntaje obtenido en el mismo, es la persona a que se refieren dichos datos, que en el presente caso es el postulante requirente. De esta forma no se vislumbra alguna afectación en los derechos de la consultora más aún que consultada sobre la materia tampoco efectuó presentación alguna con tal objeto.

6) Que, por lo tanto, en aplicación del principio de divisibilidad, contemplado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, se acogerá el amparo interpuesto sólo en cuanto se ordenará la entrega del puntaje asignado al Sr. Díaz Pereira en su examen psicolaboral efectuado para el proceso de selección del cargo de Coordinador Zona Sur, manteniendo en reserva las demás consideraciones del informe psicolaboral efectuado por la consultora.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por Alejandro Díaz Pereira, en contra de la Dirección Nacional del Servicio Civil, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio Civil, lo siguiente:

a) Entregar al requirente, el puntaje obtenido en el examen psicolaboral efectuado para el proceso de selección del cargo de Coordinador Zona Sur.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (s) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Alejandro Díaz Pereira, al Sr. Director Nacional del Servicio Civil y al representante legal de la empresa MG Consultores Ltda.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que el consejero don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.