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Boris Pfeiffer Espinoza con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE CHAÑARAL Rol: C1681-12

Consejo para la Transparencia, 28/02/2013

Se dedujo amparo en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Chañaral, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información sobre copia de dos carpetas de investigación de denuncias formuladas en su contra por las dos trabajadoras que individualiza, en las fechas que señala, “dado lo obrado con mediación obrada”. El Consejo señaló que acoge parcialmente el amparo ya que resulta razonable estimar que acceder a la entrega de las denuncias efectuadas pudiera traer como consecuencia el que aquellos que pretenden formular futuras denuncias ante los órganos y servicios de la Administración del Estado se inhibieran de realizarlas, impidiendo con ello que tales órganos y servicios cuenten con un insumo inestimable, que les sirva de base para efectuar las fiscalizaciones necesarias destinadas a esclarecer los hechos o irregularidades de que éstas puedan dar cuenta y de esta forma, incluso, afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, también debe resguardarse igualmente la información referida a las declaraciones de los testigos que depusieron en las precitadas investigaciones por cuanto éstos son terceros a los que se refiere o afecta la información pedida.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Justicia
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1681-12

Entidad pública: Inspección Provincial del Trabajo de Chañaral

Requirente: Boris Pfeiffer Espinoza

Ingreso Consejo: 05.12.2012

En sesión ordinaria Nº 415 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de febrero de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1681-12.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 25 de octubre de 2012, don Boris Pfeiffer Espinoza solicitó a la Inspección Provincial del Trabajo de Chañaral, copia de dos carpetas de investigación de denuncias formuladas en su contra por las dos trabajadoras que individualiza, en las fechas que señala, “dado lo obrado con mediación obrada”(sic).

2) RESPUESTA: El 14 de noviembre de 2012, la Inspección Provincial del Trabajo de Chañaral respondió a dicho requerimiento de información mediante resolución N° 4 , denegando la entrega de ésta, fundado en la causal establecida en el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia. Además, señala que:

a) Todos los documentos solicitados tienen carácter secreto, toda vez que se trata de carpetas de investigación por vulneración de derechos fundamentales, las que se encuentran integradas, entre otros documentos, por la denuncia, informe de fiscalización y conclusiones jurídicas, incluyendo las denuncias de los trabajadores, cuya revelación podría inhibirlos de realizar futuras denuncias.

b) La documentación solicitada consigna en detalle hechos de carácter privado que motivaron que la Inspección del Trabajo llevara a cabo una investigación por eventual infracción de derechos fundamentales, la cual contiene datos sensibles a que se refiere la Ley N° 19.628.

c) Existiendo respecto de uno de los trabajadores denunciantes diagnóstico médico de estrés laboral, y revelándose, respecto de otro, circunstancias de su vida privada, su entrega debe ser autorizada por escrito por su titular, conforme con lo ordenado por el artículo 4° de la citada norma.

d) Finalmente, cita lo razonado en la decisión de amparo Rol A53-09, en orden a que no puede desconocerse la naturaleza especial de las denuncias realizadas por los trabajadores ante la Dirección del Trabajo y el riesgo de que su divulgación, así como la de la identidad de los denunciantes o la de los trabajadores que han declarado en un proceso de fiscalización en contra del empleador, afecte su estabilidad en el empleo o los haga víctimas de represalias (especialmente si se mantienen laboralmente vinculados con el mismo empleador).

3) AMPARO: El 5 de diciembre de 2012, don Pedro Bujes Retamal, según indica, en representación de don Boris Pfeiffer Espinoza, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Además, el reclamante hizo presente que la petición se fundamenta en que “al ser hechos denunciados por trabajadores de la Clínica San Lorenzo, con antecedentes falsos, que afectan al solicitante en su honor tiene derecho a saber las denuncias efectuadas en su contra ya que jamás se le notificó de tales denuncias por la Inspección del Trabajo de Chañaral.”

4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: El Consejo Directivo de este Consejo, mediante Oficio N° 5143 de 18 de diciembre de 2012, solicitó a don Pedro Bujes Retamal, conforme a lo previsto en el artículo 46, inciso segundo, del Reglamento de la Ley de Transparencia: (a) acreditar el poder que invoca, acompañando copia de la escritura pública o del documento privado suscrito ante notario en el que consta tal representación y; (b) acompañar copia de la solicitud de información ingresada a la Inspección Provincial del Trabajo de Chañaral, con el timbre o comprobante de ingreso respectivo. Mediante correo electrónico de 26 de diciembre de 2012, éste indicó que compareció conjuntamente con don Boris Pfeiffer Espinoza a formular la solicitud de información que motivó el presente amparo. Agregó que sólo quedó en su poder el talonario que da cuenta de la presentación de la solicitud, cuya copia adjunta.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo a la Sra. Inspectora Provincial del Trabajo de Chañaral, mediante Oficio N° 19, de 4 de enero de 2013, solicitándole que al formular sus descargos: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de hecho, secreto o reserva legal que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) acompañe copia de la solicitud de información objeto del presente amparo; (3°) indique si el Sr. Pedro Bujes Retamal también es requirente de información en la solicitud motivo del presente amparo; (4°) si la respuesta anterior fuere negativa, indique si consta en su Servicio poder otorgado por el Sr. Boris Pfeiffer Espinoza; y, (5°) proporcione a este Consejo los datos de contacto de los terceros -por ejemplo, domicilios, correos electrónicos y teléfonos-, cuyos derechos podrían verse afectados por lo solicitado en la presentación aludida, a fin de dar eventual aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia. Mediante Oficio N° 48, de 21 de enero de 2013, la mencionada autoridad presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis que:

a) Las dos carpetas de investigación solicitadas se originaron en dos denuncias interpuestas por las trabajadoras que indica, por eventual vulneración de derechos fundamentales, las que fueron declaradas admisibles y tramitadas de conformidad con la Orden de Servicio N° 2 de 4 de abril de 2011, sobre Vulneración de Derechos Fundamentales. En ambos casos la investigación se afinó con la emisión de las conclusiones jurídicas, constatándose al menos indicios de vulneración de las garantías que señala, citándose a las partes a la instancia de mediación, y finalizando ambos procesos con acuerdo de éstas. Enseguida reitera lo señalado en su respuesta respecto de los fundamentos por los cuales estima que la información solicitada debe mantenerse en reserva.

b) En cuanto a terceros que podrían verse afectados por la entrega de la información requerida, se encuentran todos y cada uno de los trabajadores que prestaron declaración en cada una de las investigaciones, incluidas las trabajadoras denunciantes.

c) Finalmente, en lo que respecta a la interposición de la solicitud de información, señala que don Boris Pfeiffer Espinoza concurrió a las dependencias de esa Inspección acompañado de don Pedro Bujes Retamal, quien también es requirente de la solicitud de información, en virtud de poder otorgado por primero, el cual sólo fue exhibido.

6) TRASLADO A LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, este Consejo acordó trasladar el presente amparo a los terceros intervinientes en el presente amparo, correspondientes a las denunciantes a quienes se estimó que podrían verse afectadas con la publicidad de la información solicitada, con el objeto que aquéllas presentaran sus descargos y observaciones al presente amparo e hicieran mención expresa a los derechos que les asisten. Lo anterior se materializó a través de los Oficios Nos 384 y 385, ambos de 25 de enero de 2013. Hasta la fecha, sólo una de aquéllas ingresó una presentación a este Consejo oponiéndose a la entrega de cualquier información de su carpeta, ya que ésta contiene declaraciones de terceros que podrían verse afectados y perjudicados como ella, por lo que solicita se mantenga completa reserva de la investigación y de tales declaraciones.

7) SOLICITUD DE ACLARACIÓN AL RECLAMANTE: Atendido el tenor del amparo y la circunstancia de que los expedientes de investigación requeridos contienen información de diversa naturaleza, se solicitó al reclamante, mediante correo electrónico de 22 de enero de 2013, precisar si la solicitud de información que motivó el presente amparo correspondía a los expedientes completos de investigación o bien a algunas piezas específicas de éstos. Al respecto, a través de correo electrónico de 25 de febrero, don Pedro Bujes Retamal manifestó que lo solicitado es “la denuncia efectuada por las recurrentes ante la inspección del trabajo, las declaraciones de los testigos que depusieron en dicha entidad en las investigaciones de la inspección efectuada y las conclusiones de ambos casos. Además del acta de conciliación en ambos casos, conjuntamente con los poderes de los representantes de la empresa Clínica San Lorenzo que asistieron a todas las audiencias, conjuntamente con copia de la referidas audiencias o actas respectivas.” A través de correo electrónico de la misma fecha, don Boris Pfeiffer Espinoza ratificó todo lo obrado por su abogado don Pedro Bujes Retamal.

Y CONSIDERANDO:

1) Que lo solicitado en la especie, se refiere a información contenida en dos expedientes de investigación por vulneración de derechos fundamentales de la Inspección Provincial del Trabajo de Chañaral, motivadas por dos denuncias interpuestas ante dicha entidad en contra del solicitante.

2) Que, según lo dispuesto por el artículo 486 del Código del Trabajo, las Inspecciones del Trabajo poseen competencia para fiscalizar y denunciar las vulneraciones de derechos fundamentales de los trabajadores, pudiendo iniciar un proceso de fiscalización, entre otros casos, por denuncias de particulares. La Dirección del Trabajo, a través de la Orden de Servicio N° 02, de 4 de febrero de 2011, impartió instrucciones respecto del procedimiento administrativo que debe seguirse a fin de investigar las vulneraciones a los derechos fundamentales. Indica que frente a una denuncia se elaborará un informe de fiscalización, el que debe ser remitido al abogado/a integrante de la fiscalía laboral, quien ponderará sus resultados y elaborará una minuta de Conclusiones Jurídicas, debidamente fundamentada, en la que indicará si hay o no indicios o hechos suficientes de vulneración de derechos fundamentales, los que pasarán a ser parte del expediente de la denuncia administrativa. Añade que “Concluida la investigación, el Informe de Fiscalización y la minuta de conclusiones jurídicas serán visados por el Coordinador/a Jurídico o el abogado/a Jefe de la Unidad de Fiscalía Regional de Derechos Fundamentales donde existiere…”. Finalmente, si la investigación concluye que los hechos no configuran una vulneración de derechos fundamentales, se deberá informar al denunciante del resultado de su denuncia; en cambio, si se concluye que si la configuran y corresponde a la Inspección formular la denuncia, debe activarse la mediación que exige la ley.

3) Que, al tenor del artículo 5° de la Ley de Transparencia, obrando la información solicitada en poder del órgano reclamado y habiendo servido de base para un pronunciamiento sobre las denuncias que dieron origen a los procedimientos investigativos en comento, ella es, en principio, pública, salvo que concurra alguna de las causales de secreto o reserva a que se refiere el artículo 21 de dicho cuerpo legal. Sobre el particular, cabe hacer presente que el órgano reclamado denegó la entrega de la información fundado en lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia; según el cual, se podrá denegar total o parcialmente la información requerida “Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”.

4) Que cabe tener presente lo resuelto por este Consejo en la decisión del amparo Rol A53-09, en contra la Dirección del Trabajo, en cuyo considerando 12° estableció que “…no puede desconocer la naturaleza especial de las denuncias realizadas por los trabajadores ante la Dirección del Trabajo y el riesgo de que su divulgación, así como la de la identidad de los denunciantes o la de los trabajadores que han declarado en un proceso de fiscalización en contra del empleador, afecte su estabilidad en el empleo o los haga víctimas de represalias (especialmente si se mantienen laboralmente vinculados con el mismo empleador)”. En dicha decisión se resolvió que “…respecto de aquellos datos personales señalados… cabe entender que la publicidad, comunicación o conocimiento de dicha información puede afectar derechos de terceros -en el caso en análisis de los trabajadores denunciantes o de los que han prestado declaración-, en particular tratándose de la esfera de su vida privada y sus derechos de carácter económico emanados de la relación laboral, configurándose de esta forma y respecto de aquellos datos la causal del artículo 21, numeral 2 de la Ley de Transparencia, causal que se encuentra reforzada por la especial función que el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, encomienda al Consejo, en orden a velar por el adecuado cumplimiento de la Ley N°19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado”.

5) Que resulta razonable estimar que acceder a la entrega de las denuncias efectuadas pudiera traer como consecuencia el que aquellos que pretenden formular futuras denuncias ante los órganos y servicios de la Administración del Estado se inhibieran de realizarlas, impidiendo con ello que tales órganos y servicios cuenten con un insumo inestimable, que les sirva de base para efectuar las fiscalizaciones necesarias destinadas a esclarecer los hechos o irregularidades de que éstas puedan dar cuenta y de esta forma, incluso, afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos establecidos en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. Ello, en la materia que se ventila en el presente amparo, podría traducirse en que los trabajadores se inhiban de denunciar actos que vulneran su garantías fundamentales y que, por consiguiente, las inspecciones del trabajo se vieran impedidas de ejercer las atribuciones que en la materia le otorga la ley. Dicho efecto debe ponderarse en el presente procedimiento, en ejercicio de su atribución prevista en el artículo 33, letra j) de la Ley de Transparencia.

6) Que, siguiendo el mismo criterio expuesto en los considerandos precedentes, debe resguardarse igualmente la información referida a las declaraciones de los testigos que depusieron en las precitadas investigaciones por cuanto éstos son terceros a los que se refiere o afecta la información pedida.

7) Que, en cuanto a los demás antecedentes solicitados – “las conclusiones, acta de conciliación, poderes de los representantes de la empresa Clínica San Lorenzo que asistieron a todas las audiencias, así como copia de la referidas audiencias o actas respectivas”-, a fin de determinar su naturaleza, resulta pertinente tener presente lo señalado en la ya citada Orden de Servicio N° 02 a su respecto. Ésta señala que una vez concluido el informe de fiscalización, el abogado a cargo de la fiscalía ponderará el resultado de la fiscalización y elaborará una minuta de conclusiones jurídicas en que indicará si existen o no indicios o hechos suficientes de vulneración de derechos fundamentales, documento que pasará a ser parte del expediente de la denuncia administrativa. A su turno, previene que el acta de mediación deberá consignar los siguientes contenidos mínimos: 1) identificación de la Denuncia Administrativa, fecha y hora de la suscripción; 2) identificación del mediador y los asistentes; 3) referencia a las Conclusiones Jurídicas, señalando especialmente los derechos respecto de los cuales se estima la existencia de indicios de vulneración y los posibles afectados; 4) referencia a las reuniones realizadas; 5) acuerdos y medidas reparatorias; 6) forma y acreditación del cumplimiento de los acuerdos e identificación del responsable del cumplimiento de los acuerdos; 7) efectos del incumplimiento; y 8) señalar expresamente su mérito ejecutivo. En cuanto al proceso de mediación, dispone que será obligación del mediador registrar en el sistema informático, al término de cada una de las reuniones de mediación, los resultados de las mismas y las nuevas citaciones que se originen.

8) Que, atendida la naturaleza de los antecedentes señalados en el considerando precedente, a juicio de este Consejo su divulgación no supondría afectar los bienes jurídicos señalados en los considerandos 4° y 5° de la presente decisión, por lo que se requerirá su entrega. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que aquéllos contengan antecedentes que digan relación con la identidad de los trabajadores declarantes o permitan inferirla, o bien se refieran a circunstancias de la esfera de la vida privada y derechos de carácter económico de las denunciantes, el órgano requerido deberá cumplir la obligación de entregar tales documentos tarjando los datos señalados, en virtud del principio de divisibilidad, consagrado en la letra e) del artículo 11 de la Ley de Transparencia y en el artículo 14 de su Reglamento.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Boris Pfeiffer Espinoza, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Chañaral, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Inspección Provincial del Trabajo de Chañaral:

a) Hacer entrega al reclamante de las conclusiones jurídicas, actas de conciliación, poderes de los representantes de la empresa Clínica San Lorenzo que asistieron a todas las audiencias, así como copia del registro que da cuenta del resultado de las reuniones de mediación celebradas, dando aplicación, en el evento de ser pertinente, al principio de divisibilidad en los términos indicados en el considerando 8° de la presente decisión.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. Además, adjuntar copia de las conclusiones jurídicas entregadas al reclamante, a efecto de verificar en sede de cumplimiento el modo en que se materializó la aplicación del principio de divisibilidad.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (s) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Boris Pfeiffer Espinoza, a la Sra. Inspectora Provincial del Trabajo de Chañaral; y a los terceros interesados en el presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que el consejero don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.