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Luis Fernando Chinchón Alonso con SUPERINTENDENCIA DE SALUD Rol: C351-10

Consejo para la Transparencia, 03/09/2010

Se solicita amparo en contra de la Superintendencia de Salud fundado en recibido respuesta negativa a su requerimiento de información respecto de la identificación de todos los cotizantes de Isapre Colmena Golden Cross. La Superintendencia responde que no puede dar a conocer tales datos porque afectaría a la vida privada de terceros, estando, por tanto, tal información protegida por el art. 21 de la Ley de Transparencia. El Consejo rechaza la solicitud señalando que si bien la información con que cuenta un órgano público, tiene un presunción de publicidad, este se trata de un requerimiento de datos personales de terceras personas, configurándose una causal de reserva.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C351-10

Entidad pública: Superintendencia de Salud

Requirente: Luis Fernando Chinchón Alonso

Ingreso Consejo: 09.06.2010

En sesión ordinaria N° 179 de su Consejo Directivo, celebrada el 3 de septiembre de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del Amparo Rol C351-10.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de mayo de 2010 don Luis Chinchón Alonso solicitó a la Superintendencia de Salud la identificación o individualización de todos y cada uno de los cotizantes de Isapre Colmena Golden Cross S.A., en atención al carácter público de la información, en virtud del artículo 5° inciso 2° de la Ley de Transparencia, ya que ésta se debe encontrar en poder de la Superintendencia de Salud, por haber sido entregada por la Isapre aludida en virtud del artículo 44 de la Ley N° 18.933 que señala que “Las instituciones deberán tener actualizada ante la Superintendencia la información a que se refiere el artículo anterior, y además la relativa al número e identificación de sus cotizantes…”. A mayor abundamiento, señala que esto no contraviene el artículo 21 de la Ley de Transparencia, en el sentido que no se está solicitando información alguna relativa al estado de salud del afiliado o la esfera de su vida privada, por el contrario, la información requerida se encuentra dentro de la excepción contenida en el artículo 4 de la Ley N° 19.628 que dispone que “No requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario, se contengan en listados relativos a una categoría de personas que se limitan a indicar antecedentes tales como la pertenencia del individuo a ese grupo, su profesión o actividad, sus títulos educativos, dirección o fecha de nacimiento, o sean necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta directa o comercialización o venta directa de bienes o servicios”.

2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N° 699, de 24 de mayo de 2010, el Superintendente de Salud suplente respondió la solicitud de acceso, denegándola, señalando al efecto que:

a) Si bien las Isapres deben mantener a disposición del público en general y de sus beneficiarios ciertos antecedentes previstos en el artículo 216 del D.F.L. N° 1 de 2005, de Salud, los que deben ser entregados a la Superintendencia de Salud, según prescribe el artículo 217 del cuerpo legal mencionado, éste precepto también señala expresamente que “Las Instituciones deberán tener actualizada ante la Superintendencia la información a que se refiere el artículo anterior y además la relativa al número e identificación de sus cotizantes, grupo familiar y terceros beneficiarios…”.

b) De lo anterior, se desprende que la información solicitada no se encuentra en una fuente accesible al público, ya que sólo se entrega a su representada en relación a sus facultades fiscalizadoras de las instituciones de salud previsional, por lo que a su respecto se aplica lo dispuesto en los artículos 7° y 9° de la Ley N° 19.628, que prohíben expresamente entregar este tipo de información, por cuanto el primer artículo establece su obligación de guardar secreto respecto de dichos datos en tanto no provienen de fuentes accesibles al público, y el segundo señala que los datos sólo deben ser utilizados para los fines para los cuales hubieren sido recolectados.

c) Que, lo anterior se enmarca en la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, esto es, que la divulgación de la información afecta, según su juicio, derechos de las personas a quienes ésta se refiere, particularmente su vida privada.

d) Agrega que el hecho que su representada cuente con la información requerida, en ningún caso transforma tales antecedentes, per se, en datos públicos, por cuanto el D.F.L. mencionado distingue entre la información que las Isapres disponen para el público en general y la que debe entregarse a su representada, atendida sus facultades fiscalizadoras. Además, al tratarse de datos personales en los términos de la Ley N° 19.628, sólo pueden utilizarse para los fines que expresamente prevé la normativa que regula a la Superintendencia de Salud.

3) AMPARO: El 9 de junio de 2010 don Luis Chinchón Alonso dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra de la Superintendencia de Salud, fundado en el hecho de haber recibido respuesta negativa a su requerimiento de información, basada en la afectación de la vida privada de terceros, de acuerdo a lo previsto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo Directivo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante Oficio N° 1103, de 22 de junio de 2010, al Superintendente de Salud, quien, el 6 de julio de 2010, evacuó sus descargos y observaciones indicando que:

a) El amparo carece de fundamento, al limitarse el reclamante a marcar con cruces los casilleros del formato estándar que proporciona el Consejo para la Transparencia, por lo que no señala “claramente” la infracción y los hechos que la configuran, por cuanto sólo se expuso que hubo una denegación de acceso, se citó la norma legal, sin agregar fundamentación ni exposición alguna de las circunstancias del litigio.

b) El amparo sería extemporáneo, por cuanto el requirente presentó una solicitud de acceso en el mismo tenor que la de la especie respecto a los afiliados de la Isapre Cruz Blanca, la que fue denegada mediante Resolución SS/N° 794, de 18 de mayo de 2009, la que no fue objeto de amparo ante el Consejo, por lo que lo ventilado en el presente amparo no es un asunto nuevo, pensar lo contrario implica que nunca existiría certeza jurídica respecto de los asuntos de transparencia, los que podrían revivirse permanentemente por los interesados.

c) De acuerdo al artículo 110 del D.F.L. N° 1, de 2005, de Salud, la Superintendencia de Salud cuenta con atribuciones exclusivas y excluyentes para interpretar administrativamente normas de rango legal, entre otras, respecto de su fiscalización a las Isapres, por lo que cabe colegir que aspectos de la relación contractual entre una Isapre y un afiliado son ciertamente materia de su competencia y, por ende las normas que se aplican a tal situación pueden ser interpretadas soberanamente por su representada. Dicha facultad legal está redactada en términos amplios, por lo que cabría en la esfera de su competencia la Ley de Protección de Datos Personales, cuando se afecte derechos de los cotizantes del sistema privado de salud. Tampoco es óbice a dicha facultad que ésta deba practicarse a raíz de una petición enmarcada en la Ley de Transparencia, puesto que lo pedido se refiere específicamente a datos personales de cotizantes de una Isapre y no a documentos emanados de la Administración del Estado.

d) En el entendido que lo requerido se trata de datos personales que emana de un contrato de salud de índole privado, sujeto a la regulación de la Superintendencia de Salud, cabe señalar que el tratamiento que se hacen de los datos, es autorizado directamente por la ley, pero sólo puede realizarse para sus fines propios. Respecto de la información requerida en la especie, la Superintendencia actúa como un banco de datos, por lo que de acuerdo al artículo 20 de la Ley N 19.628 “El tratamiento de datos personales por parte de un organismo púbico sólo podrá efectuarse respecto de las materias de su competencia y con sujeción a las reglas precedentes. En esas condiciones, no necesitará el consentimiento del titular”. En el mismo sentido señala el artículo 9° del cuerpo legal en comento que “Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público”. En este caso, la norma legal que habilita a la Superintendencia de Salud para recolectar y tratar tales datos es el artículo 217 del D.F.L. N° 1, de 2005, de Salud, que contiene una exigencia para las Isapres respecto de la información que deben entregar a su entidad fiscalizadora, no obstante lo cual, ese tratamiento, así como la comunicación de dicha información se rige por la Ley N° 19.628.

e) A mayor abundamiento, señala que su representada tiene inscritos todos sus bancos de datos en el Servicio de Registro Civil, incluido el de cotizantes y beneficiarios de Isapres, en cumplimiento de la obligación del inciso primero del artículo 22 de la Ley N° 19.628. Por consiguiente, su deber es efectuar un tratamiento de datos orientado a sus fines y guardar secreto de dicha información, de acuerdo al artículo 7° de dicho cuerpo legal.

f) En cuanto al origen de la información, el D.F.L N° 1, de 2005, ya aludido, distingue la información que las Isapres deben mantener a disposición del público en general y de sus beneficiarios de la que no lo es, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 216 y 217 del mencionado cuerpo legal, por cuanto éste último señala que “Las instituciones deberán tener actualizada ante la superintendencia la información a que se refiere el artículo anterior y además la relativa al número e identificación de sus cotizantes, grupo familiar y terceros beneficiarios”, determinado la voz “además” la sustracción de la identificación de los cotizantes de aquella información que debe mantenerse a disposición del público, según indica el artículo 216 mencionado.

g) Tampoco podría entenderse que la Ley de Transparencia ha derogado tácitamente el precepto aludido, dado que la Ley de Isapres es de carácter especial. En todo caso, si tales datos fueran públicos no sería necesario requerirlos a la Superintendencia de Salud, por cuanto las Isapres estarían obligadas a exhibirlos.

h) El mismo razonamiento tuvo el Consejo para la Transparencia al negar el acceso al RUT de los funcionarios de una repartición pública, según consta en el considerando 12) de la decisión del amparo C10-09 y considerando 11) de la decisión del amparo A126-09. Por otra parte, el Consejo para la Transparencia ordenó al Servicio Electoral entregar el padrón electoral (Amparo C407-09), sólo basado en el carácter público que le concede expresamente la Ley N° 18.566, por su categoría de quórum calificado que primaría sobre una ley simple –Ley N° 19.628- lo que no se da en la especie. Sobre el particular cita el voto disidente el entonces presidente del Consejo para la Transparencia, el Consejero Juan Pablo Olmedo Bustos, basado en las disposiciones de la Ley N° 19.628

Y CONSIDERANDO:

1) Que, previo a entrar al fondo de lo discutido en este caso, cabe abordar las alegaciones de forma esgrimidas por el organismo reclamado en sus descargos ante este Consejo:

a) Falta de fundamento del amparo: Cabe descartar la alegación del organismo reclamado en orden a que el amparo de la especie no señalaría claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, dado que el formulario presentado, facilitado por este Consejo, contempla expresamente un campo relativo a este requisito, el que fue llenado correctamente por el reclamante, quien, además, acompañó los medios de prueba que acreditan tales circunstancias, razón por la cual fue declarado admisible por este Consejo en su oportunidad.

b) Extemporaneidad del amparo basado en el hecho de haberse presentado por el reclamante una solicitud de acceso en similares términos que la de la especie y haberse denegado ésta, sin que en dicha oportunidad el peticionario haya ejercido su derecho a solicitar amparo a este Consejo: Cabe desestimar tal alegación, por cuanto, en primer término, el artículo 24 de la Ley de Transparencia es claro al determinar la oportunidad de presentación del mismo –dentro de 15 días desde la notificación de la denegación de acceso o desde el vencimiento del plazo de 20 días para responder- lo que fue cumplido por el reclamante, quien fue notificado de la denegación el 24 de mayo de 2010 e interpuso el presente amparo el 9 de junio de 2010, vale decir transcurrido 12 días desde la notificación de la denegación. En segundo término, no resulta acorde con las disposiciones de la Ley de Transparencia plantear una supuesta preclusión del derecho de acceso a la información y de solicitar su amparo por el hecho de haberse solicitado la información por una vez y ésta haber sido denegada por el organismo público, más aún si el reclamante no sometió a conocimiento de este Consejo la primera denegación, tratándose, además, de información diversa.

2) Que, en relación a la alegación del organismo reclamado en orden a que la facultad de de Superintendencia de Salud de “Interpretar administrativamente en materias de su competencia, las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a las personas o entidades fiscalizadas; impartir instrucciones de general aplicación y dictar órdenes para su aplicación y cumplimiento”, según lo previsto en el artículo 110 N° 2 del D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las Leyes N° 18. 933 Y N° 18.469, en adelante D.F.L. N° 1/2005, incluye la interpretación de la Ley N° 19.628, sobre Protección a la Vida Privada, de 18 de agosto de 1999, en adelante, Ley N° 19.628, aún en el marco de una solicitud de acceso regida por la Ley de Transparencia, si bien este Consejo no tiene competencia para pronunciarse sobre la interpretación que efectúa la reclamante en relación con la determinación de su órbita de facultades, cabe hacer presente al organismo reclamado que este Consejo Directivo, en el ejercicio de sus atribuciones, indicadas en el artículo 33 de la Ley de Transparencia, debe velar por el cumplimento de la Ley N° 19.628 por parte de los órganos de la Administración del Estado, lo que, en el amparo de la especie se analizará a continuación.

3) Que, lo requerido en la especie a la Superintendencia de Salud es “la identificación o individualización de todos y cada uno de los cotizantes de Isapre Colmena Golden Cross S.A”, por cuanto obra en poder de la misma en cumplimiento de lo previsto en el artículo 217 del D.F.L. N° 1/2005.

4) Que de acuerdo al artículo 33 letra b) de la Ley de Transparencia, compete a este Consejo “Resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados en conformidad a esta Ley”. Asimismo, de acuerdo a la letra m) del artículo indicado, le corresponde “velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado”.

5) Que, al obrar en poder del un organismo de la Administración Pública, dicha información está, en principio, cubierta por la presunción de publicidad establecida en el artículo 5° de la Ley de Transparencia. Sin embargo, cabe señalar que se trata de un requerimiento de datos personales de terceras personas, a la luz del concepto previsto en el artículo 2°, letra f) de la Ley N° 19.628, que señala que se entenderá por “datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables”, por lo que corresponde analizar las implicancias de lo dispuesto en dicha cuerpo legal en esta sede, en orden a determinar si se configura una causal de reserva de la información requerida.

6) Que, el artículo 7° de la Ley N° 19.628, de 1999, sobre Protección a la Vida Privada dispone que “Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligados a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo”.

7) Que, por otra parte, el Título IV de la Ley N° 19.628 regula el tratamiento de datos por los organismos públicos, estableciendo en su artículo 20 que “El tratamiento de datos personales por parte de un organismo público sólo podrá efectuarse respecto a las materias de su competencia y con sujeción a las reglas precedentes. En esas condiciones no necesitará el consentimiento del titular”. Es decir, no contando con el consentimiento del titular de datos personales para el tratamiento de sus datos para fines diversos, según la regla general del artículo 4° del cuerpo legal en comento, un organismo público puede tratarlos cumpliendo dos supuestos:

a) Efectuarse respecto de materias de su competencia.

b) Sujeción a las disposiciones de la Ley N° 19.628.

8) Que respecto del segundo supuesto indicado en la letra b) del considerando precedente, cabe tener a la vista lo indicado por la Comisión mixta en el tercer trámite constitucional de la tramitación de la Ley N° 19.628: “La segunda parte de la disposición, que somete el tratamiento de datos personales que hagan los organismos públicos “a las reglas precedentes”, deja de manifiesto que -como anticipó el artículo 1º, inciso primero-, son unos mismos los preceptos que se aplican a los organismos públicos y a los particulares. No hay regulaciones separadas y diferentes, que permitan a unos inmiscuirse en mayor medida que a los otros en aspectos que conciernen tan estrechamente a las garantías constitucionales de respeto y protección a la vida pública y privada y a la honra de la persona y de su familia. Las normas contenidas en este título, por consiguiente, son especiales, pero sólo en cuanto recaen sobre aspectos propios del sector público” (Tercer Trámite Constitucional, Comisión Senado-Cámara de Diputados, sesión 2 de junio de 1999, cuenta en Sesión 02 de la Legislatura 340 del Senado, p.156-157).

9) Que en relación a supuesto indicado en la letra a) del considerando 4), vale decir, que el tratamiento de datos debe efectuarse en el marco de las competencias del organismo público, conviene reseñar las atribuciones de la Superintendencia de Salud en relación a las Instituciones de Salud Previsional, Isapres:

a) El artículo 107 del D.F.L. N° 1/2005 establece, en relación a las Instituciones de Salud Previsional, en adelante Isapres, que le corresponderá a la Superintendencia de Salud supervigilar y controlar dichas instituciones, en los términos que señale el Capítulo III del D.F.L N° 1/2005 y las demás disposiciones legales que sean aplicables, y velar por el cumplimiento de las obligaciones que les imponga la ley en relación a las Garantías Explícitas en Salud, los contratos de salud, las leyes y los reglamentos que las rigen.

b) Por su parte, el Título II del D.F.L. N° 1/2005, regula las atribuciones de la Superintendencia de Salud en relación con las Isapres, particularmente el artículo 110 establece, en general, las atribuciones y funciones de la Superintendencia de Salud, entre las que, para efectos de la resolución del presente amparo, se relevan las siguientes:

i) Fiscalizar a las Instituciones de Salud Previsional en los aspectos jurídicos y financieros, para el debido cumplimiento de las obligaciones que establece la ley y aquellas que emanen de los contratos de salud. (N°3)

ii) Velar porque las instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes y reglamentos que las rijan y con otras instrucciones que la Superintendencia de Salud emita, sin perjuicio de las facultades que pudieren corresponder a otros organismos fiscalizadores. (N°4)

iii) Impartir las instrucciones para que las Instituciones de Salud Previsional mantengan actualizada la información que la ley exija. (N° 10).

iv) Elaborar y difundir índices, estadísticas y estudios relativos a las Instituciones y al sistema privado de salud. (N° 14)

v) Impartir instrucciones generales sobre la transferencia de los contratos de salud y cartera de afiliados y beneficiarios a que se refiere el artículo 219 y dar su aprobación a dichas operaciones. (N° 15)

c) De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 114 del D.F.L. N° 1/2005 la supervigilancia y control de las instituciones de salud previsional que le corresponde a la Superintendencia de Salud se ejercerá a través de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud en los términos señalados en el Capítulo VII, Libro III del D.F.L. en comento y demás disposiciones que le sean aplicables.

d) El Título I del Libro III del D.F.L. N°1/2005 regula las atribuciones de la Superintendencia de Salud en relación con las Instituciones de Salud Previsional y el Título II del mismo Libro regula específicamente a las Instituciones de Salud Previsional. De dicha normativa, se releva la siguiente, en relación a los deberes de información a que deben dar cumplimento dichas instituciones:

i) Proporcionar información suficiente y oportuna a sus afiliados respecto de las materias fundamentales de sus contratos, tales como valores de los planes de salud, modalidades y condiciones de otorgamiento, así como también deben mantener a disposición de sus afiliados y terceros tal información (artículo 173)

ii) Comunicar la suscripción del contrato a la Superintendencia y a la entidad encargada del pago de la pensión, dentro del plazo indicado (artículo 184)

iii) Mantener a disposición del público en general y de sus beneficiarios los siguientes antecedentes (artículo 216)

(1) Nombre o razón social e individualización de sus representantes legales;

(2) Domicilio de sus agencias y sucursales;

(3) Fecha de su registro en la Superintendencia;

(4) Duración de la sociedad;

(5) Balance general del último ejercicio y los estados de situación que determine la Superintendencia;

(6) Estándar de patrimonio, índica de liquidez y monto de la garantía;

(7) Relación de las multas aplicadas por la superintendencia en el último periodo trienal, con indicación del monto y el motivo;

(8) Listado de planes de salud en actual comercialización, con indicación de sus precios base, tabla de factores, prestaciones y beneficios; y

(9) Nómina de los agentes de ventas de la Institución de Salud Previsional correspondiente, por ciudades.

iv) Tener actualizada ante la superintendencia la información indicada precedentemente y además la relativa al número e identificación de sus cotizantes, grupo familiar y terceros beneficiarios, monto de cotizaciones percibidas, prestaciones médicas y pecuniarias otorgadas y número de licencias o autorizaciones médicas presentadas, con indicación de las autorizadas, de las modificadas y de las rechazadas. (artículo 217)

e) Por su parte, la Circular N° 63, de 25 de enero de 2002, de la Superintendencia de Salud, que modifica las instrucciones para la confección y remisión de los archivos maestros de información que las Isapres envían a dicha Superintendencia, regula el modo en que deben dar cumplimiento a su obligación de enviar la información al organismo fiscalizador.

10) Que, por todo lo precedentemente expuesto, se concluye que la Superintendencia de Salud almacena los datos entregados directamente por las Isapres respectivas en cumplimento de un imperativo legal establecido en el artículo 217 del D.F.L. N° 1/2005, en cuyo tratamiento debe cumplir con los supuestos previstos en el artículo 20 de la Ley N° 19.628, vale decir, sólo respecto de las materias que son de competencia de la Superintendencia de Salud y con sujeción a las disposiciones de la Ley N° 19.628. De esta conclusión se desprende lo siguiente:

a) El titular de los dichos datos tiene limitados sus derechos de solicitar la modificación, cancelación o bloqueo de dichos datos, por aplicación del artículo 15 inciso 2° de la Ley N° 19.628, no obstante lo cual el tratamiento de datos personales efectuados por un organismo público, como es el caso, debe respetar los principios de finalidad, consagrado en los artículos 4° inciso 2° y 9 y de seguridad, consagrado en los artículos 5° y 11°, todos de la Ley N° 19.628, entre otros.

b) Al tratarse de datos aportados directamente por las Isapres a la Superintendencia de Salud, y al no constituir información que deba mantener disponible al público, se descarta la aplicación del artículo 4° inciso 5° de la Ley N° 19.628, como alega el reclamante, por cuanto dichos datos no obran en poder de la Superintendencia reclamada por haber sido recolectados de fuentes accesibles al público.

11) Que, aún cuando el tratamiento de datos personales pueda darse en dichas condiciones por parte de un organismo público, el titular de los mismos no pierde el núcleo esencial de su derecho a la protección de sus datos personales, cual es el poder de control sobre el uso que se haga de los mismos, de ahí el deber del organismo de respetar los principios básicos de la protección de datos y el deber de reserva que pesa sobre las personas que trabajan en el tratamiento de los datos, en la especie, los funcionarios de la Superintendencia de Salud, según se mencionó en un considerando anterior.

12) Que, en consecuencia con lo anterior, al tratarse el requerimiento de la especie de una solicitud de acceso parcial a una base de datos personales, cuyo tratamiento se da en las condiciones señaladas precedentemente, otorgar el acceso a dicha información en esta sede implica inequívocamente una intromisión a la vida privada de los titulares de dichos datos, sin que éstos hayan consentido en su utilización para fines diversos, en el entendido que “El último de los aspectos de la vida privada es el control de la información. Ésta es la faceta más importante de la privacidad en el momento actual, y su defensa, el medio más eficaz para proteger la reserva de la vida privada en todas sus formas. En este aspecto, el derecho de la vida privada se manifiesta en dos direcciones. Por un lado, la posibilidad de mantener ocultos o reservados ciertos aspectos de la vida de una persona. Por el otro, la posibilidad que corresponde a cada individuo de controlar el manejo y la circulación de la información que, sobre su persona, ha sido confiada a un tercero. / El derecho a la vida privada, normalmente, implica el poder jurídico de rechazar intromisiones ilegítimas en la esfera protegida y, correlativamente, a determinar libremente dentro de ella la propia conducta. Es un típico derecho de defensa. Sin embargo, la técnica de la protección de datos es más complicada. Por un lado, combina poderes del individuo frente a terceros (limitaciones, prohibiciones) con diversas garantías instrumentales. Por otro lado, los datos que se protegen no tienen por qué ser íntimos, basta con que sean personales, aunque parezcan inocuos. / Por eso, ha surgido un nuevo derecho implícito derivado de libertades negativas constituidas por la protección del derecho a la vida privada, a la intimidad, a la propia imagen, a la honra de su persona y la de su familia, que emana de la dignidad de la persona y del derecho general de la personalidad, como asimismo, de los valores y principios de igualdad, (no discriminación), verdad, libertad. Éste es el derecho a la autodeterminación informativa” (Historia de la Ley N° 19.628, sobre Protección de Datos Personales. Cámara de Diputados, Legislatura 336, Sesión 13, de 5 de noviembre de 1997, Discusión particular, p.196 y 197).

13) Que, además, a la luz de lo señalado, el acceder a la entrega de la información requerida implica no sólo una intromisión a la vida privada de los cotizantes cuya individualización se pide, sino que ésta, además, sería injustificada, lo que viene determinado por dos factores:

a) La entrega de información en sede de acceso a la información “se hará por parte del órgano requerido sin imponer condiciones de uso o restricciones a su empleo, salvo las expresamente estipuladas por la ley”, de acuerdo al previsto en el artículo 19 de la Ley de Transparencia, por lo que, entregada la información el titular de los datos personales se vería despojado de todos los derechos y garantías que le son otorgadas por la Ley N° 19.628, lo que supone una afectación al núcleo central del derecho a la protección de datos, según se indicó, la autodeterminación informativa.

b) Además, no se advierte el interés público que justifique dicha intromisión, es decir, no se aprecia cuál sería el beneficio público que conllevaría la publicidad de la identidad de cada uno de los cotizantes de una determinada Institución de Salud Previsional y que habilite para afectar la privacidad de los titulares de los datos requeridos en el sentido indicado en el considerando anterior.

14) Que, además, si bien el tratamiento por parte del organismo reclamado de los datos personales solicitados no requiere el consentimiento de sus respectivos titulares, pues se trata de un almacenamiento encomendado por la Ley, los derechos de los mismos se ven seriamente limitados. Así, la Ley N° 19.628 tiene una garantía especial a su derecho frente a los órganos de la Administración Pública, contemplada en el artículo 22 de la Ley N° 19.628, cual es el Registro Público de los bancos de datos personales cargo de organismos públicos, llevado por el Registro Civil. En efecto, consta en la página web institucional del Registro Civil la existencia y especificaciones de la base de datos de cotizantes del sistema de Isapres a cargo de la Superintendencia de Salud (ver: http://rbdp.srcei.cl/rbdp/html/Consultas/consultas.html), tal como fue señalado por el organismo reclamado en sus descargos.

15) Que, con todo, se cumplen los supuestos del artículo 7° de la Ley N° 19.628 en orden a que se trata de datos personales de los cotizantes de la Isapre Colmena Golden Cross S.A. no provenientes de fuentes a disposición o acceso libre al público, razón por la cual los funcionarios del organismo reclamado tienen un deber de reserva respecto de dichos datos. Dicha norma de reserva cumple con lo establecido en el artículo 1° de las Disposiciones Transitorias de la Ley de Transparencia, por cuanto de conformidad a lo dispuesto en la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política debe entenderse ésta de rango de quórum calificado, en atención a que fue dictada con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 20.050 y está referida a la causal de afectación a derechos de las personas, prevista en el artículo 8° de la Constitución Política, lo que se ha podido acreditarse en la especie según se expuso en los considerandos precedentes, configurándose de este modo a la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, razón por la cual se propondrá el rechazo del presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don Luis Chinchón Alonso en contra de la superintendencia de Salud, por los fundamentos expresados en la parte considerativa del presente acuerdo.

II. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Luis Chinchón Alonso y al Sr. Superintendente de Salud.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero. El consejero don Juan Pablo Olmedo Bustos no asistió al conocimiento y resolución del presente amparo. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.