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Daniel Vergara Donoso con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE VALPARAÍSO Rol: C102-13

Consejo para la Transparencia, 17/04/2013

Se dedujo amparo en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso. El recurrente fundamentó su reclamación en que le habrían denegado la información solicitada sobre copia del expediente completo de la causa Nº 0501.2012.2558. El Consejo señaló que respecto a los otros antecedentes que comprende el expediente que se ha solicitado, tales como, las citaciones y las actas del proceso de mediación, en principio, no se observa por parte de este Consejo que con su entrega se pudieran ver vulnerados los bienes jurídicos protegidos en las causales de reserva del artículo 21 N° 1 o N° 2, como acontece a propósito de las denuncias efectuadas. Con todo, es posible advertir que en tales documentos se contienen datos personales de contexto tanto del trabajador denunciante como del representante legal del empleador, tales como número de cédula de identidad, domicilio y correo electrónico. Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.628, y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, previsto en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, tales datos deben ser reservados al momento de proporcionar la información o permitir el acceso a la misma, por estimarse que su revelación afectaría los derechos de los titulares de los mismos.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Justicia
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C102-13

Entidad pública: Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso

Requirente: Daniel Vergara Donoso

Ingreso Consejo: 17.01.2013

En sesión ordinaria Nº 426 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de abril de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C102-13.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285, Nº 19.880 y N° 19.628; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; el D.F.L. N° 1, de 2002, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Daniel Vergara Donoso, el 19 de diciembre de 2012, solicitó a la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, copia del expediente completo de la causa Nº 0501.2012.2558.

2) RESPUESTA: La Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, mediante correo electrónico de 27 de diciembre de 2012, respondió a dicho requerimiento de información señalándo al efecto que no es posible acceder a lo solicitado, atendida la expresa oposición del tercero involucrado.

3) AMPARO: Don Daniel Vergara Donoso, el 10 de enero de 2013, por intermedio de la Gobernación Provincial de Valparaíso, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, el que fue ingresado a este Consejo el 17 de enero pasado. El recurrente fundamentó su reclamación en que le habrían denegado la información solicitada, por oposición de un tercero interesado. Además, hizo presente lo siguiente:

a) Que el proceso llevado por la Inspección del Trabajo de Valparaíso, dependiente de la Dirección Regional del Trabajo, se regula por la Orden de Servicio N° 09 de 31 de diciembre 2008, que “Imparte instrucciones sobre procedimiento administrativo en caso de denuncia por vulneración de derechos fundamentales, en el marco de la Ley 20.087, que incorpora procedimiento de tutela laboral, aplicable a las regiones en la cuales ha entrado o entrara en vigencia la reforma procesal laboral incorporada por la Ley 20.087”.

b) El procedimiento administrativo mencionado, en cuanto tiene jerarquía normativa inferior al rango legal, debe respetar principios propios del debido proceso, entre los cuales se encuentra aquel contenido en el artículo 17 de la Ley N° 19.880, sobre Procedimiento Administrativo, conforme al cual las partes interesadas en el procedimiento administrativo tienen “derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente”.

c) Señala que el 30 de noviembre de 2012, fue citado por un fiscalizador de la Inspección del Trabajo de Valparaíso, con el objeto de responder a la denuncia interpuesta por don Omar Marín Cárdenas, por vulneración del derecho a la vida, la integridad física y psíquica del trabajador, vulneración al derecho de no ser objeto de represalias en el ámbito laboral por el ejercicio de acciones administrativas o judiciales (garantías de indemnidad). Por lo anterior, concurrió el 4 de diciembre de 2012 a prestar declaración, sin tener conocimiento exacto del motivo del proceso, sino sólo indicios al tenor de las preguntas que se formularon.

d) Además, indica que no tiene ninguna relación personal con el denunciante, tampoco relación de carácter laboral, señala no ser su empleador ni ejerce las funciones de tal, ni es colega de trabajo. Sin embargo tiene la calidad de interesado en el proceso seguido ante la Inspección del Trabajo, conforme lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 19.880.

e) Finalmente, indica que en el proceso administrativo existe información que por sí misma tiene el carácter de pública, sin considerar el carácter de interesado. Cita, a este respecto, la decisión recaída en el amparo Rol C625-12, respecto de los procedimientos que se encuentran afinados.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo a la Sra. Inspectora Provincial del Trabajo de Valparaíso, mediante el Oficio N° 379, de 25 de enero de 2013; quien a través del ORD. N° 301, de 31 de enero de 2013, presentó sus descargos y observaciones, en los siguientes términos:

a) La solicitud de información dice relación con una solicitud de fiscalización efectuada por el Sr. Omar Luis Marín Cárdenas, en el marco del procedimiento inspectivo denominado denuncia por vulneración de derechos fundamentales.

b) Dicho procedimiento se encuentra regulado por el artículo 485 del Código del Trabajo, el cual “se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores. También se aplicará este procedimiento para conocer de los actos discriminatorios a que se refiere el artículo 2° de este Código, con excepción de los contemplados en su inciso sexto. Se entenderá que los derechos y garantías a que se refieren los incisos anteriores resultan lesionados cuando el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador limita el pleno ejercicio de aquéllas sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial. En igual sentido se entenderán las represalias ejercidas en contra de trabajadores, en razón o como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo o por el ejercicio de acciones judiciales”.

c) El Sr. Marín denunció a su empleador, la “Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas”, representada legalmente por uno de sus Directores, el Sr. Marcelo Reyes Stevens. En su solicitud de fiscalización N° 0501/2012/2558, indica que se han vulnerado al interior de la empresa derechos constitucionales que actualmente se encuentran protegidos por el legislador laboral, a saber: vulneración de su integridad síquica y del derecho a no ser objeto de represalias en el ámbito laboral por el ejercicio de acciones administrativas o judiciales.

d) En el desarrollo de la investigación se entrevistó al trabajador denunciante, al señalado como hostigador, a otros trabajadores que prestan servicios para la empleadora y al representante legal de la empleadora. Finalizada dicha etapa y analizados los antecedentes, se determinó que no era posible constatar la existencia de indicios de vulneración de los derechos denunciados, sin embargo, fue posible arribar a la conclusión que existían problemas de relaciones humanas al interior de la empresa que requerían ser abordados en una mediación, para de esa manera evitar posibles vulneraciones de derechos fundamentales. Conforme a ello se citó a la empresa y al trabajador denunciante a una mediación voluntaria, la que se desarrolló en varias audiencias, dos de las cuales permitieron que las partes acercaran sus posturas para acordar una mejor convivencia al interior del lugar de trabajo, pero en la citación final realizada a las partes el 21 de enero de 2013, la Asociación de Funcionarios de Aduanas no concurrió, sin dar razones para su inasistencia, fracasando dicha instancia.

e) Al momento de la recepción de la solicitud de acceso a información pública AL003P41179, se procedió a efectuar el análisis de la misma en concordancia con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Transparencia. Conforme a ello se consideró que el acceso a la información solicitada podía afectar los derechos de terceros, razón por la que procedió a notificarlos a fin de que pudiera ejercer su derecho de oposición dentro del plazo de tres días hábiles contado desde la fecha de notificación.

f) La negativa a proporcionar la información no nace de la iniciativa de la Inspección del Trabajo de considerar estos documentos como secretos, cuestión que acontece en la jurisprudencia emanada del Consejo para la Transparencia y que es invocada por el recurrente Sr. Vergara. La determinación se origina a raíz del análisis de la normativa legal, al ser posible que la entrega de la información pudiera afectar los derechos del trabajador que interpuso la denuncia y que origina el informe solicitado.

g) Cabe destacar que el trabajador denunciante presta servicios para la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas, la que se rige por las normas de la Ley N° 19.296 que Establece normas sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado. El artículo 1° de la citada ley expresa: “Reconócese, a los trabajadores de la Administración del Estado, incluidas las municipalidades, y del Congreso Nacional el derecho de constituir, sin autorización previa, las asociaciones de funcionarios que estimen conveniente, con la sola condición de sujetarse a la ley y a los estatutos de las mismas”. En tanto el artículo 16 señala: “El directorio representará judicial y extrajudicialmente a la asociación, y a su presidente le será aplicable lo dispuesto en el artículo 8° de Código de Procedimiento Civil”. Finalmente el artículo 24 al referirse al Directorio expone: “Los directores permanecerán dos años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos. Los acuerdos del directorio deberán adoptarse por la mayoría absoluta de sus integrantes”.

h) Durante la fiscalización fue posible verificar que el Sr. Vergara era miembro del Directorio de la Asociación de Funcionarios, y por ello parte involucrada en las decisiones que adopta la misma en su calidad de empleadora del trabajador denunciante, razón por la que, ante la solicitud del informe que contiene la declaración del trabajador, se procedió a dar traslado al Sr. Omar Luis Marín Cárdenas, pues podía estimar en forma razonable que se afectara su estabilidad laboral.

i) El 21 de diciembre de 2012, esta Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso procedió a remitir el Ordinario N° 2751 al Sr. Marín, quien dentro del plazo legal señaló “Expreso mi oposición, ya que estoy en proceso de mediación con la empresa”, cuestión que es plenamente concordante con la fecha de término de la mediación voluntaria. Acorde a lo señalado por el trabajador, se actuó según lo dispuesto en artículo 20 de la Ley de Transparencia, comunicando al Sr. Daniel Vergara Donoso la oposición del tercero involucrado y la imposibilidad que asistía al Servicio de entregar la información.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, este Consejo acordó trasladar el presente amparo al Sr. Omar Marín Cárdenas, en su calidad de tercero interviniente en el presente amparo, lo que se materializó a través del Oficio N° 582, de 8 de febrero de 2013.

Al respecto, el Sr. Marín Cárdenas, a través de documento ingresado el 25 de febrero de 2013, manifestó, en síntesis, lo siguiente:

a) Atendida las acciones judiciales en las que ha participado y en las que ha incidido además el solicitante de información, estimó pertinente acudir a la Dirección del Trabajo por seguridad, ya que teme perder su fuente laboral además de otro tipo de problemas.

b) En consecuencia, se opone a la entrega de la información ya que desde el año 2009 hasta la fecha, estima que está siendo vulnerado como persona y trabajador, en su condición de auxiliar de la citada Asociación.

c) Finalmente, acompaña los siguientes documentos:

i. Reportaje “Autoridades declararán en juicio”. El Mercurio, 13 de junio de 2009: http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20090613. En él se indica que “el proceso corresponde a la investigación iniciada por el supuesto desvío de dineros a la campaña política del ex candidato y ex director regional de Aduanas, Daniel Vergara”.

ii. Citación al Juzgado de Garantía de Valparaíso. RIT N° 7171-2010.

iii. Copias de las audiencias de dicho procedimiento desarrolladas el 19 de octubre y 19 de noviembre de 2012.

iv. Denuncia de vulneración de derechos de 8 de noviembre de 2012.

v. ORD. N° 83, de 16 de enero de 2013, de la Dirección del Trabajo de la V Región, por la que cita a un proceso de mediación voluntaria para el 21 de enero de 2013.

vi. Actas de mediaciones de 13 y 19 de diciembre de 2012.

vii. Acta final de mediación de 21 de enero de 2013.

viii. ORD. N° 2751, de 21 de diciembre de 2012, de la Inspectora Provincial del Trabajo, por la cual le informan la solicitud de acceso presentada por el Sr. Vergara Donoso.

ix. Informe Psicológico de 21 de noviembre de 2012.

6) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Con el objeto de resolver adecuada y acertadamente el presente amparo, el Consejo Directivo, en su sesión ordinaria Nº 418, de 13 de marzo de 2013, acordó requerir a la Sra. Inspectora Provincial del Trabajo de Valparaíso, lo siguiente:

a) Que remitiera copia íntegra del expediente de la causa N° 0501.2012.2558, por supuesta vulneración de derechos fundamentales iniciado a instancias del Sr. Omar Marín Cárdenas, a fin de ilustrar a este Consejo acerca del contenido de dichos antecedentes.

b) En relación a otros intervinientes en el citado procedimiento que hayan prestado declaración en él -distintos del denunciante-, se solicitó que se pronunciara si la publicidad de tales declaraciones e intervenciones podría justificar la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva, en especial de aquellas previstas en el artículo 21 Nos 1 y 2 de la Ley de Transparencia. En particular, en caso de estimar aplicable alguna de dichas causales de secreto, señalara los fundamentos específicos en que se basaría su invocación, acompañando los antecedentes y medios de prueba que justifiquen su procedencia.

7) CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Mediante el Ordinario N° 724, de 27 de marzo de 2013, la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso atendió la medida para mejor resolver decretada por este Consejo, en los siguientes términos:

a) En primer lugar, remitió copia íntegra del expediente solicitado que incluye el informe de fiscalización y las actas de mediación.

b) En cuanto a la posibilidad que las declaraciones de otros intervinientes pudieren verse afectadas por alguna causal de secreto o reserva de aquellas previstas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, señala que efectuado un análisis del expediente solicitado, no se vislumbra que pudiera existir afectación a otros declarantes, toda vez que se hizo un resumen por parte del fiscalizador de la información obtenida en una misma visita, comprometiéndose a mantener en reserva sus identidades.

c) Finalmente, reiteró lo expresado en el Ordinario N° 418 de 13 de marzo de 2012, en el sentido que el único posible afectado podría ser el Sr. Marín, quien denunció a su empleador la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas, representada legalmente por uno de sus Directores, el Sr. Marcelo Reyes Stevens, formando parte de dicho directorio el solicitante de la información.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el Sr. Vergara Donoso fundamentó su amparo en la calidad de interesado que tendría en el proceso seguido ante la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso. Sin perjuicio de la invocación que al efecto realiza el solicitante a la Ley N° 19.880, en la especie realizó una solicitud de acceso a la información respecto de un procedimiento administrativo que a la fecha de la solicitud se encontraba finalizado, por lo que las normas invocadas no le resultan aplicables. Además la solicitud fue planteada en los términos previstos en la Ley de Transparencia, utilizando el formulario que al efecto provee el organismo reclamado y cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 12 de dicho cuerpo legal. En razón de ello, su presentación se estima realizada en ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública, motivo por el cual, en la resolución del presente amparo resultan aplicables las normas previstas en la Ley de Transparencia y no las relativas a la tramitación de los procedimientos administrativos que buscan garantizar otros principios.

2) Que, en lo que se refiere a la información que se requiere, el artículo 486 del Código del Trabajo establece que las Inspecciones del Trabajo poseen competencia para fiscalizar y denunciar las vulneraciones de derechos fundamentales de los trabajadores, pudiendo iniciar un proceso de fiscalización, entre otros casos, por denuncias de particulares. A su vez, la Dirección del Trabajo, a través de la Orden de Servicio N° 02, de 4 de febrero de 2011 , impartió instrucciones respecto del procedimiento administrativo que debe seguirse a fin de investigar las vulneraciones a los derechos fundamentales. Así, frente a una denuncia de este tipo se elaborará un informe de fiscalización, el que debe ser remitido al abogado/a integrante de la fiscalía laboral, quien ponderará sus resultados y elaborará una minuta de Conclusiones Jurídicas. Ella deberá estar debidamente fundamentada, y se indicará si hay o no indicios o hechos suficientes de vulneración de derechos fundamentales, los que pasarán a ser parte del expediente de la denuncia administrativa. Añade que “Concluida la investigación, el Informe de Fiscalización y la minuta de conclusiones jurídicas serán visados por el Coordinador/a Jurídico o el abogado/a Jefe de la Unidad de Fiscalía Regional de Derechos Fundamentales donde existiere”. Finalmente, si la investigación concluye que los hechos no configuran una vulneración de derechos fundamentales, se deberá informar al denunciante del resultado de su denuncia. En cambio, si se concluye que sí la configuran y corresponde a la Inspección formular la denuncia, debe activarse la mediación que exige la ley.

3) Que, el recurrente ha solicitado copia del expediente completo de la causa referida a vulneración de derechos fundamentales, iniciado a instancia del Sr. Omar Marín Cárdenas. Dicho expediente comprende los siguientes documentos: Formulario e Informe de Fiscalización, Conclusiones Jurídicas y los documentos del proceso de mediación voluntaria, el cual contiene a su vez, las citaciones a dicho proceso, copia de los Oficios N° 2604 y 2607, ambos de 5 de diciembre de 2012 y las Actas de las Mediaciones de 13 y 19 de diciembre de 2012, y 10 y 20 de enero del presente año.

4) Que, los antecedentes que se solicitan corresponden a información que obra en poder de la reclamada, por lo que al tenor del artículo 5° de la Ley de Transparencia, es, en principio, pública. Además, la letra c) del artículo 11 del mismo cuerpo legal establece como uno de los principios rectores del derecho de acceso a la información el principio de apertura o transparencia, conforme al cual toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado.

5) Que, tanto en el Informe de Fiscalización como en las Conclusiones Jurídicas, se contiene una relación de los hechos denunciados. Además, en el primero de ellos se contiene el testimonio del denunciante, en el cual se exponen los hechos constitutivos de la denuncia que ha efectuado ante la Inspección del Trabajo y que motivó posteriormente la fiscalización efectuada por esta última. En relación a la publicidad de las denuncias, este Consejo ha razonado sobre la base de que “no puede desconocer la naturaleza especial de las denuncias realizadas por los trabajadores ante la Dirección del Trabajo y el riesgo de que su divulgación, así como la de la identidad de los denunciantes o la de los trabajadores que han declarado en un proceso de fiscalización en contra del empleador, afecte su estabilidad en el empleo o los haga víctimas de represalias (especialmente si se mantienen laboralmente vinculados con el mismo empleador)” (criterio recogido en la decisión del amparo Rol A53-09, particularmente su considerando 12°). En dicha decisión se resolvió que la publicidad, comunicación o conocimiento de dicha información puede afectar los derechos de los trabajadores denunciantes o de los que han prestado declaración, en particular tratándose de la esfera de su vida privada y sus derechos de carácter económico emanados de la relación laboral, configurándose de esta forma la causal de reserva del artículo 21, N° 2 de la Ley de Transparencia, la que se encuentra reforzada por lo dispuesto en el artículo 33, letra m), del mismo cuerpo legal, en cuanto se encomienda a este Consejo, velar por el adecuado cumplimiento de la Ley N°19.628, por parte de los órganos de la Administración del Estado.

6) Que, si bien el organismo reclamado en el presente caso solamente estimó aplicable la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en materia de denuncias este Consejo también ha considerado que el acceso a tales documentos puede traer como consecuencia que aquellos que pretenden formular futuras denuncias ante los órganos y servicios de la Administración del Estado se inhiban de realizarlas. En efecto la entrega de tales antecedentes podría imposibilitar que tales órganos y servicios cuenten con un insumo inestimable, que les sirva de base para efectuar las fiscalizaciones necesarias destinadas a esclarecer los hechos o irregularidades de que las denuncias puedan dar cuenta y de esta forma, incluso, afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos establecidos en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. En el presente amparo, ello podría traducirse en que los trabajadores se inhiban de denunciar actos que vulneran sus garantías fundamentales y que, por consiguiente, las inspecciones del trabajo se vieran impedidas de ejercer las atribuciones que en la materia le otorga la ley. Dicho efecto debe ponderarse por parte de este Consejo, en ejercicio de la atribución prevista en el artículo 33 letra j) de la Ley de Transparencia.

7) Que, en la especie, el organismo denegó la información solicitada por oposición del Sr. Marín Cárdenas, respecto de quien estimó que podría verse afectado con su publicidad, conforme lo dispone el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Este último, si bien no alegó de manera expresa la concurrencia de la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, a juicio de este Consejo, la publicidad de lo requerido lo afecta de manera cierta, probable y específica en su estabilidad laboral, según se desprende de sus alegaciones y documentos acompañados. En razón de ello, se denegará el acceso a la relación de los hechos denunciados por el Sr. Marín, así como su testimonio, los que se contienen en los numerales II.2 (página 2), IV.1 (páginas 2 a 4) del Informe de Fiscalización y en numeral II.2 (página 1) de las Conclusiones Jurídicas.

8) Que en el Informe de Fiscalización se contienen además las “Entrevistas a los compañeros de trabajo”, las que fueron resumidas por el fiscalizador, sin identificar concretamente a los declarantes. En efecto, revisados los antecedentes, es posible apreciar que en dicho punto se contiene una síntesis de las declaraciones, sin que se haya individualizado a los declarantes ni establecido vínculo alguno entre un relato y una persona en particular. Además, según ha podido verificar este Consejo, las declaraciones son solamente descriptivas de sucesos, desprovistas de juicios de valor o calificaciones acerca del comportamiento u actuación de los intervinientes en el proceso. Por lo demás, habiéndose consultado expresamente al organismo reclamado acerca de este punto, señaló que no vislumbraba la concurrencia de alguna causal de reserva en tanto había adoptado las medidas correspondientes para anonimizar los relatos de los trabajadores que fueron entrevistados en el proceso de fiscalización. Por lo tanto, a juicio de esta Corporación, en la especie no resulta posible vislumbrar que la publicidad de las declaraciones de los trabajadores contenidas en el punto II.4, del Informe de Fiscalización, configure una afectación en los términos indicados en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, en tanto la reclamada adoptó las medidas de resguardo necesarias para proteger la identidad y su vinculación con algún relato determinado, a fin de asegurar el desarrollo normal de procesos como el que se analiza. Del mismo modo, tampoco se verifica la causal de reserva del artículo 21 N° 2 del mismo cuerpo legal, toda vez que no se aprecia de qué modo la publicidad de tales declaraciones afecte los derechos de los trabajadores –cuya identidad ya fue resguardada por la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso-, particularmente en lo que dice relación con la eventual aplicación de represalias o la afectación en la estabilidad en el empleo. Por ello, se acogerá el amparo en este punto, ordenándose su entrega por la reclamada.

9) Que, sin perjuicio de lo señalado, resulta plenamente justificada la entrega al reclamante de su propia declaración, contenida en la investigación requerida, pues con ello está haciendo uso de su derecho de acceso a datos de carácter personal que obran en poder de un tercero, en la especie, la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, reconocido expresamente en el artículo 12, inciso 1° de la Ley N° 19.628, que dispone que “toda persona tiene derecho a exigir a quien sea responsable de un banco, que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente”.

10) Que, siguiendo el criterio adoptado por este Consejo en las decisiones de los amparos Roles C134-10, C178-10 y C752-10, el reclamante puede acceder a la declaración que prestó en el proceso de investigación por vulneración de derechos fundamentales, tanto mediante el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia –que ha iniciado en este caso–, como a través del mecanismo de habeas data, establecido en la Ley N° 19.628, ya mencionada. Por ello se acogerá el amparo en este punto y se dispondrá la entrega de la declaración del solicitante.

11) Que, en el Informe de Fiscalización antes referido, se hace referencia, dentro de la revisión documental, al denominado “Documento Médico”, correspondiente a un informe psicológico del denunciante y el contenido del mismo. Sobre este punto, al tratarse de información relativa a las atenciones médicas recibidas por una persona, debe calificarse como dato sensible, a la luz de la definición prevista en el artículo 2º letra g), de la Ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Además, de acuerdo al artículo 10 del cuerpo legal en comento, el tratamiento de estos datos no está permitido, salvo que una ley lo autorice, exista el consentimiento expreso del titular, o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares, lo que no ocurre en la especie, razón por la que habrá de reservarse dicha información y proceder a tarjarse de manera previa a la entrega del referido informe.

12) Que, respecto a los otros antecedentes que comprende el expediente que se ha solicitado, tales como, las citaciones y las actas del proceso de mediación, en principio, no se observa por parte de este Consejo que con su entrega se pudieran ver vulnerados los bienes jurídicos protegidos en las causales de reserva del artículo 21 N° 1 o N° 2, como acontece a propósito de las denuncias efectuadas. Con todo, es posible advertir que en tales documentos se contienen datos personales de contexto tanto del trabajador denunciante como del representante legal del empleador, tales como número de cédula de identidad, domicilio y correo electrónico. Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.628, y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, previsto en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, tales datos deben ser reservados al momento de proporcionar la información o permitir el acceso a la misma, por estimarse que su revelación afectaría los derechos de los titulares de los mismos.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Daniel Vergara Donoso, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Inspectora Provincial del Trabajo de Valparaíso, lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante de copia del expediente Nº 0501.2012.2558, sobre vulneración de derechos fundamentales, con la prevención efectuada en el considerando 12° del presente acuerdo en relación a tachar los datos personales de contexto que se contengan, y excluyendo los siguientes documentos:

i. Relación de los hechos denunciados por el Sr. Marín, así como su testimonio, contenidos en los numerales II.2 (página 2), IV.1 (páginas 2 a 4) del Informe de Fiscalización y en numeral II.2 (página 1) de las Conclusiones Jurídicas.

ii. Referencia al “Documento Médico”, contenido en el numeral V. del Informe de Fiscalización.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (s) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a Daniel Vergara Donoso, a la Sra. Inspectora Provincial del Trabajo de Valparaíso y a don Omar Marín Cárdenas, en su calidad de tercero interviniente en el presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.