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Roberto Rozas Serri con PODER JUDICIAL Rol: C451-13 y C452-13

Consejo para la Transparencia, 26/04/2013

Se dedujeron dos amparos en contra de la Academia Judicial, ambos fundados en que el sistema en línea no remitió comprobante del hecho de haberse realizado un requerimiento de información. El Consejo señaló que al haberse realizado una presentación ante una entidad que no reviste la condición de órgano de la Administración del Estado y al haber interpuesto el reclamante dos amparos a su derecho de acceso a la información pública ante este Consejo en contra de la Academia Judicial, lo ha hecho en contra de una entidad que no queda comprendida dentro del ámbito de competencia de esta Corporación, toda vez que la misma no es un órgano de la Administración del Estado, por lo que procede declarar la inadmisibilidad de los presentes amparos.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Objetiva


Descriptores analíticos:

Tema Justicia
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPAROS ROLES C451-13 y C452-13

Entidad reclamada: Academia Judicial.

Requirente: Roberto Rozas Serri.

Ingreso Consejo: 15.04.2013.

En sesión ordinaria Nº 429 de su Consejo Directivo, celebrada el 26 de abril de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información pública Roles C451-13 y C452-13.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) Que, con fecha 11 de abril de 2013, don Roberto Rozas Serri habría realizado una presentación a la Academia Judicial a través de su sitio electrónico, en términos desconocidos para este Consejo, toda vez que la misma no fue acompañada a los presentes amparos.

2) Que, con fecha 15 de abril de 2013, don Roberto Rozas Serri dedujo dos amparos a su derecho de acceso a la información pública ante este Consejo, en contra de la Academia Judicial, e ingresados bajo los Roles C451-13 y C452-13, ambos fundados en que el sistema en línea no remitió comprobante del hecho de haberse realizado un requerimiento de información, lo que no le permite acreditar que realizó la solicitud. En tal sentido, sostiene, se infringiría el N° 1.4 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 33, letra b), de la Ley de Transparencia, corresponde a este Consejo resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad con la Ley de Transparencia.

2) Que, atendido lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia y los artículos 36 y 46 de su Reglamento, del examen preliminar de admisibilidad de las citadas reclamaciones, este Consejo advierte que las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información pública se han interpuesto en contra de la Academia Judicial, corporación de derecho público cuya finalidad es la formación de los postulantes a cargos del Escalafón Primario del Poder Judicial y el perfeccionamiento de todos los integrantes de dicho Poder del Estado. Tiene personalidad jurídica, patrimonio propio y está sometida a la supervigilancia de la Corte Suprema. Se rige por las disposiciones de la Ley N° 19.346 y le son aplicables las normas sobre administración financiera del Estado contenidas en el Decreto Ley Nº 1.263, de 1975.

3) Que, la Contraloría General de la República a través de su dictamen N° 010626N06, de 06 de marzo de 2006, ha señalado “que la Academia Judicial constituye un organismo público creado para la formación de los postulantes y la capacitación de los integrantes del Poder Judicial, por cuya razón no es un Servicio de la Administración del Estado. En efecto, la Administración del Estado comprende los órganos y servicios públicos establecidos para el cumplimiento de la función administrativa, dentro de los cuales no está comprendido el Poder Judicial, que ha sido creado para el ejercicio de la función jurisdiccional. Confirma lo expresado, la circunstancia que la entidad peticionaria se encuentra sometida a la supervigilancia de la Corte Suprema, al igual que todas aquellas que componen el Poder Judicial, y no al Presidente de la República, a quien de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° de Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración, está confiada la Administración del Estado”.

4) Que el artículo 1° de la Ley de Transparencia establece: “La presente ley regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones de publicidad de la información”.

5) Que, en este contexto, el artículo 2° de la misma Ley establece que: “Las disposiciones de esta ley serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. La Contraloría General de la República y el Banco Central se ajustarán a las disposiciones de esta ley que expresamente ésta señale, y a las de sus respectivas leyes orgánicas que versen sobre los asuntos a que se refiere el artículo 1º precedente. También se aplicarán las disposiciones que esta ley expresamente señale a las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio. Los demás órganos del Estado se ajustarán a las disposiciones de sus respectivas leyes orgánicas que versen sobre los asuntos a que se refiere el artículo 1º precedente”.

6) Que, de las normas citadas resulta claramente establecido que el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia sólo dice relación con los órganos de la Administración del Estado que en ésta se señalan, de lo que resulta que no procede el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, en conformidad a la citada Ley de Transparencia, ante entidades que no invisten tal calidad.

7) Que, en consecuencia, al haberse realizado una presentación ante una entidad que no reviste la condición de órgano de la Administración del Estado y al haber interpuesto el reclamante dos amparos a su derecho de acceso a la información pública ante este Consejo en contra de la Academia Judicial, lo ha hecho en contra de una entidad que no queda comprendida dentro del ámbito de competencia de esta Corporación, toda vez que la misma no es un órgano de la Administración del Estado, por lo que procede declarar la inadmisibilidad de los presentes amparos.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Declarar inadmisibles los amparos interpuestos por don Roberto Rozas Serri en contra de la Academia Judicial, el 15 de abril de 2013, por carecer este Consejo de la competencia necesaria para conocer de solicitudes de amparo interpuestas en contra de entidades que no formen parte de la Administración del Estado, de conformidad a lo establecido en la Ley de Transparencia.

II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Roberto Rozas Serri y al Sr. Director de la Academia Judicial, para efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la I. Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de quince días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.