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Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo con CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA Rol: A10-2009

Consejo para la Transparencia, 22/09/2009

La Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo interpuso, dentro del plazo legal, recurso de reposición administrativo contra la decisión del Consejo de fecha 31 de julio de 2009 pronunciada respecto de la solicitud. La aludida decisión impuso a la Subsecretaria la entrega al solicitante de las calificaciones de todo el personal y ex-funcionarios de dicho Ministerio, desde 2003 a 2008, en una hoja de cálculo, y en un plazo que no superase los 15 días hábiles contados desde la notificación de dicha decisión. La Subsecretaria solicita que respecto de los funcionarios y ex-funcionarios a contrata se le autorice para entregar la información en papel y que el plazo de entrega de la información se amplíe a 30 días hábiles. El Consejo admite a tramitación el recurso, rechaza la primera petición y sólo lo acoge en lo relativo a prorrogar el plazo de entrega de la información.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Recursos Administrativos


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Documentos electrónicos.Otros 


Consejeros:

  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Inhabilitación)
  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime)
  • Roberto Guerrero Valenzuela (Unánime)

Texto completo:

RESUELVE REPOSICIÓN CONTRA LA DECISIÓN DEL AMPARO Nº A10-09

En sesión ordinaria N° 87 de su Consejo Directivo, celebrada el 22 de septiembre de 2009, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del recurso de reposición administrativo deducido el 7 de septiembre de 2009 por la señora Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo en contra de la decisión recaída en el amparo Rol A10-09, de 31 de julio de 2009, interpuesto por don Miguel Rojas Zúñiga ante este Consejo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la citada Ley de Transparencia.

VISTOS:

El artículo 8° de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

Que el 31 de julio de 2009, en la sesión ordinaria N° 72 de su Consejo Directivo, este Consejo, pronunciándose sobre el amparo por denegación de acceso a la información, Rol A10-09, deducido por don Miguel Rojas Zúñiga en contra de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, y resolvió acogerlo parcialmente por las consideraciones expuestas en el acuerdo respectivo, requiriendo a la señora Subsecretaria que hiciera entrega al solicitante de las calificaciones de todo el personal y ex-funcionarios de dicho Ministerio, desde 2003 a 2008, en una hoja de cálculo (sea Excel, Lotus 123, OpenCalc, etc.) que individualizara sus nombres, tipo de contrato, estamento o plantas de personal a que está adscrito, sexo, puntaje, lista de calificación y año, y en un plazo que no superase los 15 días hábiles contados desde la notificación de dicha decisión.

Que, mediante Oficio N° 498, de 23 de agosto de 2009, este Consejo notificó por carta certificada dicha decisión al reclamante y la reclamada, habiéndose ésta despachado con la misma fecha.

Que, por su parte, mediante presentación de 7 de septiembre en curso, recepcionada en las oficinas de este Consejo con la misma fecha, la señora Subsecretaria ha deducido, dentro de plazo legal, recurso de reposición administrativo en contra de la citada decisión solicitando modificar el resuelvo 2) de la Decisión disponiendo que esta Secretaria de Estado entregue la información en la forma allí dispuesta, sólo respecto de los funcionarios y ex funcionarios de Planta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que respecto de los funcionarios y ex funcionarios a contrata se entregue en la forma en que se encuentra disponible en este Ministerio, esto es, en papel, entregándose fotocopias de los documentos correspondientes a las siete mil calificaciones aproximadamente de funcionarios y ex funcionarios a contrata entre los años 2003 y 2008, siendo el costo de cargo del requirente y, en subsidio, se amplíe de 15 a 30 días hábiles el plazo otorgado a este Ministerio para entregar la información requerida en la forma dispuesta por el Consejo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, verificándose los presupuestos para su procedencia, este Consejo admitirá a tramitación el recurso de reposición intentado por el señor Subsecretario (S) de Vivienda y Urbanismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, sin perjuicio de lo que se resolverá en definitiva.

2) Que, una vez admitido a tramitación, procede determinar únicamente, para los efectos de resolver la impugnación deducida por el servicio reclamado, si los argumentos y antecedentes esgrimidos por éste resultan o no suficientes para modificar, reemplazar, invalidar o dejar sin efecto lo resuelto por este Consejo en la decisión recaída en el amparo A10-09.

3) Que la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo ha fundamentado su recurso, en síntesis, en base a los siguientes argumentos:

a. Que como señala la propia decisión del Consejo el Ministerio no está obligado a mantener bases de datos con las calificaciones de sus funcionarios a contrata y cuando fue necesario, por ser un factor para la asignación de desempeño individual exigida hasta el año 2003 por la Ley N° 19.553, se registró en planillas “…pero estos archivos magnéticos nunca se respaldaron en algún sistema digital y ya no existen”, por lo que para atender el requerimiento formulado será preciso digitar toda la información para entregarla en una hoja de cálculo con los datos requeridos.

b. Que el Ministerio sólo dispone de las calificaciones de los funcionarios a contrata efectuadas durante 2003 a 2008 en formato papel, lo que supone que para entregar la información deberán ubicarse y procesarse los datos requeridos de 7.002 personas lo que implica digitar 85 mil campos, aproximadamente, auditar la información digitada y emitir la nómina solicitada.

c. Que para ello sería preciso contar con, a lo menos, 5 personas a tiempo completo y con dedicación exclusiva, lo que requeriría un tiempo aproximado de 30 días hábiles de trabajo para su elaboración con un costo aproximado de $2.500.000, no previsto en el presupuesto de este Ministerio.

d. Que el art. 17 de la Ley de Transparencia señala que “La información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, casos en que la entrega se hará en la forma y a través de los medios disponibles”.

4) Que este Consejo estima que aunque no haya disposición legal expresa que así lo señale la información requerida debe encontrarse en la forma solicitada como un imperativo de gestión, toda vez que no se entiende que no se procese precisamente por el volumen de personas implicadas.

5) Que lo anterior se ve reforzado porque el Fondo Nacional de Salud, también sujeto al mismo requerimiento de información, no ha formulado este alegato y porque, además, este Consejo ha tomado conocimiento por correo electrónico que otros servicios públicos a los que el requirente formuló la misma solicitud —la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la Dirección General de Aguas y la Superintendencia de Salud— entregaron esta información directamente en medios electrónicos.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY Nº 19.880, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

1) Rechazar el recurso de reposición administrativo deducido en este caso en cuanto a la petición de modificar la forma de entrega de la información.

2) Acoger el recurso respecto de la solicitud de ampliar de 15 a 30 días hábiles el plazo otorgado a la Subsecretaria para entregar la información requerida, el que se contará a partir de la notificación de esta decisión.

3) Facultar a don Héctor Hugo Ramírez Abarca, R.U.T. Nº 8.830.484-5, empleado de este Consejo, de conformidad a lo establecido en los artículos 17 de sus Estatutos y 46, inciso tercero, de la Ley N° 19.880, a los efectos de que practique la notificación personal de la presente decisión la señora Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, debiendo dar cuenta de los actos celebrados o ejecutados en virtud de esta delegación en la sesión ordinaria inmediatamente siguiente a su práctica.

4) Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don Miguel Rojas Zúñiga.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Roberto Guerrero Valenzuela y don Raúl Urrutia Ávila. El Consejero don Alejandro Ferreiro Yazigi se abstiene de participar en esta decisión. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.