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Julio Ibarra Maldonado con CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF) Rol: C415-13

Consejo para la Transparencia, 21/06/2013

Se dedujo amparo en contra de la Corporación Nacional Forestal Región del Libertador Bernardo O’Higgins, fundado en que habría dado respuesta negativa a la solicitud de información referente a: a) “Copia íntegra de sumario administrativo, o avance de sumario administrativo, o bien cualquier otro procedimiento decretado en contra del funcionario Sr. Bernabé Pavéz, que diga relación con la persecución de responsabilidad administrativa que haya tenido lugar entre el 2012 y/o 2013”; y, b) “Copia de requerimientos escritos realizados por el Sr. Hugo Barrueto a la funcionaria doña Alba Garrido Jaque, durante los periodos 2010 a 2013, copia de viáticos, bonos y otros beneficios que hubiese percibido en ese periodo, copia del contrato de dicha funcionaria, informes de gestión e informes de evaluación dictados refiriéndose a ella”. El Consejo acoge el amparo, toda vez que cabe desestimar la eventual afectación a los derechos de la persona indicada, toda vez que la información consultada resultan ser antecedentes generados dentro del ámbito de ejecución de la función pública que dicha funcionaria desarrolla en la Corporación Nacional Forestal de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins. Por ende, los antecedentes materia del requerimiento, se tornan homologables -en cuanto a su tratamiento- a los criterios ya adoptados por este Consejo respecto de la publicidad de la información relativa al vínculo laboral existente entre funcionarios públicos y los órganos de la administración a los cuales pertenecen.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Medio Ambiente
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos  Documentos Operacionales.Documentación presupuestaria.Otros 

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:




Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Ausente)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C415-13

Entidad pública: Corporación Nacional Forestal Región del Libertador Bernardo O’Higgins

Requirente: Julio Ibarra Maldonado

Ingreso Consejo: 08.04.2013

En sesión ordinaria Nº 446 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de junio de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C415-13.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de febrero de 2013, don Julio Diego Ibarra Maldonado,Gobernador de la Provincia Cardenal Caro, solicitó a la Dirección Regional de la Sexta Región de la Corporación Nacional Forestal – en adelante e indistintamete CONAF- los siguientes antecedentes:

a) “Copia íntegra de sumario administrativo, o avance de sumario administrativo, o bien cualquier otro procedimiento decretado en contra del funcionario Sr. Bernabé Pavéz, que diga relación con la persecución de responsabilidad administrativa que haya tenido lugar entre el 2012 y/o 2013”; y,

b) “Copia de requerimientos escritos realizados por el Sr. Hugo Barrueto a la funcionaria doña Alba Garrido Jaque, durante los periodos 2010 a 2013, copia de viáticos, bonos y otros beneficios que hubiese percibido en ese periodo, copia del contrato de dicha funcionaria, informes de gestión e informes de evaluación dictados refiriéndose a ella”.

2) RESPUESTA: CONAF, por medio del Oficio N° 103 de 14 de marzo de 2013, respecto del procedimiento disciplinario solicitado, indicó al requirente que le era imposible acceder a su entrega, toda vez que éste se encontraba en curso. Por tal razón resultaba aplicable a su respecto la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, b) de la Ley de Transparencia. Por su parte, en lo referido a la información requerida en el literal b) del requerimiento, indicó, que atendida la oposición de doña Alba Garrido Jaque, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 del cuerpo legal ya citado, se encontraba impedida de acceder a su entrega.

3) AMPARO: El 8 de abril de 2013, don Julio Ibarra Maldonado, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información, en contra de CONAF, fundado en que habría recibido respuesta negativa a su solicitud de información, atendida la oposición de doña Alba Garrido Jaque.

Sobre el particular, agregó que una vez ingresada su solicitud de información a CONAF, doña Alba Garrido Jaque interpuso recurso de protección en su contra, ante la Corte de Apelaciones de Rancagua Rol N° 509-2013, por estimar que su requerimiento vulneraría las garantías constitucionales de la reclamada, especificamente aquella contenida en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República. Asimismo, indicó que acompaña en esta sede, copia del informe que debió evacuar a petición de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua en el referido recurso de protección.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación este amparo y, mediante Oficio N° 1.408 de 18 de abril de 2013, confirió traslado al Sr. Director Regional de la Corporación Nacional Forestal de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, solicitándole que al formular sus descargos se refiera, específicamente: (1°) a las causales de hecho, secreto o reserva legal, que a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (2°) acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación y del escrito de oposición presentado por ésta. El Director Regional de la CONAF, mediante el Oficio N° 153 de 2 de mayo de 2013, evacuó sus descargos y observaciones, acompañando copia de los antecedentes requeridos, señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) La solicitud de información se encuentra referida a antecedentes respecto de dos funcionarios de la CONAF, dentro de los cuales se encuentra la Sra. Alba Garrido Jaque, cuyos antecedentes son parte del reclamo deducido.

b) Dado que la información requerida podría afectar los derechos de la funcionaria involucrada, dio aplicación al procedimiento dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, confiriendo traslado a doña Alba Garrido Jaque, mediante carta certificada de 26 de febrero de 2013, quien mediante presentación de 28 de febrero del presente año, manifestó su deseo de oponerse a la entrega de los antecedentes consultados.

c) En virtud de la referida oposición, dicho órgano se vio impedido de acceder a la entrega de la información que le fuera requerida, atendido el claro tenor de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, el Consejo Directivo de este Consejo, mediante Oficio Nº 1.410, de 18 de abril de 2013, notificó a doña Alba Garrido Jaque, a fin de que presentara sus descargos y observaciones. Mediante presentación de 7 de mayo del presente año, doña Alba Garrido indicó a este Consejo en síntesis lo siguiente:

a) El reclamante no se hizo cargo de los motivos que fundaron su oposición, sino que se limitó a hacer referencia a una acción de protección que no guarda relación con la oposición formulada de conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia, infringiendo de dicho modo lo dispuesto en el artículo 24 del citado cuerpo normativo.

b) Desde el año 2010 a la fecha, detenta el cargo de Dirigente Sindical del Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF.

c) Dada su calidad de dirigente sindical y teniendo presente los hostigamientos que describe haber sufrido dentro del contexto de su relación laboral con CONAF, expresó que le parece llamativo el que una autoridad diversa a la de su empleador esté requiriendo información sobre su persona, cuya entrega infringiría lo dispuesto en el artículo 154 bis del Codigo del Trabajo en relación al artículo 5° inciso primero del dicho cuerpo legal.

d) La solicitud de información, es parte de “las acciones concertadas de hostigamiento laboral que datan desde el año 2010 y que como consecuencia de ellas han afectado seriamente su integridad…”

6) GESTIÓN OFICIOSA: El 20 de mayo de 2013, la Unidad de Análisis de Fondo de este Consejo remitió un correo electrónico al reclamante, a fin de solicitarle que indicara si el amparo interpuesto comprendía ambos literales de su solicitud o sólo uno de éstos. Mediante correos electrónicos de 20, 27 y 28 de mayo de 2013, el reclamante dio respuesta a la consulta realizada, indicando que su amparo tiene por objeto sólo aquella información requerida en el literal b) de su solicitud de información que fue denegada en virtud de la oposición de doña Alba Garrido Jaque. Respecto del referido literal agregó, que cuando solicita los requerimientos formulados por escrito por don Hugo Barrueto a doña Alba Garrido Jaque, se refiere exclusivamente a las “tareas, encargos o cometidos en el contexto de su relación laboral”.

Y CONSIDERANDO:

1) Que doña Alba Garrido Jaque –tercero involucrado- alegó en sus descargos que el reclamante habría infringido lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, que establece los requisitos que deben cumplirse para la presentación de amparos ante este Consejo, en tanto no abordó los fundamentos de su oposición. Al respecto, cabe señalar que el amparo en análisis tiene por fundamento la denegación de la información solicitada en el literal b) del requerimiento -dado lo expresado por el reclamante en el numeral 6° de lo expositivo-, atendida la oposición de doña Alba Garrido Jaque de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 del citado cuerpo legal. Por tal razón, el amparo deducido por don Julio Diego Ibarra Maldonado no ha infringido el artículo 24 de la Ley de Transparencia, toda vez que, dado su fundamento, corresponde a este Consejo pronunciarse en el contexto del procedimiento de acceso a la información pública, acerca del fundamento y procedencia de la oposición invocada por el tercero, que trajo consigo que el órgano de la Administración del Estado requerido, se viera impedido de acceder a la entrega de los antecedentes consultados. Atendido lo señalado, se desestimará la alegación invocada por el tercero interesado en sus descargos en lo referido al incumplimiento del artículo 24 ya citado.

2) Que cabe tener presente, como información de contexto, que con ocasión de la información requerida mediante la solicitud de información materia del presente amparo, doña Alba Garrido Jaque con fecha 20 de marzo de 2013, dedujo un recurso de protección en contra del solicitante ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, bajo el Nº de ingreso 509-2013. Dicho recurso, tuvo por objeto precaver una eventual vulneración a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°14 de la recurrente, con ocasión de la divulgación que podía hacerse de los antecedentes pedidos por el reclamante el 22 de febrero de 2013 a CONAF. La Corte de Apelaciones, mediante sentencia pronunciada el 8 de abril del año en curso, rechazó la referida acción de protección, atendido a que del tenor del propio texto de la acción impetrada, se constataba que el Director Regional de CONAF había denegado la entrega de los antecedentes requeridos (en virtud de la oposición de la recurrente de conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia), motivo por el cual, la amenaza denunciada se frustró, no subistiendo a la fecha de la resolución del recurso vulneración alguna a la garantía ya explicitada. Asimismo, la Ilustrísima Corte indicó, en el considerando 2° de la sentencia pronunciada en el citado procedimiento que “la posibilidad que tenga el Gobernador de acudir al Consejo para la Transparencia no es más que una hipótesis y, además, de modo alguno podría constituir una amenaza, pues ésta consiste en la advertencia de un mal injusto, definición que no se satisface con la interposición de acciones o solicitudes a los organismos que por ley están encargados de resolver un punto, sin perjuicio de los recursos ordinarios o extraordinarios que puedan proceder contra las decisiones de esos organismos”. Dicha sentencia, fue confirmada por la Corte Suprema en fallo de 29 de abril de 2013, recaído en recurso de apelación deducido por la recurrente.

3) Que la información requerida consiste en los antecedentes relativos al vínculo contractual existente, entre CONAF y doña Alba Garrido Jaque, funcionaria de dicho órgano, solicitándose específicamente tanto antecedentes referentes al cumplimiento de cometidos o tareas de dicha funcionaria en el contexto de la relación laboral, informes de gestión y evaluación, como a su vez el detalle de los viáticos, bonos y otros beneficio que ha recibido con ocasión del ejercicio de un función pública, lo cual ha implicado indefectiblemente la disposición de recursos públicos para su satisfacción.

4) Que la reclamada, denegó la entrega de la información solicitada, en virtud de la oposición formulada por doña Alba Garrido Jaque, quien, para fundamentar la referida oposición, señaló que acceder a lo pedido por don Julio Diego Ibarra Maldonado, vulneraría lo dispuesto en el artículo 154 bis del Código del Trabajo, en concordancia con lo prescrito en el artículo 5° inciso primero del referido texto legal. Al efecto, el artículo 154 bis dispone que “El empleador deberá mantener reserva de toda la información y datos privados del trabajador a que tenga acceso con ocasión de la relación laboral”. A su turno, el artículo 5° inciso primero ya citado, preceptúa que “el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador, tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de éstos”. Al respecto, cabe señalar que la Corporación Nacional Forestal, es una corporación de derecho privado, regida por sus propios estatutos, resultando aplicable a su respecto el Decreto Ley N° 249 del Ministerio de Hacienda de 5 de enero de 1974, que fija la escala única de sueldos, así como el Código del Trabajo en cuanto a su relación con sus funcionarios. En tal sentido, se ha pronunciado la Dirección del Trabajo en los Dictamenes Nos 4348/247 de 23 de agosto de 1999 y 1084/13 de 6 de marzo de 2012.

5) Que sobre el particular, resulta pertinente tener en cuenta lo ya concluido por este Consejo con ocasión de su decisión de amparo Rol C1727-12, en orden a desestimar la alegación formulada por el Instituto de Fomento Pesquero, respecto del artículo 154 bis del Código del Trabajo, justificando en dicha oportunidad el órgano reclamado su denegación a la entrega de los antecedentes requeridos, -relativos a sueldos y bonos de sus funcionarios-, en el tenor de la precitada disposición. Los argumentos vertidos por este Consejo en la referida decisión, son:

a) La Contraloría General de la República, en su dictamen N° 2.404, de 2004, indicó que “el artículo 154 bis del Código del Trabajo sólo establece un deber general del empleador de resguardar o cautelar la información relativa a la vida privada de sus trabajadores y de los datos personales de los mismos, en los términos propios de la Ley N° 19.628, de protección de la vida privada, pero específicamente en el ámbito laboral y en concordancia con el artículo 5° del mismo Código, según el cual «el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador, tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de éstos»”

b) De conformidad con el principio de publicidad consagrado en el artículo 8° de la Constitución, y lo dispuesto por los artículos 5°, 10 y 21 de la Ley de Transparencia, las causales de reserva o secreto deben interpretarse restrictivamente respetando el principio de proporcionalidad. De ello se concluye “…que la redacción del artículo 154 bis del Código del Trabajo no pueda interpretarse en el sentido de establecer que toda información y datos privados de un trabajador que desarrolla funciones públicas a que tenga acceso el empleador con ocasión de la relación laboral sea secreta o reservada, pues ello representaría invertir, por vía interpretativa, la regla constitucional que exige al legislador establecer positivamente los casos de reserva y fundarlos en alguna de las causales del inciso 2º del artículo 8º…”.

c) “No obstante la disposición del artículo 154 bis encuentra fundamento en la protección de la vida privada de los trabajadores -cuya afectación constituye una causal de reserva en los términos del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia-, en sí mismo este artículo no constituye un caso de reserva en los términos del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia”.

6) Que, además, cabe tener presente lo resuelto por este Consejo en la decisión C33-13, en orden a que “en las decisiones recaídas en los amparos Roles A47-09, A58-09, A95-09, A327-09, y atendida la condición que poseen, la esfera de privacidad del personal que trabaja para la Administración del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa es más reducida que la del resto de las personas –que se encuentran en una situación diversa–, en virtud, precisamente, de las funciones que aquéllos ejercen”. En consecuencia, este Consejo ha razonado que los antecedentes referidos, al vínculo contractual, desempeño, calificaciones y remuneraciones, de los funcionarios de la Administración del Estado constituye información pública, atendida la naturaleza de la función en cuyo contexto se generan –decisiones C203-10, C1101-11, C126-09 y C1727-11 respectivamente-. No obstante lo anterior, se ha resuelto en la decisión C203-10, que en los contratos de trabajo, en los cuales necesariamente se encontrarán incorporados “datos personales incorporados meramente como antecedentes de contexto de los mismos, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular o profesional, fecha de nacimiento, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.628 y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información, consagrado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, dichos datos personales deben ser tachados”.

7) Que de lo señalado precedentemente, se concluye que si bien el artículo 154 bis del Código del Trabajo encuentra fundamento en la eventual afectación a la vida privada de los funcionarios públicos, hipotesis subsumible en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, cabe desestimar la eventual afectación a los derechos de doña Alba Garrido Jaque, que en la especie, podrían verse afectados con la divulgación de los antecedentes requeridos. Lo anterior, toda vez que la información consultada, esto es, viáticos, bonos, copia del contrato de trabajo, informes de gestión y evaluación, así como los requerimientos escritos realizados a doña Alba Garrido Jaque, resultan ser antecedentes generados dentro del ámbito de ejecución de la función pública que dicha funcionaria desarrolla en la Corporación Nacional Forestal de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins. Por ende, los antecedentes materia del requerimiento, se tornan homologables -en cuanto a su tratamiento- a los criterios ya adoptados por este Consejo respecto de la publicidad de la información relativa al vínculo laboral existente entre funcionarios públicos y los órganos de la administración a los cuales pertenecen. Por tal razón, la oposición en análisis será desestimada y conjuntamente con ello, se acogerá el presente amparo y se requerirá a la Corporación Nacional Forestal, hacer entrega a don Julio Diego Ibarra Maldonado, de la información solicitada en el literal b) de la solicitud, tarjando previamente aquellos datos personales de contexto que en esta puedan contenerse, tales como: Rut, correos electrónicos, domicilio, telefono celular, entre otros.

8) Que con todo, y en cuanto a la alegación de doña Alba Garrido Jaque, en orden a que la solicitud de información en análisis sería parte de supuestas acciones concertadas para hostigarla, este Consejo estima, que de conformidad a lo precedentemente expuesto, ello en ningún caso permitiría desvirtuar el carácter público de los antecedentes objeto del requerimiento de Julio Diego Ibarra Maldonado y por consiguiente, de la obligación de la reclamada de acceder a su entrega. Por tal razón, dicha alegación será desestimada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 8°, 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Julio Diego Ibarra Maldonado, en contra de la Corporación Nacional Forestal de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins por las razones precedentemente expuestas.

II. Requerir al Sr. Director Regional de la Corporación Nacional Forestal de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins:

a) Entregue al solicitante copia de la información requerida en el literal b) de la solicitud de información formulada el 22 de febrero de 2013, de conformidad lo señalado en el considerando séptimo del presente acuerdo.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Director Regional de la Corporación Nacional Forestal de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, a don Julio Diego Ibarra Maldonado Gobernador de la Provincia de Cardenal Caro y a doña Alba Garrido Jaque.

En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don José Luis Santa María. Se deja constancia de que el Consejero Sr. Alejandro Ferreiro Yazigi no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.