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Manuel Báez López con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SP) Rol: C605-13

Consejo para la Transparencia, 03/07/2013

Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Seguridad de Pensiones, fundado en que habría recibido respuesta negativa a una solicitud de información referente a la copia de todas las pruebas de acreditación de conocimientos que ha aplicado (para operar como asesor previsional) tomadas desde el año 2008 a la fecha. El Consejo rechaza el amparo, toda vez que la divulgación de los antecedentes solicitados, redundarían en un evidente perjuicio para el sistema previsional en el ámbito de la acreditación de la calidad de conocimientos de los futuros asesores previsionales. Lo anterior, toda vez que en atención a la especificidad de las materias evaluadas, el órgano se encontraría obligado a asumir el costo de las confección de diversos modelos de evaluaciones, por cada uno de los procesos que se realicen con la dificultad evidente de verse enfrentado a un marco cada vez más acotado de posibles preguntas a ser formuladas.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Ausente)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C605-13

Entidad pública: Superintendencia de Pensiones

Requirente: Manuel Báez López

Ingreso Consejo: 07.05.2013

En sesión ordinaria Nº 447 del Consejo Directivo, celebrada el 3 de julio de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C605-13.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de abril de 2013, don Manuel Báez López solicitó a la Superintendencia de Pensiones, en adelante e indistintamente Superintendencia, copia de todas las pruebas de acreditación de conocimientos que ha aplicado (para operar como asesor previsional) tomadas desde el año 2008 a la fecha.

2) RESPUESTA: LA Superintendencia, por medio de Oficio N° 9.841, de 29 de abril de 2013, informó en síntesis lo siguiente:

a) De conformidad al artículo 171 del Decreto Ley N° 3.500, la asesoría previsional tiene por objeto otorgar información a los afiliados y beneficiarios del Sistema de Pensiones de Capitalización Individual, considerando de manera integral todos los aspectos que dicen relación con sus situación particular y que fueren necesarios para adoptar decisiones informadas de acuerdo a sus necesidades e intereses, así como también para instruir respecto de las modalidades de pensión, sus características y demás beneficios a que pudieren acceder, con una estimación de sus montos.

b) Por su parte, el artículo 172 del citado Decreto Ley, creó un registro de asesores previsionales, que mantiene en forma conjunta las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros, en el cual deben inscribirse las personas o entidades que desarrollen la actividad de asesoría previsional a que alude el artículo 171 citado. Entre los requisitos exigidos por el Decreto Ley N° 3.500 para desempeñar la función de asesoría previsional, e integrar por tal razón el referido Registro, se encuentra el de acreditar los conocimientos suficientes sobre materias previsionales y seguros, disponiéndolo así el artículo 174 literal c) del Decreto Ley N° 3.500. Del control, fiscalización y supervigilancia de las entidades de asesoría previsional y de los asesores previsionales, se encarga tanto la Superintendencia de Pensiones como su símil de Valores y Seguros.

c) La entrega de las copias de las pruebas de conocimiento requeridas, afecta cierta y específicamente las facultades que le han sido otorgadas legalmente, pues, con su divulgación “se facilitaría a los próximos postulantes la obtención de buenos resultados en la rendición de futuras pruebas, y por tanto, esta Superintendencia no cumpliría cabalmente con sus funciones legales, toda vez que aquellos se prepararían circunstancialmente, sin que este organismo pudiese verificar fielmente la suficiencia de sus conocimientos, con el evidente perjuicio que ciertamente sufrirán aquellas personas que soliciten su asesoría previsional. En ese sentido la entrega de la información requerida, entorpecería la realización de futuras evaluaciones, función inherente a esta Superintendencia en su calidad de encargada del registro de asesores.” Por tal razón, resultaría aplicable la causal de reserva establecida en el numeral 1° del artículo 21 de la Ley N° 20.285.

3) AMPARO: El 7 de mayo de 2013, don Manuel Báez López dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Superintendencia fundado en que habría recibido respuesta negativa a su solicitud de información. A lo anterior agregó que la información solicitada estuvo disponible en algún momento en el portal electrónico de la Superintendencia.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante Oficio N° 1.940 de 20 de mayo de 2013, confirió traslado a la Sra. Superintendenta de Pensiones, solicitándole que al formular sus descargos se refiriera específicamente a las causales de secreto o reserva que a su juicio haría procedente la denegación de la información solicitada. La Superintendenta, mediante el Oficio N°13135, de 10 de junio de 2013, evacuó sus descargos y observaciones, reiterando lo ya indicado en su respuesta al requirente. Señaló en síntesis lo siguiente:

a) Para acreditar los conocimientos de los asesores previsionales se utiliza una prueba de selección múltiple que requiere un trabajo de análisis y validación previa por la utilización de distractores. Este tipo de prueba permite evaluar si el postulante efectivamente posee un dominio sobre las materias que se consultan, “razón por la cual la base de preguntas para formular la prueba es limitada toda vez que la materia objeto de la prueba tiene carácter acotado”.

b) Dado el carácter acotado de las materias evaluadas, a partir del proceso de octubre de 2010, se retiraron las pruebas que hasta ese momento y desde el año 2008, se publicaban tanto en su página web como en la de la Superintendencia de Valores y Seguros.

c) Esta decisión no afectó el derecho de los postulantes a conocer sus resultados y la revisión efectuada, pues se implementó un sistema que consiste en citar a las personas que deseen conocer el resultado de la prueba rendida, a objeto que junto un profesional de la División encargada, pueda realizar la revisión, con lo cual puede recibir explicación directa de la evaluación practicada.

d) Con la entrega de las copias de los formatos de las pruebas destinadas a acreditar conocimientos específicos en el ámbito previsional, se facilitaría a los próximos postulantes la obtención de buenos resultados en la rendición de futuros exámenes, impidiendo de dicho modo que la Superintendencia, cumpla cabalmente sus funciones legales, toda vez que los interesados en postular se preparían de manera circunstancial a la rendición del examen, impidiendo que dicho órgano pueda verificar fielmente la suficiencia de sus conocimientos, con el evidente perjuicio que de ello se devendría para los usuarios del sistema previsional.

e) La causal de reserva invocada para denegar la entrega de copia de los test fue aquella contenida en el numeral 1° del artículo 21 de la Ley N° 20.285, por cuanto estimó que acceder a lo pedido, afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, “toda vez que por la naturaleza acotada de la materia objeto de la prueba de conocimientos, a futuro le sería cada vez más dificil diseñar nuevas preguntas que permitieran una medición efectiva de los conocimientos de los participantes”.

Y CONSIDERANDO:

1) Que como información de contexto, cabe tener presente que el objeto de la asesoría previsional, de conformidad al artículo 171 del Decreto Ley N° 3.500, es “otorgar información a los afiliados y beneficiarios del Sistema, considerando de manera integral todos los aspectos que dicen relación con su situación particular y que fueren necesarios para adoptar decisiones informadas de acuerdo a sus necesidades e intereses, en relación con las prestaciones y beneficios que contempla esta ley”. Dichas asesorías pueden ser ejercidas por entidades de asesoría previsional constituidas como sociedad y a través de asesores previsionales, debiendo para ello previamente, haber cumplido tanto los socios, administradores, representantes legales de las entidades de asesoría previsional y sus dependientes que desempeñen la función de asesoría, los requisitos enunciados en el artículo 174 del referido decreto. En lo pertinente, el literal d) del precitado artículo dispone la necesidad de “acreditar los conocimientos suficientes sobre materias previsionales y de seguros”. Asimismo, la Superintendencia de Seguridad Social y la Superintendencia de Valores y Seguros, serán las encargadas de velar por el cumplimiento de dicho requisito, por disponerlo así el inciso segundo del artículo 174 ya citado.

2) Que en concordancia con lo señalado, cabe agregar que una vez cumplidos los requisitos exigidos por el Decreto Ley N° 3.500 por parte de quienes pretendan ejercer la actividad de asesoría previsional, las Superintendencias de Pensiones y Valores y Seguros, a través de una resolución dictada de consuno, ordenarán la inscripción del nombre de la entidad de asesoría o en su caso del asesor previsional, en el registro de asesores previsionales que ambos organismos mantienen y llevan de manera conjunta –artículo 175 del Decretro Ley N° 3.500-.

3) Que la información requerida en la especie son los formatos de las pruebas de conocimiento que la Superintendencia de Pensiones ha aplicado desde el año 2008 a la fecha, a quienes desean incorporarse a la nómina de asesores previsionales. Dicha información, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley de Transparencia, es información pública por obrar en poder de la Superintendencia y por haber sido elaborada por un órgano de la Administración del Estado en el ámbito del ejercicio de las atribuciones que en materia de fiscalización, le han sido otorgadas mediante el Decreto Ley N° 3.500, salvo la concurrencia de algunas de las causales de reserva previstas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

4) Que la Superintendencia indicó, tanto en su respuesta como en sus descargos, que la divulgación de los antecedentes solicitados afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, toda vez que entregar los formatos de las evaluaciones a las que han sido sometidos quienes desean incorporarse a la nómina de asesores previsionales, permitiría a los postulantes de los futuros procesos de evaluación, realizados en cumplimiento del deber que el propio Decreto Ley N° 3.500 le exige en el inciso segundo del artículo 174, prepararse de manera circunstancial para su rendición, y sólo con el objetivo de aprobar dichas evaluaciones. Lo anterior permitiría a los postulantes obtener resultados que distorsionen e impidan determinar su verdadero nivel de conocimientos, en claro perjuicio de los usuarios del sistema y mayor aún, del sistema mismo. Al efecto, la Superintendencia de Pensiones agregó que ha denegado los antecedentes consultados, en aplicación de la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1° de la Ley de Transparencia, por afectarse con la divulgación de las pruebas requeridas, el debido cumplimiento de sus funciones “toda vez que por la naturaleza acotada de la materia objeto de la prueba de conocimientos, a futuro le sería cada vez más dificil diseñar nuevas preguntas que permitieran una medición efectiva de los conocimientos de los participantes”.

5) Que al respecto, este Consejo ha señalado en sus decisiones recaídas en los Roles A1-09, A7-09 y A39-09, que la carga de la prueba de las circunstancias constitutivas de una causal de secreto o reserva que exima o releve el deber de entregar la información, corresponde a quien la alega, no bastando que la información solicitada diga relación con los bienes jurídicos sobre los que éstas versan, pues debe además concurrir una expectativa razonable de daño o afectación, la que debe ser presente o cierta, probable y específica, para justificar la reserva (así, por ejemplo, decisiones Roles A96-09, A193-09, C850-10,etc.).

6) Que en virtud de lo señalado precedentemente, así como de lo expresado por la reclamada con ocasión de su respuesta y descargos en esta sede, a juicio de este Consejo, los argumentos esgrimidos por la Superintendencia de Pensiones para justificar la causal de reserva invocada son plausibles, pues la divulgación de los antecedentes objeto de la solicitud en análisis, redundarían en un evidente perjuicio para el sistema previsional en el ámbito de la acreditación de la calidad de conocimientos de los futuros asesores previsionales. Lo anterior, toda vez que en atención a la especificidad de las materias evaluadas, el órgano se encontraría obligado a asumir el costo de las confección de diversos modelos de evaluaciones, por cada uno de los procesos que se realicen con la dificultad evidente de verse enfrentado a un marco cada vez más acotado de posibles preguntas a ser formuladas.

7) Que, asimismo, del tenor de las alegaciones de la reclamada se colige que dicho órgano aplicaría evaluaciones similares, o eventualmente las mismas aplicadas previamente. Por tal razón, resulta evidente que la divulgación de los formatos de pruebas ya aplicados, permitirían a los futuros postulantes, con antelación a la rendición del exámen, memorizar cada una de las preguntas y sus respectivas respuestas, impidiendo de dicho modo a la Superintendencia determinar el efectivo nivel de conocimiento que poseen respecto de las materias evaluadas. Por todo lo anterior, este Consejo estima procedente la causal de reserva invocada, razón por la cual rechazará el presente amparo.

8) Que en cuanto a la alegación del reclamante en orden a que la información pedida se encontraría disponible con anterioridad en el portal electrónico de la reclamada, cabe señalar que, en opinión de este Consejo, el hecho de que la propia reclamada de conjunto con la Superintendencia de Valores y Seguros haya adoptado la decisión de retirar la información disponible y dejar de publicar las evaluaciones, otorga consistencia a los argumentos vertidos por el órgano en apoyo de la causal invocada en esta sede y cuya concurrencia, ha sido reconocida por este Consejo, en tanto evidencia la necesidad del organismo reclamado de contar con tal material para el ejercicio de su atribución en la materia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 8°, 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don Manuel Báez López, en contra de la Superintendencia de Seguridad de Pensiones, por las razones precedentemente expuestas.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a la Sra. Superintendenta de Pensiones y a don Manuel Báez López.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don José Luis Santa María. Se deja constancia de que el Consejero Sr. Alejandro Ferreiro Yazigi no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.