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Manuel Armando Hermosilla Quiroz con SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO (SAG) Rol: A16-09

Consejo para la Transparencia, 15/07/2009

Se solicita amparo, en virtud del derecho de acceso a la información, frente al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), señalando que dicha entidad frente a su solicitud de que se le provea determinada información respecto a la comisión de infracciones y presuntos delitos denunciados por la Ley N° 19.473, de Caza, y a su Reglamento, D.S. N° 5/1998, del Ministerio de Agricultura y otros datos relacionados, ha dado una respuesta incompleta. El Consejo admite a tramitación la solicitud y solo la acoge parcialmente, requiriendo al Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero que otorgue acceso al solicitante a la información solicitada respecto a las infracciones y presuntos delitos a la Ley de Caza que aún no le ha proporcionado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 


Consejeros:

  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime)
  • Roberto Guerrero Valenzuela (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO Nº A16-09

Entidad pública: Servicio Agrícola y Ganadero

Requirente: Manuel Armando Hermosilla Quiroz

Ingreso Consejo: 20.05.2009

En sesión ordinaria N° 68 de su Consejo Directivo, celebrada el 15 de julio de 2009, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del reclamo Rol A16-09, por denegación de acceso a la información, deducido ante este Consejo por don Manuel Armando Hermosilla Quiroz, el 20 de mayo de 2009, en contra del Servicio Agrícola y Ganadero, en adelante indistintamente SAG, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la citada Ley de Transparencia.

VISTOS:

El artículo 8° de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia; la Ley N° 19.473, de Caza; la Ley N° 18.775, que Establece Normas Sobre el Servicio Agrícola y Ganadero y el D.S. N° 5/1998, del Ministerio de Agricultura, que aprueba el Reglamento de la Ley de Caza.

TENIENDO PRESENTE:

1) Solicitud de Acceso: Que el 20 de abril de 2009 don Manuel Armando Hermosilla Quiroz solicitó al SAG la siguiente información:

a. Infracciones y presuntos delitos denunciados por la Ley N° 19.473, de Caza, y a su Reglamento, D.S. N° 5/1998, del Ministerio de Agricultura, y sus modificaciones posteriores, desde la fecha de publicación de ambas normas a la actualidad, diferenciando las cursadas por los Inspectores Ad Honorem y por los funcionarios del SAG. Requiere, también, toda la información contenida en las citaciones y, respecto de la identificación del citado o imputado, sólo los 4 primeros dígitos de su cédula de identidad y la comuna de residencia.

b. Sanciones a las infracciones y presuntos delitos ya indicados en el literal anterior, sea por parte de los tribunales administrativos del SAG o por los otros que indica la ley.

c. Los inspectores Ad Honorem de caza, nombrados y los actualmente con nombramiento vigente.

d. Los informes anuales de los inspectores Ad Honorem de caza, según el artículo 80, letra f), de la Ley de Caza.

e. El sustento técnico, científico u otros criterios para:

i. Autorizar el uso de señuelos, para la caza de patos, modificación introducida por el artículo 25, letra e) del D.S. N° 53/2004, del Ministerio de Agricultura.

ii. Autorizar el calibre 10 de las escopetas, para la caza menor, según artículo 23 del D.S. N° 5/1998, del Ministerio de Agricultura, Reglamento de la Ley de Caza.

iii. Autorizar el uso de rifles de aire comprimido, ballestas y arcos, para la caza menor, según artículo 23 de la misma norma reglamentaria.

iv. Autorizar el uso de hondas y boleadoras para la caza de especies dañinas en toda época del año, según artículo 25, letra k), de la misma norma reglamentaria.

v. Fijar la cuota, temporada y región de caza de las especies señaladas en el artículo 5 del mismo Reglamento.

vi. Autorizar la venta del producto de la caza y captura legal, artículo N° 8 del citado Reglamento.

vii. No sancionar la instrucción de perros de caza en la época de veda.

f. Los programas de control de la Ley N° 19.473, de Caza, y del D.S. N° 5/1998, del Ministerio de Agricultura, Reglamento de la Ley de Caza, y sus modificaciones posteriores.

2) Respuesta: Que dicha solicitud fue respondida dentro de plazo por don Víctor Venegas Venegas, Director Nacional, mediante ordinario N° 4734, de 15 de mayo de 2009, notificado según reconoce el reclamante, el día 18 de mayo de 2009. De acuerdo a lo anterior, la respuesta fue evacuada dentro del plazo de 20 días hábiles previsto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, salvo en cuanto a la información solicitada respecto a los informes anuales de los inspectores Ad Honorem de caza, ya que el SAG se reservó la facultad de prorrogar dicho plazo por 10 días hábiles más, debido a que solicitó dicha información a sus respectivas Direcciones Regionales.

En dicha respuesta señala:

a. En relación a las infracciones y presuntos delitos denunciados referentes a la Ley de Caza, adjunta catastro desde el año 1996 a la fecha. Respecto de los RUT del citado o imputado, no se encuentra disponible en la base de datos.

b. En relación a lo solicitado en el punto N° 2 de su solicitud, esto es, las sanciones a las infracciones y presuntos delitos, el SAG no cuenta con dicha información.

c. Remite nómina de Inspectores Ad-Honorem de caza, con su designación vigente.

d. Referente a los informes anuales de los Inspectores Ad-Honorem de caza, éstos fueron solicitados a las respectivas Direcciones Regionales del Servicio, reservándose la facultad establecida en el artículo 14 inciso 2° de la Ley de Transparencia, que concede prórroga por 10 días hábiles en caso de que la información sea difícil de reunir.

e. En relación con los antecedentes requeridos en los numerales 5 y 6 de su solicitud (literales e y f del numeral anterior), el SAG no cuenta con información al respecto, ya que fue generada técnicamente con anterioridad y no existe registro sobre la misma.

3) Amparo: Que contra esta respuesta don Manuel Armando Hermosilla Quiroz dedujo amparo el 20 de mayo de 2009 ante el Consejo para la Transparencia, argumentando que la información entregada por el SAG se encontraba incompleta, por cuanto:

a. Respecto a la información solicitada en el numeral 1 de su requerimiento se omite:

i. Hacer la diferencia entre las infracciones cursadas por los funcionarios del SAG y los Inspectores Ad-Honorem de caza del SAG.

ii. Los 4 primeros dígitos de la cédula de identidad de los infractores.

iii. La comuna de residencia del infractor.

iv. La comuna donde se cometió la infracción.

v. El lugar, sector o zona donde se cometió la infracción.

vi. El nombre del funcionario del SAG o del Inspector Ad-Honorem de caza del SAG que cursó la infracción.

vii. Se usan abreviaturas desconocidas, que no se encuentran en la Ley.

Señala que “en relación a la información faltante, toda esta y mucho más se encuentra en las Actas de Denuncia y Citación del SAG, que son obligatorias, para la aplicación de la Ley de caza y su Reglamento. Además la información solicitada debe estar en un registro de cazadores, como lo indica el artículo N° 8, inciso 4° de la Ley de Caza, N° 19.473 de 1996 y en el artículo N° 22 del Reglamento, donde detalla con precisión lo del Registro de cazadores”.

b. Respecto al numeral 2 de su requerimiento faltan las sanciones de los Juzgados del Crimen y Ministerio Público.

c. En cuanto al numeral 3 de su solicitud falta la lista de los Inspectores Ad-Honorem de caza del SAG, nombrados y que actualmente no tienen su designación vigente.

d. Respecto del numeral 4, está pendiente su entrega, en virtud del artículo 14 inciso 2° de la Ley de Transparencia.

e. En relación con el numeral 5 de su solicitud, no fue informado en su totalidad lo allí pedido. Agrega que lo solicitado fue el sustento científico técnico de algunos artículos de la Ley de Caza y de su Reglamento, debiendo considerarse que algunos de sus artículos fueron modificados apenas el año 2004, y el resto en los años 1996 y 1998, “…y es absurdo argumentar no tener registro o conocimiento de ella”.

f. En cuanto al numeral 6, lo pedido fueron los programas de control de la Ley y Reglamento de Caza, es decir, cómo organiza el SAG toda la información que posee, desde la perspectiva de la gestión del control, para el resguardo efectivo y sostenible de nuestro Patrimonio Faunístico, una obligación legal del SAG que los ciudadanos están facultados para exigir.

Finalmente, señala que casi toda la información ya había sido requerida al SAG el año 2004, siendo ésta denegada.

4) Traslado: Que el Consejo Directivo de este Consejo, en su sesión ordinaria N° 53, de 26 de mayo de 2009, acordó admitir a tramitación este amparo trasladándolo, mediante Oficio N° 93, de 29 de mayo de 2009, al Director Nacional del SAG, respondiendo don Víctor Venegas Venegas, dentro de plazo mediante ordinario N° 6118, de 16 de junio de 2009, planteando lo que a continuación se indica:

a. En cuanto a lo señalado en el literal a. del número anterior, del i. hasta el v.: Sostiene que es efectivo, como lo indica el reclamante, que los datos que faltan se encuentran en el acta denuncia y citación que emite el SAG, la base de datos que se lleva referida no contempla los datos requeridos, pues:

i. La base de datos no discrimina entre infracciones cursadas por los funcionarios del SAG de aquellas cursadas por los Inspectores Ad-Honorem;

ii. La base de datos existente tiene como fin considerar las infracciones de forma estadística, por lo que no registra el RUT de los infractores, ni la comuna de residencia del infractor, ni la comuna o zona donde se cometió la infracción, ni el nombre del funcionario o inspector ad honorem que la cursó.

iii. La información antes requerida, tal cual como la solicita el reclamante, para el SAG resulta imposible de procesar, recopilar y entregar, pues ello supondría darle copia de todas las actas de denuncia y citación de Ley de Caza existentes en este Servicio, esto es, las cursadas en 15 Direcciones Regionales con sus 64 oficinas sectoriales, a través de los innumerables inspectores del Servicio y Ad Honorem, más aún si lo solicitado abarca desde el año 1996 hasta la fecha.

b. En cuanto a lo señalado en el literal a. del número anterior, vii.: respecto de las abreviaturas, el SAG informa a lo que corresponde cada una de ellas.

c. Respecto de lo indicado en el literal b. del número anterior: El SAG no lleva un registro de las infracciones que pudiesen constituir delito. De existir delito, se hace la denuncia ante el tribunal competente a nivel regional.

d. En relación con lo indicado en el literal c. del número precedente, el SAG indica que adjuntó, en carta de 15 de mayo, lista con Inspectores Ad Honorem Vigentes y en este acto adjunta lista con el registro histórico de dichos Inspectores, el que no se entregó en su oportunidad por estimar que el reclamante se refería sólo a los Inspectores vigentes.

e. En cuanto a lo señalado en el literal d. del número anterior, esto es, los informes anuales de los inspectores Ad Honorem de caza, el SAG, con fecha 3 de junio de 2009, despachó al Sr. Hermosilla carta con 73 informes anuales de Inspectores Ad Honorem (copia acompañada junto con comprobante de correos).

f. Respecto a lo indicado en los literales e. y f. del numeral anterior, es decir, el sustento técnico, científico u otros criterios para fundamentar las situaciones que señala y los programas de control de la Ley de Caza y su reglamento, indica que no existe documento bajo ningún soporte que dé cuenta del sustento científico u otro criterio relacionado con el decreto N° 53 de 2004.

g. Agrega que la caza, captura, crianza, conservación y utilización sustentable de animales de fauna silvestre se rigen por las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.743 y Reglamento de la misma ley, que fue aprobado por decreto supremo N° 5 de 1998, modificado por decreto N° 53 de 2003. Continúa señalando que las materias mencionadas por el reclamante se refieren a la ley 19.743 y su Reglamento.

h. Refiere que todas las bases de datos que lleva el SAG respecto a la Ley mencionada responden a necesidades estadísticas, no existiendo obligación legal o reglamentaria que obligue a llevar un registro con los campos solicitados por el Sr. Hermosilla y reclamados como en la respuesta otorgada por este Servicio con fecha 15 de mayo de 2009.

i. En lo que corresponde al sustento técnico, científico u otros criterios que se fijan en la ley y reglamento mencionados, se hace presente que dichas normas no fueron dictadas por el SAG.

j. Además, el SAG entiende que las obligaciones contenidas en la Ley 20.285 y su Reglamento, se refieren a actos o resoluciones, sus fundamentos, los documentos que le sirvan de sustento o complemento directo y esencial, los procedimientos que se utilicen para su dictación o cualquier otra información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea su formato, es decir, todo documento, entendiéndose por tal cualquier escrito, correspondencia, memorando, plano, mapa, dibujo, diagrama, documento gráfico, microforma grabación sonora, video, dispositivo susceptible de ser leído mediante sistemas mecánicos, electrónicos o computacionales, o en general todo soporte material que contenga información. Así, la elaboración a partir de solicitud de particulares de bases de datos, informes técnicos o jurídicos, estudios, comentarios, o cualquier trabajo que involucre crear la información, no corresponde al alcance de la ley. Finalmente, hace presente que a la fecha de su respuesta, el SAG había recibido 4 distintas solicitudes de acceso en el marco de la Ley 20.285, habiéndose dado respuesta a 3 de ellas y acompaña las copias.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, primeramente, resulta necesario analizar separadamente cada una de las 6 peticiones formuladas por el reclamante en su solicitud de 20 de mayo de 2009, y que han fundado el presente amparo, distinguiendo, en cada caso, si el SAG se encuentra en la obligación de proporcionar la información a las que ellas se refieren, debiendo considerarse especialmente, en el evento que tal obligación exista, la forma en que dicho Servicio le ha dado cumplimiento.

2) Que, respecto a la información relativa a las infracciones y presuntos delitos denunciados por infracción a la Ley de Caza y a su cuerpo reglamentario, el reclamante sostiene que los antecedentes entregados por el SAG resultan incompletos por no suministrarse información desagregada en las materias que específicamente señaló, tales como sujeto que cursó la infracción, comuna de residencia del infractor y donde se cometió la infracción y los 4 primeros dígitos del RUT de los infractores. Por su parte, el SAG, no obstante reconocer que la información desagregada en la forma solicitada por el reclamante se encuentra en las actas de denuncia y citación que emite dicho Servicio, se ha limitado a entregar un simple listado de las mismas, aduciendo que la base de datos disponible tiene sólo fines estadísticos y que dichos campos específicos no se contemplan, agregando que, en todo caso, le resultaría imposible procesar todas y cada una de las actas desde 1996 a la fecha para su posterior entrega.

3) Que, desde ya, queda de manifiesto que la información referida en el numeral anterior existe, con los campos y especificaciones pedidas por el reclamante, según expresa declaración del SAG, y que ésta consta en las actas de denuncias y citaciones emanadas de dicho Servicio. Que a este respecto cabe hacer presente que el SAG, ni en su respuesta de 20 de mayo de 2009 ni en el traslado evacuado el 16 de junio en curso, invocó, al menos de modo expreso, causal de secreto o reserva legal alguna, que le permitiera eximirse de su obligación de entrega de tales actas, considerando que la información en ellas contenida es pública y ha sido elaborada con presupuesto público al tenor de lo dispuesto en los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia. Que, mayor abundamiento, el literal f) del artículo 11 del mismo cuerpo legal reconoce, como principio rector del derecho de acceso a la información, el principio de facilitación, “conforme al cual los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo.” Que, en la especie, la respuesta original dada por el SAG a la solicitud de acceso representa una abierta vulneración a dicho principio pues, conociendo claramente el contenido de la información pedida y sus especificaciones, proporcionó un simple catastro con información parcial y no suficientemente inteligible, sin esgrimir ninguna causal de secreto o reserva legal respecto de la información faltante y sin ofrecerle otras alternativas al reclamante para acceder a ésta.

4) Que, no obstante que el SAG no invocó, de manera expresa, causal de secreto o reserva legal respecto de esta información, de la argumentación dada por dicho Servicio podría concluirse que éste ha intentado alegar indirectamente la causal establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de dicha Ley, esto es, aquella que se refiere a la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano por tratarse “de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.” Lo anterior, debido a que el SAG ha manifestado que le resulta imposible procesar, recopilar y entregar la información requerida, dado que ello le supondría dar copia de todas las actas de denuncia y citación sobre infracción a Ley de Caza que obraran en su poder.

5) Que respecto de dicha causal, y en especial a su segunda parte, el Reglamento ha establecido, en el inciso 3° de la letra c) de su artículo 7°, que “Se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales.”

6) Que, en este sentido, tal como ya lo ha manifestado este Consejo en decisiones anteriores, como las recaídas en los amparos A1-09, A7-09 y A39-09, cuando se invoca una circunstancia que extinguiría la obligación de entregar la información corresponde que sea probada por quien la alega. Que, en la especie, de acuerdo a la información que le fue entregada al reclamante, es decir, el catastro de infracciones y presuntos delitos a la Ley de Caza, desde 1996 a la fecha, este Consejo ha podido determinar que éstas dieron lugar a aproximadamente 1.716 denuncias. No obstante, el SAG no demostró la manera en que podía verse afectado el debido cumplimiento de sus funciones, en cuanto a una supuesta distracción indebida de sus funcionarios, por la entrega de la información solicitada, contenida en dichas actas de denuncia y citación, razón por la cual se acogerá el reclamo en esta parte.

7) Que, dejando establecido lo anterior, procede señalar que, de acuerdo al artículo 17 de la Ley de Transparencia, “La información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, casos en que la entrega se hará en la forma y a través de los medios disponibles.”. De conformidad con ello, el SAG deberá proporcionar la información solicitada en la forma requerida por el reclamante, esto es, desagregada según las materias específicas indicadas por éste, salvo que esto ocasione un gasto excesivo o no previsto para el mismo Servicio, en cuyo caso deberá dar cumplimiento a dicha obligación entregando copia de las actas de citación y denuncia que correspondan, a costa del solicitante, con lo cual se entenderá que el SAG ha observado su deber de informar de acuerdo al artículo 15 de la Ley de Transparencia.

8) Que, por otro lado, el artículo 33 m) de la Ley de Transparencia encarga a este Consejo “Velar por el adecuado cumplimiento de la ley Nº 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado”.

9) Que el artículo 21 de la Ley N° 19.628 dispone que “Los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena.”. Dicho precepto, agrega en su inciso segundo, que “Exceptúase los casos en que esa información les sea solicitada por los tribunales de Justicia u otros organismos públicos dentro del ámbito de su competencia, quienes deberán guardar respecto de ella la debida reserva o secreto y, en todo caso, les será aplicable lo dispuesto en los artículos 5º, 7º, 11 y 18.”

10) Que, según lo expuesto, el SAG deberá aplicar el principio de divisibilidad previsto en el artículo 11, literal e), de la Ley de Transparencia, respecto de la información relativa a las infracciones y presuntos delitos a que se refieren los considerandos anteriores, excluyendo los datos personales relativos a condenas, una vez que haya prescrito la acción penal o administrativa, o esté cumplida o prescrita la sanción o pena, así como el R.U.N. o el R.U.T. y el domicilio de los terceros a los que se refieran, dado que estos últimos datos personales no provienen o ni han sido recolectados de fuentes accesibles al público, debiendo guardar el secreto establecido en el artículo 7° de la Ley N° 19.628.

11) Que, por su parte, respecto a la información solicitada respecto a las sanciones que hayan sido impuestas por las infracciones y presuntos delitos ya indicados, especialmente, como lo requiere el reclamante, por los Juzgados del Crimen y el Ministerio Público, el SAG dice no disponer de tal información, razón por la cual, y considerando además lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 19.628, debe rechazarse en esta parte el presente amparo.

12) Que, en cuanto a la solicitud referida a la lista de los Inspectores Ad-Honorem de caza del SAG, nombrados y que actualmente no tienen su designación vigente, debe entenderse satisfecha con el traslado evacuado por el Servicio reclamado, dado que proporciona listado histórico de los Inspectores Ad-Honorem.

13) Que, en lo relativo a la información requerida respecto a los informes anuales de los inspectores Ad Honorem de caza, según el SAG habría enviado al reclamante una carta con 73 informes anuales dentro del plazo de la prórroga. No obstante ello, con posterioridad a la interposición del presente amparo el reclamante dedujo una nueva reclamación por estos mismos hechos, la que está siendo tramitada ante este Consejo bajo el rol A143-09, motivo por el cual corresponderá su pronunciamiento al momento de conocer de este último amparo.

14) Que en cuanto al sustento técnico, científico u otros criterios, solicitado respecto a las materias individualizadas, de la simple lectura de las disposiciones reglamentarias que se señalan, este Consejo concluye que las autorizaciones a que se refieren no confieren, en caso alguno, un ámbito de discrecionalidad para el SAG al momento de fiscalizar su cumplimiento, motivo por el cual no puede ser considerado este requerimiento una solicitud de información de aquellas amparadas por la Ley de Transparencia, debiendo ser rechazado el reclamo en esta parte.

15) Que, por último, en relación a los programas de control de la Ley de Caza y su reglamento, este Consejo desestimará el amparo en esta parte dado que no advierte la existencia de alguna obligación legal o reglamentaria que obligue al SAG a mantener y disponer dichos programas, en los términos solicitados por el reclamante.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

1) Acoger parcialmente el reclamo interpuesto por don Manuel Armando Hermosilla Quiroz en contra del Servicio Agrícola y Ganadero, por los fundamentos señalados en los considerandos precedentes.

2) Requerir al Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero que otorgue acceso a don Manuel Armando Hermosilla Quiroz a la información solicitada respecto a las infracciones y presuntos delitos a la Ley de Caza que aún no le ha proporcionado, tal como lo ha solicitado el reclamante, salvo que el gasto sea excesivo o no previsto, caso en el cual deberá entregar copia de las actas de citación y denuncia, a costa del solicitante, resguardando debidamente los datos personales a que se refiere el considerando 10) de esta decisión, obligación que deberá cumplir en un plazo que no supere los 30 días hábiles contados desde la notificación de la presente decisión. Que, se requiere también al Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero informe al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, de manera que este Consejo pueda verificar si se ha dado cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

3) Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Manuel Armando Hermosilla Quiroz y al Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Raúl Urrutia Ávila. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.