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Maribel Ortiz Oliva con SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Rol: C733-13

Consejo para la Transparencia, 09/08/2013

Se dedujo amparo en contra del Ministerio de Economía, fundado en que la información entregada no correspondía a la solicitada sobre una serie de denuncias en contra de la administración de la Cooperativa de Servicios Plazas Techadas Persa Bío Bío Limitada. El Consejo acogió parcialmente el amparo y señaló que atendido lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, las facultades fiscalizadoras y supervisoras ejercidas por la Subsecretaría de Economía y las normas de publicidad de la Ley General de Cooperativas antes indicadas, este Consejo estima que la información solicitada en los numerales ii), iv) y xiv) de la solicitud presentada el 29 de abril de 2013, tiene el carácter de pública, no habiéndose acreditado a su respecto la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva legal.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C733-13

Entidad pública: Subsecretaría de Economía

Requirente: Maribel Ortiz Oliva

Ingreso Consejo: 24.05.2013

En sesión ordinaria N° 457 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de agosto de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C733-13.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; el D.F.L. N° 5/2003, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó el texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas; el D.S. N° 101/2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó el Reglamento de la Ley General de Cooperativas; los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de funcionamiento del Consejo para la Transparencia; y la Resolución Exenta N° 3.192/2012, del Departamento de Cooperativas, de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, por la que dictó normas de carácter societario, administrativo, financiero y contable para el sector cooperativo.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUDES DE ACCESO:

a) El 29 de abril de 2013, doña Maribel Ortiz Oliva efectuó ante la Subsecretaría de Economía una serie de denuncias en contra de la administración de la Cooperativa de Servicios Plazas Techadas Persa Bío Bío Limitada y solicitó la siguiente información:

i) Contrato de compraventa año 2005 (Magosa-Alonso);

ii) Balance General de 8 columnas de los año 2010-2011 y 2012-2013;

iii) Estado de situación pecuniaria de los Consejeros, desde el año 2000 a 2013 (Sres. Antonio Muñoz Ortiz, Carlos Fuentealba Bocaz, Guido Aliaga Venegas y Carlos Orellana Retamales);

iv) Acreditación de los Consejeros para ejercer legalmente, “según artículo 33” (sic);

v) Presupuesto Operacional de los años 2010 a 2013;

vi) Contrato de repactación con el respectivo banco, de saldo de la deuda del crédito hipotecario;

vii) Recepción final de los baños, nuevos locales, bajo edificio de administración, y autorización de estacionamiento al interior de Plaza Magosa;

viii) Nómina de sueldos de los trabajadores y administrativos;

ix) Comprobantes que acrediten financiamiento de los paseos a la costa;

x) Acta protocolizada de Junta General de Socios, año 2009 y respectiva lista de asistencia de socios con derecho a voto;

xi) Acta donde aprueban reforma de Estatuto Social;

xii) Contrato por $6.000.000.- para paredes de los baños;

xiii) Contratos de los respectivos créditos bancarios;

xiv) Listado de socios vigentes y fundadores;

xv) Causas laborales y judiciales;

xvi) Comprobantes de contribuciones ambas plazas;

xvii) Cartola bancaria crédito hipotecario;

xviii) Contrato de gerente;

xix) Seguro contra incendio; y,

xx) Listado de locales permutados o expropiados.

b) El 6 de mayo de 2013, doña Maribel Ortiz Oliva ante la Subsecretaría de Economía reitera todas las denuncias realizadas anteriormente contra la Cooperativa aludida y solicitó suspender la próxima Junta General de socios.

2) RESPUESTAS:

a) Mediante oficio N° 3.462, de 8 de mayo de 2013, el Jefe del Departamento de Cooperativas de la Subsecretaría de Economía respondió la solicitud del 29 de abril de 2013, comunicando al solicitante –en lo pertinente a este amparo– que los documentos requeridos debían ser solicitados directamente a la Cooperativa de Servicios Plazas Techadas Persa Bío Bío Limitada.

b) A través de oficio N° 3.648, de 14 de mayo de 2013, el Jefe del Departamento de Cooperativas de la Subsecretaría de Economía respondió la solicitud del 6 de mayo de 2013, comunicando al solicitante –en lo pertinente a este amparo– que la atribución de decretar la suspensión de la próxima Junta General de socios que lleve a cabo la Cooperativa recae exclusivamente en la administración de la entidad, no siendo procedente que ese Servicio Público intervenga en esa decisión, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra f) del artículo 6 de la Ley General de Cooperativas.

3) AMPARO: El 24 de mayo de 2013, doña Maribel Ortiz Oliva dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Ministerio de Economía, fundado en que la información entregada no correspondía a la solicitada.

4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO:

a) Mediante Oficio N° 2.120, de 31 de mayo de 2013, este Consejo solicitó a la reclamante, conforme a lo previsto en el artículo 46 inciso segundo del Reglamento de la Ley de Transparencia, subsanar su reclamación de amparo en el sentido de explicar por qué la información entregada en respuesta a la presentación de fecha 29 de abril de 2013 no correspondería a la solicitada; e informar si el órgano reclamado le entregó alguno de los documentos solicitados en dicha presentación, y de ser así, especificar los que fueron entregados y cuáles no. Adicionalmente, se comunicó a la reclamante que si bien el amparo se dedujo en contra del Ministerio de Economía, atendido que las respuestas se otorgaron por la Subsecretaría de Economía, este Consejo tuvo por reconducido el amparo en contra de este último órgano.

b) El 10 de junio de 2013, la recurrente presentó un escrito ante este Consejo señalando que le parecía “sospechoso” que la reclamada no tuviera en su poder lo solicitado, por ejemplo, la información indicada en los literales a) y j) del requerimiento de acceso.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo mediante Oficio N° 4.460, de 20 de junio de 2013, al Sr. Subsecretario de Economía. En esta comunicación se solicitó especialmente a la reclamada que al formular sus descargos: (1°) se refiriera a si lo solicitado en la presentación de fecha 6 de mayo de 2013 constituía una solicitud de información amparada por la Ley de Transparencia; (2°) señalara si los antecedentes solicitados en el requerimiento de fecha 29 de abril de 2013 obraban en su poder, y de ser así, que especificara cuáles; y (3°) señalara si entregó a la reclamante algunos de los antecedentes solicitados, y en caso de respuesta afirmativa que especificara y acreditara su entrega.

Dicha autoridad presentó sus descargos y observaciones mediante Oficio Ord. N° 5.513, de 10 de julio de 2013, señalando lo que se resume a continuación:

a) A solicitud de la reclamante, el Departamento de Cooperativas remitió previamente, en dos oportunidades, copia del último estatuto social registrado por ese Departamento, según se lee en oficios N° 959 y N° 1.999, de fechas 29 de enero y 14 de marzo de 2013, respectivamente.

b) La reclamante en su presentación de 6 de mayo no efectuó una solicitud de acceso a la información en los términos exigidos por la Ley de Transparencia, en particular en sus artículos 5° y 10. Esa Subsecretaría estima que la presentación de 6 de mayo de 2013, realizada por la Sra. Ortiz Oliva, constituye un reclamo enmarcado en el ejercicio del derecho de petición, consagrado en el numeral 14 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el cual en ningún caso da origen a una solicitud de acceso a la información.

c) En relación a la presentación de 29 de abril de 2013, informó a este Consejo que los siguientes antecedentes solicitados por la reclamante, obran en poder de ese organismo:

i. Balance General de la Cooperativa de Servicios Plazas Techadas Persa Bío Bío Limitada, correspondiente a los años 2010, 2011 y 2012.

ii. Último Certificado de vigencia de los Consejeros.

iii. Listado de socios vigentes y fundadores. Referente a este documento hizo presente lo dispuesto en el artículo 108 del Reglamento de la Ley General de Cooperativas y Resolución N° 3.192 de ese Departamento, que establecen que son las propias cooperativas las encargadas de mantener en orden y al día los libros sociales, entre los que se encuentra el libro de registro de socios. Agregó que la alusión a socios “vigentes” no existe dentro de la normativa que rige al sector, “sólo son denominaciones agregadas en el Estatuto Social” y, por ende, determinadas por las cooperativas. No obstante lo anterior, señaló que el acta de la Junta General Constitutiva se encuentra en poder del Departamento de Cooperativas y ella otorga reflejo del número de socios que asistieron a su constitución, junto al respectivo acto administrativo que autoriza su existencia.

iv. Respecto al Acta de la Junta General de Socios año 2009, que incluya el listado de socios asistentes con derecho a voto, señaló que dada la data del documento requerido, se arbitrarían las medidas necesarias a fin de verificar que dicho antecedente se encuentre archivado en las bodegas externas que mantiene esa Subsecretaría.

v. Por último, en relación a la solicitud del acta que aprueba la reforma al estatuto social, esa Subsecretaría requirió en sus descargos que se complemente dicha solicitud, en el sentido de indicar el año en que se habría aprobado la reforma mencionada por la Sra. Ortiz, a fin de verificar si dicho antecedente obra o no en los registros de esa Cartera.

6) GESTIÓN OFICIOSA: Mediante correo electrónico de 5 de agosto de 2013, la Unidad de Análisis de Fondo de este Consejo solicitó a la reclamada que informara acerca de los resultados relativos a la búsqueda que se haría en las bodegas externas del Servicio, del Acta de la Junta General de Socios año 2009, requerida en el numeral x) de la solicitud de 29 de abril de 2013. Mediante correo electrónico de 5 de agosto de 2013, doña Marcela Hernández Pérez, abogado de la División Jurídica de la Subsecretaría reclamada, remitió una copia digital de la mencionada acta y el listado de socios asistentes. Al respecto señaló en su correo que “el reglamento no obliga a las cooperativas a enviar el libro de asistencia a juntas generales, por lo que al ser ésta una práctica voluntaria, es recurrente que no nos envíen dichos listados. En este caso en particular, la nómina que te envío se encontraba adjunta al acta, razón por la cual, suponemos que la intención de la cooperativa fue remitir el listado de asistentes, aun cuando dicha nómina no señala fecha y el título dice “registro de socios”. Por otra parte, y tal como tú puedes ver, los nombres que se mencionan en el listado se encuentran prácticamente ilegibles”.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el D.F.L. N° 5, de 2003, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó el texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas, dispone en su artículo 1°, que las cooperativas son asociaciones que de conformidad con el principio de la ayuda mutua, tienen por objeto mejorar las condiciones de vida de sus socios y presentan las siguientes características fundamentales: los socios tienen iguales derechos y obligaciones, un solo voto por persona y su ingreso y retiro es voluntario. Deben distribuir el excedente correspondiente a operaciones con sus socios, a prorrata de aquéllas. Deben observar neutralidad política y religiosa, desarrollar actividades de educación cooperativa y procurar establecer entre ellas relaciones federativas e intercooperativas.

2) Que, por su parte, el artículo 108 del citado D.F.L. N° 5, dispone que el Departamento de Cooperativas tendrá a su cargo fomentar el sector cooperativo, mediante la promoción de programas destinados al desarrollo de la gestión y capacidad empresarial en las cooperativas; dictar normas que contribuyan al perfeccionamiento del funcionamiento de las cooperativas; llevar un registro de las cooperativas vigentes y la supervisión y fiscalización de las mismas.

3) Que en cuanto a la publicidad de la información relativa a las cooperativas, cabe tener presente la siguiente normativa:

a) La Ley General de Cooperativas dispone en el inciso segundo de su artículo 108, que al Departamento de Cooperativas de la Subsecretaría de Economía le corresponderá, entre otras tareas, “elaborar estadísticas del sector y difundir la información de que disponga, relativa al funcionamiento de las cooperativas, mediante los mecanismos que para tales efectos establezca”. Agrega en el literal i) del mismo artículo que, dentro de sus funciones, se contempla la de “requerir de las cooperativas, que proporcionen, por las vías que el Departamento señale, suficiente y oportuna información a los socios y al público sobre su situación jurídica, económica, financiera y patrimonial”.

b) Además, el artículo 112 del mismo cuerpo legal establece que “los funcionarios del Departamento de Cooperativas estarán obligados a guardar reserva acerca de los documentos y antecedentes de las cooperativas, siempre que tales documentos no tengan el carácter de públicos ni se trate de requerimientos de algún Poder del Estado. Lo anterior no obstará a que el Jefe del Departamento de Cooperativas pueda difundir o hacer difundir por las personas y medios que determine, la información o documentos relativos a las cooperativas con el fin de velar por la fe pública o por el interés de los socios, pudiendo asimismo proporcionar antecedentes generales o particulares que permitan la confección de informes estadísticos, estudios e investigaciones sobre las cooperativas, siempre que no se trate de antecedentes comerciales o de otra índole, que por su naturaleza tengan el carácter de reservados”.

c) Finalmente, en la Resolución Exenta N° 3.192, de 2012 (vigente desde el 2 de marzo al 17 de julio de 2013) se establece, en su artículo 80 que a contar del año 2012, “las cooperativas de importancia económica deberán publicar en la página web del Departamento de Cooperativas, www.decoop.cl, el balance general anual, el estado de resultados, el dictamen de los auditores externos y los nombres de su gerente y contador general. La publicación será gratuita y deberá ingresarse por la Cooperativa al sitio web, dentro de los treinta días siguientes al de la celebración de la junta general de socios en que se tomó conocimiento y aprobó el balance. Sin perjuicio de lo anterior, las cooperativas podrán publicar los documentos citados en el inciso anterior, en un diario de circulación nacional o regional”. Esta disposición ha sido replicada en el artículo 91 de la Resolución Exenta N° 1.321, de 11 de junio de 2013, vigente desde el 18 de julio de 2013).

4) Que si bien la información requerida en el presente caso, se refiere a antecedentes propios de una agrupación privada, a saber, la Cooperativa de Servicios Plazas Techadas Persa Bío Bío Ltda., entregados al Departamento de Cooperativas, ha sido el propio legislador quien ha dispuesto expresamente la divulgación de aquellos documentos referidos a su situación jurídica, económica, financiera y patrimonial de este tipo de organizaciones, publicidad que no se limita a los socios que la componen, sino que incluso se extiende al público en general. En este sentido ha decidido previamente este Consejo, con ocasión de los amparos roles C460-13 y C512-13, respecto de los balances generales, los estatutos vigentes, las actas de asambleas de socios y sus asistentes, todos referidos a la misma cooperativa recién indicada.

5) Que al responder la solicitud de información que motiva este amparo –a través del oficio N° 3.462, de 8 de mayo de 2013–, la reclamada no fundó su negativa a entregar la información solicitada, limitándose a señalar que los documentos requeridos debían ser solicitados directamente a la Cooperativa de Servicios Plazas Techadas Persa Bío Bío Limitada, pero sin indicar la causal de reserva legal en base a la cual estaba negando el acceso a dicha información. Tal actitud contraviene el artículo 16 de la Ley de Transparencia, que obliga al jefe superior del órgano de la Administración del Estado requerido, a proporcionar la información que se le solicite, salvo que concurra la oposición regulada en el artículo 20 o alguna de las causales de secreto o reserva que establece la ley, caso en el cual su negativa a entregar la información deberá ser fundada, especificando la causal legal invocada y las razones que en cada caso motiven su decisión. Por lo tanto, corresponde representar al Sr. Subsecretario de Economía, la infracción al artículo 16 de la Ley de Transparencia atendido que la denegación realizada no fue debidamente fundada.

6) Que con ocasión de los descargos presentados ante este Consejo, la reclamada tampoco justificó la denegación antedicha, por el contrario, reconoció que obra en su poder parte de la documentación requerida por la solicitante, específicamente, aquella descrita en los numerales ii), iv) y parcialmente el xiv) de la solicitud presentada el 29 de abril de 2013, referidos respectivamente, a los balances generales de los años 2010, 2011 y 2012; a la acreditación de los consejeros para ejercer legalmente; y al listado de socios fundadores.

7) Que atendido lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, las facultades fiscalizadoras y supervisoras ejercidas por la Subsecretaría de Economía y las normas de publicidad de la Ley General de Cooperativas antes indicadas, este Consejo estima que la información solicitada en los numerales ii), iv) y xiv) de la solicitud presentada el 29 de abril de 2013, tiene el carácter de pública, no habiéndose acreditado a su respecto la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva legal. Por tanto, se acogerá en esta parte el presente amparo y se requerirá al Sr. Subsecretario de Economía que entregue a la reclamante copia de los balances generales de los años 2010, 2011 y 2012 de la cooperativa indicada en la solicitud de acceso; copia de la acreditación de los consejeros para ejercer legalmente, referido por la reclamada como “Certificado de Vigencia de los Consejeros”; y del listado de socios fundadores. Respecto a este último documento, la reclamada deberá resguardar aquellos datos personales de contexto que en ellos se contengan, tales como, el número de la cédula de identidad, dirección particular y correo electrónico de los socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.628 y artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia, en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, por estimarse que su revelación afectaría los derechos de los titulares de los mismos.

8) Que la reclamada no señaló que obrara en su poder la información requerida en los numerales i), iii), v), vi), vii), viii), ix), xii), xiii), xv), xvi), xvii), xviii), xix) y xx) de la solicitud presentada el 29 de abril de 2013, referidos, respectivamente, al “contrato de compraventa año 2005 (Magosa-Alonso)”; estado de situación pecuniaria de los consejeros que indica en el período que señala; presupuesto operacional de los años 2010 a 2013; contrato de repactación de saldo de deuda de crédito hipotecario; recepción final de distintas dependencias y “autorización de estacionamiento al interior de Plaza Magosa”; nómina de sueldos de los trabajadores y administrativos; comprobantes que acrediten financiamiento de los paseos a la costa; contrato por $6.000.000.- para paredes de los baños; contratos de los respectivos créditos bancarios; causas laborales y judiciales; comprobantes de contribuciones ambas plazas; cartola bancaria crédito hipotecario; contrato del gerente; seguro contra incendios; y listado de locales permutados o expropiados. Al respecto, es preciso señalar que conforme con la normativa aplicable a la materia no consta que los documentos solicitados en dichos numerales deban ser objeto de remisión por parte de la Cooperativa Plazas Techadas Persa Bío Bío al Departamento de Cooperativas, sin perjuicio de que el órgano reclamado acceda a las mismas en virtud de su labor de supervisión y fiscalización. Conforme a ello, no constando a este Consejo que tales documentos obren en poder de la Subsecretaría de Economía, habrá de rechazar el amparo respecto de dichos numerales.

9) Que en cuanto al numeral x) de la solicitud del 29 de abril de 2013, mediante la cual se requirió el acta protocolizada de la Junta General de Socios del año 2009 y su respectiva lista de asistencia de socios con derecho a voto, la reclamada señaló en sus descargos que arbitraría las medidas necesarias para ubicar su paradero, ya que atendida la data del instrumento podría encontrarse en las bodegas externas del servicio. Este Consejo consultó a la Subsecretaría sobre el estado de dichas gestiones –según se anotó en el N° 6) de lo expositivo– ante lo cual la reclamada remitió copia de la información solicitada, haciendo presente que presumía que el documento denominado “registro de socios” correspondía al listado de asistentes que voluntariamente acompañan algunas cooperativas a las actas de las juntas generales enviadas al Departamento de Cooperativas. En todo caso, el referido listado no se encuentra del todo legible.

10) Que, como lo ha decidido este Consejo, por ejemplo, en el amparo Rol C460-13, el acta solicitada en el numeral x) tiene el carácter de información pública, por lo que, se acogerá el amparo a este respecto y se remitirá una copia de la misma a la reclamante, conjuntamente con la notificación de la presente decisión, en aplicación del principio de facilitación consagrado en el literal f) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, ya que no consta que tal documento haya sido enviado a la Sra. Ortiz.. En cuanto a la lista de asistencia de socios con derecho a voto a la referida Junta, este Consejo señaló en la decisión Rol C512-13, que correspondía entregar la lista de asistentes, mas no era exigible la indicación de quienes tenían derecho a voto, por lo cual se acogerá esta parte del presente amparo, en los mismos términos que el C512-13. A este respecto, al igual que la lista de socios fundadores, cabe dar aplicación al principio de divisibilidad, a fin de resguardar los datos personales de contexto que en dicho listado aparezcan. En consecuencia, el listado acompañado por la Subsecretaría por medio del correo electrónico de 5 de agosto de 2013, será remitido a la reclamante conjuntamente con la notificación de la presente decisión, habiendo tarjado previamente los datos personales de contexto que ahí figuran. Con todo, cabe señalar que la falta de legibilidad del documento no es imputable a la reclamada, motivo por el cual no se exigirá que corrija esa condición, atendido, además, que dicho listado fue entregado voluntariamente por la Cooperativa.

11) Que en cuanto al numeral xi) de la solicitud de acceso, relativo al “Acta donde aprueban reforma de Estatuto Social”, la reclamada señaló en su descargos que requería conocer el año de dicho documento a fin de poder entregarlo. Al respecto, es necesario hacer presente a la Subsecretaría que si consideraba que la solicitud carecía de las especificaciones necesarias para ser respondida, debió haber aplicado el procedimiento de subsanación establecido en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, cuestión que no consta en este expediente que haya realizado. Por tanto, en aplicación del principio de máxima divulgación consagrado en el literal d) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, y atendido el carácter de información pública de dicho instrumento, este Consejo requerirá a la Subsecretaría reclamada que entrega todas las actas que aprueban reformas al Estatuto Social, que obren en su poder; o bien, en el evento que las mismas no le hayan sido remitidas, que señala expresamente dicha circunstancia a la solicitante.

12) Que, por último, en relación a la solicitud del 6 de mayo de 2013, consistente en suspender la próxima Junta General de socios, dicho requerimiento no se encuentra amparado en la Ley de Transparencia, pues lo requerido es asumir una actitud frente a un evento en particular, requerimiento legítimo a la luz de lo prescrito por el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política –que establece el derecho de petición-, mas no de la Ley de Transparencia, toda vez que dicho requerimiento no se refiere a información en poder de la Administración en un soporte determinado, sino que supone la generación de un pronunciamiento particular.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Maribel Ortiz Oliva, de 24 de mayo de 2013, en contra de la Subsecretaría de Economía, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario de Economía que:

a) Entregue a la reclamante copia de los balances generales de los años 2010, 2011 y 2012 de la cooperativa indicada en la solicitud de acceso; copia de la acreditación de los consejeros para ejercer legalmente, referido por la reclamada como “Certificado de Vigencia de los Consejeros”; y del listado de socios fundadores. Respecto a este último documento, la reclamada deberá resguardar aquellos datos personales de contexto que en ellos se contengan.

b) Entregue a la reclamante copia todas las actas que aprueban reformas al Estatuto Social de la Cooperativa indicada en la solicitud de acceso, que obren en su poder; o bien, en el evento que las mismas no le hayan sido remitidas, que señale expresamente dicha circunstancia a la solicitante.

c) Cumpla dichos requerimientos en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

d) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Subsecretario de Economía que al haber dado respuesta negativa a parte de la solicitud de información de la Sra. Ortiz Oliva sin fundar su contenido, infringió el artículo 16 de la Ley de Transparencia.

IV. Rechazar por improcedente la solicitud presentada el 6 de mayo de 2013, por doña Maribel Ortiz Oliva ante la Subsecretaría de Economía mediante la cual requirió suspender la próxima Junta General de socios de la mencionada cooperativa.

V. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Maribel Ortiz Oliva y al Sr. Subsecretario de Economía; adjuntando a la reclamante copia de los documentos remitidos por doña Marcela Hernandez, a través del correo electrónico de 5 de agosto de 2013, anotado en el N° 6) de la parte expositiva

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.