logo
 

Matías Holloway Pérez con SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR Rol: C777-13

Consejo para la Transparencia, 09/08/2013

Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Educación Escolar, fundado en la falta de respuesta a su solicitud sobre los informes de uso de recursos y los estados financieros de todos los años del Colegio Alicante del Rosal de Maipú. El Consejo señaló que se acogerá el presente amparo y se requerirá al organismo reclamado, respecto de la información que obre en su poder a partir de su su entrada en funcionamiento, esto es, el 1° de septiembre de 2012, que entregue la información sobre los gastos de recursos y los estados financieros del establecimiento por el cual consulta el solicitante, atendido el carácter público de tal información, o, en caso de contrario, lo señale expresamente al requirente, señalando de manera fundamentada y detallada los motivos por los cuales no cuenta con tal información


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C777-13

Entidad pública: Superintendencia de Educación Escolar

Requirente: Matías Holloway Pérez

Ingreso Consejo: 03.06.2013

En sesión ordinaria Nº 457 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de agosto de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C777-13.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L.Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de abril de 2013, don Matías Holloway Pérez solicitó al Ministerio de Educación que le informara, respecto del colegio al cual asiste su hija, “…en qué gasta el dinero que uno paga mensualmente y el que reciben por mi hija como subvención. Tal como dice el segundo párrafo de la letra f) del artículo 10 de la Ley General de Educación, ‹‹son deberes de los sostenedores, cuando reciban financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la Superintendencia. Esa información será pública››. En consecuencia, solicito por favor todos los informes de uso de recursos y los estados financieros de todos los años del Colegio Alicante del Rosal de Maipú”.

2) DERIVACIÓN: El Ministerio de Educación, mediante Ordinario N° 211, de 12 de abril de 2013, derivó la solicitud de acceso a la información de la especie a la Superintendencia de Educación Escolar.

3) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 3 de junio de 2013 don Matías Holloway Pérez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Superintendencia de Educación Escolar, fundado en la falta de respuesta a su solicitud.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo y, mediante el Oficio N° 2.336, de 12 de junio de 2013, confirió traslado al Sr. Superintendente de Educación Escolar, solicitándole que, al formular sus descargos, indicara los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan sus afirmaciones, y que acompañara todos los antecedentes y medios de prueba de que dispusiere. Además, se le requirió que indicara las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido respondida oportunamente; y en caso de haber dato respuesta al requerimiento de información, acreditara dicha circunstancia, acompañando copia de dicha respuesta y los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de ésta, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inciso segundo, de la Ley de Transparencia y en el numeral 4.4 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información; y se refiera a la eventual concurrencia de una causal de secreto o reserva de la información solicitada. En atención a que dicha autoridad no evacuó el traslado dentro del plazo legal, este Consejo, por medio de correo electrónico de 5 de julio recién pasado, le concedió un plazo de carácter extraordinario de tres días hábiles a partir de la fecha de su envío, para dar respuesta al requerimiento de esta Corporación.

Mediante el Ordinario N° 178, de 5 de julio de 2013, ingresado el 9 de julio del mismo mes y año a este Consejo, el Sr. Superintendente de Educación Superior evacuó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis, que:

a) El 12 de abril de 2012 fue derivada por el Ministerio de Educación a la Superintendencia de Educación Escolar la solicitud de información relativa al uso de recursos y los estados financieros de todos los años del Colegio Alicante del Rosal de Maipú.

b) Dio respuesta al requirente, vía mail, indicando que adjunta una copia de aquél.

c) Adjuntó copia de un documento sin número, dirigido al solicitante, en virtud del cual se habría dado respuesta a la solicitud de información, el que señala lo siguiente:

i. La Superintendencia de Educación Escolar no cuenta con los antecedentes solicitados, por cuanto el establecimiento educacional aludido por el reclamante no firmó convenio de Subvención Especial Preferencial (SEP) con el Ministerio de Educación.

ii. La Superintendencia de Educación Escolar sólo cuenta con antecedentes y registros desde la fecha de su creación, esto es, septiembre de 2012 a la actualidad.

5) GESTIÓN OFICIOSA: La Unidad de Análisis de Fondo de este Consejo se comunicó el 31 de julio de 2013 mediante correo electrónico con don Mauricio Van Gatti, Abogado de la Superintendencia de Educación Escolar, en virtud del cual se le solicitó remitir copia del correo electrónico remitido al solicitante en virtud del cual se le habría enviado la respuesta a su solicitud de acceso y copia del oficio de derivación de la solicitud de información del Ministerio de Educación con el respectivo timbre de ingreso. Dicho correo fue contestado por la misma vía el 1° de agosto recién pasado. A través de tal comunicación se remitió el correo electrónico enviado el 3 de junio de 2013 al solicitante, con el oficio adjunto que dio respuesta al requerimiento de información. Además, se remitió un correo electrónico de la misma fecha mediante el cual se le informó al requirente que el establecimiento educacional por el cual consulta el recurrente no ha celebrado un convenio con el Ministerio de Educación, según los registros de la Superintendencia de Educación Escolar, desde septiembre de 2012. A su vez, se acompañó correo electrónico del solicitante, también de 3 de junio de 2013, dirigido al organismo reclamado, en el cual éste indicó que se adjuntó la carta de respuesta pero no la información objeto del requerimiento de información. Además, señaló que en la carta de respuesta se le indicó “…que la Superintendencia cuenta con información desde septiembre de 2012 hasta la fecha, supongo que se refiere a reporte sobre uso de recursos y estados financieros de colegios subvencionados, tal como se establece en la ley. Podrías por favor precisar que información es la que tiene la Superintendencia, así puedo hacer una solicitud más especifica…”.

Y CONSIDERANDO:

1) Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, “En caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario. Cuando no sea posible individualizar al órgano competente o si la información solicitada pertenece a múltiples organismos, el órgano requerido comunicará dichas circunstancias al solicitante”.

2) Que la solicitud de acceso a la información que motivó el presente amparo fue ingresada el 5 de abril de 2013 al Ministerio de Educación, de acuerdo a lo expuesto por el reclamante en el amparo de la especie. Posteriormente, dicha Secretaría de Estado, en aplicación del citado artículo 13 de la Ley de Trasparencia, derivó la referida solicitud de acceso, mediante Ordinario N° 211, de 12 de abril de 2013, a la Superintendencia de Educación Escolar, por estimar que tales materias son de su competencia. Sin embargo, tanto en la copia del citado oficio de derivación adjunto por el reclamante, como en la copia del mismo, remitido por el organismo reclamado con ocasión de la gestión oficiosa descrita en el numeral 5° de la presente decisión, no consta la fecha efectiva de ingreso a la Superintendencia de Educación Escolar. Al respecto, según consta en el acta N° 241, de 12 de junio de 2013, del Comité de Admisibilidad de este Consejo, es posible aplicar la presunción del artículo 46 de la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, teniendo por notificada la derivación y la correspondiente solicitud el 17 de abril de 2013.

3) Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, la autoridad o jefatura del órgano requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de 20 días hábiles, contados desde la recepción de la misma. En la especie, la solicitud de información que motivó el presente amparo se ha entendido ingresada a la Superintendencia de Educación Escolar, de acuerdo a lo expuesto en el párrafo precedente, el 17 de abril de 2013, de modo que el plazo para pronunciarse sobre dicho requerimiento expiró el 16 de mayo del año en curso. De acuerdo a la antes aludida gestión oficiosa, el organismo reclamado remitió la respuesta al recurrente por correo electrónico el 3 de junio de 2013 y, en consecuencia, no consta que el requerimiento de la especie haya sido contestado dentro de ese término legal. Lo anterior constituye una infracción al deber legal descrito en el citado artículo 14, así como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) de la Ley de Transparencia, motivo por el cual se representará a la Superintendencia de Educación Escolar la referida infracción en lo resolutivo del presente acuerdo.

4) Que este Consejo ha entendido que el objeto de la solicitud de información del reclamante se refiere a todos los informes de uso de recursos y los estados financieros de todos los años del Colegio Alicante del Rosal de Maipú.

5) Que, cabe precisar que de acuerdo a lo informado en la página web institucional del establecimiento consultado por el reclamante, Colegio Alicante del Rosal de Maipú, http://www.alcantara-alicante.cl/colegios/alicante-rosal/, éste corresponde a un establecimiento de carácter particular subvencionado.

6) Que la Ley N° 20.529, sobre Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización, que entró en vigencia el 27 de agosto de 2011, establece en su artículo 47 la creación de la Superintendencia de Educación, en adelante "la Superintendencia", servicio público funcionalmente descentralizado y territorialmente desconcentrado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y que se relaciona con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Educación. El artículo sexto transitorio de la citada Ley N° 20.529 señala “Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio de Educación, los que también deberán ser suscritos por el Ministerio de Hacienda, determine el personal que, de acuerdo a los incisos segundo y tercero del artículo anterior, se traspasará a la Superintendencia de Educación y de la Agencia de Calidad de la Educación”.

7) Que, en ese contexto, el Decreto con Fuerza de Ley N° 4, de 2012, del Ministerio de Educación, publicado en el Diario Oficial el 29 de junio de 2012, que fija la planta de personal de la Superintendencia de Educación y regula materias señaladas en los artículos tercero, quinto y sexto transitorios de la Ley N° 20.529, establece en el artículo 11 “Determínase que la fecha de iniciación de funciones de la Superintendencia, del encasillamiento y traspaso de personal, serán a contar del día primero del mes siguiente al de la total tramitación del decreto supremo que disponga la individualización del personal traspasado de conformidad al artículo 6° del presente decreto con fuerza de ley”. En concordancia con lo anterior, se dictó el Decreto N° 338, de 6 de agosto de 2012, del Ministerio de Educación, que encasilla y traspasa personal entre el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación, que fue tomado razón el 30 de agosto de 2012 por la Contraloría General de la República y publicado en el Diario Oficial el 31 de agosto de 2012.

8) Que, de lo señalado, se colige que la Superintendencia de Educación inició sus funciones el 1° de septiembre del 2012.

9) Que, precisado lo anterior, cabe señalar que respecto los establecimientos particulares subvencionados, el texto vigente del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, en el Título II “De la Subvención a Establecimientos Educacionales de Financiamiento Compartido y del Sistema de Becas”, artículo 23, inciso primero, dispone que “Sin perjuicio de lo establecido en el Título I, los establecimientos particulares de educación parvularia del 2º nivel de transición, de educación general básica diurna, educación especial y de educación media diurna, que cobren a sus alumnos los valores mensuales promedios que se señalan en el artículo siguiente, podrán percibir una subvención denominada Subvención a Establecimientos Educacionales de Financiamiento Compartido, la que se regirá por las disposiciones especiales que a continuación se establecen y, en lo que no se contraponga con ellas, por las normas de los Títulos I, III y IV de esta ley”.

10) Que, por su parte, el artículo 26, incisos quinto y sexto, del citado Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, fueron modificados por el artículo 113, N° 9, de la Ley N° 20.529, , que sustituyó la palabra “Ministerio de Educación” por “Superintendencia de Educación”. De tal forma, la redacción vigente de tales incisos señala que “El establecimiento deberá informar anualmente a la comunidad, con copia a la Superintendencia de Educación, sobre la forma en que se utilizaron los recursos, el avance del proyecto educativo y su contribución al mejoramiento de la calidad de la educación, pudiendo los padres y apoderados, en todo momento, formular ideas y proposiciones al respecto. Dicho informe deberá señalar, además, el número de alumnos beneficiados con el sistema de exenciones establecido en el artículo 24 y el monto total de recursos que se destinó a dicho fin. La comunicación a la Superintendencia de Educación sólo tendrá por objeto acreditar el cumplimiento de esta obligación”. De tal normativa, se colige que la obligación del establecimiento educacional de informar anualmente a la Superintendencia de Educación, antes de iniciar sus funciones la Superintendencia de Educación Escolar, recaía en el Ministerio de Educación.

11) Que, por su parte, el artículo 4°, inciso cuarto, del texto vigente del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 20.370, Ley General de Educación, establece que “El sistema de educación será de naturaleza mixta, incluyendo una de propiedad y administración del Estado o sus órganos, y otra particular, sea ésta subvencionada o pagada, asegurándole a los padres y apoderados la libertad de elegir el establecimiento educativo para sus hijos.” A su vez, el artículo 10 del citado texto legal señala que “Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y reglamentos, los integrantes de la comunidad educativa gozarán de los siguientes derechos y estarán sujetos a los siguientes deberes: letra f) Los sostenedores de establecimientos educacionales tendrán derecho a establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley. También tendrán derecho a establecer planes y programas propios en conformidad a la ley, y a solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente. Son deberes de los sostenedores cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento educacional que representan; garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar; rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando reciban financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la Superintendencia. Esa información será pública. Además, están obligados a entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley y a someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley”. En tanto, se debe tener presente que de conforme dispone el artículo 10 transitorio de la Ley N° 20.370, “En tanto no entren en vigencia las normas que crean la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación, las facultades que la presente ley les otorga serán ejercidas por el Ministerio de Educación”.

12) Que, cabe concluir de la normativa reseñada, que al establecimiento de la especie le resultan aplicables las disposiciones antes anotadas de del D.F.L N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación y la Ley N° 20.370, en los términos en que se ha señalado en los considerandos 9) a 11) de la presente decisión.

13) Que el organismo reclamado en sus descargos indicó no disponer de la información requerida en atención a que el mencionado establecimiento educacional no ha celebrado el convenio respectivo con el Ministerio de Educación a fin de incorporarse al régimen de subvención especial preferencial. Sobre tal alegación cabe señalar que ésta sólo hace referencia a la obligación de informar prevista en la Ley Nº 20.248, que establece la Ley de Subvención Escolar Preferencial, y no a la información que los establecimientos educacionales están obligados a entregar por aplicación de la normativa reseñada en el considerando precedente. Por lo anterior, si bien resulta plausible la alegación del organismo, en lo que refiere a la Ley de Subvención Preferencial, ello no obsta a que deba dar cumplimiento a la normativa anotada en la presente decisión, toda vez que constituye una obligación legal por parte del organismo reclamado contar con la información que ha sido objeto de la solicitud de información en términos generales.

14) Que por los motivos expuestos, se acogerá el presente amparo y se requerirá al organismo reclamado, respecto de la información que obre en su poder a partir de su su entrada en funcionamiento, esto es, el 1° de septiembre de 2012, que entregue la información sobre los gastos de recursos y los estados financieros del establecimiento por el cual consulta el solicitante, atendido el carácter público de tal información, en virtud de los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia o, en caso de contrario, lo señale expresamente al requirente, señalando de manera fundamentada y detallada los motivos por los cuales no cuenta con tal información, además de cumplir con lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información.

15) Que, en cuanto a la información existente en poder del Ministerio de Educación con anterioridad a marcha la iniciación de funciones de la Superintendencia de Educación, el 1° de septiembre de 2012, en el evento que tal documentación haya sido traspasada por el Ministerio de Educación al organismo reclamado la entregue al reclamante o, en caso que ésta, habiendo sido traspasada, no obre en su poder, lo señale expresamente al reclamante conforme lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información. En el evento que dicha información no haya sido traspasada a la Superintendencia de Educación, ésta deberá señalarlo expresamente al requirente, y procederá a derivar al Ministerio de Educación la solicitud a fin de que dé respuesta al solicitante, señalando expresamente en dicha derivación, que parte de la información, de acuerdo a la normativa reseñada en el presente acuerdo, debe obrar en su poder. Además, se deberá adjuntar la presente decisión a la derivación referida.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Matías Holloway Pérez, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Educación Escolar lo siguiente:

a) Respecto de la información que obre en su poder con posterioridad a la creación de la Superintendencia de Educación Escolar, que entregue la información sobre los gastos de recursos y los estados financieros del establecimiento por el cual consulta el solicitante, atendido el carácter público de tal información, en virtud de los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia o, en caso de no obrar en su poder, lo señale expresamente al requirente, señalando de manera fundamentada y detallada los motivos por los cuales no cuenta con tal información, además de cumplir con lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información.

b) En cuanto a la información existente con anterioridad a la puesta en marcha de la Superintendencia de Educación, en el evento que tal documentación haya sido traspasada por el Ministerio de Educación al organismo reclamado, la entregue al reclamante o, en caso de no obrar en su poder, lo señale expresamente al reclamante conforme lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información. En el evento que dicha información no haya sido traspasada al organismo reclamado, lo señale también expresamente al recurrente, y proceda a derivar al Ministerio de Educación la solicitud a fin de que dé respuesta, señalando expresamente en dicha derivación que parte de la información requerida debe ser entregada al requirente.

c) Cumpla con tal requerimiento dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia.

d) Informe el cumplimiento de dichos requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé N° 115, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Representar al Sr. Superintendente de Educación Escolar la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber respondido al solicitante dentro del plazo previsto en el referido artículo 14. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.

IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Matías Holloway Pérez y al Sr. Superintendente de Educación Escolar.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia, don Ricardo Sanhueza Acosta.