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Sebastián Rivas Vargas con SERVICIO ELECTORAL (SERVEL) Rol: C407-09

Consejo para la Transparencia, 23/03/2010

Se deduce amparo en contra del Servicio Electoral (SERVEL), frente la denegación de facto al acceso, debido a los cobros por costos de reproducción directos, al padrón alfabético computacional de inscripciones electorales vigentes. El Consejo acoge totalmente el recurso, estimando que, en primer lugar, el SERVEL sólo debe cobrar los costos de reproducción para la entrega de la información, en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, y que, no obstante el carácter sensible de algunos datos contenidos en el padrón, todo su contenido es público, de conformidad a la normativa expresa de la Ley N°18.556. (Con voto disidente)


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Documentos electrónicos.Otros 




Consejeros:

  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Disidente), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime)
  • Roberto Guerrero Valenzuela (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C407-09

Entidad pública: Servicio Electoral (SERVEL)

Requirente: Sebastián Rivas Vargas

Ingreso Consejo: 27.10.2009.

En sesión ordinaria N° 135 de su Consejo Directivo, celebrada el 23 de marzo de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C407-09.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 4 y N° 12 de la Constitución Política de la República; la Ley N° 20.285, de 2008, sobre acceso a la información pública; la Ley N° 19.880, del 2003, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo dispuesto en la Ley N° 19.628, de 1999, sobre protección de datos personales; lo dispuesto en la Ley N° 18.556, de 1986, Orgánica Constitucional sobre el Sistema de Inscripciones Electorales y el Servicio Electoral; el D.L. N°2.136/1978, que autoriza el cobro del valor de ciertos documentos proporcionados por los servicios públicos, modificado por la Ley N° 18.681 y la Ley N° 18.768, de 1988, que establece Normas Complementarias de la Administración Financiera de Incidencia Presupuestaria y de Personal; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 1° de octubre de de 2009, don Sebastián Rivas Vargas solicitó al Director Nacional del Servicio Electoral (en adelante SERVEL) copia del padrón alfabético computacional de inscripciones electorales vigentes, varones y mujeres.

2) RESPUESTA: El 2 de octubre de 2009, mediante Of. Ord. N° 10.305, el Director Nacional del Servicio Electoral respondió lo siguiente:

a) Se le informa al requirente que lo solicitado se encuentra a la venta como un producto electoral del órgano y puede ser adquirido por cualquier persona.

b) Señala que el producto electoral requerido tiene un valor a nivel nacional de $21.698.799, IVA incluido, de acuerdo al valor de la UTM del mes de septiembre. No obstante lo anterior, indica que el producto electoral puede ser adquirido desagregadamente por región, circunscripción senatorial, distrito, comuna, circunscripción electoral y registro, para lo que se le sugiere al requirente consultar la página web del SERVEL, particularmente, la página 5 del “Catálogo de Productos Electorales”.

c) Por último, manifiesta que el SERVEL no tiene inconveniente en atender la solicitud, previa cancelación del producto.

3) AMPARO: Don Sebastián Rivas Vargas, en virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el art. 24 de la Ley de Transparencia, formuló amparo ante este Consejo el 14 de octubre de 2009 por el pago asociado a la información requerida, manifestando, además, lo siguiente:

a) Si bien en este caso no ha habido una denegación de información, estima que en virtud del monto exigido se estaría vulnerando la Ley de Transparencia.

b) Lo anterior, pues el principal fundamento del SERVEL para vender los datos solicitados es que son públicos, situación que le parece contradictoria con el alto valor que se cobra por ellos, en circunstancias que la información se encuentra disponible por un valor mucho más barato.

c) Podría entenderse que la suma cobrada representa el costo de reproducción si hubiera pedido el padrón de forma impresa, pero en su solicitud lo requirió en formato digital al que se puede acceder, como el mismo SERVEL publica en su página web, a través de un CD, archivo de datos o imagen de listado.

d) Sostiene que el archivo con la información requerida debería haber sido enviado a su correo electrónico o, de no haber factibilidad técnica, debería habérsele cobrado el valor de reproducción de la información volcada en un disco compacto o CD, cuyo costo sería cerca de $200 y no más de veintiún millones de pesos que se le exige por el padrón requerido, sea impreso o digitalizado. Esta situación, agrega, se ve acentuada por la propia definición de “padrón alfabético computacional” que, en términos prácticos, implica sólo la conversión de un archivo y no su traspaso a otro soporte que, eventualmente, podría explicar el alto costo cobrado.

e) Asevera que en la respuesta del SERVEL se invocaron una serie de normas, entre ellas la Ley N° 18.556, de 1986, Orgánica Constitucional sobre el Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral; la Ley N° 18.768, de 1988, que establece las Normas Complementarias de Administración Financiera, de Incidencia Presupuestaria y de Personal para justificar su cobro por la información. Sin embargo, el art. 18 de la Ley de Transparencia señala que sólo se podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción y de los demás valores que una ley expresamente autorice cobrar por la entrega de la información solicitada.

f) Manifiesta que no se ha cumplido con el art. 18 de la Ley, dado que ninguna de las leyes individualizadas faculta expresamente al SERVEL para realizar el cobro, más allá de los valores de reproducción propiamente tales. Señala que la única norma que autoriza dicho cobro es la Resolución Exenta N° 862/2002, del SERVEL cuyo contenido desconoce, pero que no tiene el rango de ley.

g) Indica que en lo que se refiere a la venta de base de datos, respecto de otros órganos, éstos han señalado que el criterio ha cambiado desde la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, recalcando que la información es gratuita y sólo se cobran los costos de reproducción asociados. Por lo mismo, solicita a este Consejo que se requiera la entrega de la información, a través de un formato digital, sin que sea necesario el pago exigido, sino sólo los costos de reproducción asociados, como el valor del CD en caso de que no pueda ser enviada por correo electrónico.

h) Por último, el reclamante plantea su inquietud porque cierta información disponible en el padrón electoral, como el domicilio, la condición de discapacidad o el RUT pueden ser considerados como datos sensibles. Agrega que el hecho de que sea obligatorio entregar estos datos para inscribirse en el registro electoral no implica otorgar expresamente el consentimiento para que se hagan públicos. Por lo tanto, solicita a este Consejo que se pronuncie sobre este punto y aclare si todos los datos que incluye el padrón electoral tienen el carácter de públicos o no.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo estimó admisible el presente amparo en sesión ordinaria N° 103, de 17 de noviembre de 2009. Se procedió, por consiguiente, a notificar el reclamo antedicho y a conferir traslado al Director Nacional del Servicio Electoral, mediante Oficio N° 970, de 15 de diciembre de 2009. Mediante Of. Ord. N° 030, de 5 de enero de 2010, el Director del SERVEL formuló los siguientes descargos u observaciones al presente amparo:

a) Indica que el costo cobrado por la información requerida se encuentra establecido en la Resolución Exenta N° 862/2002 del SERVEL.

b) Agrega que al SERVEL le es aplicable la Ley N° 18.768, de 1988, que establece las Normas Complementarias de Administración Financiera, de Incidencia Presupuestaria y de Personal, la que en su art. 83 dispone lo siguiente: “Facúltese a los Servicios dependientes de la Administración Central y Descentralizada del Estado, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, para cobrar el valor de costo de los documentos o copias de estos que proporcionen a los particulares para la celebración de contratos, llamados a licitación o por otra causa, y cuya dación gratuita no esté dispuesta por ley, sin perjuicio de mantener a disposición de los interesados los respectivos antecedentes cuando ello proceda. También podrán cobrar por la producción de fonogramas, videogramas e información soportada en medios magnéticos, sus copias o traspasos de contenido”.

c) En virtud de lo anterior, el Director Nacional del Servicio Electoral señala que con el objeto de establecer el costo de reproducción de los documentos que se solicitasen, se dictó la Resolución Exenta N° 862/2002, la que en cumplimiento del Ord. N° 877/2009, del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que imparte instrucciones a los órganos de la Administración para fijar los costos de reproducción, fue modificada por la Resolución Exenta N° 1076/2009, con el fin de actualizar algunos valores e incorporar las normas de la Ley de Transparencia, relacionadas con la facultad de efectuar cobros por los documentos requeridos, especialmente el art. 18 de la Ley.

d) Indica que la Resolución Exenta N° 1076/2009 establece que el valor de las inscripciones electorales por cada 1.000 inscritos es de 0,06030 UTM ($2.205). Acompaña copia de ambas resoluciones aludidas a sus descargos.

e) Por último, señala que no se ha denegado el acceso a la información al reclamante, sino que sólo se le señaló la forma y el costo para la entrega de la información requerida en cumplimiento con la normativa vigente sobre la materia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que los arts. 5° y 10 de la Ley de Transparencia establecen el derecho de toda persona a acceder a los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictación. Asimismo, permiten acceder a la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que se encuentre sujeta a las excepciones contempladas en el art. 21 de la Ley.

2) Que la Ley N° 18.556, de 1986, Orgánica Constitucional sobre el Sistema de Inscripciones Electorales y el Servicio Electoral, declara en su art. 25 que: “Las inscripciones se harán en libros denominados Registros Electorales. Estos contendrán un total de trescientas cincuenta inscripciones cada uno. Existirán Registros separados para varones y mujeres, en los cuales se practicarán las inscripciones de los chilenos y de los extranjeros con derecho a sufragio. Los Registros serán públicos y llevarán la especificación de la región, provincia y circunscripción a que pertenecieren, un número de orden correlativo y la mención ‘Varones’ o ‘Mujeres’, según corresponda” (lo destacado es nuestro).

3) Que el art. 27 de la Ley N° 18.556 prescribe que cada Registro Electoral debe contener la siguiente información:

i) Numeración impresa y sucesiva de cada una de las inscripciones, con la anotación abreviada de su fecha;

ii) Anotación de los nombres y apellidos que constan en la cédula de identidad;

iii) Nacionalidad;

iv) Profesión u oficio;

v) Fecha de nacimiento;

vi) Domicilio, con indicación de la comuna y calle o camino con su numeración o el nombre del predio;

vii) Número de la cédula nacional de identidad o para extranjeros;

viii) En el caso de extranjeros, debe dejarse constancia de que cumplen con el requisito de avecindamiento exigido para sufragar;

ix) Constancia de la cancelación de la inscripción, con indicación de la causal y fecha;

x) Firma de la persona inscrita o constancia de la calidad de no vidente y analfabeta estampada por la Junta Inscriptora; e

xi) Impresión digital del pulgar derecho de la persona inscrita o del izquierdo o constancia de la causa que la imposibilite absolutamente para estamparla.

4) Que, en virtud de lo señalado en el considerando anterior, la información contenida en el Registro Electoral es pública y, por lo mismo, a ella puede acceder cualquier persona.

5) Que el padrón computacional alfabético de inscripciones electorales vigentes que requiere el reclamante consiste en la información contenida en los Registros Electorales —según las indicaciones señaladas en el considerando 3° precedente—, almacenada en una base de datos, la que es ofrecida por el SERVEL en su “Catálogo de productos” (al que puede accederse, en el vínculo “Centro de Documentación” de su página web, http://www.servel.cl/servel/index.aspx?channel=323). Conforme a este catálogo, el padrón electoral computacional es la “información de las inscripciones electorales vigentes, registradas en el Padrón Electoral Alfabético Computacional”, disponible “para cualquier persona que lo solicite”, señalándose que:

i) Incluye a los ciudadanos y extranjeros con derecho a sufragio cuya inscripción electoral se encuentra vigente a una fecha determinada.

ii) Contempla la entrega de actualizaciones de padrones electorales ya adquiridos.

iii) Los medios de entrega son: listado en papel, salvo el Total País y Región Metropolitana; archivo de datos en CD o imagen de listado en CD.

iv) Los datos que contiene, son los mismos que debe contener el Registro Electoral, saber: inscripción electoral (sexo, circunscripción, Nº de registro y de inscripción); fecha de inscripción; nombre completo; nacionalidad; profesión; fecha de nacimiento; domicilio; Nº de cédula de identidad; indicación de discapacidad (no vidente, analfabeto).

v) El producto se entrega a través de un ordenamiento realizado según la inscripción electoral (sexo, código de circunscripción, número de registro y de inscripción).

vi) El producto contempla una desagregación territorial, sea de todo el país, por regiones, por circunscripciones senatoriales, por distrito, por comuna, por circunscripción electoral y por Registro Electoral.

6) Que el valor de dicho producto electoral se encuentra fijado en la Resolución Exenta N° 0862/2002, del SERVEL, la que fue modificada por la Resolución Exenta N° 1.076/2009, que actualiza algunos de los valores establecidos en la resolución modificada, en virtud de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, según lo ha sostenido el propio órgano reclamado. En consecuencia, el valor que le fue cobrado al reclamante ascendía a 0,06030 UTM ($22.097, calculado según la UTM del mes de septiembre de 2009) por cada 1.000 inscripciones.

7) Que, según el SERVEL, la facultad para cobrar el valor del producto electoral requerido le fue conferida por el artículo único del D.L. N°2.136/1978, que autorizó el cobro del valor de ciertos documentos proporcionados por los servicios públicos, texto modificado por la Ley N° 18.681 y, especialmente, por el art. 83 de la Ley N° 18.768, de 1988, y cuyo inciso 1º señala: “Facúltese a los Servicios dependientes de la Administración Central y Descentralizada del Estado, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, para cobrar el valor de costo de los documentos o copias de estos que proporcionen a los particulares para la celebración de contratos, llamados a licitación o por otra causa, y cuya dación gratuita no esté dispuesta por ley, sin perjuicio de mantener a disposición de los interesados los respectivos antecedentes cuando ello proceda. También podrán cobrar por la producción de fonogramas, videogramas e información soportada en medios magnéticos, sus copias o traspasos de contenido” (lo destacado es nuestro).

8) Que el reclamante ha cuestionado el cobro de la información requerida ya que su eventual pago entrabaría el acceso a información que, como ya se ha establecido, tiene carácter público, vulnerando así la Ley de Transparencia y su Reglamento.

9) Que el art. 11 de la Ley de Transparencia establece dentro de los principios del derecho de acceso a la información el “principio de gratuidad” (letra k), conforme el cual “el acceso a la información de los órganos de la Administración es gratuito, sin perjuicio de lo establecido en esta Ley”. El precepto en comento hace referencia al art. 18 de la Ley, que prescribe, en su inc. 1°, que “sólo se podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción y de los demás valores que una ley expresamente autorice cobrar por la entrega de la información solicitada”.

10) Que, por su parte, el art. 20 del Reglamento de la Ley de Transparencia, se encarga de aclarar el contenido de los costos directos de reproducción que un órgano de la Administración del Estado puede cobrar a una persona que requiere información pública. Dicha norma, en primer lugar, se refiere a la gratuidad reiterando el contenido del principio legal en este sentido. El inc. 3° del art. 20 del Reglamento señala que: “Sólo se podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción y de los demás valores que una ley expresamente autorice cobrar por la entrega de la información solicitada. Para efectos de los señalado en la ley y en el presente reglamento, se entenderá por costos directos de reproducción todos aquellos que sean necesarios para obtener la información en el soporte que el requirente lo haya solicitado, excluyendo el valor del tiempo que ocupe el o los funcionarios para realizar la producción” (lo destacado es nuestro).

11) Que, entonces, el objeto de la controversia recae en determinar si el costo que cobra el SERVEL por el padrón electoral es concordante con el cobro de los costos de reproducción de la información requerida.

12) Que la Resolución Exenta 802/2002, modificada por la Resolución Exenta N°1.076/2009, ambas del mismo Servicio reclamado, establece un cobro por el padrón electoral alfabético en unidades que no están ligadas a los costos directos de reproducción y que podrían incorporar otros valores, como costos de recopilación, elaboración o procesamiento. En efecto, incrementar la cifra a cobrar conforme la cantidad de inscripciones requeridas sólo tendría sentido en cuanto el soporte requerido para reproducirlas fuese más caro, lo que no parece acontecer en la especie pues un CD puede contener muchas más que mil inscripciones, de manera que en tanto este soporte pueda contener la información requerida el precio debería ser el mismo: el costo de ese CD.

13) Por lo anterior, este Consejo estima que el Servicio reclamado sólo debe cobrar los costos de reproducción para la entrega de la información, en la forma y por el medio que el requirente haya señalado. Habiendo sido solicitada en este caso por correo electrónico o por CD, los costos directos de reproducción no pueden exceder del valor de un CD. Es más, no habría necesidad de cobrar costo alguno si el propio reclamante provee el soporte o si el Servicio entrega la información a través de correo electrónico, tal como lo señala el punto 3 de la Instrucción General Nº 6 de este Consejo, sobre gratuidad y costos directos de reproducción (“Reproducción electrónica o por cuenta del solicitante”), aprobada en nuestra sesión anterior y próxima a ser publicada en el Diario Oficial.

14) Que, por otro lado, el SERVEL ha argumentado que el cobro de la información requerida estaría autorizado por el art. 83 de la Ley N° 18.768, de 1988. Sin embargo y como ya declaró este Consejo en la decisión A167-09, de 5 de marzo de 2010, la Ley de Transparencia debe prevalecer sobre aquélla dado que es una ley posterior —vigente desde el 20 de abril de 2009— que regula con carácter general el cobro de los costos directos de reproducción tratándose de requerimientos de información. En virtud de ello, este Consejo considera que los montos estipulados en la Resolución Exenta N° 802/2002 del SERVEL, modificada por la Resolución Exenta N° 1.076/2009, contravienen el art. 18 de la Ley de Transparencia y el art. 20 de su Reglamento al exceder la cantidad que estas normas permiten cobrar, configurándose al exigir estos valores una denegación fáctica de información pública. Por ello se requerirá al SERVEL, en la parte resolutiva de esta decisión, la modificación de dichos actos administrativos.

15) Que el reclamante manifestó su inquietud por el carácter sensible de algunos datos personales contenidos en el padrón, específicamente la cédula nacional de identidad, el domicilio personal y la condición de no vidente o analfabeto, cuando corresponda. A este respecto puede señalarse que la Ley N° 18.556 señala categóricamente que “los Registros serán públicos”. El SERVEL ha elaborado con los datos de los registros o libros, bases de datos personales con la información contenida en ellos. Por lo tanto, este Consejo estima que existiendo una ley orgánica constitucional que declara que la información contenida en los registros electorales es pública –información que es la misma que contiene el padrón electoral computacional solicitado en la especie– no se puede requerir al órgano reclamado que tarje aquellos datos personales, ni aún bajo el amparo de la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales, ya que ésta fue aprobada con un quórum de ley simple que impide a este Consejo estimar que pudiese haber derogado tácitamente a una norma aprobada con quórum orgánico constitucional, como el art. 25 de la Ley N° 18.556.

16) Que, por otro lado, el carácter orgánico constitucional de esta Ley deriva del art. 18 de la Carta Fundamental, al señalar que “Habrá un sistema electoral público. Una ley orgánica constitucional determinará su organización y funcionamiento, regulará la forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios, en todo lo no previsto por esta Constitución y, garantizará siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los señalados procesos”. El carácter público del sistema electoral es, entonces, un dato que entrega la propia Constitución y no es posible subordinar su interpretación a una norma legal de quórum simple pues su regulación fue encargada, en exclusiva, a una ley de rango orgánico constitucional.

17) Que lo anterior explica, además, que aunque en decisiones anteriores este Consejo haya rechazado entregar los números de la cédula nacional de identidad (o los Roles Únicos Tributarios, R.U.T.) aplicando la Ley Nº 19.628, de 1999, como por ejemplo ocurrió en las decisiones A10-09 y A126-09, ambas de 31.07.2009, en esta ocasión estime que deben entregarse. En efecto, no sólo debe considerarse la publicidad establecida en la Ley Nº 18.556 sino, también, que su entrega es indispensable para asegurar el control social del padrón electoral, pues sólo a través de este código numérico es posible verificar que no existan inscripciones duplicadas, ya que identifica y diferencia a todos los ciudadanos con absoluta precisión.

18) Que aunque preocupe a este Consejo la difusión de algunos datos personales contenidos en los Registros Electorales, la claridad de la Ley N° 18.556 al disponer que la información contenida en ellos es pública impide desatenderla. De allí que corresponda a los órganos colegisladores y no a este Consejo resolver, a futuro, si es preciso modificar este estado de cosas.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Sebastián Rivas Vargas en contra del Servicio Electoral, por las consideraciones ya señaladas, con el voto disidente del Presidente del Consejo Directivo, don Juan Pablo Olmedo Bustos, quien fue de la opinión de que se entregare parcialmente la información requerida por las razones que se indicarán al final de esta decisión.

II. Requerir al Director Nacional del Servicio Electoral que:

1) Modifique la Resolución Exenta N° 802/2002 del SERVEL, modificada por la Resolución Exenta N° 1.076/2009, ajustándose a lo señalado en los considerandos 13° y 14° de esta decisión, dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde que ésta se encuentre ejecutoriada y proceda a cobrar al solicitante las sumas que resulten de la aplicación de tales criterios, bajo el apercibimiento de proceder según lo dispone el art. 46 de la Ley de Transparencia.

2) Entregue la información requerida a don Sebastián Rivas Vargas, dentro del plazo establecido en el numeral anterior, esto es, dentro de 30 días hábiles contados desde que la presente decisión se encuentre firme y ejecutoriada, bajo el apercibimiento de proceder según lo dispone el art. 46 de la Ley de Transparencia.

3) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Sebastián Rivas Vargas y al Director Nacional del Servicio Electoral.

VOTO DISIDENTE:

Decisión acordada con el voto disidente del Presidente del Consejo Directivo, don Juan Pablo Olmedo Bustos, quien no comparte los considerando 15º y siguientes y está por acoger sólo parcialmente el presente amparo, eliminando de la copia del padrón a entregar al solicitante la profesión, fecha de nacimiento, domicilio, número de cédula de identidad e indicación de discapacidad (no vidente, analfabeto) de las personas inscritas en los Registros, por las siguientes razones:

1) Que, si bien es cierto que la Ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre el Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, establece que los Registros Electorales serán públicos, lo solicitado en este amparo no son dichos libros sino que el “padrón alfabético computacional de inscripciones electorales vigentes”.

2) Que dicho padrón es, si aplicamos el art. 2º m) de la Ley Nº 19.628, de 1999, un “Registro o Banco de Datos”, esto es, un conjunto organizado de datos de carácter personal, automatizado, que permite “relacionar los datos entre sí, así como realizar todo tipo de tratamiento de datos”. En atención al art. 4º de la misma Ley un banco de datos sólo puede crearse cuando una Ley lo permite y, según el 9º, los datos allí contenidos “deben utilizarse sólo para los fines para los cuales se hubieren recolectado, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público”. Lo anterior es especialmente predicable de un órgano de la Administración del Estado que no tiene “más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico” (art. 2º Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado), esto es, se encuentra sujeto a una vinculación positiva a la ley. Por último, el art. 20 de la Ley Nº 19.628 sólo permite a los organismos públicos tratar datos personales “respecto de las materias de su competencia y con sujeción a las reglas precedentes”, o necesitará el consentimiento del titular.

3) Que la competencia del SERVEL está definida en el articulo 90 b) de la Ley Nº 18.556, que le encarga “Formar y mantener un boletín denominado Padrón Electoral, ordenado computacionalmente, el que contendrá la nómina alfabética de las personas habilitadas para ejercer el derecho a sufragio en los procesos electorales y plebiscitarios”.

4) Que nómina, según la definición de la Real Academia Española de la Lengua, es una “lista o catálogo de nombres de personas o cosas”, por lo que debe entenderse que la única información que el SERVEL está autorizado a tratar computacionalmente es el nombre de las personas y no la totalidad de los datos que están contenidos en los libros denominados “Registros Electorales”, sin que esto se oponga en absoluto a que aquéllos sean públicos. En consecuencia, no existe ninguna contradicción entre la Ley Nº 18.556 y la Ley Nº 19.628, como plantea la mayoría.

5) Que, sin embargo, revisados los demás datos que contiene el padrón computacional puede advertirse que algunos son generados por el propio SERVEL y/o resultan indispensables para una mínima transparencia del sistema electoral, como el sexo (relevante dado que nuestro sistema contempla colegios separados por sexo), la circunscripción electoral, el número de registro electoral, el número de inscripción electoral, la fecha de dicha inscripción y la nacionalidad. Por ello, dicha información también debe ser entregada.

6) Que, en cambio, los demás datos personales contenidos no tienen mayor interés en materia electoral. Ni la profesión, ni la fecha de nacimiento, ni el domicilio, ni el número de la cédula de identidad resultan indispensables para controlar estos procesos. En cambio, su tráfico indiscriminado —atendido el bajo costo que tiene la reproducción de esta información en soporte electrónico, según el criterio adoptado por esta decisión y que el suscrito comparte— arriesga severamente el derecho a la intimidad de las personas, pues implica que cualquiera podría tener acceso a esos datos, en circunstancias que el SERVEL no está autorizado a tratarlos informáticamente.

7) Que resultaría más grave aún entregar la indicación de discapacidad (no vidente, analfabeto) pues esta información, según la Ley Nº 19.628, es de carácter sensible, lo que impide tratarla salvo en los precisos casos que señala su art. 10 y que, en este caso, no concurren.

8) Que lo anterior se ve reforzado por el artículo 19 de nuestra Constitución que en su numeral 4º asegura a todas las personas el respeto y protección a su vida privada, límite que recoge el propio artículo 8º al admitir que la afectación de los derechos de las personas limita la publicidad de la información de los órganos del Estado.

9) Que, por último, una revisión sintética del entorno comparado demuestra el especial cuidado que muchos países tienen en esta materia. Así, por ejemplo, en España se prevé la creación de un “Censo Promocional” (o publicitario) —todavía no materializada— que contendría sólo ciertos datos de la información contenida en el Censo Electoral y sería una fuente accesible al público; en México, los datos personales incluidos en el Registro Federal de Electores son estrictamente confidenciales; y en Reino Unido, existe un Registro Electoral “completo” que es utilizado en las votaciones, y cuya recopilación y uso está limitado por ley a ciertos grupos e individuos, y también una versión editada del Registro Electoral, que sólo incluye a quienes voluntariamente han accedido a aparecer en ella. Todo esto aconseja ser especialmente prudente en esta materia.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Raúl Urrutia Ávila. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.