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Francisca Araya Jofré con MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO Rol: C942-13

Consejo para la Transparencia, 06/09/2013

Se dedujo amparo en contra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada sobre a) “Cuál es el número total de ciudadanos que, no siendo damnificados, han sido incluidos en resoluciones de asignación de subsidios de reconstrucción y en nóminas de beneficiarios, donde, por ley, sólo la mitad de los beneficiarios deben ser damnificados”. b) En la misma línea, solicito se me informe el número total de ciudadanos no damnificados que habitarán en conjuntos habitacionales construidos para damnificados y con fondos de reconstrucción”. El Consejo señaló que atendido que el disco compacto entregado a la reclamante, de acuerdo a lo señalado por la reclamada, contiene la totalidad de las resoluciones que otorgaron subsidios en el marco del Programa de Reconstrucción, cabe entender que lo requerido debe encontrarse contenido en las resoluciones ya entregadas a la solicitante. No obstante, revisado el CD remitido en respuesta a la solicitud, no se advierte que las resoluciones contenidas en ese disco compacto, permitan determinar cuáles de esas resoluciones se refieren a la situación consultada específicamente por la reclamante. Por lo anterior, este Consejo estima que la respuesta del órgano reclamado, en tanto se limitó a entregar las resoluciones que otorgaron los subsidios, no puede entenderse satisfactoria, por cuánto no se pronunció específicamente acerca de lo requerido en la especie.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Vivienda
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C942-13

Entidad pública: Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Requirente: Francisca Araya Jofré

Ingreso Consejo: 20.06.2013

En sesión ordinaria Nº 464 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de septiembre de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C942-13.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de abril de 2013, Francisca Araya Jofré solicitó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante también MINVU, la siguiente información:

a) “Cuál es el número total de ciudadanos que, no siendo damnificados, han sido incluidos en resoluciones de asignación de subsidios de reconstrucción y en nóminas de beneficiarios, donde, por ley, sólo la mitad de los beneficiarios deben ser damnificados”.

b) En la misma línea, solicito se me informe el número total de ciudadanos no damnificados que habitarán en conjuntos habitacionales construidos para damnificados y con fondos de reconstrucción”

c) “Copia de todas las resoluciones emitidas entre los años 2011 y 2013, en el marco del Programa Fondo Solidario de Vivienda, donde se asignan subsidios de reconstrucción, tanto para damnificados como para no damnificados”

d) “Copia de aquellas resoluciones de asignación de subsidios donde el número de no damnificados o de subsidios regulares supera el 20%, tal como lo permite la modificación de la resolución exenta 697 de 28 de enero de 2011, y que cambia el resuelvo 3 en su letra f”.

La requirente solicitó se le entregara dicha información en un CD.

2) RESPUESTA: El 30 de mayo de 2013, el MINVU respondió a dicho requerimiento de información mediante correo electrónico dirigido a la solicitante. Por dicho correo se señaló, en síntesis, lo siguiente:

a) La información que contiene las resoluciones de asignación de subsidios del Programa de Reconstrucción, antecedentes con los que tendrá respuesta a todas las consultas realizadas, se encuentra a su disposición en la oficina del SIAC del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ubicado en Serrano N° 15, entrepiso, por lo tanto, para su entrega deberá contactarse con la Srta. Elizabeth Benavides”

b) Procede la entrega de la información, puesto que no concurre ninguna de las causales de secreto o reserva del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 20 de junio de 2013, Francisca Araya Jofré dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada. Al respecto, la solicitante señaló, en síntesis, lo siguiente:

a) La información contenida en el CD es la misma que se entregó en el marco de otra solicitud de información presentada ante el MINVU, la que dio origen al amparo Rol C928-13. En virtud de lo anterior, se constata que el organismo reclamado otorga respuestas estándar, incompletas y desarticuladas.

b) La información requerida resulta esencial para establecer el número de personas que no siendo damnificados, accedieron a beneficios y recursos destinados para las personas que fueron afectadas por el terremoto del 27 de febrero, así como el número de personas que en efecto habitarán conjuntos habitacionales financiados a través de diferentes llamados especiales a subsidios de reconstrucción.

c) El año 2011 se dictaron dos resoluciones exentas, N° 697 y 699, que autorizan que los conjuntos habitacionales de la reconstrucción sean ocupados por personas no damnificadas en un porcentaje que puede oscilar entre un 20% y hasta 50% mediante resolución fundada del Director del MINVU Regional correspondiente, que es lo que se solicita en el literal d) de la solicitud.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo, mediante Oficio N° 2.580, de 26 de junio de 2013, trasladó el presente amparo al Sr. Subsecretario de Vivienda y Urbanismo. Por dicho Oficio se solicitó especialmente que al formular sus descargos remitiese copia íntegra de la respuesta entregada a la reclamante.

Mediante Ordinario N° 90, de 22 de julio de 2013, el Sr. Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo presentó sus descargos, señalando, en síntesis que:

a) Señala que se habría notificado a la solicitante la prórroga del plazo para responder el 16 de mayo de 2013. El pasado 29 de mayo mediante correo electrónico se notificó a la solicitante la respuesta a su solicitud de información, dejándose a su disposición un CD con la información requerida, según el formato solicitado por la requirente.

b) Por lo señalado, de acuerdo al artículo 24 de la Ley de Transparencia y a los artículos 42 y 44 de su Reglamento, según los antecedentes que se adjuntan al presente amparo, a su juicio, éste fue interpuesto de manera extemporánea. La solicitante debió presentar el amparo como fecha límite el 19 de junio de 2013. Al haberlo interpuesto el 21 de junio pasado, según consta en los timbres de ingreso del amparo al Consejo, lo ha hecho una vez vencido el plazo que establecen las normas de la Ley de Transparencia y su Reglamento. Por tal motivo, debe concluirse que el amparo deducido por la Sra. Francisca Araya no puede admitirse a tramitación, debiendo declararse su inadmisibilidad.

c) El CD entregado contiene las resoluciones que han asignado subsidios de reconstrucción en el período señalado, a través del Programa Fondo Solidario de Vivienda, en las que se asignan subsidios de reconstrucción, tanto para damnificados como para no damnificados, según lo permiten los llamados de reconstrucción contenidos en las resoluciones Nos. 697 y 699, ambas de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

d) Por tanto, se atendió al tenor de la consulta, pues se remitió aquella información que obra en poder de la Administración, la que dice relación con las resoluciones otorgadas en razón de los llamados especiales de reconstrucción, las que individualizan a los beneficiarios damnificados y aquellos no damnificados, situación que permiten los respectivos llamados. A su juicio, no es posible atender de otra manera a la consulta sino mediante la remisión de las resoluciones que contienen a los beneficiarios, y que a través del análisis de las mismas podrá inferirse el detalle de la consulta realizada.

Y CONSIDERANDO:

1) Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, la autoridad o jefatura del órgano requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de 20 días hábiles, contados desde la recepción de la misma. En el presente caso, la solicitud de información que motivó este amparo ingresó al MINVU el 17 de abril de 2013, de modo que el término para pronunciarse sobre dicho requerimiento expiró, en principio el 16 de mayo del año en curso, sin que éste fuera respondido dentro de ese término legal, lo cual ocurrió tan sólo el 30 de mayo de 2013. No obstante que el órgano reclamado señaló en sus descargos haber prorrogado el plazo de respuesta, el MINVU no acreditó en este procedimiento la prórroga del plazo a que alude en sus descargos. Por lo tanto, este Consejo no puede tener por acreditada la prórroga alegada. De lo anterior se sigue que la respuesta del órgano reclamado fue extemporánea, lo que constituyó una infracción al deber legal descrito en el citado artículo 14, así como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) de la Ley de Transparencia, motivo por el cual se representará al MINVU la referida infracción en lo resolutivo del presente acuerdo.

2) Que, en el mismo sentido, el órgano reclamado solicitó que se declarase inadmisible el amparo de la especie por haber sido interpuesto por la solicitante extemporáneamente. A este respecto, cabe señalar que según lo previsto en el artículo 24 de la ley de transparencia, una vez vencido el plazo establecido en el artículo 14 para la entrega de la documentación requerida, o denegada la petición, el recurrente tendrá derecho a recurrir ante este Consejo, solicitando amparo a su derecho de acceso a la información. Dicha reclamación deberá presentarse dentro del plazo de 15 días, contado desde la notificación de la denegación de acceso a la información o desde que haya expirado el plazo de 20 días hábiles previsto en el artículo 14 para la entrega de la información. Si bien el plazo para contestar la solicitud de información expiró el 16 de mayo, la respuesta a la solicitud de información fue remitida a la solicitante el 30 de mayo del año 2012, según consta del correo electrónico que adjuntó la reclamante a su amparo, y no el 29 del mismo mes y año, como señaló el organismo reclamado en sus descargos. Por lo tanto, el plazo de 15 días para presentar el amparo ha de contarse desde que la reclamante recibió la respuesta a su solicitud de información, es decir, el 30 de mayo de 2013. En consecuencia, el plazo para deducir el amparo ante este Consejo venció el 20 de junio del año en curso, tal como lo sostiene el organismo reclamado. Ahora bien, cabe señalar que la solicitante presentó su amparo el 20 de junio de 2013, mediante el sistema de reclamos en línea, según consta en la ficha de ingreso de este Consejo, sin perjuicio que el timbre de Oficina de Partes establece, , una fecha posterior. En consecuencia, el amparo fue interpuesto dentro de plazo, debiendo desestimarse la alegación del organismo reclamado en este sentido.

3) Que, como cuestión previa, cabe señalar que las Resoluciones Exentas Nos. 697 y 699, ambas de 28 de enero de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, llamaron a concurso en condiciones especiales para proyectos de construcción del Programa Fondo Solidario de Vivienda en sus capítulos I y II para las regiones que indica, respectivamente. Al respecto cabe señalar lo siguiente:

a) Las postulaciones a los llamados especiales se rigen por el Programa Fondo Solidario de Vivienda. A modo de contexto, cabe tener presente que de acuerdo al artículo 1º del D.S. Nº 174, de 2005, del MINVU, el programa “Fondo Solidario de Vivienda” está destinado a dar una solución habitacional preferentemente a las familias del primer quintil de vulnerabilidad. Corresponde al MINVU, directamente o a través del SERVIU, otorgar mediante dicho sistema de atención, un subsidio destinado a financiar la adquisición o construcción de una vivienda.

b) En términos generales, la obtención de los subsidios respectivos tiene lugar previo desarrollo de un procedimiento concursal que contempla un conjunto de etapas que el mismo reglamento se encarga de regular pormenorizadamente. Así, existe una fase de postulación a la que se asocia: la preparación del proyecto respectivo a través de la EGIS, el ingreso del proyecto a un banco de proyectos que administra el SERVIU y el MINVU; la acreditación del terreno respectivo y el detalle de financiamiento del proyecto. En la fase de revisión queda comprendida la calificación del proyecto a través de una Comisión Técnica Evaluadora del SERVIU. En la fase de selección se eligen los proyectos para el otorgamiento de subsidio. El proceso finaliza con el pago de los subsidios y anticipos con cargo al fondo.

4) Que no obstante lo anterior, a través de las Resoluciones Exentas Nos. 697 y 699, se estableció que los postulantes a tales llamados especiales podrán no tener la calidad de damnificados, con las condiciones y requisitos que en dicha normativa se señala. Específicamente, el N° 3 letra i) de cada una de las resoluciones en análisis dispuso, que “los postulantes participantes de esos llamados especiales, que tengan la condición de damnificados, deberán presentar Ficha de Protección Social, pero en el caso de postulantes no propietarios de la vivienda, no se aceptará su postulación cuando éste u otro integrante de su Ficha de Protección Social hayan integrado un grupo familiar identificado en una Ficha de Protección Social distinta, compuesta por 6 o menos personas, de fecha igual o anterior al 3 de marzo del año 2010. El Puntaje de Carencia Habitacional del postulante damnificado podrá superar el puntaje de ingreso establecido mediante resolución exenta N° 7.080 (V. y U.), de 2008, para el primer quintil. Por otra parte, los postulantes que formen parte de grupos organizados y no tengan la calidad de damnificados, deberán acreditar Puntaje de Carencia Habitacional igual o inferior a 8.500 puntos. No obstante lo anterior, si un 70% de los postulantes no damnificados acredita un Puntaje de Carencia Habitacional igual o inferior a 8.500 puntos, el 30% restante de postulantes no damnificados podrá acreditar un Puntaje de Carencia Habitacional igual o inferior a 13.484 puntos”. (lo subrayado es nuestro).

5) Que por el literal a) de la solicitud, se requirió el “número total de ciudadanos que, no siendo damnificados, han sido incluidos en resoluciones de asignación de subsidios de reconstrucción y en nóminas de beneficiarios, donde, por ley, sólo la mitad de los beneficiarios deben ser damnificados”. Lo solicitado ha de entenderse como el número total de personas no damnificadas que fueron incluidas en resoluciones que han otorgado subsidios, en el marco del Programa de Reconstrucción. Atendida la normativa citada en los considerandos precedentes, se concluye que el MINVU, al otorgar los subsidios respectivos, debió ponderar en cada caso la situación particular de los postulantes a los beneficios consultados, toda vez que, de acuerdo a lo señalado, los respectivos subsidios correspondientes al Programa de Reconstrucción admitieron la posibilidad de que postularan tanto personas damnificadas como no damnificadas. Para ser incluido en las respectivas resoluciones que otorgaron subsidios, los postulantes debían dar cumplimiento de ciertos requisitos, los cuáles variaban en cada caso, dependiendo si el postulante era o no damnificado.

6) Que el MINVU remitió a la solicitante un disco compacto, que contiene la totalidad de las resoluciones que otorgaron subsidios de reconstrucción. Revisado el disco compacto, éste contiene un total de 887 documentos en formato PDF, que corresponden a los actos administrativos o resoluciones que, a nivel nacional, asignaron subsidios de reconstrucción. Para cada caso en particular, se constata que las resoluciones acompañadas aprueban nóminas de personas beneficiarias con los subsidios, con indicación de su nombre completo, cédula de identidad, región, comuna, monto del subsidio y tipo de proyecto. Analizadas tales resoluciones, se advierte que las mismas no presentan un nivel de desagregación tal como el solicitado por la reclamante, que le permita deducir el número de personas no damnificados beneficiarios de subsidios de reconstrucción. Atendido que dicha circunstancia debió ser conocida por el órgano reclamado, toda vez que tuvo que ponderar en cada caso la situación de los postulantes, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos específicos para personas damnificadas como no damnificadas, a juicio de este Consejo, dicha información debe obrar en poder de la reclamada, en términos tales que permita dar satisfacción a la solicitud, de la manera requerida, esto es, a través del señalamiento del número total de personas no damnificadas incluidos en resoluciones que otorgaron subsidios de reconstrucción. Por lo anterior, se acogerá el amparo en esta parte y se requerirá al organismo reclamado que entregue a la reclamante el número total de personas que, no siendo damnificados, han sido incluidos en resoluciones de asignación de subsidios de reconstrucción y en nóminas de beneficiarios, o en caso que no cuente con tal información en los términos pedidos, señale tal circunstancia expresamente al requirente, conforme lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información.

7) Que por el literal b) de la solicitud, la requirente solicitó “el número total de ciudadanos no damnificados que habitarán en conjuntos habitacionales construidos para damnificados y con fondos de reconstrucción”. De acuerdo a lo señalado por la reclamante en su amparo, específicamente lo indicado por ésta en la letra b) del N° 3) de lo expositivo, este Consejo colige que lo requerido en la especie es la cantidad total de personas que “en efecto habitarán conjuntos habitacionales financiados a través de diferentes llamados especiales a subsidios de reconstrucción”. Sobre la materia, cabe señalar que en el marco de los subsidios entregados por el Programa de Reconstrucción, derivados del terremoto de 27 de febrero de 2010, el Gobierno incluyó dentro de los beneficiarios a propietarios de conjuntos habitacionales afectados por el señalado terremoto. A modo de ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, haciendo uso de la facultad del artículo 3° inciso 7° del citado Decreto Supremo N° 174, para asignar directamente por resoluciones hasta un 30 % de la cantidad de recursos dispuestos, en casos de emergencias derivadas de catástrofes tales como sismos, desastres naturales, incendios u otras, determinó la asignación directa de subsidios del Fondo Solidario de Vivienda para familias damnificadas que conforman Proyectos en las comunas de San Joaquín y Ñuñoa, por considerarse que dichas familias se encontraban en una situación de urgente necesidad habitacional, dado que sus viviendas resultaron gravemente dañadas por el sismo. El otorgamiento de esos subsidios se realizó por Resolución N° 10.040, de 29 de diciembre de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por el cual se asignaron 326 subsidios habitacionales del Programa Fondo Solidario de Vivienda I, modalidad de construcción en nuevos terrenos, para 326 familias damnificadas pertenecientes a conjuntos habitacionales emblemáticos de la comuna de Ñuñoa y San Joaquín, de la Región Metropolitana, por un monto de hasta 850 Unidades de Fomento.

8) Que revisada la Resolución Exenta que N° 10.040, a efectos de determinar si, en términos generales, las resoluciones que otorgaron subsidios para conjuntos habitacionales identifican las personas que “habitarán” tales conjuntos, se advierte que ésta dispone las familias beneficiadas por los subsidios, identificando al respectivo titular de la vivienda afectada. Por lo señalado, puesto que lo requerido es la cantidad total de personas que habitarán efectivamente las viviendas correspondientes a conjuntos habitacionales, entregadas en el marco del Programa de Reconstrucción, este Consejo estima que para responder a la solicitud en los términos planteados, el MINVU debería realizar un catastro a posteriori, que permita establecer la cantidad total de personas no damnificadas que efectivamente se encuentran habitando tales viviendas, toda vez que la totalidad de las mismas, pueden no coincidir con las titulares de los beneficios. Atendido que la reclamada se limitó a remitir el disco compacto que contiene las resoluciones que otorgaron subsidios, dicha respuesta no puede considerarse satisfactoria, por cuanto no se pronunció derechamente sobre lo pedido. Por lo tanto, no habiéndose pronunciado la solicitada acerca de la solicitud en análisis en los términos indicados, se acogerá el amparo en esta parte, y se requerirá al organismo reclamado que entregue dicha información, o en caso que ésta no obre en su poder, señale tal circunstancia expresamente al requirente, conforme lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información.

9) Que en lo que atañe al literal c) de la solicitud, la requirente solicitó “Copia de todas las resoluciones emitidas entre los años 2011 y 2013, en el marco del Programa Fondo Solidario de Vivienda, donde se asignan subsidios de reconstrucción, tanto para damnificados como para no damnificados”. Al respecto, el CD que fue remitido por la reclamada a la solicitante, conforme lo indicado por el MINVU en su respuesta y descargos, contendría copia de la totalidad de las resoluciones requeridas por la solicitante. Atendido que tales resoluciones asignaron subsidios respecto de personas damnificadas como no damnificadas, este Consejo concluye que lo entregado contiene las resoluciones requeridas, en tanto tales archivos dan cuenta de los beneficios otorgados en el marco del Programa de Reconstrucción. En consecuencia, se rechazará el amparo sobre este punto, teniendo por cumplida la obligación de informar en esta materia.

10) Que, finalmente, respecto del literal d) de la solicitud, se requirió “copia de aquellas resoluciones de asignación de subsidios donde el número de no damnificados o de subsidios regulares supera el 20%, tal como lo permite la modificación de la resolución exenta 697 de 28 de enero de 2011, y que cambia el resuelvo 3 en su letra f”. Sobre ésta solicitud, cabe señalar que el Programa de Reconstrucción, consideró dentro de sus beneficiarios a personas que no tuvieran el carácter de damnificado. Al respecto, la Resolución Exenta N° 697, de 4 de febrero de 2011, estableció en el numeral 3° literal f) lo siguiente: “Para proyectos colectivos participantes en el presente llamado, se exigirá que el grupo organizado esté integrado, a lo menos, con un 80% de familias damnificadas. Excepcionalmente, mediante resolución fundada del Director del Serviu de la Región correspondiente, podrá autorizarse la participación de proyectos con un porcentaje menor al antes señalado, pero no inferior al 50%.” Al tenor de la norma en análisis, se concluye que lo requerido es la copia de las resoluciones que asignaron subsidios en que el número de personas no damnificadas haya superado el 20 %. Dicha situación excepcional, acontece en virtud de resolución fundada del Director del SERVIU correspondiente, se produce en aquellos casos en que esa autoridad a nivel regional, haya autorizado la participación de proyectos a personas damnificadas con un porcentaje menor al 80 %, pero no inferior del 50 %. De lo anterior se concluye que, en algunos casos excepcionales, los postulantes a los proyectos habitacionales pudieron haber superado el 20% de personas no damnificadas, límite máximo establecido por la norma.

11) Que atendido que el disco compacto entregado a la reclamante, de acuerdo a lo señalado por la reclamada, contiene la totalidad de las resoluciones que otorgaron subsidios en el marco del Programa de Reconstrucción, cabe entender que lo requerido debe encontrarse contenido en las resoluciones ya entregadas a la solicitante. No obstante, revisado el CD remitido en respuesta a la solicitud, no se advierte que las resoluciones contenidas en ese disco compacto, permitan determinar cuáles de esas resoluciones se refieren a la situación consultada específicamente por la reclamante. Por lo anterior, este Consejo estima que la respuesta del órgano reclamado, en tanto se limitó a entregar las resoluciones que otorgaron los subsidios, no puede entenderse satisfactoria, por cuánto no se pronunció específicamente acerca de lo requerido en la especie.

12) Que atendido lo señalado precedentemente, estimándose que la información ha de ser conocida por el MINVU, en tanto se trata de una situación excepcional, en aplicación a una normativa específica contenida en una Resolución Exenta dictada por el propio órgano reclamado, no habiéndose pronunciado la reclamada acerca de la solicitud en análisis en los términos indicados, se acogerá el amparo en esta parte, y se requerirá al organismo reclamado que entregue la información requerida, sea remitiendo a la solicitante copia de los resoluciones solicitadas, o bien identificando los números de las resoluciones contenidas en el disco compacto, que permitan satisfacer lo requerido en la especie, según mejor estime el propio órgano. En caso que no se hayan dicado resoluciones como las solicitadas, señale tal circunstancia expresamente a la requirente, conforme lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Francisca Araya Jofré, en contra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario de Vivienda y Urbanismo que:

a) Entregue a la solicitante:

i. El número total de personas que, no siendo damnificados, han sido incluidos en resoluciones de asignación de subsidios de reconstrucción y en nóminas de beneficiarios, o en caso que no cuente con tal información en los términos pedidos, señale tal circunstancia expresamente al requirente, conforme lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información.

ii. La totalidad de las personas no damnificadas que habitan efectivamente conjuntos habitacionales, o en caso que dicha información no obre en su poder, señale tal circunstancia expresamente a la requirente, conforme lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información.

iii. La información solicitada por la letra d) del requerimiento de acceso, sea remitiendo a la solicitante copia de los resoluciones solicitadas, o bien identificando los números de las resoluciones contenidas en el disco compacto ya entregado a la solicitante, que cumplan los requerimientos solicitados, según mejor estime el propio órgano. En caso que no se hayan dicado resoluciones como las solicitadas, señale tal circunstancia expresamente a la requirente, conforme lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información.

b) Cumpla tales requerimientos dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé N° 115, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Representar al Sr. Subsecretario de Vivienda y Urbanismo la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber respondido al solicitante dentro del plazo previsto en el referido artículo 14. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.

IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Francisca Araya Jofré y al Sr. Subsecretario de Vivienda y Urbanismo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que el consejero don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre a este acuerdo.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.