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Macarena Rodríguez Atero con SUBSECRETARIA DEL INTERIOR Rol: C945-13

Consejo para la Transparencia, 30/08/2013

Se dedujo amparo en contra de la Subsecretaría del Interior, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud sobre a) “El número total de recursos judiciales de reclamación de nacionalidad (Art. 12 CPR) notificados al Departamento de Extranjería y Migración o en que éste se haya hecho parte, durante los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 (segmentado por año); y, b) Número total de recursos judiciales de reclamación de expulsión (art. 89 DL 1094) notificados al Departamento de Extranjería y Migración, o en que éste se haya hecho parte durante el año 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 (agrupadas por año). El Consejo señaló que la información solicitada, en tanto refiere a datos estadísticos relativos al número total de recursos de reclamación por expulsión de extranjeros, que hayan sido notificados al Ministerio del Interior, a través del Departamento de Extranjería y Migración, o que éste se haya hecho parte, se trata de información que ha de obrar en poder de la reclamada, por lo que en principio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley de Transparencia, constituye información pública, salvo que a su respecto concurra alguna causal de secreto o reserva, las que tampoco han sido invocadas en la especie. Por lo tanto, se acogerá el amparo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C945-13

Entidad pública: Subsecretaría del Interior

Requirente: Macarena Rodríguez Atero

Ingreso Consejo: 21.06.2013

En sesión ordinaria Nº 462 del Consejo Directivo, celebrada el 30 de agosto de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C945-13.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de abril de 2013, Macarena Rodríguez Atero solicitó a la Subsecretaría del Interior la siguiente información:

a) “El número total de recursos judiciales de reclamación de nacionalidad (Art. 12 CPR) notificados al Departamento de Extranjería y Migración o en que éste se haya hecho parte, durante los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 (segmentado por año); y,

b) Número total de recursos judiciales de reclamación de expulsión (art. 89 DL 1094) notificados al Departamento de Extranjería y Migración, o en que éste se haya hecho parte durante el año 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 (agrupadas por año).”

2) PRÓRROGA DEL PLAZO PARA RESPONDER: Mediante Oficio Nº 11.769, de 27 de mayo de 2013, la Subsecretaria de Interior comunicó a la solicitante la prórroga por 10 días hábiles, de conformidad al artículo 14 de la Ley de Transparencia, para responder la solicitud de información, “con el objeto de recopilar y fotocopiar los antecedentes requeridos”.

3) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 21 de junio de 2013, doña Macarena Rodríguez Atero dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo trasladó el presente amparo al Sr. Subsecretario del Interior, mediante Oficio N° 2.643, de 28 de junio de 2013. Por dicho Oficio se solicitó especialmente a la citada autoridad que al formular sus descargos: (1°) indicase las razones por las cuales las solicitudes de información no habrían sido respondidas oportunamente; (2°) en caso de haber dado respuesta a los requerimientos de información, acreditase dicha circunstancia, acompañando copia de dichas respuestas, y los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de éstas, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inciso 2° de la Ley de Transparencia y, en el numeral 4.4., de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información; y, (3°) se refiriese a la eventual concurrencia de una causal de secreto o reserva de la información solicitada.

Mediante Oficio N° 15.861, de 15 de julio de 2013, la Sra. Subsecretaria del Interior (S) evacuó sus descargos, señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) A través de oficio N° 11.769, de 27 de mayo de 2013, esta Secretaría de Estado informó a la solicitante que atendido a que existían circunstancias que dificultaban las labores de recopilación de la información solicitada, haría uso de la prórroga a que alude el inciso segundo, del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

b) Mediante oficio N° 14.913, de 5 de julio de 2013, estando dentro del plazo establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, dio respuesta a la solicitud de acceso a la información. Al efecto, adjuntó copia de dicho oficio y del respectivo comprobante de envío.

Y CONSIDERANDO:

1) Que la solicitud de acceso a la información que dio origen al presente amparo fue presentada en la Subsecretaría del Interior el 29 de abril de 2013. Por lo tanto, el plazo para que el órgano se pronunciara sobre la misma, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, vencía, en principio, el 29 de mayo de 2013. No obstante, previo a su vencimiento, consta que la Subsecretaria de Interior hizo uso de la prórroga de 10 días prevista en el inciso 2° de la norma citada, a objeto de recopilar y fotocopiar los antecedentes requeridos, ampliando el plazo hasta el 12 de junio del año en curso.

2) Que, en cuanto a la facultad del órgano de prorrogar el plazo para dar respuesta a las solicitudes de acceso, este Consejo ha sostenido reiteradamente, a partir de la decisión recaída en el amparo Rol C1081-11, que éste es un mecanismo de carácter excepcional, que requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber: 1° que ésta sea comunicada al requirente antes del vencimiento del plazo de 20 días hábiles señalado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia; y 2° que sea fundada, por existir circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. Además, el órgano debe explicitar dichas circunstancias en el acto que disponga la prórroga, en términos tales como los enunciados en el numeral 6.2., de la Instrucción General N° 10 de este Consejo. En el presente caso, el fundamento de la prórroga del órgano reclamado no tiene directa relación con la solicitud misma de la recurrente, por cuanto lo solicitado es información estadística y no documentos que requieran de su copia para satisfacer la solicitud de la especie. Por lo tanto, no cumpliéndose el segundo de los requisitos de validez enunciados, cabe concluir que la prórroga del plazo fue improcedente en este caso. Si bien el órgano reclamado señaló en sus descargos que habría respondido la solicitud de acceso “estando dentro del plazo”, cabe desestimar dicha alegación, toda vez que el oficio de respuesta tiene una fecha posterior al vencimiento del plazo, aun considerando la prórroga decretada. Lo anterior constituye una transgresión a los artículos 14 y 16 de la Ley de Transparencia, como asimismo al principio de oportunidad previsto en el artículo 11 letra h), del mismo cuerpo legal. Tales infracciones le serán representadas en lo resolutivo de esta decisión.

3) Que, por su parte, revisado el Oficio N° 14.913, de 5 de julio de 2013, enunciado por la reclamada en sus descargos, este Consejo no advierte que aquél constituya una respuesta a la solicitud que dio origen a este amparo, toda vez que no contiene pronunciamiento respecto a los requerimientos comprendidos en la misma. En efecto, si bien en el citado Oficio se menciona el amparo Rol C945-13, su contenido únicamente hace referencia a otra solicitud de acceso a la información, que dio origen al amparo Rol C944-13, presentado por la misma solicitante en contra de igual órgano. Por lo tanto, no resulta posible a este Consejo tener por satisfecha la obligación de informar en este caso, en tanto el órgano reclamado, ni en su respuesta –por ausencia de la misma– ni en sus descargos –por las razones precitadas–, se ha pronunciado expresamente sobre la solicitud en análisis, sea proporcionando la información solicitada o negándose a ello, dentro del plazo legal.

4) Que lo requerido tiene por objeto la entrega de información estadística por parte del Ministerio del Interior, respecto de los recursos judiciales que indica el solicitante. Cabe señalar, en lo pertinente, que el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior tiene por función, entre otras, la de “garantizar el cumplimiento de la legislación de extranjería vigente en el país, relativa al ingreso, egreso, residencia definitiva o temporal, expulsión y regulación de los ciudadanos extranjeros que permanecen en el territorio nacional, en el marco de la Política Nacional Migratoria del Gobierno de Chile. Su objetivo central es liderar el desarrollo de una Política Nacional de Migraciones y Refugio, que permita enfrentar los desafíos y oportunidades que las migraciones generan en el país. Con este propósito, al Departamento de Extranjería y Migración le corresponde: analizar las solicitudes de residencia temporal, permanente, refugio y nacionalización, promover acciones de acogida que incentiven la integración de los inmigrantes, promover la modernización institucional, legislativa y de gestión migratoria en Chile y desarrollar e implementar el Instructivo Presidencial de Política Migratoria ”. En efecto, el Decreto Ley N° 1.094, de 19 de julio de 1975, mediante el cual se regula la permanencia de extranjeros en nuestro país, dispone en su artículo 92 que “corresponderá al Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, el que en adelante se denominará Departamento de Extranjería y Migración, aplicar y supervigilar directamente el cumplimiento de las normas del presente decreto ley y su reglamento”.

5) Que por el literal a) de la solicitud, la requirente solicitó “El número total de recursos judiciales de reclamación de nacionalidad (Art. 12 CPR) notificados al Departamento de Extranjería y Migración o en que éste se haya hecho parte, durante los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 (segmentado por año). Al respecto, cabe señalar que el artículo 12 de la Constitución Política de la República dispone que “La persona afectada por acto o resolución de autoridad administrativa que la prive de su nacionalidad chilena o se la desconozca, podrá recurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, dentro del plazo de treinta días, ante la Corte Suprema, la que conocerá como jurado y en tribunal pleno. La interposición del recurso suspenderá los efectos del acto o resolución recurridos”.

6) Que, de acuerdo a la norma antes señalada, la acción constitucional en comento procede en aquellos casos en que una persona hubiere sido privada de su nacionalidad chilena o ésta se desconocida, por un acto o resolución de autoridad administrativa. La tramitación de la señalada acción constitucional se encuentra en el Auto Acordado de la Corte Suprema, de 1976, el cual establece, en lo pertinente, que junto con la resolución que someta a tramitación la acción, se concede un plazo a la autoridad administrativa recurrida, con el objeto de que ésta informe respecto del acto o resolución a la cual se le atribuye que priva o desconoce la nacionalidad. Por lo anterior, se concluye que en aquellos casos en que el acto o resolución de la autoridad hubiere sido dictado por el Ministerio del Interior en materias que atañen al Departamento de Extranjería y Migración, éste debió haber sido notificado del recurso de que se trata, a objeto de evacuar los informes respectivos. Del mismo modo, el Decreto Ley N° 1.094, o Ley de Extranjería, en su artículo 91, regula las funciones del Ministerio del Interior en relación a las materias contempladas en dicho cuerpo legal, dentro de las cuáles se establece que corresponde a ese Ministerio declarar, en caso de duda, si una persona tiene la calidad de extranjera. En esa línea, la normativa atribuye al Departamento de Extranjería y Migración la facultad de pronunciarse acerca de la nacionalidad de las personas en dicha situación. Por lo tanto, el Ministerio del Interior puede ser notificado o hacerse parte de la reclamación de que se trate, en el evento que el desconocimiento o privación de la nacionalidad se haya generado en un pronunciamiento de ese órgano.

7) Que en consecuencia, lo solicitado es información estadística que debe obrar en poder del órgano reclamado, toda vez que, de haber sido notificado a objeto de informar alguna reclamación o de haberse hecho parte en la misma ante la Corte Suprema, a través de su Departamento de Extranjería y Migración, dicha información debe constar en sus registros. Por lo tanto, en cuanto se trata de información estadística que da cuenta de las cantidades totales de recursos judiciales que han sido notificados al Ministerio reclamado a través del Departamento indicado, o respecto de los cuáles éste se ha hecho parte, es información en principio pública, a menos que a su respecto se configure alguna de las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, las que, en la especie, no han sido alegadas por la reclamada. Por lo tanto, se acogerá el amparo en esta parte, y se requerirá a la reclamada que entregue a la solicitante un listado con el número total de recursos judiciales de reclamación de nacionalidad que hayan sido notificados al Departamento de Extranjería y Migración, o en que éste se haya hecho parte, durante los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, segmentado por año. Si la información no fuere habida o ésta no existiera, por no haberse presentado recursos como los señalados; o, de haberse interpuesto, no hayan sido notificados al Ministerio del Interior, a través del Departamento de Extranjería y Migración, o éste no se hubiere hecho parte, deberá comunicar tales circunstancias al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen, de conformidad con lo prescrito al efecto por este Consejo en su Instrucción General N° 10, punto 2.3, literal b).

8) Que, por su parte, a través del literal b) de la solicitud, se requirió el “Número total de recursos judiciales de reclamación de expulsión (art. 89 DL 1094) notificados al Departamento de Extranjería y Migración, o en que éste se haya hecho parte durante el año 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 (agrupadas por año)”. Sobre la materia, cabe señalar que el Decreto Ley N° 1.094 establece en su artículo 84, en lo pertinente, que “La medida de expulsión de los extranjeros será dispuesta por decreto supremo fundado, suscrito por el Ministro del Interior bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", en el que se reservarán al afectado los recursos administrativos y judiciales legalmente procedentes”. A su turno, el artículo 89 del mismo cuerpo normativo y artículo 174 de su Reglamento, establece que: “El extranjero cuya expulsión hubiere sido dispuesta por decreto supremo, podrá reclamar judicialmente por sí o por medio de algún miembro de su familia, ante la Corte Suprema dentro del plazo de 24 horas, contado desde que hubiere tomado conocimiento de él. Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte Suprema procediendo breve y sumariamente fallará la reclamación dentro del plazo de 5 días, contado desde su presentación. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la orden de expulsión, y durante su tramitación el extranjero afectado permanecerá privado de su libertad en un establecimiento carcelario o en el lugar que el Ministro del Interior o el Intendente determinen”.

9) Que al tenor de la citada normativa, cabe concluir que lo requerido en la especie es la cantidad o número total de recursos presentados por extranjeros expulsados del país, en virtud de un Decreto Supremo suscrito por el Ministro del Interior, que hayan sido notificados al Departamento de Extranjería o Migración, o respecto de los cuales el Ministerio se haya hecho parte, los años especialmente consultados por la reclamante. Al respecto, cabe señalar que la Corte Suprema, conociendo de los recursos presentados por extranjeros expulsados del país, en el marco de la reclamación en análisis, requiere informe al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior. A modo de ejemplo, pueden citarse las sentencias Roles 1230-2010 y 24-2012, las que pueden revisarse en los links http://legisinforma.com/legischile/Jurisprudencia/2009/marzo2010/2.htm y http://legisinforma.com/legischile/Jurisprudencia/2012/marzo/31.html (ambos revisados el 27 de agosto de 2013). En consecuencia, la información solicitada, en tanto refiere a datos estadísticos relativos al número total de recursos de reclamación por expulsión de extranjeros, que hayan sido notificados al Ministerio del Interior, a través del Departamento de Extranjería y Migración, o que éste se haya hecho parte, se trata de información que ha de obrar en poder de la reclamada, por lo que en principio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley de Transparencia, constituye información pública, salvo que a su respecto concurra alguna causal de secreto o reserva, las que tampoco han sido invocadas en la especie. Por lo tanto, se acogerá el amparo en esta parte y se requerirá a la reclamada que entregue a la solicitante la información estadística requerida por la letra b) del requerimiento, o bien, de no contar con la información requerida para la totalidad de los años solicitados por la requirente de conformidad con lo prescrito al efecto por este Consejo en su Instrucción General N° 10, punto 2.3, literal b), deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por Macarena Rodríguez Atero, en contra de la Subsecretaría del Interior, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario de Interior que:

a) Entregue a la solicitante:

i. La información estadística requerida por el literal a) de la solicitud de información, o bien, si la información no fuere habida o ésta no existiera, por no haberse presentado recursos como el señalado, o, de haberse éstos interpuesto, no hayan sido notificados al Ministerio del Interior, a través del Departamento de Extranjería y Migración, o éste no se hubiere hecho parte, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen, de conformidad con lo prescrito al efecto por este Consejo en su Instrucción General N° 10, punto 2.3, literal b).

ii. La información estadística requerida por la letra b) del requerimiento de acceso, o bien, de no contar con la información requerida para la totalidad de los años solicitados por la requirente, de conformidad con lo prescrito al efecto por este Consejo en su Instrucción General N° 10, punto 2.3, literal b), deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen.

b) Cumpla dichos requerimientos en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Subsecretario del Interior, que al no dar respuesta a la solicitud de acceso a la información dentro del plazo previsto en los artículos 14 y 16 de la Ley de Transparencia, ha infringido dichas disposiciones, así como también el principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) del mismo cuerpo normativo, por lo que deberá adoptar todas las medidas administrativas que permitan a su representada cumplir estrictamente con dichos plazos legales.

IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Macarena Rodríguez Atero y al Sr. Subsecretario de Interior.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que el Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre a la presente decisión, por no asistir a esta sesión.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.