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Viviana Ruiz Oyarzo con PODER JUDICIAL Rol: C1594-13

Consejo para la Transparencia, 09/10/2013

Se dedujo amparo en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud sobre información sobre el día y hora para rendir examen para selección del personal transitorio del Poder Judicial. El Consejo señaló que el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia sólo dice relación con los órganos de la Administración del Estado que en ésta se señalan, de lo que resulta que no procede el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, en conformidad a la citada Ley de Transparencia, ante entidades que no invisten tal calidad, en consecuencia, al haberse realizado una presentación ante una entidad que no reviste la condición de órgano de la Administración del Estado y al haber deducido amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, lo ha hecho en contra de una entidad que no queda comprendida dentro del ámbito de competencia de esta Corporación, por lo que procede declarar la inadmisibilidad del presente amparo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Objetiva


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1594-13

Entidad reclamada: Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Requirente: Viviana Ruiz Oyarzo.

Ingreso Consejo: 30.09.2013.

En sesión ordinaria Nº 471 de su Consejo Directivo, celebrada el 9 de octubre de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información pública Rol C1594-13.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) Que, con fecha 23 de septiembre de 2013, doña Viviana Ruiz Oyarzo solicitó a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a través de correo electrónico, información sobre el día y hora para rendir examen para selección del personal transitorio del Poder Judicial.

2) Que, con fecha 30 de septiembre de 2013, doña Viviana Ruiz Oyarzo dedujo ante este Consejo, amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 33, letra b), de la Ley de Transparencia, corresponde a este Consejo resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad con la Ley de Transparencia.

2) Que, atendido lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia y los artículos 36 y 46 de su Reglamento, del examen preliminar de admisibilidad de la reclamación, este Consejo advierte que la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información pública se ha interpuesto en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, entidad dedicada a la administración de recursos y prestación de servicios al Poder Judicial, que se rige por las disposiciones del Título XIV del Código Orgánico de Tribunales y por los autos acordados que al efecto dicte la Corte Suprema. Al respecto, el artículo 506 del cuerpo legal citado dispone: “La administración de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales destinados al funcionamiento de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones y de los Juzgados de Letras, de Menores, del Trabajo y de Cobranza Laboral y Previsional, la ejercerá la Corte Suprema a través de un organismo denominado Corporación Administrativa del Poder Judicial, con personalidad jurídica, que dependerá exclusivamente de la misma Corte y tendrá su domicilio en la ciudad en que ésta funcione. La referida Corporación se regirá por las disposiciones de este Título y por los autos acordados que al efecto dicte la Corte Suprema, dentro de sus atribuciones, y le serán también aplicables las normas sobre administración financiera del Estado”.

3) Que, la Contraloría General de la República, en su dictamen N° 57.520, de 16 de diciembre de 2003, al pronunciarse sobre su competencia referente a la apertura, giros y mantenimientos de las cuentas corrientes de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, señaló que ésta “no es un servicio público de la administración estatal, por lo que debe ser excluido de la fiscalización que le correspondería efectuar en cuanto a cautelar la correcta administración de recursos del estado, sino que a su respecto sólo le cabe revisar el movimiento de las cuentas corrientes bancarias”. Dicho criterio ha sido sostenido, también en otros dictámenes, como el N° 39.107, de 27 de octubre de 1998, N° 37.378, de 29 de agosto de 2003 y N° 56.009, de 26 de noviembre de 2008”.

4) Que el artículo 1° de la Ley de Transparencia establece: “La presente ley regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones de publicidad de la información”.

5) Que, en este contexto, el artículo 2° de la misma Ley establece que: “Las disposiciones de esta ley serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. La Contraloría General de la República y el Banco Central se ajustarán a las disposiciones de esta ley que expresamente ésta señale, y a las de sus respectivas leyes orgánicas que versen sobre los asuntos a que se refiere el artículo 1º precedente. También se aplicarán las disposiciones que esta ley expresamente señale a las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio. Los demás órganos del Estado se ajustarán a las disposiciones de sus respectivas leyes orgánicas que versen sobre los asuntos a que se refiere el artículo 1º precedente”.

6) Que, de las normas citadas resulta claramente establecido que el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia sólo dice relación con los órganos de la Administración del Estado que en ésta se señalan, de lo que resulta que no procede el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, en conformidad a la citada Ley de Transparencia, ante entidades que no invisten tal calidad.

7) Que, en consecuencia, al haberse realizado una presentación ante una entidad que no reviste la condición de órgano de la Administración del Estado y al haber deducido amparo a su derecho de acceso a la información pública ante este Consejo en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, lo ha hecho en contra de una entidad que no queda comprendida dentro del ámbito de competencia de esta Corporación, por lo que procede declarar la inadmisibilidad del presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Declarar inadmisible el amparo interpuesto por doña Viviana Ruiz Oyarzo en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, por carecer este Consejo de la competencia necesaria para conocer de solicitudes de amparo interpuestas en contra de entidades que no formen parte de la Administración del Estado, de conformidad a lo establecido en la Ley de Transparencia.

II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Viviana Ruiz Oyarzo y al Sr. Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, para efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la I. Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de quince días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia, don Andrés Herrera Troncoso.