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Hugo Gutiérrez Gálvez con SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE DELITOS Rol: C936-13

Consejo para la Transparencia, 09/10/2013

Se dedujo amparo en contra de la Subsecretaría de Prevención del Delito, fundado en que la denegación parcial de la información solicitada sobre información relacionada con el Centro de Atención de Víctimas de Delitos de las ciudades de Iquique y Alto Hospicio. El Consejo señaló que aún cuando se trate de delitos de acción penal pública, la publicidad de los datos requeridos puede llegar a impedir que en el futuro, los afectados por los mismos, se vean inhibidos de interponer futuras querellas respecto de los delitos de que se trata. En ese caso, se les impediría a los Centros de Atención de Víctimas de Delitos y a la Subsecretaría de Prevención del Delito, contar con un insumo inestimable que les sirva de base para definir y desarrollar su plan de acción y apoyo a las víctimas y familiares, lo que incluso podría llegar a configurar la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Justicia
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C936-13

Entidad pública: Subsecretaría de Prevención del Delito

Requirente: Hugo Gutiérrez Gálvez

Ingreso Consejo: 20.06.2013

En sesión ordinaria Nº 471 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de octubre de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C936-13.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285, Nº 19.880 y N° 19628; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Hugo Gutiérrez Gálvez, el 2 de mayo de 2013, solicitó a la Subsecretaría de Prevención del Delito, la siguiente información relacionada con el Centro de Atención de Víctimas de Delitos de las ciudades de Iquique y Alto Hospicio:

a) Cuáles son los criterios objetivos de dicho Centro para representar a las víctimas de delitos violentos o sus familiares a través de las correspondientes querellas criminales.

b) Número de querellas criminales presentadas por el Centro de Atención de Víctimas de Delitos desde su creación hasta la fecha, con individualización de los representados, RIT (Rol Interno del Tribunal) y RUC (Rol Único de Causa) de las investigaciones, delito de que se trata y etapa procesal en que se encuentran.

c) Especificación de los servicios prestados por el Centro de apoyo a las víctimas de delitos y a sus familias.

2) RESPUESTA: Subsecretaría de Prevención del Delito, mediante la Resolución Exenta N° 1003, de 29 de mayo de 2013, respondió a dicho requerimiento de información, señalando, en síntesis, que:

a) En lo que respecta al literal a) de la solicitud señala lo siguiente: en los Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Violentos (CAVD) se manejan los siguientes criterios para interponer querellas: consentimiento de la víctima; viabilidad jurídica de la causa; catálogo de delitos; contexto de comisión del delito; y antecedentes penales de la víctima.

b) Tratándose del literal b) señala que desde su creación el CAVD de la ciudad de Iquique ha interpuesto 8 querellas en dicha ciudad y 5 en la comuna de Alto Hospicio, según el siguiente detalle:

i. CAVD Iquique: robo con violación: 1 querella; robo con violencia: 3 querellas; homicidio: 2 querellas; violación: 1 querella; y, robo con intimidación: 1 querella.

ii. CAVD Alto Hospicio: violación: 2 querellas; lesiones graves: 1 querella; robo con intimidación: 1 querella; y robo con homicidio: 1 querella.

iii. Respecto a la individualización de los representados, RIT y RUC de las investigaciones, delito del que se trata y etapa procesal en que se encuentra, se deniega parcialmente la entrega de la citada información, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 19 Nº 4 de la Constitución Política, que establece el respeto a la vida privada y honra de la persona y su familia, en relación al artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia, pues la publicidad del documento requerido afecta el derecho de las personas, por cuanto se trata de antecedentes que pertenecen a su vida privada. Lo anterior, de conformidad al criterio establecido en decisiones tales como C117-13 y C389-13. En este sentido agrega que la Ley Nº 19.628, en su artículo 4° ha determinado que el nombre de una persona natural es un dato personal del cual es titular; sin perjuicio de constituir un atributo de la personalidad y además por cuanto sólo con el consentimiento de su titular se puede entregar o publicar, a menos que se obtenga de una fuente accesible al público o la ley expresamente lo autorice.

c) El Servicio de Atención Reparatoria tiene como objetivo realizar intervenciones orientadas a la reparación integral de las consecuencias negativas de la victimización. Esta intervención se realiza en los Centros de Apoyo a Víctimas a lo largo del país, los cuales cuentan con un equipo interdisciplinario, compuesto por psicólogos/as, trabajadores sociales, abogados/as y, en algunos casos, psiquiatras. Sobre las prestaciones que podrían ser otorgadas desde los Centros de Apoyo a Víctimas -tanto a las víctimas directas como a las indirectas-, se cuenta intervención psicológica, intervención social, intervención legal e intervención psiquiátrica (en algunos centros).

3) AMPARO: El 20 de junio de 2013, don Hugo Gutiérrez Gálvez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la denegación parcial de la información solicitada, por cuanto su entrega puede afectar los derechos de terceros.

4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: El Consejo Directivo de este Consejo, mediante el Oficio N° 2.585, de 26 de junio de 2013, acordó solicitar al reclamante que subsanara su amparo, en el sentido de acompañar copia de la solicitud de acceso a la información de que se trata, así como de la respuesta entregada por el órgano reclamado. El reclamante, por correo electrónico de 17 de julio pasado, acompañó copia de los documentos solicitados dando por subsanado el amparo interpuesto.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 3.119, de 22 de julio de 2013, al Sr. Subsecretario de Prevención del Delito, requiriéndole que se refiriera a las causales de hecho o reserva por las cuales, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada.

La Subsecretaría de Prevención del Delito, por el Oficio N° 2.025, de 2 de septiembre de 2013, presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis que:

a) No se hace entrega de la información específica requerida, como lo es nombre completo de los usuarios del Centro, RIT, RUC y estado procesal de las querellas; en virtud del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República que establece “el respeto a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”, en relación al artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, pues la publicación de estos datos afecta el derecho de las personas, por cuanto se trata de antecedentes que pertenecen a su vida privada.

b) Por su parte, señala que las Recomendaciones del Consejo para la Transparencia sobre protección de datos personales por parte de los órganos de la Administración del Estado, establece dentro de su objeto que “las presentes Recomendaciones tienen por objeto establecer orientaciones respecto de los criterios jurídicos aplicables por los órganos de la administración del Estado en el tratamiento de datos de carácter personal que obren en su poder, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones y limitaciones dispuestas por la Ley N° 19.628, garantizar a las personas el derecho a la protección de los datos de carácter personal y asegurar el debido manejo de los registros o bancos de datos personales que sean necesarios para el ejercicio de sus competencias”. Además, uno de los Principios Orientadores de la Protección de Datos, es el de la Seguridad y Confidencialidad, por el cual las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales o tengan acceso a éstos de otra forma (como aquellos funcionarios públicos autorizados para el acceso a bancos de datos de los organismos respectivos), están obligados a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en este campo.

c) En relación con el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, señala que la publicidad de los datos de los usuarios del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Violentos afecta potencialmente su derecho, por cuanto se trata de antecedentes que pertenecen a su vida privada. Se expone lo anterior dado el criterio uniforme que ha mantenido el Consejo para la Transparencia en diversos dictámenes, como en causa C389-2003 (sic) y C117-2013.

d) Por otra parte, señala que los pilares fundamentales del Programa de Apoyo a Víctimas de Delitos Violentos, tienen por objeto realizar intervenciones orientadas a la reparación integral de las consecuencias negativas de la victimización, ya que la información requerida está asociada a personas naturales que han vivido procesos de victimización vinculados con la comisión de delitos violentos, es decir, hechos típicos que vulneran bienes jurídicos de la mayor preponderancia social, y que, por lo general, permanecen en el ámbito privado de las personas, lo que favorece su reparación.

e) La experiencia de ser víctima de un delito produce efectos relevantes en el mundo individual y entorno social de la persona agredida. Estos efectos se relacionan con la respuesta de la familia de la víctima ante la ocurrencia del delito, la reacción del medio social al que pertenece, la conducta de los sistemas judiciales, policiales y de salud, que pueden representar una oportunidad de apoyo para los/as afectados/as o, por el contrario, un aumento de las consecuencias negativas del delito.

f) Sobre este aspecto agrega que la entrega de información privada puede ser un hecho que aumente las consecuencias negativas del delito, ya que vulnera su derecho a la privacidad, protección y dignidad. Lo anterior, aumenta las consecuencias psicológicas y sociales del delito, constituyéndose una segunda experiencia de victimización, lo que desde la literatura se denomina victimización secundaria. Como producto de la victimización secundaria, la víctima puede experimentar humillación, verse sometida a sobreexposición mediática, culpabilizada o negada en su condición de víctima, lo que puede agravar la sensación de vulnerabilidad y desprotección frente al delito. Además, diversos estudios refieren que la victimización secundaria puede ser uno de los problemas más graves que enfrentan las personas que han sido víctimas de un delito, atendido que el paso por las instituciones puede ser una fuente de daño si no cumplen la función de protección y resguardo de su integridad física y psicológica. En virtud de ello, uno de los objetivos primordiales del programa Apoyo a Víctimas es contribuir a la disminución de la victimización secundaria, a través de la coordinación con las redes, de la protección de los derechos de las víctimas, de prevenir la sobre exposición de las mismas, etc.

g) Por último, la divulgación de información de carácter privado y personal respecto a la experiencia de victimización puede generar en las víctimas recuerdos que gatillen la re experimentación de la situación vivida, lo que implica un retroceso en el proceso reparatorio. Asimismo, los casos en que las causas estén cerradas, la solicitud de información puede generar una falsa expectativa en las víctimas, dado que pueden interpretar esta solicitud como un interés de las autoridad por abrir nuevamente la causa, por aumentar los medios de apoyo, u otra expectativa que no será concretada. Por tanto, dicha frustración aumenta el daño y afecta negativamente en el proceso de duelo en el que pueden estar las personas.

h) En vista de todo lo expuesto, solicita se rechace el amparo deducido por don Hugo Gutiérrez en contra esa Subsecretaría de Estado, haciendo presente que se le ha dado cabal respuesta al interesado, entregando toda la información, sin afectar derechos de terceros.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, conforme con los documentos acompañados y lo manifestado por el peticionario en su amparo, éste se circunscribe únicamente a aquellos datos referidos a la individualización de los representados en las querellas que patrocinan los Centros de Atención de Víctimas de Delitos de Iquique y Alto Hospicio, con la indicación del RIT y RUC de las causas y la etapa procesal en que se encuentran dichos procesos.

2) Que, a modo de contexto, es preciso tener en consideración que las funciones y desarrollo de los Centros de Atención de Víctimas de Delitos forman parte del Programa de Apoyo a las Víctimas, que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública ha implementado con ocasión del Plan Chile Seguro 2010-2014. Ello con el objeto de contribuir a la reparación de los daños ocasionados por el delito, entregando una atención integral y especializada en coordinación con Carabineros de Chile, asesores legales y servicios de atención reparatoria, los que comprende la prestación de servicios de intervención social, psicológicos y psiquiátricos .

3) Que en caso de proporcionarse la individualización de los representados en las querellas que patrocinan los citados Centros de Atención de Víctimas de Delitos, se estarían entregando los nombres de las víctimas, sus representantes legales o herederos, conforme la definición de querellante prevista en el artículo 111 del Código Procesal Penal.

4) Que, sobre el particular, la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, califica como datos sensibles aquella información concerniente a una persona natural identificada o identificable que se refiera a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual, entre otros.

5) Que conforme prescribe el artículo 10° de la citada Ley N° 19.628 “no pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares”; entendiéndose por tratamiento de datos -según los literales c) y o) de su artículo 2°-, cualquier operación, de carácter automatizado o no, que permita, entre otras cosas, comunicar o transmitir datos de carácter personal, esto es, “dar a conocer de cualquier forma los datos de carácter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o indeterminadas”.

6) Que, sobre este punto, cabe manifestar que el organismo ha omitido dar lugar al procedimiento de oposición reglado por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, conforme al cual los órganos de la Administración deberán comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere la información solicitada, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, con lo cual ciertamente no ha sido recabado el consentimiento de los titulares de dichos datos.

7) Que sin perjuicio de lo razonado precedentemente, este Consejo, en virtud de las facultades que le confiere el artículo 33, letras b), j) y m), podrá revisar las circunstancias del caso concreto y resolver si deben revelarse datos sensibles, aún fuera de las hipótesis de excepción previstas en el artículo 10 de la Ley N° 19.628, en caso de verificarse un interés público preponderante que justifique suficientemente vencer la regla de secreto contemplada por dicha norma, en relación con el artículo 7° del mismo cuerpo legal. Sin embargo, en la especie no se ha acompañado antecedente alguno por el cual este Consejo pueda verificar la procedencia de ese interés.

8) Que, a juicio de este Consejo, al proporcionar el nombre de los querellantes, necesariamente se les vinculará como víctimas de los delitos correspondientes o a los familiares de las mismas, por lo que existe el razonable temor que la divulgación de ese dato afecte el ámbito de su vida privada o intimidad, además de exponer su estado de salud físico y psicológico, antecedentes que, al constituir datos sensibles, su comunicación a terceros se encuentra prohibida expresamente por el legislador. Tal prohibición ha sido incorporada como causal de secreto de la información, a través de su artículo 21 N° 2 en la Ley de Transparencia y del artículo 7° N° 2 de su Reglamento, en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, cuando su comunicación afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de “su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada”.

9) Que, en ese sentido, el artículo 7º de la Ley N° 19.628 establece la obligación de secreto para las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales y sensibles, tanto en organismos públicos como privados, cuando éstos provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público. Consecuentemente con ello, su artículo 11 prescribe que el encargado del tratamiento y recolección de estos datos se encuentra obligado a “cuidar de ellos con la debida diligencia”. Por lo tanto, éste debe adoptar todas las medidas necesarias para resguardar su integridad y secreto, con la finalidad de evitar la pérdida, transmisión y acceso no autorizado de los mismos.

10) Que, además, el principio de finalidad, establecido en el artículo 9° de la citada ley N° 19.628, exige utilizar los datos personales sólo en los fines paras los cuales fueron recolectados, lo que en el caso de los órganos públicos, esa finalidad está enmarcada por la esfera de competencia asignada a los mismos. En el caso específico de la Subsecretaría de Prevención del Delito, así como de la revisión del Plan Chile Seguro, en el cual se hace alusión a los Centros de Atención de Víctimas de Delitos, no se advierte ninguna norma que se les autorice a difundir o ceder a terceros la información que se está solicitando.

11) Que no se ha especificado en el presente caso si dentro de los representados se han visto menores de edad involucrados. Al respecto, cabe mencionar que la Convención de Derechos del Niño, que en su artículo 16.1 establece que “ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación”. Sobre la materia, en las decisiones de amparo Roles C80-10 y C117-13, este Consejo estableció que los datos personales de los niños –incluso aquellos que son tratados en el sistema educacional-, no pueden considerarse como provenientes de fuentes de acceso al público para proceder a su revelación y merecen protección pese a las falencias de nuestra legislación en la materia, especialmente teniendo en consideración que uno de los principios de nuestra legislación es el interés superior del niño.

12) Que, a mayor abundamiento, aún cuando se trate de delitos de acción penal pública, la publicidad de los datos requeridos puede llegar a impedir que en el futuro, los afectados por los mismos, se vean inhibidos de interponer futuras querellas respecto de los delitos de que se trata. En ese caso, se les impediría a los Centros de Atención de Víctimas de Delitos y a la Subsecretaría de Prevención del Delito, contar con un insumo inestimable que les sirva de base para definir y desarrollar su plan de acción y apoyo a las víctimas y familiares, lo que incluso podría llegar a configurar la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

13) Que, por las consideraciones antes expuestas, este Consejo rechazará el amparo en este punto.

14) Que en lo referido al RIT (Rol Interno del Tribunal) y RUC (Rol Único de Causa) de las causas patrocinadas por los Centros de Atención indicados, es preciso efectuar las siguientes consideraciones:

a) El sistema informático de causas que administra el Poder Judicial, permite acceder a las diversas causas que se tramitan en las diversas áreas. En el caso específico de las causas penales, se requiere que en el link http://reformaprocesal.poderjudicial.cl/consultacausas/, se ingrese el RIT o el RUC de la causa, o el RUT o nombre de alguna de las partes, además de la especificación del tribunal, en cualquiera de estos casos, para acceder a la información referida a las partes intervinientes, con su calidad de querellante, querellado, denunciante, etc., el RUT de tales personas y situación, así como el delito, estado de la causa e historial de la misma.

b) Que si bien este Consejo ordenó la entrega de los RIT y RUC en la decisión de amparo Rol C888-10, ello se efectuó teniendo en consideración la naturaleza de los procedimientos laborales por los que se consultaba en aquella oportunidad. Sin embargo, en el presente caso, y más allá que el artículo 1° del Código Procesal Penal también establece –términos muy similares al del proceso laboral-, que “toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral y público”; de proporcionar los datos que se solicitan, el requirente podrá acceder a través de la página web del poder judicial, a la totalidad de los datos antes señalados, entre los que se encuentra la individualización de los querellantes. Dicho dato, como se ha indicado en los considerandos precedentes, se ha estimado necesario reservarlo atendido a que con ello se revela información sensible de sus titulares.

c) Que, además es preciso manifestar que en los casos en que este Consejo ha accedido a la entrega de información en procesos penales, se ha referido a órdenes de aprehensión, las cuales corresponden a actuaciones judiciales, respecto de las cuales el artículo 44 del Código Procesal Penal, establece que son de libre acceso para los intervinientes, como el fiscal, el imputado, el defensor, la víctima y el querellante. Por otra parte, aquellos que no tienen la calidad de intervinientes, los terceros, en principio, pueden consultar los registros, cuando dieren cuenta de actuaciones que fueren públicas de acuerdo con la ley, a menos que durante la investigación o la tramitación de la causa, el tribunal restringiere el acceso para evitar que se afecte su normal substanciación o el principio de inocencia. Con todo, estos registros serán públicos transcurridos cinco años desde la realización de las actuaciones consignadas en ellos (véase por ejemplo, las decisiones de amparos Roles C843-10 y C516-11). En el presente caso, se ha referido a datos de los querellantes quienes han efectuado una presentación al Juez de Garantía. De ello se colige, que se trata de una actuación propia de un particular que ha sido víctima de un delito o sus representantes o herederos, y no de una actuación de parte de un órgano jurisdiccional como el caso previsto en el artículo 44 recién citado; de modo que la publicidad de dichas actuaciones judiciales no resulta extensible a los datos contenidos en las querellas, entre los que comprende la individualización de los querellantes.

d) Que, atendido lo razonado anteriormente y con el objeto de salvaguardar debidamente la individualización de los representados, este Consejo estima asimismo justificada la reserva del RIT y RUC de las causas, en aplicación del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

15) Que, finalmente, en lo que se refiere al estado de tramitación de las causas, no se observa por parte de este Consejo que concurra alguna causal de reserva. Ello por cuanto a partir de la decisión de amparo Rol C486-13, esta Corporación ha resuelto que cuando se solicita que se informe el “estado” de tramitación de determinados procesos, tal requerimiento comprende, a la luz de la definición entregada por la Real Academia Española, que le indiquen la situación en que se encuentra alguien o algo, y en especial, cada uno de sus sucesivos modos de ser o estar . De esta forma, cabría entender que tal requerimiento de información comprende la etapa específica en que se encuentra el proceso correspondiente al tiempo de la solicitud de acceso. En consecuencia, en razón de lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, se acogerá el amparo en esta parte y se ordenará su entrega.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Hugo Gutiérrez Gálvez, en contra de la Subsecretaría de Prevención de Delitos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario de Prevención del Delito, lo siguiente:

a) Entregar al solicitante, el estado de tramitación de las causas que ha patrocinado los Centros de Atención de Víctimas de Delitos de Iquique y Alto Hospicio que ha requerido en su solicitud de 2 de mayo de 2013.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé Nº 360, piso 7º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Hugo Gutiérrez Gálvez y al Sr. Subsecretario de Prevención del Delito.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director General del Consejo para la Transparencia, don Raúl Ferrada Carrasco.