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Bernardina Avello Jara con SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS Rol: C1176-13

Consejo para la Transparencia, 04/12/2013

Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros, fundado en la falta de respuesta a su solicitud sobre los libros de dictámenes del año 1997 al 2012 en formato digital y el libro de dictámenes de contratos de seguros en formato digital. El Consejo señaló que atendido su rango normativo y especificidad, la disposición legal en estudio corresponde a una de las hipótesis contempladas en el artículo 18 de la Ley de Transparencia, conforme con la cual la Superintendencia de Valores y Seguros se encuentra autorizada para cobrar otros valores, distintos a los costos directos de reproducción, respecto de las publicaciones que dicha entidad elabore relativas a las disposiciones legales y reglamentarias que se relacionen con las instituciones sometidas a su control, las instrucciones que sobre su aplicación se impartan y los dictámenes y demás informaciones de interés general que se juzgue conveniente dar a conocer. En consecuencia, conforme con lo razonado precedentemente, se rechazará el presente amparo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1176-13

Entidad pública: Superintendencia de Valores y Seguros

Requirente: Bernardina Avello Jara

Ingreso Consejo: 24.07.2013

En sesión ordinaria Nº 485 del Consejo Directivo, celebrada el 4 de diciembre de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1176-13.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L.Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 de junio de 2013, doña Bernardina Avello Jara solicitó a la Superintendencia de Valores y Seguros, “los libros de dictámenes del año 1997 al 2012 en formato digital y el libro de dictámenes de contratos de seguros en formato digital.” Agrega que, “si bien esta información en la página web aparece con un costo, esto no quiere decir que no revisten el carácter de información pública y por ende ser objeto de la Ley de Transparencia, ya que los libros son realizados con financiamiento público.”

2) RESPUESTA: El 25 de junio de 2013, la Superintendencia de Valores y Seguros respondió a dicho requerimiento de información mediante Oficio N° 1.4171, en los siguientes términos:

a) Los libros de dictámenes publicados por esa Superintendencia son los siguientes: Área Seguros: 1928-1999; 2000-2004; Contratos de seguros; Área Valores: 1981-1999, 2000-2004, 2005-2007.

b) De acuerdo a la Ley N° 17.308, se autorizó a esa Superintendencia a destinar los ingresos provenientes de la venta de estos boletines a los fondos de su Departamento de Bienestar.

c) Atendido lo anterior, puede solicitar su adquisición en Avenida Bernardo O'Higgins 1449, Torre II piso 2, o solicitar su consulta en el evento que el libro requerido no se encuentre con stock suficiente para su venta.

3) AMPARO: El 24 de julio de 2013 doña Bernardina Avello Jara dedujo ante este Consejo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros, fundado en la falta de respuesta a su solicitud dentro del término legal. Hace presente que solicitó “las publicaciones sobre las resoluciones y dictámenes unificados en libros denominados compendios, por los cuales la Superintendencia cobra un precio, lo que a juicio de esta parte es contrario a la Constitución y a las normas de transparencia, ya que esta información es elaborada con ingresos públicos”.

4) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Mediante Oficio N° 3.246, de 30 de julio de 2013, se solicitó a la reclamante subsanar su amparo, acompañando copia de la solicitud de información donde conste la recepción por parte de la SVS y la fecha de ingreso de la misma. La recurrente, mediante correo electrónico de 31 de julio de 2013, señaló que:

a) El 18 de junio, bajo el N° 308437 solicitó a través del sistema informático de la SVS, lo siguiente: “legislación de valores 2008, legislación de seguros 2009, dictámenes mercado de valores 2005-2007, dictámenes mercado de valores 2000-2004, dictámenes de de valores 2000-2004 + 1981-1991, dictámenes mercado de valores 1981-1999, dictámenes contrato de seguros, dictámenes mercado de seguros 2000-2004, dictámenes de seguros 2000-2004 + 1928-1999, dictámenes mercado de seguros 1928-1999, anuario de seguros 2010 + 2011, anuario de seguros 2011, anuario de seguros 2009+ 2010, anuario de seguros 2010, anuario de seguros 2008 + 2009, anuario de seguros 2009 y anuario de seguros 2008.”

b) Al momento de su registro en el sistema informático de la página web de la SVS, le informa a través de un mensaje instantáneo y temporal que la solicitud sería respondida en el transcurso de los próximos 20 días hábiles. Sin embargo, el 24 de julio de 2013, a través del sitio web de la SVS accedió a su cuenta personal, y se percató que su solicitud había sido eliminada automáticamente del sistema.

c) Acompaña copia de una impresión de pantalla de la solicitud de acceso realizada con fecha 18 de junio de 2013.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo al Sr. Superintendente de Valores y Seguros mediante el Oficio N° 3.341, de 6 de agosto de 2013. El Sr. Intendente de Seguros evacuó sus descargos y observaciones mediante Ordinario N° 18.379, de 16 de agosto de 2013, señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) El 18 de junio de 2013 la SVS recibió la solicitud de información de doña Bernardita Avello Jara, mediante la cual se requirieron los dictámenes de dicho organismo del año 1997 al 2012.

b) Mediante Oficio N° 14.171, de 25 de junio de 2013, la SVS otorgó respuesta al requerimiento, el cual fue enviado en la misma fecha, al correo electrónico informado por la requirente.

c) Adjunta copia de comprobante de envío de la información mediante correo electrónico informado por la requirente en su solicitud.

i. Copia íntegra de la solicitud de información de la solicitante de 18 de junio de 2013.

ii. Copia íntegra de la solicitud de información de la solicitante de fecha 18 de junio de 2013.

iii. Copia del Oficio Ordinario 14.171 de 25 de junio de 2013.

6) TÉNGASE PRESENTE DE LA RECLAMANTE: El 27 de agosto de 2013, la reclamante ingresó a este Consejo una presentación, en virtud de la cual señaló, en síntesis, lo siguiente:

a) La SVS ha procedido con negligencia a dar curso a la solicitud de amparo, ya que la respuesta se envió a un correo electrónico inexistente: aggrodark1@hotmail.cm

b) La interpretación de la reclamada respecto de la autorización para cobrar por la información atentaría contra el articulo 19 N° 21 de la Constitución, ya que la ley citada por ésta no es de quórum calificado, por lo tanto, la venta de los compendios y publicaciones realizados con erarios públicos sería una actividad comercial realizada por el Estado.

c) La ley no le entrega a la SVS la facultad de realizar actos de comercios sobre las publicaciones, ya que, sólo autoriza a entregar información periódica y oportuna.

d) La interpretación realizada por la SVS atenta contra los principios elementales de la transparencia en la información pública, ya que, excluiría a los ciudadanos de tener información de los estudios o resoluciones que la misma dicta sobre materia de seguros.

Y CONSIDERANDO:

1) Que de acuerdo con lo dispuesto en el inciso tercero, del artículo 12 de la Ley de Transparencia, “el peticionario podrá expresar en la solicitud, su voluntad de ser notificado mediante comunicación electrónica para todas las actuaciones y resoluciones del procedimiento administrativo de acceso a la información, indicando para ello, bajo su responsabilidad, una dirección de correo electrónico habilitada. En los demás casos, las notificaciones a que haya lugar en el procedimiento se efectuarán conforme a las reglas de los artículos 46 y 47 de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos”. En su solicitud la requirente señaló una casilla de correo electrónico, así como también una dirección postal, manifestando expresamente su voluntad de ser notificada de la respuesta a su requerimiento a través del citado correo electrónico. Asimismo, se advierte que dicha casilla informada por la requirente en su solicitud de acceso adolecía de un error de transcripción, circunstancia que, en la especie, ha impedido que la respuesta enviada por el órgano reclamado haya sido recibida por la solicitante. En consecuencia, atendido que el precitado error no resulta imputable al órgano reclamado, y que éste envió la respuesta dentro del plazo establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, a través del medio solicitado por la requirente, este Consejo estima que no se ha configurado el fundamento del presente amparo, esto es, la falta de respuesta a la solicitud que dio origen a tal reclamación.

2) Que, en cuanto al fondo del presente amparo, en su solicitud el requirente solicitó copia de “libros de dictámenes del año 1997 al 2012 en formato digital y el libro de dictámenes de contratos de seguros en formato digital”, y, posteriormente extendió los términos de su solicitud a otras publicaciones de la entidad reclamada, en ambos casos, según indica, que se encuentran a la venta en el sitio web de la SVS. De conformidad con el tenor de la reclamación, así como de la presentación efectuada posteriormente por la requirente, se advierte que la reclamante estima que el cobro por la información solicitada sería improcedente. Al respecto, la Superintendencia ha sostenido que la procedencia de aquél se encuentra contemplada en el artículo 6° de la Ley N° 17.308. Al respecto, cabe consignar que en el sitio web de la entidad reclamada -http://www.svs.cl/sitio/publicaciones/catalogo.php-, se encuentran a la venta una serie de publicaciones editadas por la Superintendencia de Valores y Seguros a los precios que ahí se señalan, constatándose que aquéllas a que se refiere la solicitud de acceso, así como los señalados por la reclamante en su amparo, están disponibles para su venta en formato impreso.

3) Que el artículo 18 de la Ley de Transparencia, complementado por el artículo 20 de su Reglamento, establecen la gratuidad de la información pública, salvo los casos allí previstos, esto es, los costos directos de reproducción y los demás valores que una ley expresamente autorice a cobrar por la entrega de la información solicitada. Así, cabe determinar si la Superintendencia de Valores y Seguros se encuentra autorizada legalmente para cobrar otros valores que los que provienen directamente de la reproducción de la información solicitada, como ocurriría en la especie.

4) Que de conformidad con el artículo 1° del Decreto Ley N° 3.538, de 1980, que crea la Superintendencia de Valores y Seguros, dicha entidad es una institución autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda, y cuyo patrimonio está integrado por los bienes que se le transfieren en virtud de dicho decreto ley, los fondos que anualmente destine al efecto la Ley de Presupuestos, los ingresos que perciba por los servicios que preste y los demás bienes que adquiera a cualquier título. A su turno, de acuerdo con el artículo 6° de la Ley N° 17.308, que modifica el Código de Comercio, se autorizó a la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio –cuya sucesora legal es la Superintendencia de Valores y Seguros conforme con el artículo 40 del citado Decreto Ley N° 3.538-, para efectuar la publicación oportuna y periódica del boletín de esa Superintendencia, en el cual aparecerán las disposiciones legales y reglamentarias que se relacionen con las instituciones sometidas a su control, las instrucciones que sobre su aplicación se impartan y los dictámenes y demás informaciones de interés general que se juzgue conveniente dar a conocer. El ingreso proveniente de la obligación indicada incrementará los fondos del Departamento de Bienestar del Personal de la Superintendencia.

5) Que, a mayor abundamiento, en relación con el aludido artículo 6° de la Ley N° 17.308, cabe tener presente que, en lo pertinente, el dictamen N° 18.525, de 1983, de la Contraloría General de la República, señala que dicho precepto autoriza a la Superintendencia de Valores y Seguros para publicar periódicamente un boletín, el cual constituye un gasto con cargo a su presupuesto, y el producto obtenido en la venta de tal bien, no pertenece a dicha Superintendencia, ya que ha sido destinado a incrementar fondos de su servicio de bienestar, actuando esa entidad fiscalizadora como mera recaudadora de ese valor.

6) Que, en conclusión, atendido su rango normativo y especificidad, la disposición legal en estudio corresponde a una de las hipótesis contempladas en el artículo 18 de la Ley de Transparencia, conforme con la cual la Superintendencia de Valores y Seguros se encuentra autorizada para cobrar otros valores, distintos a los costos directos de reproducción, respecto de las publicaciones que dicha entidad elabore relativas a las disposiciones legales y reglamentarias que se relacionen con las instituciones sometidas a su control, las instrucciones que sobre su aplicación se impartan y los dictámenes y demás informaciones de interés general que se juzgue conveniente dar a conocer. En consecuencia, conforme con lo razonado precedentemente, se rechazará el presente amparo.

7) Que, por último, en cuanto a las consideraciones expresadas por la reclamante en orden a que “la venta de los compendios y publicaciones realizados con erarios públicos sería una actividad comercial realizada por el Estado”, es menester precisar que la ponderación de tal alegación se encuentra fuera de la esfera de competencia de este Consejo, dado que no se encuentra referida a una denegación de acceso a la información.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Bernardina Avello Jara en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Bernardina Avello Jara y al Sr. Superintendente de Valores y Seguros.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia de que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Ruben Burgos Acuña.