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Intendente de la Región Metropolitana con Consejo para la Transparencia Rol: 4883-2013

Consejo para la Transparencia, 31/01/2014

Se dedujo reclamo de ilegalidad en contra de la decisión C409-13. La Corte de Apelaciones de Santiago señaló que resulta irracional exigir, en este caso a la Intendencia Metropolitana hacer aparecer en forma esotérica la información largamente perdida y luego, entregarla en un verdadero acto de prestidigitación. El Derecho es la razón escrita y, dentro de ese mismo principio se encuentra aquel que dice que "a lo imposible nadie se encuentra obligado", por lo que la decisión del Consejo para la Transparencia, puede ser considerada ilegal pues no se ajusta ni a la ley, ni a la lógica ni a la razón, por lo cual, no cabe otra posibilidad que calificarla como ilegal y, consecuentemente, acoger el reclamo de ilegalidad interpuesto.



Ministros:

  • Ángel Cruchaga Gandarillas
  • Manuel Antonio Valderrama Rebolledo

Texto completo:

Santiago, treinta y uno de enero de dos mil catorce.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO.– Que a fojas 49, don Juan Antonio Peribonio Poduje abogado, Intendente de la Región Metropolitana, ambos domiciliados en calle Morande 93, Santiago, interpone reclamo de ilegalidad en contra de la Decisión de Amparo Rol N° C–409–13, dictada por el Consejo para la Transparencia, en sesión ordinaria N° 439, de fecha 5 de junio de 2013, que se pronuncia sobre el reclamo por denegación de acceso a la información deducido por don José Jorge Jabo.

Solicita mediante el presente recurso que se revoque el acuerdo adoptado por el Consejo, rechazándose el amparo interpuesto por el requirente.

SEGUNDO.– Que el reclamante relata en primer término y en síntesis, los siguientes antecedentes del reclamo:

a.– Que con fecha 26 de diciembre de 2012 se presentó una petición de acceso a la información pública por don José Antonio Jorge Jobo, de nacionalidad peruana, quién solicitó "la Resolución Exenta N°8415 de 15/10/1999 del m Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, que rechaza la visa sujeta a contrato a favor de José Antonio Jorge Jabo. Solicitó, además, los antecedentes que hayan servido como fundamento para tomar la decisión plasmada en la resolución exenta n°8415 de 15/10/1999.

b.– Que a raíz de tal solicitud el señor Subsecretario (S) del Interior, mediante oficio N°1979 de fecha 30 de enero de 20212, informó al solicitante que la resolución requerida se encuentra en la Intendencia Metropolitana.

c.– Que, en ese mismo orden de cosas, con fecha 15 de marzo de 2013, mediante oficio N°1803, la Intendencia Metropolitana dio respuesta a lo solicitado indicando que la Resolución Exenta no se encontraba en dicha dependencia, agregando que desde el año 2006 se instruyeron tres sumarios por pérdida de documentación.

d.– Que, no satisfecho el solicitante con la respuesta proporcionada, el requirente interpuso recurso de amparo por no entregar la información requerida del derecho de acceso a la información pública en contra de la Intendencia Regional

e.– Que, informando el recurso de amparo la Intendencia regional sostuvo que no tuvo el ánimo de negar la información, sino, que por elementos del todo ajeno se vio impedida de suministrar los antecedentes.

f.–Que finalmente el Consejo para la Trasparencia decidió acoger el amparo presentado en representación del señor José Jorge Jabo S. y ordenó se le entregara la información al requirente en la forma que se indica en el numeral II de la parte resolutiva del fallo del amparo deducido.

TERCERO: Que la resolución reclamada, anteriormente precisada, se apoya en el siguiente argumento: Que, la información entregada por la Intendencia Metropolitana infringe el estándar de búsqueda exhaustiva, a realizarse con ocasión de esa solicitud de información, debe acreditarse mediante un acta de búsqueda que registre las diligencias efectivamente realizadas con ese fin..."

CUARTO.– Que, a continuación, fundando la presente reclamación el recurrente sostiene que la decisión de acoger el amparo por parte del Consejo para la Transparencia adolece de ilegalidad por cuanto, al entender de la Intendencia, el proceder fue correcto por cuanto ni la ley ni el Consejo para la Transparencia en su Instrucción N°10 exige la elaboración de un acta de búsqueda exhaustiva de manera que exigir ese requisito constituye un argumento expost. y, en consecuencia, la decisión de amparo del Consejo para la Transparencia estaría ampliando, adicionando o modificando lo que ella misma ha establecido.

QUINTO: Que a fs. 137, don Raúl Ferrada Carrasco, abogado, Director General y representante legal del Consejo para la Transparencia, corporación autónoma de derecho público, por el reclamado, solicita el rechazo del reclamo de ilegalidad, por cuanto la solicitud de información del requirente era clara en cuanto al objeto de la información solicitada, de manera que no ha existido adición o modificación alguna al requerimiento del particular por parte del recurrido.

SEXTO: Que, planteado lo anterior a juicio de estos sentenciadores es útil recordar los principios rectores del acceso a la información pública. Sobre el particular, esta Corte en fallo en causa Ingreso N°6143–2010 sostuvo que éstos eran:

a) Principio de la relevancia. Se presume relevante la información de los órganos de la Administración, cualesquiera sea la forma que adopte.

b) Principio de la libertad de información. Toda persona goza del derecho a acceder a la información en poder de los órganos del Estado, salvo las excepciones contenidas en leyes aprobadas con quórum calificado.

c) Principio de apertura o transparencia. Toda información en poder de los órganos del Estado es pública, salvo las excepciones legales.

d) Principio de máxima divulgación. Los órganos de la Administración informarán en los términos más amplios posibles, con excepción de la información contenida en ley prohibitiva.

e) Principio de la divisibilidad. Obligación de dar acceso a la información que puede ser conocida, cuando el acto contiene además otra que puede denegarse.

f) Principio de facilitación. Los órganos de la Administración deben permitir un acceso expedito a la información, sin exigencias o requisitos que puedan obstruirlo.

g) Principio de la no discriminación. La información debe proporcionarse en términos igualitarios, sin distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa.

h) Principio de la oportunidad. A una solicitud de información los órganos del Estado deben responder dentro de los plazos legales, con la máxima celeridad y sin trámites dilatorios.

i) Principio del control. Las normas de acceso a la información deben ser objeto de fiscalización permanente en lo que respecta a su cumplimiento. Las resoluciones recaídas en las solicitudes de información serán reclamables ante un órgano externo.

j) Principio de la responsabilidad. El incumplimiento de esta ley origina responsabilidades y da lugar a las sanciones que ella establece.

k) Principio de gratuidad. El acceso a la información de los órganos de la Administración es gratuito, sin perjuicio del pago del costo de reproducción y demás valores que autorice la ley por la entrega de determinados documentos.

SEPTIMO: Que, de esta manera, haciendo aplicación de tales principios al presente caso se observa que todos ellos guardan una estrecha correspondencia y armonía con la existencia de la información. Sin embargo, resulta irracional exigir, en este caso a la Intendencia Metropolitana hacer aparecer en forma esotérica la información largamente perdida y luego, entregarla en un verdadero acto de prestidigitación. El Derecho es la razón escrita y, dentro de ese mismo principio se encuentra aquel que dice que "a lo imposible nadie se encuentra obligado".

OCTAVO: Que, a juicio de esta Corte, la decisión del Consejo para la Transparencia, puede ser considerada ilegal pues no se ajusta ni a la ley, ni a la lógica ni a la razón, por lo cual, no cabe otra posibilidad que calificarla como ilegal y, consecuentemente, acoger el reclamo de ilegalidad interpuesto en contra de la decisión de amparoC40913.

Por estas consideraciones, citas legales hechas y de conformidad además con lo dispuesto en los artículos 28 y siguientes de la Ley N° 20.285, SE ACOGE el reclamo de ilegalidad deducido a fojas 49 por el Abogado Juan Antonio Peribonio Poduje en representación de la Intendencia Metropolitana, en contra del Consejo para la Transparencia; y en consecuencia se declara que el Acuerdo adoptado por éste en Decisión de Amparo Rol N° C409–2013 de fecha diecisiete de junio de dos mil trece no se ajusta a derecho.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante señor Cruchaga.

N° Civil 4883–2013

No firma la Ministra (S) señora González, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por haber concluido el periodo como Ministra suplente.

Dictado por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Manuel Antonio Valderrama Rebolledo y por la Ministra (S) señora María Cecilia González Diez, y por el Abogado Integrante señor Angel Cruchaga Gandarillas.

En Santiago, treinta y uno de enero de dos mil catorce, autorizo la sentencia que antecede, la que se notifica por el estado diario con esta fecha.