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Sociedad Distribuidora La Internacional Ltda con SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO (SAG) Rol: C460-10

Consejo para la Transparencia, 08/10/2010

Se formuló amparo en contra del SAG, por la no entrega de la solicitud que consistía en la entrega de un certificado de dicho Servicio para la enajenación de bienes comunes provenientes de la Reforma Agraria, con todo los documentos pertinentes. El Consejo estimó que una cosa es declarar el acceso a una información y otra obligar a la reclamada a emitir uno de los certificados solicitados, no correspondiendo a este Consejo exigir la elaboración de estos últimos, por lo anterior este Consejo rechazará por improcedente el amparo, en la petición de elaborar un certificado por parte del S.A.G., por no constituir una solicitud de información de aquellas reguladas por la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Justicia
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Ausente), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C460-10

Entidad pública: Servicio Agrícola y Ganadero, SAG

Requirente: Sociedad Distribuidora La Internacional Ltda.

Ingreso Consejo: 22.07.2010

En sesión ordinaria N° 188 de su Consejo Directivo, celebrada el 8 de octubre de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C460-10.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; la Ley N° 19.386, que establece normas para enajenación de bienes comunes provenientes de la Reforma Agraria; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de junio de 2010 don Víctor Gerardo Hernán Plaza Hernández, en representación de la Soc. Distribuidora La Internacional Ltda., solicitó al Servicio Agrícola y Ganadero (en adelante indistintamente SAG), para los efectos de lo dispuesto en el artículo 1°, letra a), inciso 3° de la Ley N° 19.386 sobre normas para la enajenación de bienes comunes provenientes de la Reforma Agraria, la entrega de un certificado de dicho Servicio que dé cuenta de lo siguiente:

a) Que acredite la existencia de los dos bienes comunes que singulariza en su presentación.

b) Que acredite la nómina de los asignatarios originales con derechos sobre dicho bien, con indicación del porcentaje de sus derechos.

c) Que acredite el número de la parcela con que fueron asignados tales derechos e inscripción de dominio de la asignación a nombre del asignatario original, si existiere tal antecedente.

Solicita que una copia auténtica del referido certificado le sea remitido a su domicilio, señalado en la comparecencia.

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: Don Víctor Gerardo Hernán Plaza Hernández, en representación de la Soc. Distribuidora La Internacional Ltda., formuló amparo por denegación de acceso a la información el 22 de julio de 2010, ante este Consejo, alegando no haber recibido respuesta a su solicitud de información.

3) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo, en su sesión ordinaria N° 169, de 27 de julio de 2010, acordó admitir a tramitación este amparo trasladándolo, mediante Oficio N° 1.342, de 29 de julio de 2010, al Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, quien a través de Ordinario N° 8.649, de 13 de agosto de 2010, presentó sus descargos u observaciones, destacando de los mismos, en lo que interesa a la presente decisión, los siguientes:

a) El SAG es el organismo legalmente facultado en materias derivadas del proceso de Reforma Agraria, según el artículo 2° transitorio de la Ley 18.755 que señala "Sin perjuicio de lo dispuesto en el Título I, corresponderá al Servicio Agrícola y Ganadero ejecutar y celebrar todos los actos, contratos y actividades que sean necesarios para concluir los procesos de Reforma Agraria llevados a efecto en virtud de las Leyes N°s. 15.020 y 16.640". A su vez la Ley N° 19.386, establece normas para la enajenación de bienes comunes provenientes de la Reforma Agraria. Dicha enajenación se tramitará mediante un procedimiento judicial no contencioso. Continúa la reclamada señalando que el requisito para comenzar ese procedimiento es lo que señala el artículo 1° “A la solicitud deberá acompañarse un certificado del Servicio Agrícola y Ganadero que acredite la existencia del bien común, la nómina de los asignatarios originales con derechos sobre dicho bien, con indicación del porcentaje de sus derechos; el número de la parcela con la que fueron asignados tales derechos e inscripción de dominio de la asignación a nombre del asignatario original, si existiere tal antecedente. El Servicio Agrícola y Ganadero adjuntará a su certificado un listado emitido por el Servicio de Tesorerías, en el cual conste el nombre de quienes figuren como actuales propietarios de las parcelas con derechos sobre el bien común a enajenar”.

b) Por su parte, el artículo 2° de la norma citada señala que: "Sin perjuicio de lo establecido en el artículos precedentes se declaran indivisibles aquellos retazos de terreno de los bienes comunes inmuebles destinados en forma permanente a actividades asistenciales, deportivas, recreativas, religiosas, sociales o comunitarias". Lo anterior también lo certifica el SAG, previa visita a terreno.

c) Por todo lo anterior, el Servicio reclamado, ante la presentación de don Víctor Plaza Hernández de 17 de junio, entiende que la información contenida en su petición corresponde a un acto administrativo de aquellos normados por la Ley N° 19.880, por lo cual se dio trámite a la misma en aplicación de la Ley N° 19.386, no correspondiendo el ingreso al sistema de gestión de solicitudes de la Ley N° 20.285.

d) Finalmente, a modo informativo, la reclamada señala que el Certificado N° 1.180, de 12 de agosto de 2010, se encuentra a disposición del Sr. Plaza en las oficinas de la Dirección Regional Metropolitana, ubicada en Avda. Portales N° 3396, comuna de Estación Central, adjuntando al presente oficio de descargos una copia no oficial del mismo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que la solicitud que da origen al presente amparo dice relación con la entrega de un certificado que dé cuenta de las siguientes circunstancias:

a) Que acredite la existencia de los dos bienes comunes que singulariza en su presentación.

b) Que acredite la nómina de los asignatarios originales con derechos sobre dicho bien, con indicación del porcentaje de sus derechos.

c) Que acredite el número de la parcela con que fueron asignados tales derechos e inscripción de dominio de la asignación a nombre del asignatario original, si existiere tal antecedente.

2) Que en este contexto resulta pertinente traer a colación el razonamiento desarrollado por este Consejo a propósito de la decisión de reposición del amparo Rol C146-09. En dicha decisión se estableció claramente que “una cosa es declarar el acceso a una información y otra obligar a la reclamada a emitir uno de los certificados solicitados”, no correspondiendo a este Consejo exigir la elaboración de estos últimos. A continuación en dicho amparo se realizó una distinción entre la solicitud de certificación regulada por normas especiales y la certificación de la información entregada en virtud de la Ley de Transparencia.

3) Que, en este sentido, el considerando 4° de la citada decisión concluye, en lo que resulta aplicable al presente amparo, lo siguiente:

«4) Que, respecto de la información que es solicitada a los órganos de la Administración en los términos de la Ley de Transparencia, este Consejo considera que respecto de ella puede requerirse la certificación de que los documentos entregados son idénticos a aquellos que se encuentran en poder del órgano de la Administración, lo que ha sido denominado como “solicitud de copia autorizada”, y que se encuentra amparada por el artículo 17 de la Ley de Transparencia y su disposición acerca de que la información sea entregada “en la forma y por el medio que requirente haya señalado”. No obstante, debe indicarse que tal certificación debe distinguirse de aquella solicitud de certificados cuya elaboración se encuentra regulada por normas especiales y, por ende, por disposiciones diversas a las contempladas por la Ley de Transparencia.» (Lo destacado es nuestro).

4) Que, de los antecedentes tenidos a la vista, en especial el expreso tenor de la solicitud del requirente, resulta claro que lo pedido por don Víctor Gerardo Hernán Plaza Hernández, en representación de la Soc. Distribuidora La Internacional Ltda., se refiere a la elaboración de un certificado por parte del SAG, en el marco del procedimiento de la Ley N° 19.386, lo que implica de parte del órgano requerido la generación de un certificado que contenga específicamente dicha información, recopilada internamente, tal y como lo destaca la reclamada en sus descargos, en orden a que el certificado solicitado “es emitido por la Dirección Regional que corresponda al lugar donde se ubican los bienes comunes y se confecciona teniendo a la vista un informe emitido por el Subdepartamento de Tierras y Aguas del SAG, unidad que posee el archivo histórico del proceso de Reforma Agraria, una visita a terreno una vez recibido el certificado emitido por la Tesorería General de la República”.

5) Que, por lo anterior este Consejo rechazará por improcedente el presente amparo, formulado por don Víctor Gerardo Hernán Plaza Hernández, originado en la petición de elaborar un certificado por parte del S.A.G., por no constituir una solicitud de información de aquellas reguladas por la Ley de Transparencia, sino por la Ley N° 19.382, encontrándose este Consejo en la imposibilidad de exigir su elaboración, sin perjuicio de que, según señala el propio Servicio, dicho certificado se encontraría a disposición del requirente.

6) Que finalmente, junto con las consideraciones anteriores, cabe hacer presente al Servicio Agrícola y Ganadero que respecto a las presentaciones que por vía de gestión de solicitudes de la Ley N° 20.285 reciba en el futuro, ellas deberán necesariamente ser contestadas al solicitante, y, en casos como el analizado en el presente amparo, en donde resulta evidente que no se trata de una solicitud de información, se evalúe su admisibilidad, informando de ello al mismo interesado.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don Víctor Gerardo Hernán Plaza Hernández, en representación de la Soc. Distribuidora La Internacional Ltda., en contra del Servicio Agrícola y Ganadero, en virtud de lo señalado anteriormente.

II. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a la Soc. Distribuidora La Internacional Ltda., representada por don Víctor Gerardo Hernán Plaza Hernández, y al Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. El Sr. Presidente del Consejo Directivo don Raúl Urrutia Ávila, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.