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Mauricio Caamaño Post con SERVICIO MÉDICO LEGAL (SML) Rol: C1812-13

Consejo para la Transparencia, 26/03/2014

Se dedujo amparo en contra del Servicio Médico Legal, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a las "copias íntegras de todos los documentos del sumario que se instruye en ese Órgano del Estado desde fs. 01 hasta las últimas fojas del expediente." El Consejo acoge el amparo, toda vez que el órgano reclamado no aportó antecedentes especificos que permitan entender cómo, en concreto, la divulgación del expediente solicitado afectaría al debido cumplimiento de sus funciones.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 



Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1812-13

Entidad pública: Servicio Médico Legal

Requirente: Mauricio Caamaño Post

Ingreso Consejo: 17.10.2013

En sesión ordinaria Nº 510 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de marzo de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1812-13.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 2 de septiembre de 2013, don Mauricio Caamaño Post, representado por don Marcos Antonio Herrera Chirino, junto con requerir la realización de una serie de diligencias en el sumario que indica, solicitó al Servicio Médico Legal "copias íntegras de todos los documentos del sumario que se instruye en ese Órgano del Estado desde fs. 01 hasta las últimas fojas del expediente."

2) RESPUESTA: El 8 de octubre de 2013, el Investigador Disciplinario del Servicio Médico Legal, respondió a dicho requerimiento de información mediante Reservado Nº 27, denegando la entrega de lo solicitado, esto es, copia del expediente de investigación sumaria ordenada instruir mediante resolución exenta N° 7.973, de fecha 1° de agosto de 2013. Al respecto, aduce que el secreto es de la esencia de los procesos disciplinarios instruidos por la Administración del Estado, ya revistan aquellos el carácter de sumarios administrativos o investigaciones sumarias, a excepción del conocimiento a que accedan los funcionarios inculpados una vez iniciada la etapa acusatoria con la formulación de cargos, pudiendo entregarse copias del expediente a otros interesados sólo cuando el procedimiento se encuentre afinado, instancia en la cual resulta plenamente aplicable lo dispuesto en el artículo 8º de la Constitución Política de La República, y 13 de la Ley Nº 18.575, sobre publicidad de los actos de la Administración del Estado, conforme lo ha establecido expresamente por la Contraloría General de la República en Dictamen Nº17.866/2008.

3) AMPARO: El 17 de octubre de 2013, don Mauricio Caamaño Post, representado por don Marcos Antonio Herrera Chirino, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. Además, el reclamante hizo presente que lo señalado por el órgano carece de toda legalidad, sus fundamentos son sesgados y parciales.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Director Nacional del Servicio Médico Legal, mediante Oficio N° 4.541, de 30 de octubre de 2013, quien, a través de Oficio N° 1.151, de 20 de noviembre de 2013, presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis que:

a) Con fecha 1° de julio del año 2013, don Marco Antonio Herrera Chirino, presentó escrito requiriendo la instrucción de un proceso administrativo a fin de investigar la situación que indicó.

b) Por intermedio de Resolución Exenta N° 7973-2013, la Directora Regional Metropolitana del Servicio Médico Legal ordenó la instrucción de un procedimiento administrativo a fin de investigar la eventual existencia de responsabilidad administrativa de funcionarios del Servicio Médico Legal en los hechos denunciados. Lo anterior se comunicó al solicitante mediante Ordinario Nro. 814-2013 de la Dirección Nacional del Servicio Médico Legal.

c) Con fecha 02 de septiembre de 2013, don Marco Antonio Herrera Chirino presentó escrito que en lo principal requiere se tenga presente lo que indica en el ya individualizado proceso administrativo, requiriendo diligencias, acompañando documentos, y solicitando copias de lo obrado en el proceso.

d) En mérito de lo anterior, y por constituir el procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos un proceso especial reglado expresamente en la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, se dio a dicho escrito la tramitación correspondiente, siendo derivado al Investigador Administrativo para su conocimiento y resolución.

e) Según lo expuesto, la solicitud de copias del expediente no fue tramitada según lo prescrito en la Ley 20.285, por existir un procedimiento especial reglado al efecto, el cual el requirente utilizó en su escrito al solicitar se tuviesen presentes sus alegaciones, requerir diligencias y acompañar documentos al ya individualizado proceso.

f) Debido a lo expuesto, esta autoridad consideró que la presentación formal en un proceso administrativo en actual tramitación no constituye vía idónea para requerir información pública de acuerdo a la regulación general que establece la Ley de Transparencia.

g) Sin perjuicio de lo anterior, informa que el proceso disciplinario de autos se encuentra en actual tramitación, con diligencias pendientes, por lo cual la ratio iuris de la no entrega de información descansa en el artículo 137 de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo. Lo anterior en concordancia el artículo 21, N° 5, de la Ley de Transparencia.

5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: El Consejo Directivo de esta Corporación, en sesión ordinaria Nº 500, de 5 de febrero de 2014, decretó una medida para mejor resolver el presente amparo, materializada a través del Oficio Nº 634, de 12 del mismo mes y año. En virtud de dicha medida se solicitó al Servicio Médico Legal: a) informar el estado procesal en que se encuentra actualmente la investigación sumaria sobre la cual versa la solicitud de acceso que dio origen al presente amparo, indicando asimismo, si dicha investigación sumaria mantiene tal condición o si ésta se ha elevado a sumario administrativo; b) señalar si, a su juicio, concurre respecto de la información solicitada alguna de las causales de secreto o reserva prevista en el artículo 21 de la Ley de Transparencia -por ej. aquella prevista en el N° 1 de dicho precepto, por considerar que la publicidad de dicha información pudiera afectar el debido cumplimiento de sus funciones-, haciendo especial indicación de los fundamentos de hecho y de derecho en que dichas causales se sustentarían.

6) RESPUESTA A LA MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: El Servicio Médico Legal respondió a la antedicha medida a través del Oficio Nº 197, de 25 de febrero de 2014, no es posible para esa autoridad sustraerse del cumplimiento de lo prescrito por los dictámenes de la Contraloría General de la República que cita, y conforme con los cuales, según indica, la expresión sumario administrativo debe tomarse de modo genérico, siendo por ende aplicable al caso de las investigaciones sumarias el artículo N° 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que si bien el tenor literal de la solicitud se refiere a "un sumario", conforme con los antecedentes tenidos a la vista se advierte que ésta dice relación con la copia íntegra del expediente de investigación sumaria ordenada instruir mediante resolución exenta N° 7.973 de 1° de agosto de 2013, del Servicio Médico Legal.

2) Que, conforme con lo dispuesto en los artículos 126 y 127 del D.F.L N° 29/2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, la investigación sumaria es un procedimiento administrativo disciplinario, concentrado y breve, cuyo objeto es establecer la existencia de los hechos, la individualización de los responsables y su participación, que ameritan la aplicación de alguna sanción. En tal contexto, y de acuerdo a lo establecido en los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia, la resolución que da inicio al mencionado procedimiento disciplinario, es, en principio, pública, salvo que a su respecto concurra alguna causal de secreto o reserva.

3) Que la reclamada en sus descargos invoca como causal de secreto la contemplada en el inciso segundo del artículo 137 del Estatuto Administrativo, que expresa: "el sumario será secreto hasta la fecha de formulación de cargos, oportunidad en la cual dejará de serlo para el inculpado y para el abogado que asumiere su defensa", norma que resulta aplicable a los sumarios administrativos. Sobre el particular, cabe señalar que, considerando que las causales de secreto o reserva son taxativas y con carácter excepcional, en tanto limitan el ejercicio del derecho constitucional de acceso a la información pública, aquéllas deben ser interpretadas de manera restrictiva. Ello impide aplicarlas analógicamente a un procedimiento distinto, como la investigación sumaria, tal como ha venido resolviendo sistemáticamente este Consejo, entre otras, en la decisión Rol C15-10, lo que llevará a rechazar su invocación.

4) Que, en este mismo sentido, la Corte de Apelaciones de Santiago, en su sentencia de 9 de septiembre de 2013, que resolvió el reclamo de ilegalidad Rol 3923-2013, señaló : "...el procedimiento al que se encuentra sometido el señor Ricardo San Martín, es una investigación sumaria, prevista en el artículo 126 del Estatuto Administrativo, la que difiere notoriamente del sumario administrativo, tanto en cuanto al procedimiento como a la gravedad de los hechos que se investigan; siendo en éste último, que por expresa disposición del artículo 137, que establece que el sumario es secreto hasta la fecha de formulación de cargos, oportunidad que deja de serlo para el inculpado y para el abogado que asuma su defensa". En el considerando décimotercero de dicha sentencia, se indica que "en consecuencia, siendo aplicable el secreto o reserva sólo a los sumarios administrativos, no puede mediante una interpretación analógica, extender dicha norma a las investigaciones sumarias, precisamente, por el Principio de Publicidad o Transparencia garantizado constitucionalmente en su artículo 8°."

5) Que, con todo, en la citada decisión Rol C15-10 se sostuvo que la improcedencia de invocar el inciso segundo del artículo 137 "...es sin perjuicio que los órganos de la Administración del Estado puedan argumentar que la divulgación de la información contenida en una investigación sumaria pueda afectar los bienes jurídicamente protegidos por las causales de secreto o reserva consagradas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia". Ello quiere decir que estas investigaciones pueden llegar a considerarse secretas bajo razones semejantes a las de un sumario, pero no porque exista una norma que lo declare específicamente (como sí lo hace el citado inciso segundo del artículo 137 respecto de los sumarios) sino porque pueda aplicarse a su respecto el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Ello en todo caso, supone acreditar que la revelación de la resolución de que se trata afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido en los términos establecidos en la norma legal antes citada.

6) Que, teniendo ello presente, y de conformidad con el texto expreso del artículo 21 de la Ley de Transparencia, para verificar la procedencia de una causal de secreto es menester determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella. Según ya ha señalado este Consejo, tal afectación debe ser presente o cierta, probable y específica para justificar la reserva (criterio desarrollado y aplicado en forma sistemática en las decisiones recaídas en los amparos Roles A96-09, A165-09, A193-09, C840-10, C850-10, C492-11, C929-11, entre otras).

7) Que, en el presente caso, más allá de invocar la causal de reserva señalada, e indicar que la investigación se encontraba "con diligencias pendientes", el órgano reclamado no aportó antecedentes específicos que permitan entender cómo, en concreto, la divulgación del expediente solicitado afectaría al debido cumplimiento de sus funciones. Ello le fue expresamente requerido a través de la medida para mejor resolver dispuesta por este Consejo, habida cuenta de que corresponde a la reclamada exponer en qué medida la divulgación de la información solicitada podría llegar a comprometer los bienes jurídicos contemplados en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. No obstante, el Servicio Médico Legal reiteró las mismas alegaciones expuestas en sus descargos, relativas a la aplicación al expediente requerido de la hipótesis de reserva contemplada en el artículo 137 del Estatuto Administrativo, lo cual, conforme con lo razonado en los considerandos 3° y 4° de la presente decisión, no se configura en la especie. En consecuencia, deberá desestimarse dicha afectación en la especie, y se acogerá el presente amparo, ordenándose la entrega del expediente solicitado.

8) Que, con todo, en el evento de que en el expediente en comento se encuentren declaraciones prestadas por particulares, que han concurrido a declarar voluntariamente respecto de los hechos denunciados en la investigación, conforme con el criterio contenido en la decisión Rol C1037-13 -respecto de los testimonios prestados por particulares en su calidad de apoderados de un establecimiento educacional-, atendido que se podría configurar un riesgo de afectación como el que en dicha decisión se indica, en aplicación del principio de divisibilidad establecido en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, al hacer entrega de tales declaraciones el órgano reclamado deberá tarjar cualquier dato o antecedente que directamente revele la identidad de los declarantes, o que, en su caso, permita colegir dicha información.

9) Que, asimismo, de contenerse en los documentos solicitados, datos personales de contexto, tales como números de cédula de identidad, domicilios particulares, fecha de nacimiento, estado civil, teléfonos y correos electrónicos particulares, entre otros, deberán ser tarjados en forma previa a su entrega, en aplicación de los artículos 2°, letra f), 4° y 7° de la Ley N°19.628, sobre protección a la vida privada, así como por lo dispuesto por el principio de divisibilidad establecido por el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Mauricio Caamaño Post, en contra del Servicio Médico Legal, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio Médico Legal:

a) Hacer entrega a la reclamante de copia del expediente de investigación sumaria ordenada instruir mediante resolución exenta N° 7.973 de 1° de agosto de 2013, debiendo tarjar previamente aquellos datos personales de contexto que se contengan en ellos, de conformidad con lo indicado en los considerandos 9° y 10 de la presente decisión.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@cplt.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé Nº 360, piso 7º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Mauricio Caamaño Post, y al Sr. Director Nacional del Servicio Médico Legal.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia de que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.