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Roberto Leiva Olivares con MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA Rol: C118-14

Consejo para la Transparencia, 09/04/2014

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de La Pintana, fundado en que denegó parcialmente una solicitud de información referente a: a) Estatutos vigentes legalizados por el Secretario Municipal de la Junta de Vecinos 21 -1 Lo Blanco; b) Registro de socios de la Junta de Vecinos 21-1 Lo Blanco; c) Certificado de Directorio vigentes de la Junta de Vecinos 21- 1 Lo Blanco; d) Comodato otorgado por la Municipalidad de La Pintana a la Junta de Vecinos 21-1 Lo Blanco; y, e) "Documentos presentados ante la Secretaría Municipal de todo el procedimiento de adecuación de los estatutos a la Ley Nº 20.500 y todo lo que obre en poder de la carpeta de archivo individual que lleva la Municipalidad de La Pintana de la Junta de Vecinos 21-1 Lo Blanco". El Consejo acoge el amparo. Respecto al literal b) de la solicitud de información, se acoge el amparo pues es de aquellos documentos que el propio legislador a establecido expresamente como públicos, y que por más que sean antecedentes que son datos personales, la ley a permitido su tratamiento. Respecto al literal e), se acoge el amparo, pues son de carácter público todos los antecedentes que la organización comunitaria estuvo obligada a remitir al municipio reclamado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C118-14

Entidad pública: Municipalidad de La Pintana

Requirente: Roberto Leiva Olivares

Ingreso Consejo: 15.01.2014

En sesión ordinaria Nº 514 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de abril de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C118-14.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de noviembre de 2013, Roberto Leiva Olivares solicitó al/a la Municipalidad de La Pintana, en adelante también la Municipalidad o el Municipio, la siguiente información:

a) Estatutos vigentes legalizados por el Secretario Municipal de la Junta de Vecinos 21 -1 Lo Blanco;

b) Registro de socios de la Junta de Vecinos 21-1 Lo Blanco;

c) Certificado de Directorio vigentes de la Junta de Vecinos 21- 1 Lo Blanco;

d) Comodato otorgado por la Municipalidad de La Pintana a la Junta de Vecinos 21-1 Lo Blanco; y,

e) "Documentos presentados ante la Secretaría Municipal de todo el procedimiento de adecuación de los estatutos a la Ley Nº 20.500 y todo lo que obre en poder de la carpeta de archivo individual que lleva la Municipalidad de La Pintana de la Junta de Vecinos 21-1 Lo Blanco".

2) RESPUESTA: El 27 de diciembre de 2013 la Municipalidad de La Pintana respondió a dicho requerimiento de información mediante oficio N° 36. Adjunto copia de Decreto N° 2342 de la misma fecha, por el cual señaló, en síntesis, que:

a) Señala que se encuentra a disposición del solicitante copia autorizada por la Secretaría Municipal del Estatuto de los Estatutos de la Junta de Vecinos 21-1 Lo Blanco; certificado de Directorio Vigente de la Junta de Vecinos 21-1 Lo Blanco; y, copias simples del Contrato de Comodato otorgado por la Municipalidad de la Puntana a la Junta de Vecinos 21-1 Lo Blanco y su decreto aprobatorio. (letras a), c) y d) de la solicitud).

b) Respecto del requerimiento de la letra b), la solicitud se refiere a una base de datos de carácter personal de los socios de una organización comunitaria, los que están protegidos por la Ley N° 19.628 y que la municipalidad mantiene sólo en virtud de sus funciones legales, datos cuyo tratamiento por parte de los organismos públicos sólo puede efectuarse en materias de sus respectivas competencias y utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, prohibiéndose su comunicación y transmisión en cualquier otro caso. Por lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9, 10 y 20 de la Ley N° 19.628, deniega en esta parte la solicitud.

c) En cuanto a la solicitud del literal e), su publicidad, comunicación o conocimiento afecta el debido cumplimiento de sus funciones, por tratarse de un requerimiento de carácter genérico cuya atención requiere distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores.

3) AMPARO: El 15 de enero de 2014, Roberto Leiva Olivares dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de La Pintana, fundado en que se denegó parcialmente su solicitud de información. El reclamante acompañó copia de acta de entrega de información, de 14 de enero de 2014, que da cuenta de la entrega de los documentos solicitados por los literales a), c) y d) de la solicitud.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo trasladó este amparo al Sr. Alcalde de la Municipalidad de La Pintana mediante oficio N° 391, de 29 de enero de 2014. Se solicitó especialmente que al formular sus descargos: (1°) se refiriese, específicamente, a las causales de secreto o reserva que a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada: (2°) se refiriese al volumen de la información solicitada; (3°) explicase cómo lo solicitado afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; y, (4°) acompañase copia íntegra de la respuesta entregada al reclamante, incluido el Decreto N° 1.001-T/52, de 27 de diciembre de 2013.

Mediante oficio N° 21, de 18 de febrero de 2014, el Sr. Administrador Municipal de la Municipalidad de La Pintana presentó sus descargos, señalando, en síntesis que:

a) Respecto de la solicitud del literal b), se denegó puesto que dicha solicitud de información dice relación con una base de datos de carácter personal de los socios de una organización comunitaria, los que están protegidos por la Ley N° 19.628 y que la Municipalidad mantiene sólo en virtud de sus funciones legales, datos cuyo tratamiento por parte de los organismos públicos sólo puede efectuarse en materias de sus respectivas competencias y utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, prohibiéndose su comunicación y transmisión en cualquier otro caso. Así lo indica precisamente el inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.628, refrendado a su vez por el artículo 7°, y el inciso primero del artículo 9°, e inciso primero del artículo 20°, de la misma ley.

b) En cuanto a la solicitud del literal e), ésta se denegó por cuanto constituye un requerimiento de carácter genérico, en virtud de lo establecido en el inciso 2° de la letra c), del artículo 7° del Reglamento de la Ley de Transparencia, distrayendo indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, tal como lo indica el inciso 3° de la letra c), del artículo 7° del mencionado Reglamento, involucrando personal de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) y de la Secretaría Municipal, que en el período de fin de año - época en que se procesó la solicitud - se encontraba en labores propias de sus respectivas áreas. La Municipalidad no se ha referido al volumen de la información requerida como fundamento para su denegación, sino a la falta de precisión respecto de identificar la información requerida.

c) Adjuntó copia íntegra de la respuesta entregada al reclamante (Oficio Ord. N° 1.001-T/0036, de 27 de diciembre de 2013); y del Decreto N° 2342, de 27 de diciembre de 2013, que deniega parcialmente el acceso a la información.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, del tenor del amparo, se concluye que el reclamante ha fundado su reclamación en la denegación de la información requerida por los literales b) y e) de su solicitud, por cuanto solo respecto de tales literales el Sr. Leiva Olivares ha manifestado expresamente no haber recibido la información solicitada.

2) Que, por el literal b) de la solicitud, se requirió copia del "Registro de socios de la Junta de Vecinos 21-1 Lo Blanco". La Municipalidad denegó el acceso a dicha información, pues estimó que dicho registro es una base de datos personales de los afiliados a la señalada Junta de Vecinos, por lo que está protegido por la Ley N° 19.628 y su tratamiento solo puede efectuarse en los términos contemplados en dicho cuerpo legal. Al respecto, cabe señalar que de conformidad con el artículo 6° de la Ley N° 19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, "las municipalidades llevarán un registro público, en el que se inscribirán las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias que se constituyeren en su territorio, así como las uniones comunales que ellas acordaren. En este registro deberán constar la constitución, las modificaciones estatutarias y la disolución de las mismas". De igual modo, las municipalidades "llevarán un registro público de las directivas" de dichas entidades y, además, deberán "mantener copia actualizada y autorizada anualmente del registro a que se refiere el artículo 15" de dicho cuerpo legal, que ordena que "cada junta de vecinos y demás organizaciones comunitarias deberá llevar un registro público de todos sus afiliados... (el cual) se mantendrá en la sede comunitaria a disposición de cualquier vecino que desee consultarlo (entendiendo por tal a "las personas naturales, que tengan su residencia habitual en la unidad vecinal", según el artículo 2°, letra c, del mismo cuerpo legal)". Agrega el artículo 15, en lo que importa, que "una copia actualizada y autorizada de este registro deberá ser entregada al secretario municipal en el mes de marzo de cada año (...)" Por último, el citado artículo 6° prescribe que "la municipalidad deberá otorgar, a quienes lo soliciten, copia autorizada de los estatutos, de las inscripciones y demás anotaciones practicadas en los registros públicos de organizaciones y directivas previstos en este artículo...".

3) Que, del tenor de la solicitud del reclamante, cabe concluir que ésta se refiere al denominado "registro de afiliados" de la Juntas de Vecinos 21-1 Lo Blanco. Respecto a dicho registro, su carácter público ha sido expresamente establecido por el citado artículo 6° de la Ley N° 19.418, en relación a su artículo 15, según los cuales el municipio deberá mantener copia actualizada anualmente de dicho registro. Por consiguiente, tratándose de un registro cuya publicidad ha sido expresamente reconocida por el legislador, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4° de la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales, cabe concluir que no obstante tratarse de datos personales, su comunicación o tratamiento, en este caso, se encuentra autorizada legalmente, razón por la cual requerirá su entrega. Del mismo modo ha resuelto previamente este Consejo, en las decisiones de amparos roles C854-12 y C1412-12.

4) Que por la solicitud del literal e), se requirió copia de los "documentos presentados ante la Secretaría Municipal de todo el procedimiento de adecuación de los estatutos a la Ley Nº 20.500 y todo lo que obre en poder de la carpeta de archivo individual que lleva a la Municipalidad de la Pintana a la Junta de Vecinos 21-1 Lo Blanco". La solicitud de información en análisis debe ser entendida en el contexto de los anteriores literales que conforman el requerimiento de acceso. En ese sentido, se concluye que la solicitud recae, por una parte, en los documentos que hubiere presentado la Junta de Vecinos 21-1 Lo Blanco ante la Secretaría Municipal de la Municipalidad de La Pintana, a objeto de adecuar sus estatutos en el marco de la Ley N° 20.500, y por otra parte, recae en la totalidad de los antecedentes que obren en la carpeta o archivo que lleve o mantenga esa Municipalidad respecto de la señalada Junta de Vecinos.

5) Que, la Municipalidad en su respuesta denegó la solicitud, pues estimó que era un requerimiento de carácter genérico, agregando en sus descargos que el volumen de información no fue el fundamento para su denegación, sino que éste se refiere a la falta de precisión en la identificación de la información requerida. Según indicó, su satisfacción involucraría a personal de la Dirección de Desarrollo Comunitario y de la Secretaría Municipal, que en la época en que se procesó la solicitud, se encontraban en labores propias de sus respectivas áreas. De lo anterior se desprende que el municipio denegó la solicitud, pues a su juicio se trataba de un requerimiento genérico y como tal, distraería indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Según lo previsto en el artículo 7° N° 1, letra c), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por requerimientos de carácter genérico, aquéllos que carecen de especificidad respecto de las características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o período de vigencia, autor, origen o destino, soporte, etcétera.

6) Que, de acuerdo a la normativa citada, una solicitud no es genérica sino específica, cuando en ella se identifican las características esenciales de la información requerida, como su materia, lo cual acontece en el caso de la especie, toda vez que la información solicitada se circunscribe a aquellos documentos presentados por una determinada Junta de Vecinos ante la Secretaría Municipal en el marco de la adecuación de sus estatutos a la Ley N° 20.500; y además, a la totalidad de antecedentes que obren en la respectiva carpeta o archivo municipal respecto a la señalada Junta de Vecinos. Por tanto, la solicitud recae en información lo suficientemente específica, en cuanto a su materia e identificación, la que de obrar en poder del municipio, debe encontrarse contenida en el respectivo archivo o carpeta municipal correspondiente a la Junta de Vecinos consultada. Asimismo, de haber estimado la reclamada que la solicitud del reclamante hubiere sido genérica, el órgano debió solicitar la subsanación de la misma, en forma oportuna, de acuerdo al artículo 12 inciso 2° de la Ley de Transparencia, situación que no aconteció. En lo que atañe a la alegación por la cual la reclamada indicó que para responder la solicitud se involucraría funcionarios de determinadas áreas, quienes por el periodo del año, se encontraban en otras labores, cabe hacer presente a la Municipalidad de La Pintana que corresponde a la autoridad superior del servicio - este caso al Sr. Alcalde- la obligación de dar respuesta a una solicitud de acceso, no habiéndose justificando, en este caso, que responder la solicitud pudiere haber generado una distracción indebida, conforme al estándar exigido para configurar una excepción a la entrega de la información solicitada. Por lo tanto, deberán desestimarse tales alegaciones.

7) Que respecto de aquellos documentos que hubiere presentado la Junta de Vecinos 21-1 Lo Blanco para adecuar sus estatutos a la Ley N° 20.500, cabe señalar que la citada Ley introdujo algunas modificaciones a la Ley N° 19.418, especialmente en lo referido a la conformación del directorio de la organización comunitaria y su duración. Así y, según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 19.418, las organizaciones comunitarias- incluidas las Juntas de Vecinos- serán dirigidas y administradas por un directorio compuesto, a lo menos, por tres miembros titulares, elegidos en votación directa, secreta e informada, por un período de tres años, en una asamblea general ordinaria, pudiendo ser reelegidos. De la misma manera, la ley no obliga a que las organizaciones comunitarias adecuen sus estatutos, sin perjuicio que, de estimarlo necesario, sea para cambiar la duración del plazo de la directiva, como para modificar la conformación del directorio o para disminuir la cantidad de sus miembros de cinco a tres miembros, puedan realizar dicho trámite, conforme el procedimiento regulado en los artículos 7° y siguientes, del citado cuerpo legal, lo que se materializa mediante el depósito de copia autorizada del acta constitutiva en la Secretaría Municipal respectiva.

8) Que, al respecto, el Consejo en la decisión C965-12 señaló que poseen la calidad de información pública aquellas actas que las organizaciones comunitarias se encuentran obligadas a presentar ante la Municipalidad de conformidad con la obligaciones contenidas en la Ley N° 19.418, puesto que las mismas sirven de base o sustento para la decisión que, al respecto, deben adoptar dichas entidades edilicias (aprobación de constitución, modificación de estatutos y disolución de la organización) y que la información contenida en dichas actas debe registrarse en el registro público establecido por el legislador. Sin embargo, respecto de las actas de las demás asambleas llevadas a cabo por las organizaciones comunitarias, visto que su carácter público no ha sido expresamente indicado por el legislador su comunicación no autorizada por el particular podría afectar la autonomía que la Constitución y la Ley N° 19.418 asegura a dichas organizaciones intermedias de la sociedad. El criterio precedente resulta aplicable en el presente caso, debiendo entenderse que solo son públicas aquellas actas y documentos que la organización comunitaria estuvo obligada a presentar para adecuar sus estatutos a las disposiciones de la Ley N° 20.500. Por tanto, de haber iniciado dicho procedimiento, la Junta de Vecinos 21-1 Lo Blanco debió depositar el acta respectiva en la Secretaría Municipal. En consecuencia, se acogerá en esta parte el amparo, debiendo hacer entrega de las actas y documentos que la señalada Junta debió obligatoriamente presentar en la Secretaría Municipal para adecuar sus estatutos, o bien, de no existir la información solicitada, dado que, por ejemplo, la señalada Junta de Vecinos no ha adecuado sus estatutos a la Ley N° 20.500, de conformidad con lo prescrito al efecto por este Consejo en su Instrucción General N° 10, punto 2.3, literal b), deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen.

9) Que en lo que atañe a la totalidad de los documentos que obren en el archivo o carpeta de la Junta de Vecinos consultada, siguiendo el criterio precedentemente expuesto, solo cabría la entrega de aquellos antecedentes, actas u otros documentos que dicha organización comunitaria estuvo obligada a remitir al municipio reclamado, en cumplimiento de la normativa vigente. Sobre esta materia, cabe hacer presente que revisada la respuesta a la solicitud de la letra d) del requerimiento de acceso, por la cual se requirió copia de contrato de comodato celebrado entre la Municipalidad de La Pintana y la Junta de Vecinos 21-1 Lo Blanco, se colige que en la Municipalidad deben obrar antecedentes o documentos relacionados con esa Junta de Vecinos, trátese de actas, así como de otros antecedentes vinculados, por ejemplo, al contrato antes referido. Por lo tanto, se acogerá el amparo también en esta parte, y se requerirá a la reclamada que proporcione al solicitante copia de la totalidad de los antecedentes que obren en su poder, que se vinculen con la Junta de Vecinos consultada, que ésta haya debido poner en su conocimiento en cumplimiento de la Ley N° 19.418, previo pago de los costos directos de reproducción que fueren procedentes.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por Roberto Leiva Olivares, en contra de la Municipalidad de La Pintana, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de La Pintana que:

a) Entregue al solicitante:

i. Copia del registro de socios de la Junta de Vecinos 21-1 Lo Blanco.

ii. Copia de las actas y documentos que la Junta de Vecinos 21-1 Lo Blanco debió obligatoriamente presentar en la Secretaría Municipal para adecuar sus estatutos a las disposiciones de la Ley N° 20.500, o bien de no existir la información solicitada, dado que, por ejemplo, la señalada Junta de Vecinos no hubiere adecuado sus estatutos, de conformidad con lo prescrito al efecto por este Consejo en su Instrucción General N° 10, punto 2.3, literal b), deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen.

iii. Copia de la totalidad de los antecedentes que obren en su poder, que se vinculen con la Junta de Vecinos 21-1 Lo Blanco, que ésta haya debido poner en su conocimiento en cumplimiento de la Ley N° 19.418, previo pago de los costos directos de reproducción que fueren procedentes.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@cplt.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé Nº 360, piso 7º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a Roberto Leiva Olivares y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de La Pintana.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia de que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídica del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.