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Mariano Casera Ubilla con DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Rol: C1493-13

Consejo para la Transparencia, 15/01/2014

Se dedujo amparo en contra de la Dirección Nacional del Servicio Civil -DNSC-, fundado en que denegó la información solicitada referente a información del requirente sobre 12 concursos públicos para proveer los cargos de Juez y Secretario del Tribunal Aduanero (Nºs 1949, 1950, 1953, 1954, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1557, y 1564), a los cuales postuló sin resultar seleccionado: a) Los informes psico-laborales evacuados respecto de persona, incluyendo las respectivas evaluaciones. b) Copia de los exámenes de conocimientos que rindió, con sus respectivas evaluaciones. c) Resultado de las entrevistas finales que le fueran realizadas, según el concurso respectivo, con indicación de los factores que fueran evaluados. d) Lugar que ocupó en el ranking de los concursos, en relación al ganador de los mismos. Se acoge parcialmente el amparo. Respecto al literal a), se acoge el amparo, toda vez que el Consejo ha sido uniforme en orden a desestimar la concurrencia de la causal prevista en el artículo 21 n°2. Ni tampoco, la causal prevista en el artículo 21 n°4 referente a la afectación de la seguridad de la nación. La interpretación armonica, dice que la confidencialidad de los procesos de selección de altos directivos públicos termina al finalizar estos, es decir, al determinarse la nómina de candidatos a proponer al jefe superior del servicio que corresponde y seleccione éste último a uno de los candidatos. Respecto a la evaluación psicolaboral, se estima que divulgación de estos "juicios de expertos" hace plausible que se produzcan cuestionamientos dificiles de dirimir y que, lejos de generar valor al sistema de reclutamiento, provocarían serios entorpecimientos a su funcionamiento regular. Afectando el debido cumplimiento de sus funciones. Respecto al literal b), no concurren las causales de reserva invocadas por los mismos fundamentos en que se descartan en el literal a). Además, son documentos elaborados con presupuesto público y que forman parte de las etapas de un procedimiento administrativo público. Respecto al literal d), se acoge el amparo por cuanto se trata de los puntajes asignados al mismo solicitante. Lo mismo respecto a lo solicitado en el literal e).


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Justicia
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:



Reclamaciones contra esta decisión (Ver estado procesal):



Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1493-13

Entidad pública: Dirección Nacional del Servicio Civil -DNSC-

Requirente: Mariano Casera Ubilla

Ingreso Consejo: 11.09.2013

En sesión ordinaria Nº 494 del Consejo Directivo, celebrada el 15 de enero de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1493-13.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285, Nº 19.880 y N° 19.628; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de agosto de 2013 don Mariano Casera Ubilla solicitó a la Dirección Nacional del Servicio Civil (en adelante, indistintamente DNSC), la siguiente información referida a su persona, en relación con 12 concursos públicos para proveer los cargos de Juez y Secretario del Tribunal Aduanero (Nºs 1949, 1950, 1953, 1954, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1557, y 1564), a los cuales postuló sin resultar seleccionado:

a) Los informes psico-laborales evacuados respecto de persona, incluyendo las respectivas evaluaciones.

b) Copia de los exámenes de conocimientos que rindió, con sus respectivas evaluaciones.

c) Resultado de las entrevistas finales que le fueran realizadas, según el concurso respectivo, con indicación de los factores que fueran evaluados.

d) Lugar que ocupó en el ranking de los concursos, en relación al ganador de los mismos.

2) COMUNICACIÓN AL TERCERO INTERESADO: La DNSC comunicó la solicitud a la empresa consultora SEMINARIUM, en virtud de lo previsto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, con fecha 6 de septiembre de 2013. La señalada empresa, con fecha 10 de septiembre de 2013, manifestó su oposición a la entrega de la información solicitada, en virtud de los siguientes argumentos:

a) La empresa ha intervenido en los procesos de evaluación bajo la expectativa de estricta confidencialidad de la información que involucran, de manera que consentir en la entrega de lo pedido significaría desconocer los acuerdos adoptados sobre esta materia con la DNSC, cuyos lineamientos operacionales solicitaban un manejo absolutamente confidencial de la información. En este mismo sentido, el Convenio Marco del año 2011 estableció que las consultoras adjudicadas deben cumplir los principios de la Alta Dirección Pública que, entre otros aspectos, exige a las entidades que participan como empresas consultoras en dichos procesos, implementar todos los procedimientos que garanticen la confidencialidad en los términos que prevé la Ley 19.882.

b) El rol de la evaluación psicológica en el contexto laboral es determinar si el perfil del candidato se adecua plenamente o parcialmente o simplemente no se adecua a un cargo determinado, por lo tanto la entrega de esta información puede resultar contraindicada, al permitir un examen descontextualizado de la misma y no lograrse la objetividad necesaria para comprender los fundamentos de fondo de una opinión experta. Es por lo mismo que la opinión experta en esta materia es solicitada a la consultora externa en calidad de proveedores oficiales y expertos, siendo sólo remitida a la Dirección Nacional del Servicio Civil en calidad de contraparte técnica igualmente calificada.

c) Las técnicas y metodología de evaluación están estandarizadas por los lineamientos generales entregados por la Dirección Nacional del Servicio Civil, lo que también sucede con los criterios de calificación. Sin perjuicio de ello, el resultado de la evaluación es la suma de un análisis exhaustivo efectuado a través de entrevistas, pruebas psicológicas, historia laboral, exámenes de motivación y referencias profesionales en el caso de los P3 y parte de ellas para el caso de los P2. Este análisis es realizado por parte de profesionales expertos, quienes llegan a una opinión cualitativa, no lineal o por puntaje, de la idoneidad de un candidato, opinión que una persona no experta o con un conflicto de interés respecto a la misma evaluación no podría considerar con suficiente objetivad, imparcialidad o fundamento técnico.

3) RESPUESTA: La Dirección Nacional del Servicio Civil respondió a la antedicha solicitud mediante la Resolución exenta N° 1328, de 11 de septiembre de 2013, denegando la información solicitada e invocando al efecto las siguientes causales de reserva, en virtud de los argumentos que se indican:

a) Causal prevista en el artículo 21 Nº 5 de la Ley de Transparencia: La información solicitada queda protegida por la norma de secreto que establece el artículo quincuagésimo quinto de la Ley N° 19.882, que constituye una norma de quórum calificado, consagratoria de la confidencialidad acerca de la identidad de los candidatos, al señalar que: «El proceso de selección tendrá el carácter de confidencial, manteniéndose en reserva la identidad de cada candidato...» Asimismo, sostiene, el artículo quincuagésimo del mismo cuerpo legal establece, tratándose del Sistema de Alta Dirección Pública, la reserva de las nóminas que se envían a la autoridad. Agrega que esta normas han sido acogidos como motivos de reserva en el fallo Rol 943-2010 de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, relativo a los procesos de amparo roles A29-09, A35-09; así como también en el fallo Rol 3436-2010 de la misma I. Corte de Apelaciones de Santiago, de 15 de junio de 2011.

b) Causal prevista en el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia: La DNSC sostiene que esta causal debe ser analizada desde una triple perspectiva; por una parte, desde el punto de vista de las personas directamente involucradas en el proceso de selección (postulante y/o candidato); por otra, respecto de los antecedentes de estos terceros, considerando la protección que establece la Ley N°19.628; y finalmente, respecto de aquellos terceros que son los generadores de la información (empresas consultoras). Al respecto distingue:

b.1) derechos de las personas directamente afectadas:

- La publicidad del proceso de selección -que involucra la evaluación de competencias, experiencia laboral y aptitudes psicológicas- vulneraría la dignidad personal del evaluado, pues la evaluación da cuenta de apreciaciones del examinador emitidas dentro de un contexto técnico, experto y específico. La crítica severa o la lisonja justificada, incluso la declaración de aspectos psicológicos complejos, como los puntajes definidos por las empresas y/o organismos evaluadores (Consejo de Alta Dirección Pública y Comités de Selección), no corresponde sean entregados por el titular de la información, en este caso la autoridad que solicita asesoría experta, en todo o en parte de un proceso de selección.

- No es responsabilidad ni función de la autoridad las medidas o acciones que ejecuten los evaluaos al conocer Ios juicios vertidos por un especialista, en función de analizar y discriminar comportamientos y competencias de un individuo en relación a un perfil de selección. La protección de la salud, de la integridad psíquica y de la dignidad de la persona, exige entonces la no entrega de antecedentes que sólo pueden ser revelados en un entorno clínico y con la asistencia profesional pertinente. Por lo mismo, señala, no corresponde, por ejemplo, entregar los informes psico-Iaborales a quien solicita el propio, en atención a que el titular de dicho informe no es éste, sino la autoridad que solicita asesoría profesional para evaluar si un individuo posee las competencias necesarias para desempeñarse en una plaza concursada.

- Del mismo modo, las opiniones vertidas por referentes consultados para un contexto laboral específico no corresponde darlas a conocer al evaluado, pues si así se hiciera, pierden las mismas todo sentido y efectividad en el cumplimiento de la función de seleccionar. Si los eventuales referentes contaran con la seguridad de que su opinión pudiese ser ventilada al escrutinio público y al mismo evaluado, ellas carecerían de la objetividad requerida para comprender el desempeño profesional de un individuo, interfiriendo un proceso de selección que efectivamente discrimine quienes son los mejores para ocupar cargos públicos adscritos al Sistema de Alta Dirección Pública. Las opiniones vertidas por los referentes deben ser resguardadas por la confidencialidad incluso del mismo referido, quien fuera de contexto también puede ver afectada su integridad psíquica e incluso su dignidad.

b.2) derechos de las personas:

- Conforme establece el artículo 2°, letra g), de la Ley N°19.628, constituyen datos sensibles «aquellos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como, los estados de salud físicos o psíquicos de las personas». Siguiendo con el ejemplo de los informes de evaluación psico-Iaboral, es fundamental considerar que el artículo 24 de la misma ley, incorporó un nuevo inciso al artículo 127 del Código Sanitario, en cuya virtud «las recetas médicas y análisis o exámenes de laboratorios clínicos y servicios relacionados con la salud son reservados». A su vez, conforme se desprende de los artículos 112 y 113 del Código Sanitario, Ios informes emitidos por psicólogos se consideran para estos efectos dentro del supuesto indicado.

- Por su parte, conforme prevé el artículo 10 de la misma ley N° 19.628, los datos sensibles no pueden ser objeto de tratamiento, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares. Lo cual ha sido recogido por Contraloría General de la República en su Dictámen N° 31.250/2008. En conformidad con lo establecido por la disposición cuarta transitoria de la Constitución y el artículo 1° transitorio de la Ley N° 20.285, ha de concluirse que los artículos de la ley N° 19.628 -que establecen casos de reserva o secreto - cumplen con el requisito de ser normas de quórum calificado.

- Por otra parte, y a mayor abundamiento, la confidencialidad establecida por el artículo quincuagésimo quinto de la ley N°19.882 no admite a la DNSC, incluso con la aceptación del evaluado, proporcionar los antecedentes de su informe psico-Iaboral. Es exigencia de la ley resguardar su identidad y el tratamiento confidencial de los elementos que sirven para operar los procesos de selección. Respecto de lo primero, señala, debe considerarse que los candidatos postulan bajo la premisa de participar de un proceso de selección de carácter confidencial, en el cual su identidad sería mantenida en reserva, conforme señala la ley en forma expresa, cuestión que se vincula no sólo con la protección de la vida privada, sino con la seguridad del empleo (libertad de trabajo); ambos derechos de rango Constitucional. Al respecto, debe protegerse la legítima posibilidad que tiene una persona de buscar nuevos puestos de trabajo sin que ello afecte su empleo o situación laboral actual. Señala que ambas prerrogativas son protegidas por el ordenamiento jurídico en las garantías constitucionales relativas que a la libertad de trabajo y a la protección de la vida privada.

b.3) derechos de la consultora:

- La publicidad afectaría los derechos del evaluador. Ello porque su trabajo sería expuesto a un escrutinio descontextualizado y generalmente realizado por quienes carecen del conocimiento y las habilidades necesarias para dimensionarlo en forma adecuada, haciendo inútil la participación de empresas consultoras expertas y, más aún, imposibilitando dicha participación al vulnerarse la regla de sigilo presente en el desarrollo de sus actividades y en la reserva del proceso de selección, que permite que todos estén dispuestos a concursar y que cada postulante sea evaluado en forma rigurosa y profesional.

- Este impedimento deriva de la existencia de prácticas y estándares internacionales en materia de selección y reclutamiento, que exigen la confidencialidad de la actividad desarrollada por head hunters y evaluadores de selección de personal, ya que dota al examinador y demás partícipes del proceso de selección de la objetividad necesaria para discriminar cuál de los postulantes se aproxima de mejor manera al perfil de selección definido por el mandante. Si los referentes que el especialista consulta tuviesen conocimiento de que el candidato va a poder acceder a las opiniones que de él se viertan, sin duda alguna moderaría juicios y observaciones, ya a no mediar el principio de confidencialidad, éstas se emitirían con mayor libertad y precisión.

- En el mismo sentido, los especialistas en selección, de no mediar la confidencialidad, podrían estar expuestos a presiones de diversos tipos que conviene evitar en aras de la objetividad y la ecuanimidad de sus decisiones con respecto a los candidatos del proceso de selección.

- Por todo lo anterior, la confidencialidad se constituye en un estándar profesional y en un imperativo legal cuya vulneración lesiona principios básicos de los consultores expertos e importa un detrimento que el legislador buscó evitar al otorgar tal carácter al proceso de selección del Sistema de Alta Dirección Pública, y que impediría a esta Dirección contar con la experticia y trabajo necesario para llevar a cabo su labor.

c) Causal prevista en el artículo 21 Nº 4 de la Ley de Transparencia:

i. Si bien, no se aprecia que la seguridad nacional justifique, en abstracto, los casos instrumentales de secreto, reserva o confidencialidad contemplados en la Ley N°19.882, ello no obsta a que puedan existir casos concretos de procesos de selección de altos directivos cuyo sigilo pueda sustentarse en dicha causal frente a requerimientos precisos de acceso a información relativa a concursos. No cabe duda que el interés nacional justifica las características con que el legislador decidió dotar, al menos en esta etapa fundacional, el nuevo proceso de selección de los altos directivos públicos.

ii. En efecto, señala, al examinar las características del proceso de selección regulado en la Ley N°19.882, queda en evidencia que, con cualidad obviamente excepcional en nuestro Derecho, se ha dispuesto un proceso singularizado por el secreto, pues este rasgo distintivo es instrumental para el desempeño eficaz y eficiente de un mecanismo de selección exigente, profesional y calificado por sus resultados, orientado a incorporar al servicio público a personas altamente capaces, a través de estándares recogidos del sistema privado de selección de personal, mediante la participación de empresas especializadas en el rubro. Tal modalidad confidencial, sin embargo, no debe atribuirse en este caso a una confirmación o resabio de la cultura del secretismo que ha regido nuestro régimen político aún antes de su configuración como República independiente, sino que ello se justifica -al menos en esta etapa fundacional- en el profundo cambio, esencialmente cultural, que implica el procedimiento de selección de alta dirección pública, bajo un contexto que supone la modernización del Estado.

iii. No resulta menester recordar aquí la situación imperante con anterioridad a la Ley N°19.882 y aún mantenida después de ella en vastos sectores de la Administración, caracterizada, a veces, por mecanismos excesivamente discrecionales y poco profesionales para la provisión de cargos públicos de alta relevancia, inscribiéndose, el nuevo modelo, como inicio de un proceso orientado a salvar las deficiencias estructurales del mecanismo anterior.

iv. En ese contexto, en el mensaje de la actual Ley N°19.882 se hace referencia a ...«el nuevo trato laboral, el fortalecimiento de una institucionalidad ligada a la administración de personal en el sector público mediante la creación de la Dirección Nacional del Servicio Civil como del Sistema de Alta Dirección Pública. Por tanto, esta nueva entidad que se constituye, se instala, como la encargada de diseñar e implementar descentralizadamente políticas de personal que refuercen las iniciativas modernizadoras en la administración central, profesionalizar la gestión de recursos humanos en los servicios, reforzar el desarrollo de la empleabilidad de los funcionarios, que permita contar con un empleado público calificado, motivado, comprometido y dedicado a las tareas de la modernización y al servicio de los ciudadanos, incorporando la perspectiva de género como una variable permanente en el diseño y ejecución de las políticas de desarrollo del personal, estimulando las instancias de participación y, asegurando el pleno cumplimiento de las normas laborales al interior del sector público».

v. En el contexto descrito entonces, la confidencialidad dispuesta por los artículos quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la Ley Nº 19.882, tiene precisamente valor instrumental para lograr un cambio profundo en la provisión de cargos públicos altamente relevantes, facilitando que todos los interesados -particularmente, los más capaces- postulen y que también participen en su selección, consultores especializados del más exigente nivel dentro del mercado, mejorando la gestión de los servidores públicos y, con ello, la del Estado en su conjunto, lo cual se justifica -obvio es decirlo- en el interés nacional. Para ello, el legislador ha debido considerar cómo se llevan a cabo estos procesos en el ámbito privado, donde también existe una cultura que caracteriza su desenvolvimiento, dentro de la cual el sigilo constituye, verdaderamente, la base del proceso, con el objeto que las personas más idóneas no queden expuestas al escrutinio público, sobre todo si no resultan seleccionados a pesar de sus capacidades incuestionables. En razón de esto, el legislador entregó un rol garante al Consejo de Alta Dirección Pública que se detalla en el encabezado de esta comunicación.

vi. Es por lo mismo que la ley ha dotado al proceso de selección -esta vez en el ámbito más elevado del sector público- con ese mismo rasgo esencial, consistente en la confidencialidad que los tipifica en el sector privado, donde ha probado ser un valioso mecanismo de elección para el desempeño de posiciones relevantes. La reserva entonces deberá ser aplicada ahora, en el sector público, o sea, aquel ámbito dominado por el interés nacional como fundamento de cualquier decisión de política pública.

vii. Tanto o más importante, por último, para justificar el secreto en estos procesos, es que esa característica capital constituye, desde el ángulo de los consultores especializados, condición sine qua non para desarrollar adecuadamente su tarea de evaluación, configurando una verdadera premisa ética de su trabajo profesional, sin la cual esas empresas especializadas, a no dudarlo, no estarían dispuestas a participar en el proceso de selección de los altos directivos públicos, mellando el interés de toda la población -recogido por la ley- para estructurar un modelo nuevo y exigente de alta dirección pública.

viii. Es por ello que los órganos encargados de velar por el respeto del principio de publicidad y de cautelar el cumplimiento de los casos de secreto dispuestos por la ley, deben tener especialmente en consideración aquellos casos en que la reserva se justifica en el interés nacional, frente, al interés particular por acceder a una información. Este conocimiento no puede surtir efecto alguno en un proceso como el estructurado por la Ley N° 19.882, sin desarticularlo en su base, y con ello alejar a los mejores postulantes e impedir que los consultores especializados participen en él, contribuyendo al mejoramiento sustancial del servicio público. Máxime, si los interesados en obtener la información que la ley ha declarado excluida del conocimiento público carecen de los conocimientos idóneos para evaluarla, lo que arriesga con entorpecer las decisiones que deben tomar relevantes autoridades estatales para designar funcionarios del primer o segundo nivel jerárquico.

ix. En suma, el legislador ha considerado que la profunda modificación que implica este sistema de selección hoy contemplado en la Ley N°19.882, en aras del interés nacional, justifica su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico en los términos ya descritos y exige casos de secreto o confidencialidad que permitan su desenvolvimiento con la participación de candidatos y consultores de la máxima idoneidad.

4) AMPARO: El 11 de septiembre de 2013, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Dirección Nacional de Servicio Civil, fundado en que ésta le denegó la información solicitada.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 3964, de 25 de septiembre de 2013, al Sr. Director Nacional del Servicio Civil, quien a través del Oficio N° 1444, de 8 de octubre de 2013, presentó sus descargos y observaciones, reiterando en todo lo señalado al responder la solicitud de información.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: En conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, este Consejo acordó trasladar el presente amparo a la empresa consultora Seminarium en su calidad de tercero interviniente en el presente amparo, lo que se materializó a través del Oficio N° 3965, de 25 de septiembre de 2013, con el objeto que presentara sus descargos y observaciones, haciendo expresa mención a los derechos que le asistirían y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida. La empresa satisfizo o solicitado con fecha 4 de octubre de 2013, reiterando en todo lo señalado al oponerse ante la DNSC, agregando únicamente: (1) que los procesos de selección requieren la confidencialidad para atraer candidatos, pues estos se desmotivarían de participar si sus resultados y postulaciones fueran públicos; y (2) que los postulantes al participar de un concurso de estas características saben cómo es el mecanismo del proceso de selección, en cuanto a que este no contempla la devolución de los resultados y están de acuerdo con ello al aceptar postular, de manera que solicitar posteriormente los antecedentes del concursos significa en definitiva no aceptar las reglas del juego.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el principio de transparencia de la función pública tiene su fuente en el explícito mandato del precepto 8º de la Constitución Política de la República, norma fundacional que se ve refrendada por lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, conforme a los cuales son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que le sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, así como la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, salvo que concurran las excepciones establecidas por la propia Ley de Transparencia y las previstas en otras leyes de quórum calificado. Por lo tanto, encontrándose en poder de la Dirección Nacional del Servicio Civil la información requerida, que ha sido además elaborada con presupuesto público y ha fundado una decisión de la Administración, se presume pública salvo que concurra alguna de las excepciones que establece la Ley de Transparencia u otras leyes de quórum calificado, por los motivos que establece el citado precepto constitucional.

2) Que, la información requerida en la especie abarca diversos antecedentes asociados a la evaluación que fuera realizada al propio solicitante, en el marco de 12 certámenes concursales convocados para proveer cargos de Juez y Secretario, de distintos Tribunales Tributarios y Aduaneros del país. La Dirección Nacional del Servicio Civil, por su parte, para denegar la información pedida invocó las causales de reserva previstas en el artículo 21 Nºs 2, 4 y 5 de la Ley de Transparencia, por las razones que se ha señalado en lo expositivo de este acuerdo.

3) Que, a efectos de examinar la concurrencia de las señaladas causales de reserva, así como en definitiva el carácter público o reservado de los antecedentes solicitados, se analizará por separado cada punto comprendido en la solicitud de información.

4) Que, respecto de lo solicitado en el literal a) de la solicitud -esto es, los informes psico-laborales evacuados respecto del propio solicitante, incluyendo las respectivas evaluaciones efectuadas- la jurisprudencia de este Consejo a partir de las decisión de amparos roles C29-09 y C35-09, ha sido uniforme en orden a desestimar la concurrencia de la causal prevista en el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia. En este sentido, siguiendo las distinciones que ha efectuado la propia DNSC al invocar la antedicha causal, este Consejo ha sostenido:

a) En torno a la supuesta afectación de los derechos del propio requirente, que aunque el informe haya sido encargado por la DNSC el titular de los datos allí contenidos es la persona a que se refieren dichos datos, en este caso, el postulante requirente. Ello, por aplicación del artículo 2° letra ñ) de la Ley N° 19.628, que entiende por "titular de los datos", a "la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal. Lo anterior hace que no pueda configurarse la afectación invocada, pues el titular es quien solicita sus propios datos personales (considerando 9º a) de la decisión de amparo C29-09).

b) Respecto a la supuesta afectación de los derechos de la empresa consultora que intervino en los señalados concursos (en la especie, la empresa consultora SEMINARIUM), por el hecho que su trabajo se vería expuesto a un escrutinio descontextualizado por parte de personas que carecen del conocimiento y las habilidades necesarias para dimensionarlo en forma adecuada, que:

i. Si bien podría ser efectivo que la confidencialidad de los procesos de selección de directivos realizados por consultoras especializadas (también conocidas como "head hunters"), sería parte de los estándares tanto nacionales como internacionales para desarrollar estos procedimientos, esto sólo sería aplicable tratándose del sector privado, sin que pueda trasplantarse sin más al sector público, especialmente desde que la Carta Fundamental declara públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen.

ii. El trabajo que la empresa consultora y las demás empresas que intervienen en el SADP desarrollan, se presta en virtud de un contrato en el cual la Dirección Nacional del Servicio Civil les ha encomendado colaborar en la ejecución de una función pública (el proceso de selección de altos directivos públicos) que corresponde al Consejo de Alta Dirección Pública. Este contrato de prestación de servicios es financiado por el erario público, por lo que el resultado de dicha prestación de servicios es información pública, de acuerdo al artículo 5° de la Ley de Transparencia, sin que se aprecie la existencia derechos de la consultora que pudieran verse lesionados por la entrega de la información requerida. Por lo demás, en este caso las alegaciones de la empresa consultora parecen más bien dirigidas a invocar la causal prevista en el artículo 21 Nº1 e la Ley de Transparencia, alegación para la cual carece de la legitimación conforme ha resuelto este Consejo a partir de la decisión de amparo C641-10.

5) Que, asimismo, este Consejo ha descartado que la divulgación del informe o evaluación psicológica del propio solicitante, pueda configurar la afectación a la seguridad de la Nación en términos de hacer procedente la causal prevista en el artículo 21 Nº 4 de la Ley de Transparencia, como lo que plantea la Dirección Nacional del Servicio Civil. En efecto, sobre el particular este Consejo se ha pronunciado en las decisiones de amparos roles C29-09, C35-09, C90-09, C336-09 y C488-10, C971-11 y C437-12, entre otros, en los siguientes términos:

a) La DNSC alega la causal fundada en que la confidencialidad del proceso de selección de altos directivos públicos aseguraría que el mecanismo de selección fuese exigente, profesional, calificado y orientado a incorporar al servicio público a personas altamente capaces, generando un cambio profundo y mejorando la gestión de los servidores públicos y con ello, la del Estado, de manera que la divulgación de lo pedido, dañaría todo lo anterior y por esta vía se vería afectado el interés nacional. En otras palabras, ha invocado la afectación del interés nacional en general, es decir, aludiendo a éste como un concepto jurídico indeterminado relativo a la conveniencia o beneficio de toda la sociedad, pero sin referir su alegación a algunos de los específicos bienes jurídicos que la propia norma menciona a título ejemplar como vinculados a dicho interés, esto es, la salud pública, las relaciones internacionales o los intereses económicos o comerciales del país.

b) Lo anterior impide que pueda darse por configurada dicha causal de reserva pues, siendo esta una excepción al sistema general de publicidad de la información, su concurrencia debe ser interpretada restrictivamente, debiendo darse lugar a las mismas sólo en la medida que se acredite de manera fehaciente la hipótesis en que consiste, cuestión que no sucede en la especie.

c) Por lo demás, la forma en que la DNSC ha fundado dicha causal parece más bien referir la alegación al motivo de reserva previsto en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia -esto es, la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano-, pues alude al entorpecimiento que la publicidad de los informes ocasionaría a las funciones de reclutamiento que lleva a cabo la DNSC. Esto último obliga a reconducir la invocación hacia una supuesta afectación a este último bien jurídico, lo que será analizado en lo sucesivo.

6) Que, también este Consejo ha desestimado la concurrencia de la causal prevista en el artículo 21 Nº 5 de la Ley de Transparencia, en virtud de lo establecido en los artículos quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la Ley Nº 19.882. Así, en las decisiones de amparo roles C971-12 y C437-12, referidas también a antecedentes sobre evaluaciones psicolaborales practicadas al propio solicitante en el marco de un certamen concursal, ha razonado, que:

a) El artículo quincuagésimo quinto de la Ley N° 19.882, establece que los procesos de selección de los altos directivos públicos «...tendrán el carácter de confidencial, manteniéndose en reserva la identidad de cada candidato», y añade que la DNSC «dispondrá las medidas necesarias para garantizar esta condición». Idéntica reserva establece el artículo quincuagésimo para la nómina de candidatos en los concursos de primer y segundo nivel jerárquico. Con posterioridad a la Ley N° 19.882 el artículo 21 N° 1 b) de la Ley de Transparencia, ha reafirmado el secreto o reserva «...de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política...», carácter que tendrían los antecedentes asociados a un certamen concursal del SADP, pero le da un carácter temporal a la reserva, pues añade que esto es «...sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas (la resolución, medida o política) sean públicos una vez que sean adoptadas».

b) La interpretación armónica de la Ley de Transparencia y de la Ley N° 19.882, lleva a concluir que la confidencialidad de los procesos de selección de altos directivos públicos termina al finalizar éstos, vale decir, al determinarse la nómina de candidatos a proponer al jefe superior del servicio que corresponde -o al Presidente de la República, en su caso-, y seleccionar éste último a uno de los candidatos. Sin embargo, en este caso los concursos públicos sobre los cuales se requiere la información se encuentran finalizados. Por ello debe desestimarse que concurra la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 Nº 5 de la Ley de Transparencia, fundada en el artículo quincuagésimo quinto de la Ley N° 19.882.

c) Si bien el Tribunal Constitucional resolvió en su sentencia Rol 1990/2011, de 5 de junio de 2012, recaída en el requerimiento de inaplicabilidad presentado por don Pablo Coloma Correa en el reclamo de ilegalidad caratulado "Dirección Nacional del Servicio Civil con Consejo para la Transparencia", seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago bajo el Rol Nº 541-2011, que no podían aplicarse a dicha gestión los artículos 5º, inciso segundo, y 21, Nº1, letra b), de la Ley de Transparencia, por estimarlos contrarios a la constitución, lo hizo porque ello afectaría la vida privada del recurrente, fundamento que no ocurre de forma alguna en este caso, pues el solicitante requiere la entrega de sus propios informes o evaluaciones psicológicas, de manera que tal criterio no es aplicable en este caso. Por lo demás, la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional tiene sólo efectos relativos.

7) Que, no obstante no concurrir en la especie las causales invocadas directamente por la DNSC, y tratarse lo solicitado del informe psicológico evacuado respecto del propio solicitante, el criterio de este Consejo a partir de la decisión de las reposiciones interpuestas en los amparos C29-09 y C35-09, recogida en otras posteriores como la decisión del amparo C90-09 (en todos éstos por mayoría), ha sido que las opiniones contenidas estos informes deben estimarse reservadas, pues su entrega afectaría el debido funcionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública (21 N° 1 Ley de Transparencia) y por esa vía el debido cumplimiento de las funciones de la Dirección Nacional del Servicio Civil, ya que:

a) La evaluación psicolaboral corresponde a un examen en un momento determinado, sobre la base de los atributos definidos por un mandante, y a través de la emisión de opiniones por parte de consultoras dedicadas al reclutamiento de personal, cuya claridad y asertividad son esenciales para una debida prestación de sus servicios y para que sus informes sean útiles en orden a decidir a qué persona contratar. Es por ello que la DNSC se refiere a estos informes como constitutivos de un «juicio de expertos» y difícilmente objetivable. Lo anterior hace plausible que de difundirse estas opiniones se produzcan cuestionamientos difíciles de dirimir y que, lejos de generar valor al sistema de reclutamiento, provocarían serios entorpecimientos a su funcionamiento regular.

b) En caso de entregarse estos antecedentes el Sistema de Alta Dirección Pública se vería sometido a una magnitud de cuestionamientos cuyo volumen atentaría contra su debido funcionamiento. Previsiblemente, además, en muchos casos no se dejaría satisfechos a los interesados y terminaría mermándose la claridad y asertividad de los informes que pasarían a ser herramientas poco útiles para el reclutamiento del personal, entorpeciendo el funcionamiento mismo del sistema. En otras palabras, se entorpecería el funcionamiento futuro del SADP.

c) Todo lo anterior atentaría contra el debido cumplimiento de las funciones del organismo en cuanto a la selección de su personal y, por extensión, en la ejecución de las otras tareas que la Ley le ha encomendado, pues se generaría un riesgo cierto, probable y específico de producir tal afectación, configurando así la causal de secreto o reserva del artículo 21 Nº 1 de la Ley de Transparencia.

d) Este planteamiento ha sido ratificado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en sentencia rol Rol N° 1092-2013, que rechazando un reclamo de ilegalidad deducido en contra de la decisión de amparo Rol C1556-12, que a su vez rechazó entregar el informe psicológico que había sido pedido por el propio solicitante en el marco de un certamen concursal razonó que: «Lo anterior (alude a los razonamientos adoptados por el Consejo en su decisión) necesariamente, puede perjudicar la claridad de los informes en el futuro que atente contra el debido cumplimiento de las funciones de la institución respeto a cómo es la selección o reclutamiento de su personal».

8) Que, con todo, según ha resuelto este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C29-09, respecto del informe psicolaboral, es posible aplicar el principio de divisibilidad y entregar sólo los puntajes asignados en dichos informes (tanto por la consultora como por el Consejo de Alta Dirección o Comité de Selección, según el caso, cuando: i) los requiriese la propia persona evaluada, ii) se tratase de los puntajes del ganador (que se declaran públicos) y iii) fuesen puntajes de terceros incluidos en la terna o quina que, tras la aplicación del artículo 20, consintieran en ello o no se opusieran oportunamente. Ello, pues la pura entrega de los puntajes no produce ninguno de los efectos dañinos mencionados.

9) Que, por lo anterior, respecto de lo solicitado en el literal a) de la solicitud, en aplicación del principio de divisibilidad se acogerá el amparo, a efectos de requerir a la DNSC que haga entrega al requirente únicamente de los puntajes que figuran en los informes psicolaborales evacuados respecto de su persona en relación a los certámenes concursales a que se refirió la solicitud.

10) Que, con respecto a lo solicitado en el literal b) de la solicitud -esto es, copia de los exámenes de conocimientos que rindió, con sus respectivas evaluaciones-, este Consejo estima que no concurren las causales invocadas por la DNSC, por los argumentos ya expuestos, ni tampoco la causal de reserva prevista en el artículo 21 Nº 1 de la Ley de Transparencia pues atendida la naturaleza de los antecedente pedidos no resultan aplicables a su respecto os razonamientos señalados en el considerando 5º precedente. En consecuencia, no se ha desvirtuado la presunción de publicidad que pesa respecto de esta información. A mayor abundamiento, respecto de la misma es preciso tener en consideración lo resuelto por este Consejo en las decisiones de los amparos Roles C246-09 y C504-11, en que se estableció que las copias del formulario o formato de las pruebas destinadas a identificar los conocimientos del postulante para el desempeño de la función sujeta a concurso, por constituir documentos elaborados con presupuesto público y que forman parte de las etapas de un procedimiento administrativo público, poseen el mismo carácter público que tiene el procedimiento que les dio origen en cuanto constituyen la base fundamental para establecer la capacidad técnica que tendría o no cada candidato de para desempeñar los cargos para el cual postularon. Lo anterior, enfatizado por el hecho que en la especie se trata de las evaluaciones y resultados obtenidos por el propio solicitante, en el marco de os concursos consultados.

11) Que lo solicitado en el literal d) de la solicitud -esto es, el resultado de las entrevistas finales que le fueran realizadas, según el concurso respectivo, con indicación de los factores que fueran evaluados- ha de entenderse referido a los puntajes asignados al solicitante en la señalada etapa de los concursos respectivos (en caso de haber llegado a las mismas) por cada uno de los atributos que fueron respectivamente evaluados en la misma. Siendo así, deberá estarse a lo que ha razonado la jurisprudencia de este Consejo, conforme se expone en el considerando 8º precedente. En consecuencia, se acogerá el emparo en esta parte, por cuanto se trata de los puntajes asignados al mismo solicitante, información respecto de la cual se estima que no concurren las causales que se han examinado precedentemente.

12) Que, respecto de lo solicitado en el literal e) de la solicitud -esto es, el lugar que ocupó el solicitante en el ranking de los concursos, en relación al ganador de los mismos- resulta aplicable a lo señalado en el considerando que antecede, razón por la cual se acogerá el amparo también en esta parte.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Mariano Casera Ubilla, en contra de la Dirección Nacional del Servicio Civil, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional el Servicio Civil, lo siguiente:

a) Entregar al reclamante, en relación a los concursos a que se refirió la solicitud: 1) Los puntajes que figuran en los informes psicolaborales evacuados respecto de su persona; 2) Copia de los exámenes de conocimientos que rindió, con sus respectivas evaluaciones; 3) Resultado mediante puntaje asignado de las entrevistas finales que le fueran realizadas, según el concurso respectivo, con indicación de los factores que fueran evaluados; 4) Lugar que ocupó en el ranking de los concursos, en relación al ganador de los mismos.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé Nº 360, piso 7º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Mariano Casera Ubilla, en contra de la, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente Jaime Cerda Montes, al Sr. Director Nacional del Servicio Civil y al Sr. Gerente General de la Empresa Consultora SEMINARIUM.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.