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Gustavo Molina Trivelli con SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Rol: C804-14

Consejo para la Transparencia, 07/05/2014

Se dedujo amparo en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana, fundado en la falta de respuesta a una presentación, a través de la cual manifestó que habiendo transcurrido más de un año desde la fecha de su reclamo, de 16 de abril de 2013, por ampliación de tasación derivada de expropiación que indica, sin tener respuesta alguna, solicitó se le informe de qué manera se tasará y pagará el valor de los parronales afectados y otros daños no indemnizados, originados en la expropiación de inmueble que indica, ya que dichos parrones no fueron considerados en la tasación elaborada por los peritos tasadores. El Consejo declara inadmisible el amparo, toda vez que lo formulado no constituye una solicitud de información amparada por la Ley de Transparencia. A mayor abundamiento, el amparo fue interpuesto de forma extemporánea.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Falta de legitimacion Activa


Descriptores analíticos:

Tema Gestión y administración territorial (Urbanismo)
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C804-14

Entidad pública: Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana.

Requirente: Gustavo Molina Trivelli.

Ingreso Consejo: 28.04.2014.

En sesión ordinaria N° 520 de su Consejo Directivo, celebrada el 07 de mayo de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C804-14.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) Que, con fecha 28 de marzo de 2014, don Gustavo Molina Trivelli invocando la calidad de mandatario de los herederos de conforman la Sucesión Carlota Guzmán Riesco, realizó una presentación ante el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana, a través de la cual manifestó que habiendo transcurrido más de un año desde la fecha de su reclamo, de 16 de abril de 2013, por ampliación de tasación derivada de expropiación que indica, sin tener respuesta alguna, solicitó se le informe de qué manera se tasará y pagará el valor de los parronales afectados y otros daños no indemnizados, originados en la expropiación de inmueble que indica, ya que dichos parrones no fueron considerados en la tasación elaborada por los peritos tasadores.

2) Que, con fecha 28 de abril de 2014, don Gustavo Molina Trivelli dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana, fundado en la falta de respuesta a su solicitud, por lo que solicita "se oficie a la entidad requerida para que informe a la brevedad lo solicitado", y " para que informen sobre las medidas adoptadas o que se adoptarán para solucionar la omisión producida por la comisión de peritos tasadores denunciada en esta presentación" (sic).

3) Que, al deducir el amparo don Gustavo Molina Trivelli, a pesar de invocar la calidad de representante de la Sucesión Carlota Guzmán Riesco y reclamar en nombre de los herederos que la conforman, acompañando ante este Consejo un mandato judicial tendiente a acreditar su personería para representar a la referida sucesión, se advierte que dicho mandato no indica ante qué órganos puede actuar el mandatario; no obstante lo anterior, teniendo presente que tanto la solicitud de información como el amparo han sido presentados por su persona, el presente amparo se tendrá deducido a título personal por el Sr. Gustavo Molina Trivelli.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 33, letra b), de la Ley de Transparencia, corresponde a este Consejo resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad con la Ley de Transparencia.

2) Que, atendido lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia y los artículos 36 y 46 de su Reglamento, corresponde a este Consejo examinar la admisibilidad del reclamo presentado por el requirente, en atención a los requisitos establecidos en dichas disposiciones.

3) Que, en consecuencia, a fin de resolver la admisibilidad del amparo de la especie, primeramente es necesario determinar si éste cumplió con los requisitos legales, en particular, si el requerimiento que lo motivó constituye una solicitud de acceso a la información amparada por la Ley de Transparencia.

4) Que, según se desprende de los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia y artículos 42 y siguientes de su Reglamento, para que este Consejo pueda conocer de la solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información interpuestas en contra de los órganos de la Administración de Estado que señalan dichos cuerpos normativos, es preciso que con anterioridad se hayan efectuado ante los mismos una o más solicitudes de acceso a la información en los términos exigidos por los artículos 12 y 14 de la Ley de Transparencia y 27 y 28 de su Reglamento.

5) Que, en consideración a la presentación realizada por el recurrente ante este Consejo, y los antecedentes acompañados, al tenor de las exigencias previstas en las normas mencionadas en el considerando 4° precedente, este Consejo advierte que el requerimiento formulado no dice relación con el amparo al derecho de acceso a la información, toda vez que no constituye una solicitud de información propiamente tal amparada por la Ley de Transparencia.

6) Que, en efecto, a través de la presentación efectuada por el peticionario, no se requirió información alguna en los términos exigidos por la Ley de Transparencia, en particular, en sus artículos 5° y 10, que expresamente consagran el derecho que tiene toda persona a "solicitar y recibir información" en la forma y condiciones establecidas en dicho cuerpo legal, sino que reclama porque el organismo recurrido incurrió en una omisión al no haber considerado una plantación de parrones en el informe de tasación del inmueble expropiado, sin que a la fecha haya sido resuelto dicho reclamo, en virtud del cual solicitó se le informe "de qué manera se tasará y pagará el valor de los parronales afectados y otros daños no indemnizados, originados en la expropiación mencionada", lo que corresponde más bien al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, y no dice relación con el derecho de acceso a la información pública, por lo que no cabe referirse respecto a ello en esta sede.

7) Que, es preciso señalar que el artículo 10 de la Ley de Transparencia al referirse a las materias a las que se extiende el derecho de acceso a la información dispone: "El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales".

8) Que, en consecuencia, no habiéndose ejercido el derecho de acceso a la información pública en los términos exigidos por la Ley de Transparencia, fuerza concluir que no puede tener lugar una solicitud en que se pida a este Consejo el amparo de tal derecho, debiendo declararse su inadmisibilidad.

9) Que, sin perjuicio de lo señalado en los considerandos precedentes, aún cuando llegase a considerarse que la presentación del reclamante constituye una solicitud de información propiamente tal, cabe señalar que el legislador ha establecido un plazo dentro del cual deben ser respondidas por parte de los órganos de la Administración del Estado las solicitudes de información. Esto, según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 14 de la Ley de Transparencia, que establece que la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos del artículo 12 del recién mencionado cuerpo legal.

10) Que, según lo previsto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia y los artículos 42 y 44 del Reglamento de la Ley de Transparencia, una vez vencido el referido plazo que disponen los órganos de la Administración del Estado para la entrega de la documentación requerida o denegada que fuere la petición, según el caso, el requirente tendrá derecho a recurrir por escrito, ante este Consejo, solicitando amparo a su derecho de acceso a la información pública, reclamación que debe necesariamente presentarse dentro del plazo de quince días hábiles, contado desde la notificación de la denegación de acceso a la información o desde que haya expirado el plazo previsto para la entrega de la misma.

11) Que, como se dijo anteriormente, aún cuando pudiera considerarse que el amparo presentado por el reclamante se encuentra precedido de una solicitud de información, igualmente no podría declararse su admisibilidad por haber sido interpuesto éste de manera extemporánea, ya que fue deducido dentro del último día de plazo del que disponía el órgano reclamado para evacuar respuesta a su presentación, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia.

12) Que, lo señalado precedentemente, no obsta a que el recurrente en el futuro formule una solicitud de acceso a la información pública al Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana, en los términos previstos en la Ley de Transparencia, en particular, en sus artículos 5° y 10, requiriendo en forma clara y precisa la entrega de un determinado acto, documento o antecedente que se encuentre en poder del órgano, según lo preceptuado en el artículo 3°, literal e), del Reglamento de la Ley de Transparencia y en la forma señalada en el artículo 12 de la misma ley y artículo 28 del Reglamento que la ejecuta, y posteriormente pueda recurrir de amparo dentro del plazo señalado en el artículo 24 de la Ley de Transparencia y los artículos 42 y 44 de su Reglamento.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Declarar inadmisible el amparo interpuesto por don Gustavo Molina Trivelli en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana, por las razones expuestas precedentemente.

II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Gustavo Molina Trivelli y al Sr. Director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana, para efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se hace presente que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no asiste a la sesión.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.