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Alfonso Valdés Hueche con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII) Rol: C546-14

Consejo para la Transparencia, 16/05/2014

Se dedujo amparo en contra del Servicio de Impuestos Internos, fundado en haber dado respuesta negativa a una solicitud de información referente a: a) Copias autorizadas de las 44 resoluciones dictadas por el Departamento de Procedimientos Administrativos y Tributarios de la VIII Dirección Regional del SII, en procesos de reposición administrativa voluntaria en el período comprendido entre el 19 de junio y 31 de diciembre de 2012. Al efecto, agregó que debía omitirse el nombre y RUT del respectivo contribuyente ; y, b) Copia de la Resolución Exenta N° 1.574, de 16 de febrero de 2012, sobre delegación de facultades, dictada por la VIII Dirección Regional del SII. El Consejo acoge el amparo. En efecto no se puede estimar que el secreto tributario consagrado en el artículo 35 del Código Tributario, constituye un tipo de reserva en abstracto, con independencia de la identidad del contribuyente. Dicha interpretación se aleja del texto expreso de la ley que invoca, pues se desprende que dicho secreto tiene por objeto proteger aquellos datos patrimoniales de un contribuyente en particular, y no los datos por si solos, puesto que ello desde todo punto de vida resulta irrelevante. Si se excluye la identidad y todo otro dato que identifique al titular, hace imposible que por la divulgación de los antecedentes pedidos se afecte el ámbito de la esfera privada de los contribuyentes, que es uno de los bienes jurídicos que permite reservar información


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C546-14

Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos

Requirente: Alfonso Valdés Hueche

Ingreso Consejo: 19.03.2014

En sesión ordinaria Nº 523 del Consejo Directivo, celebrada el 16 de mayo de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C546-14.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285; N° 19.628 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 6 de febrero de 2014, don Alfonso Valdés Hueche, solicito al Servicio de Impuestos Internos, en adelante e indistintamente SII, lo siguiente:

a) Copias autorizadas de las 44 resoluciones dictadas por el Departamento de Procedimientos Administrativos y Tributarios de la VIII Dirección Regional del SII, en procesos de reposición administrativa voluntaria en el período comprendido entre el 19 de junio y 31 de diciembre de 2012. Al efecto, agregó que debía omitirse el nombre y RUT del respectivo contribuyente ; y,

b) Copia de la Resolución Exenta N° 1.574, de 16 de febrero de 2012, sobre delegación de facultades, dictada por la VIII Dirección Regional del SII.

2) RESPUESTA: El SII, mediante Resolución Exenta N° 5.926, de 6 de marzo de 2014, evacuó respuesta a los referidos requerimientos, señalando en síntesis lo siguiente:

a) La reposición administrativa se encuentra regulada en el artículo 123 bis del Código Tributario y en la Circular N° 13 del año 2010, la que en su parte pertinente señala: Así, la resolución que resuelva el recurso de reposición deberá pronunciarse sobre todas las cuestiones que plantee el contribuyente en su solicitud, indicando expresamente la decisión de la autoridad sobre la presentación, conjuntamente con un acabado análisis que permita un adecuado entendimiento.

b) De acuerdo a lo consagrado en el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario, eI Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera dato relativos a ella, que figuren en declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o sus libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales. Al respecto y de conformidad al artículo 4° transitorio de la Constitución Política de la República y del artículo 1° transitorio de la Ley N° 20.285, el citado artículo 35 tiene el carácter de ley de quórum calificado, configurándose en su caso la causal de denegación prevista en el N° 5 del artículo 21 de este último cuerpo legal.

c) La Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, dispone la reserva de aquella información relativa a datos sobre personas naturales.

d) Atendido que el requerimiento de información se refiere a un elevado número de actos, la aplicación el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, implicaría distraer a funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales a efectos de recopilar la información, revisarla y tarjar los datos reservados para la posterior entrega de las resoluciones. Por lo señalado, se configura además la hipótesis de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) del cuerpo legal citado.

e) En relación a lo pedido en el literal b), esto es, copia de la Resolución Exenta N° 1.574, de 16 de febrero de 2012, dicho acto administrativo se encuentra a disposición para su retiro en dependencias de la Dirección Regional del SII de la Octava Región.

3) AMPARO: El 19 de marzo de 2014, don Alfonso Valdés Hueche dedujo en contra del SII amparo a su derecho de acceso a la información, fundado en haber recibido respuesta negativa a su solicitud. Lo anterior, toda vez que el Servicio de Impuestos Internos denegó la entrega de las 44 resoluciones consultadas en el literal a) de su requerimiento. Al efecto, agregó en síntesis lo siguiente:

a) Respecto de la casual invocada por el SII, contenida en el artículo 21 N° letra c) de la Ley de Transparencia, indicó que esta no ha sido fundada de modo preciso y cierto, puesto que el órgano fiscalizador no detalla cual es la afectación que se verifica por la circunstancia de suprimir ciertos datos de las 44 resoluciones requeridas. Sobre el particular, citó decisiones del Consejo de Transparencia que fijan los parámetros que deben concurrir para efecto de tener por configurada la referida causal.

b) En cuanto a la aplicación del principio de divisibilidad dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, invocado igualmente por el SII, reconoce que las resoluciones contienen información que permite identificar a los contribuyentes, por lo mismo, es que requiere sean suprimidos en forma previa a la entrega de las 44 resoluciones que resolvieron las reposiciones en el período consultado, el RUT, domicilio y todo otro dato personal del contribuyente.

c) Por lo anterior, "no se divisa de qué forma los funcionarios del SII infringirían el artículo 35 del Código Tributario si se pudiera leer en los pronunciamientos administrativos la información aludida en este precepto, esto es, los datos de montos y/o resultados tributarios, antecedentes sobre naturaleza, fuente y cuantía de las rentas, entre otros, si antes se ha adoptado la precaución de omitir el nombre e identificación tributaria de los interesados en los pertinentes procedimientos".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación este amparo y, mediante Oficio N° 1.268, de 21 de marzo de 2014, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, solicitándole que al formular sus descargos se refiriera a las causales de secreto o reserva de la información que ha invocado en la respuesta proporcionada al reclamante, explicando pormenorizadamente y acreditando fehacientemente, de qué manera concurrirían en la especie, considerando que el reclamante declinó conocer datos personales de los contribuyentes y solicitó se diera aplicación al principio de divisibilidad.

El Subdirector Jurídico del Servicio de Impuestos Internos, mediante presentación de 21 de abril de 2014, evacuó sus descargos y observaciones, señalando en síntesis lo siguiente:

a) La Reposición Administrativa se encuentra regulada en el artículo 123 bis del Código Tributario y en la Circular N° 13 del año 2010 la que en su parte pertinente señala: "Así, la resolución que resuelva el recurso de reposición deberá pronunciarse sobre todas las cuestiones que plantee el contribuyente en su solicitud, indicando expresamente la decisión de la autoridad sobre la presentación, conjuntamente con un acabado análisis que permita un adecuado entendimiento de cómo se arribó a dicha determinación".

b) Las resoluciones cuya copia se requiere, contiene información protegida por el deber de reserva del artículo 35 del Código Tributario, como por lo preceptuado en la Ley N° 19.628.

c) Las resoluciones en comento, dan cuenta pormenorizada de "la cuantía o fuente de las rentas" de "las pérdidas, gastos" y de "datos relativos a ellas" (rentas, pérdidas y gastos), que figuran en las declaraciones obligatorias, como también contienen datos o extractos tomados de tales declaraciones; vale decir, se trata de materias que en buena medida quedan afectadas por la prohibición legal de divulgación que el Código Tributario impone a los funcionarios de este organismo.

d) El secreto establecido en el artículo 35 del Código Tributario "afecta al dato mismo y sólo como derivación se refiere a identidad de la persona a quien concierne. Insistimos: según el inciso segundo del artículo 35, lo secreto son los datos contenidos en las declaraciones y los obtenidos o extraídos de ellas, no la identidad del contribuyente. Así las cosas, el artículo 35 al establecer el secreto tributario no lo concibe ni lo trata como si se tratase de datos "personales", sino que va más allá de eso, prescindiendo completamente de la voluntad y de la facultad de autodeterminación informativa del titular del dato para predicar directamente de la información, que ella tiene la calidad de secreta, extrayéndola de ese modo del comercio humano e impidiendo a su respecto toda disposición (...). Por consiguiente, si lo secreto es el dato mismo, es obligatoria su supresión en una eventual entrega, no bastando como dice el reclamante excluir el nombre o identificación".

e) Dado que la solicitud "se refiere a un elevado número de actos administrativos (44), resulta que la aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 de la Ley N° 20.285 implicaría evidentemente distraer a funcionarios del cumplimiento regular de sus labores...". Por lo señalado, resulta aplicable también lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 c) de la Ley de Transparencia. Agrega, que buscar as 44 resoluciones del año 2012 en sus registros, leer dichos actos y tarjar los datos referidos protegidos por el secreto tributario toma un promedio de 45 minutos por resolución, lo que equivale a un total de 33 horas, esto es, destinar a un funcionario 4 días completos a dicha labor.

f) La petición se refiere a 44 personas, de las cuales 34 son personas naturales y 10 personas jurídicas.

Y CONSIDERANDO:

1) Que de conformidad a lo expuesto por la reclamante, el presente amparo se encuentra circunscrito a la entrega de copia autorizada de 44 resoluciones dictadas por el SII durante el año 2012, mediante las cuales fueron resueltos los recursos de reposición administrativa formulados por contribuyentes en el contexto del procedimiento reglado por la Circular N° 13, de 29 de enero de 2010, previa omisión de todo dato personal que permita identificar a las personas naturales involucradas en los referidos recursos. Al efecto, el SII indicó a don Alfonso Valdés Hueche, que no le era posible acceder a la entrega de dichos actos administrativos, ni aún tarjando el nombre de las personas que hubieren deducido los recursos. Lo anterior, toda vez que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 35 del Código Tributario los datos referidos a la renta resultan ser reservados, con independencia de la identidad del contribuyente, resultando aplicable la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en concordancia con lo dispuesto en el referido artículo 35. Asimismo, señaló que tampoco era posible aplicar el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, atendido el elevado número de actos consultados, motivo por el cual, resulta aplicable también la causal dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) del la Ley de Transparencia y citó la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada para justificar la referida denegación. Precisó además con ocasión de sus descargos, que de las 44 resoluciones requeridas, 34 se referían a personas naturales y 10 a personas jurídicas.

2) Que sobre el particular, resulta relevante tener presente lo dispuesto en el artículo 35 del Código Tributario como las normas que regulan el procedimiento de reposición administrativo ante el SII, dispuestas en la Circular N° 13, del 29 de enero 2010, sobre Procedimientos Administrativos de Revisión de las Actuaciones de Fiscalización. Dichos cuerpos normativos disponen:

a) Artículo 35 inciso primero y segundo del Código Tributario: "Junto con sus declaraciones, los contribuyentes sujetos a la obligación de llevar contabilidad presentarán los balances y la copia de los inventarios con la firma del contador. El contribuyente podrá cumplir dicha obligación acreditando que lleva un libro de inventario, debidamente foliado y timbrado, u otro sistema autorizado por el Director Regional. El Servicio podrá exigir la presentación de otros documentos tales como libros de contabilidad, detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias, documentos o exposición explicativa y demás que justifiquen el monto de la renta declarada y las partidas anotadas en la contabilidad // El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera dato relativos a ella, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales".

b) Circular N° 13: Esta dispone en el punto 1° que podrá deducirse recurso de reposición respecto de aquellas materias enunciadas en el artículo 124 del Código Tributario, norma esta última, que preceptúa: "Toda persona podrá reclamar de la totalidad o de algunas de las partidas o elementos de una liquidación, giro, pago o resolución que incida en el pago de un impuesto o en los elementos que sirvan de base para determinarlo, siempre que invoque un interés actual comprometido. En los casos en que hubiere liquidación y giro, no podrá reclamarse de éste, salvo que dicho giro no se conforme a la liquidación que le haya servido de antecedente. Habiendo giro y pago, no podrá reclamarse de este último, sino en cuanto no se conforme al giro". Por su parte, el punto 7.5.1 sobre el "Contenido de la Resolución", dispone que "la resolución que resuelva el recurso de reposición deberá pronunciarse sobre todas las cuestiones que plantee el contribuyente en su solicitud, indicando expresamente la decisión de la autoridad sobre la presentación, conjuntamente con un acabado análisis que permita un adecuado entendimiento de cómo se arribó a dicha determinación". Para lo anterior, deberá dar cuenta de informes sobre la renta los cuales deberán plasmarse en el cuerpo de la resolución.

3) Que este Consejo, a partir de las decisiones de amparos roles A54-09, A89-09, A117-09, C30-10, C31-10, C1571-12, ha precisado el alcance de la reserva contemplada en el citado artículo 35 del Código Tributario, estableciendo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución Política de la República y los artículos 5°, 10 y 21 de la Ley de Transparencia, dicha reserva o secreto es una regla excepcional en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que dicha disposición debe ser interpretada restrictivamente, no siendo procedente extenderla a documentos distintos a los enunciados en dicho artículo -declaraciones obligatorias, sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas- ni a información distinta a la estrictamente contemplada en él -cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias- estableciendo como corolario que: «(...) a juicio de este Consejo el secreto tributario debe entenderse referido a los datos patrimoniales de los contribuyentes y no a toda la demás información genérica de éstos que posea el Servicio (...)» (considerando 5° de la decisión que resuelve el recurso de reposición contra la decisión del amparo A117-09, y considerando 7° de la decisión de amparo Rol C315-09).

4) Que por lo razonado en las decisiones precedentemente señaladas, se desprende que el objetivo de la norma contemplada en el artículo 35 del Código Tributario, es la aplicación del secreto tributario respecto de los datos patrimoniales de un contribuyente determinado, sea esta persona natural o jurídica. En virtud de lo anterior, la concurrencia de la hipótesis de reserva contenida en la referida disposición, requiere indubitadamente que la persona del contribuyente haya sido individualizado en el acto administrativo materia de la reserva. Por el contrario, para el caso que la identidad del contribuyente no pueda determinarse ni asociarse a los datos patrimoniales contenidos en los actos administrativos consultados, los ya referidos datos resultan de naturaleza meramente estadística.

5) Que de conformidad a lo expresado en el considerando 2° letra b) precedente, se colige que las resoluciones consultadas contendrían antecedentes precisos sobre cuantía o fuente de las rentas, pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas de personas determinadas, toda vez que deben señalar de modo claro los fundamentos por los cuales ha sido resuelto el recurso de reposición interpuesto.

6) Que en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra d) de la Ley de Transparencia, el cual dispone que si un acto administrativo - en la especie resoluciones- contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causal legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda, resulta procedente disociar de las 44 resoluciones cualquier dato que permita identificar tanto a las personas jurídicas como a las personas naturales que como contribuyentes impugnaron lo resuelto por el Servicio de Impuestos Internos.

7) Que por lo señalado, la alegación de la reclamada en cuanto indicó que el secreto tributario consagrado en el artículo 35 del Código Tributario constituye un tipo de reserva en abstracto, con independencia de la identidad del contribuyente, será desestimada. Lo anterior, por cuanto dicha interpretación se aleja del texto expreso de la ley que invoca, de cuya lectura se desprende de modo preciso y como objeto del secreto tributario, proteger aquellos datos patrimoniales de un contribuyente en particular, y no los datos por si solos, puesto que ello desde todo punto de vida resulta irrelevante. En tal sentido, cabe agregar que la afectación alegada se torna difusa, toda vez que no se advierte, cuál sería el bien jurídico que se pretende cautelar al invocar la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. En efecto, al excluirse la identidad y todo otro dato que identifique al titular, se hace imposible que por la divulgación de los antecedentes pedidos se afecte el ámbito de la esfera privada de los contribuyentes, que es uno de los bienes jurídicos que permite reservar información de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución, como igualmente se torna improbable que la divulgación de datos estadísticos referidos a un número acotado de actos administrativos, suponga una afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano, a la seguridad de la Nación o el interés nacional de la República, bienes jurídicos que igualmente justifican la reserva de tales antecedentes -según dispone el artículo 8° de la Constitución ya citado-. En consecuencia, y por resultar improcedente la causal de reserva invocada, será desestimada, así como también la invocación referida a la Ley N° 19.628, igualmente invocada por la reclamada.

8) Que asimismo, se desestimará la alegación del SII referida a la concurrencia de la causal dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, la cual funda en lo dificultoso que le resulta buscar 44 resoluciones y disponer el tarjamiento de información relativa a la renta. Lo anterior, en atención a la prudente cantidad de actos administrativos requeridos - 44- los que además fueron dictados en el año 2012 resulta imposible a este Consejo atender a lo esgrimido por el SII respecto a que la búsqueda de dichos antecedentes resultaría dificultosa, así como que el tarjamiento de información en aplicación del principio de divisibilidad afectaría el bien jurídico que invoca, ello, puesto que de conformidad a lo expresado precedentemente, en la especie, se satisface el secreto tributario consagrado en el artículo 35 del Código Tributario tarjando sólo aquellos datos que permitan identificar a los contribuyentes, por ejemplo, nombre, cedula de identidad, teléfono, correo electrónico, domicilio en el caso de las personas naturales, por su parte respecto de las personas jurídicas bastaría tarjar, el RUT, giro comercial, domicilio, nombre del representante legal, así como los datos de contacto antes señalados. Por tal razón, igualmente se desestimará la causal de reserva alegada por el SII consagrada en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

9) Que en concordancia con lo antes expuesto, se acogerá el presente amparo, y conjuntamente con ello, se requerirá al Servicio de Impuestos Internos que entregue a don Alfonso Valdés Hueche, copia autorizada de las 44 resoluciones consultadas, previo tarjamiento de todo dato que permita identificar a las personas jurídicas y naturales involucradas ya enunciados a modo ejemplar en el considerando 8° precedente.

10) Que finalmente, y atendido que las resoluciones han sido solicitadas en copia autorizadas, se hace presente a la reclamada, que este Consejo en concordancia con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Transparencia, a partir de la decisión de amparo Rol A146-09 ha resuelto, que puede requerirse la certificación de los documentos que se entreguen sean idénticos a aquellos que se encuentran en poder del órgano de la Administración, lo que ha sido denominado como "solicitud de copia autorizada". El objeto de dicha certificación se refiere únicamente a que el órgano reclamado deje constancia que la información entregada es una copia fiel del original que se ha tenido a la vista por dicho organismo (decisión C1087-13).

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 8°, 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Alfonso Valdés Hueche, en contra del Servicio de Impuestos Internos, por las razones precedentemente expuestas.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos que:

a) Entregue al solicitante copias autorizadas de las 44 resoluciones requeridas en su requerimiento de 6 de febrero de 2014, anotado en el numeral 1° de esta decisión, de conformidad a lo expresado en los considerandos 8° y siguientes de esta decisión.

b) Cumpla con tal requerimiento dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl , para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos y a don Alfonso Valdés Hueche.

En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado, no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que el Presidente del Consejo, don Jorge Jaraquemada Roblero, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.