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Rodrigo Oliva Vicentelo con UNIVERSIDAD ARTURO PRAT Rol: C517-09

Consejo para la Transparencia, 15/01/2010

Se dedujo amparo en contra de la Universidad Arturo Prat por no entregar la información relativa al listado de todas las remuneraciones pagadas a los funcionarios, docentes, académicos, jefaturas de la Universidad Arturo Prat, incluyendo cargos directivos, directores de carrera, jefes de carrera, miembros del consejo directivo y rector en los últimos 5 años, además de las becas y otros documentos en manos de la Universidad. El Consejo estimó que existe una obligación legal de publicar la información sobre el personal en el sitio web institucional, por lo que no puede sostenerse ni aceptarse que su entrega implicaría una distracción indebida de sus funcionarios, toda vez que existiendo la obligación legal de publicar mensualmente dicha información parece evidente que desde entonces debiese existir un respaldo histórico de la información ya generada en algún archivo o soporte informático.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Documentos electrónicos.Otros 

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:



Consejeros:

  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO Nº C517-09

Entidad pública: Universidad Arturo Prat

Requirente: Rodrigo Oliva Vicentelo

Ingreso Consejo: 20.11.2009

En sesión ordinaria N° 120 de su Consejo Directivo, celebrada el 15 de enero de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C517-09.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; la Ley Nº 18.368, de 1984, que crea la Universidad Arturo Prat; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) Solicitud de Acceso: Don Rodrigo Oliva Vicentelo, Presidente de la Federación de Estudiantes, el 2 de octubre de 2009, solicitó al Rector de la Universidad Arturo Prat, la siguiente información:

a) Listado de todas las remuneraciones pagadas a los funcionarios, docentes, académicos, jefaturas de la Universidad Arturo Prat, incluyendo cargos directivos, directores de carrera, jefes de carrera, miembros del consejo directivo y rector en los últimos 5 años;

b) Listado oficial de todas las becas pagadas a funcionarios, docentes, académicos o a sus familiares, para realizar estudios de postgrados en Chile o en el extranjero, de los últimos 10 años, y estado actual de dichos procesos de estudios;

c) Listado oficial de todos los docentes de la Universidad con sus respectivos títulos profesionales, en caso de que se trate de académico que ostente algún postgrado, además, dicho grado, ya sea magíster o doctorado;

d) Informe de todos los gastos realizados en los últimos 5 años por concepto de investigaciones, docentes a cargo de las mismas y sus resultados finales;

e) Contrato de compraventa, arriendo, leasing o comodato celebrado entre la Universidad Arturo Prat y los propietarios del edificio ubicado en la calle Baquedano (ex edificio Kaufmann), a fin de establecer efectivamente si existe en dicho inmueble alguna participación de la Universidad para crear laboratorios para las carreras de Ingeniería y Arquitectura; y,

f) Informe detallado de los procesos de acreditación de todas las carreras de pregrado y de los programas de postítulo de la Universidad Arturo Prat, informes de auto evaluación de las mismas y los gastos de dichos procesos en los últimos 5 años.

2) Respuesta: El 30 de octubre de 2009 se le comunicó al reclamante que se haría uso de la prórroga establecida en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. Posteriormente, el Rector de la Universidad Arturo Prat respondió dicho requerimiento mediante Ordinario UNAP/REC N° 259, de 11 de noviembre de 2009, señalando que:

a) Rechaza entregar la información señalada en los literales a), b), c), d) y f) de la solicitud reseñada en el numeral anterior, por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos y, además, cuya atención requeriría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, conforme lo dispuesto en la letra c) del numeral 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

b) Añade que parte de la información solicitada se encuentra permanentemente a disposición del público en la página web institucional (www.unap.cl), ya sea en las comunidades de Unap Online, Académicos y Funcionarios, entre otras y, especialmente, en el link de Información Corporativa, conforme lo dispuesto en el artículo 15 de la norma legal citada.

c) Por último, en relación a la información solicitada en el literal e) adjunta en archivo digital copia del contrato de arriendo con opción de compra del inmueble ubicado en calle Baquedano N° 1499, comuna de Iquique (ex edificio Kaufmann), suscrito entre el Banco de Crédito e Inversiones y la Universidad Arturo Prat, con fecha 2 de enero del 2008.

3) Amparo: Don Rodrigo Oliva Vicentelo dedujo amparo el 20 de noviembre de 2009 en contra de la Universidad Arturo Prat, fundamentado en que:

a) Debido a una serie de dificultades de carácter académicos y financieros que han provocado una movilización estudiantil con el apoyo de funcionarios, académicos y apoderados, habría solicitado la información al Rector de la Universidad Arturo Prat, toda vez que dentro de las razones de la movilización se encuentran peticiones de condonación de multas e interés, así como congelamiento de aranceles, ante lo cual la actual de la administración de la Universidad ha informado que existe una crisis financiera, por lo que no puede acoger ninguna de dichas peticiones. Asimismo se han denunciado profesores sin título impartiendo docencia y profesores sin postgrado que afirman tener dichos estudios o haber recibido pagos por investigaciones no realizadas. Por último, la movilización ha reclamado el cumplimiento de la promesa de entregar laboratorios para que las carreras puedan hacer la práctica curricular, a lo que se nos ha dicho que cierto edificio ubicado en la calle Baquedano habría sido adquirido por la Universidad para tal efecto.

b) Señala que se le habría denegado parte de la información requerida, toda vez que en un principio se solicitó prórroga para hacer entrega de ésta y luego se niega a entregarla, en virtud de la causal establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, causal que, a juicio del reclamante, es a todas luces inexistente ya que la planilla mensual de remuneraciones, así como becas, títulos profesionales y postgrados deberían encontrarse en medio o soporte digital, pudiendo ser fácilmente entregado, de hecho el pago de remuneraciones a todo el personal se hace sin dificultad todos los meses, para lo que debe existir en sistema digital o computarizado, lo que no implicaría distracción indebida alguna de los funcionarios. Lo mismo señala respecto del listado oficial de profesores titulados y postgraduados de la Universidad.

c) Agrega que se ha intentando burlar el espíritu de la Ley al señalar que dicha información es de difícil búsqueda y que distraerá a funcionarios en su recopilación, ya que afirma que existe toda esa información en un software computacional.

4) Descargos u observaciones del organismo: El Consejo Directivo de este Consejo, acordó admitir a tramitación este amparo trasladándolo, mediante Oficio N° 925, de 10 de diciembre de 2009, al Rector de la Universidad Arturo Prat. Éste respondió mediante Ordinario UNAP/REC N° 315, de 28 de diciembre de 2009, señalando principalmente que:

a) Para una mejor comprensión del reclamo formulado corresponde efectuar una relación de las circunstancias que dieron origen al requerimiento de información. Así, señala que dicho requerimiento fue presentado durante la toma de la Universidad, liderada por el solicitante, ocupación ilegal que afectó el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la Universidad, durante 45 días, es decir, entre el 26 de agosto y el 9 de octubre del 2009, lo que, a su juicio, deja de manifiesto la mala fe del requirente, toda vez que estaba impedido el acceso a los sistemas de información, por lo que fue necesario prorrogar el plazo para emitir el respectivo pronunciamiento. Así, una vez entregados los inmuebles de propiedad de la Universidad y normalizadas las actividades académicas y administrativas, se procedió a estudiar el requerimiento realizado, el cual fue contestado dentro del plazo establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia.

b) Con los antecedentes tenidos a la vista, señala que se concluyó que la información requerida por el reclamante en los literales a), b), c), d) y f) de la solicitud reseñada en el numeral 1) debía ser rechazada en virtud de la causal establecida en la letra c) del N° 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia. En cambio, se le envió un archivo digital del contrato de arrendamiento con opción de compra suscrito entre el Banco de Crédito e Inversiones y la Corporación Universitaria, conforme lo solicitado en el literal e).

c) En relación a la causal invocada para denegar la información solicitada, señala que, como puede observarse, el requerimiento fue de carácter genérico, referido a un elevado número de actos administrativos y cuya atención requería distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, toda vez que la solicitud relativa a información sobre remuneraciones, becas, títulos profesionales, gastos de investigación y procesos de acreditación, de los últimos 5 ó 10 años, resulta forzoso llegar a dicha conclusión.

d) Agrega que la solicitud efectuada, por su amplitud y detalle, requería que varios funcionarios se dedicaran exclusivamente a trabajar para una adecuada y completa respuesta, ya que la institución que preside no cuenta con la información sistematizada de la forma que el reclamante la solicita, razón por la cual la aplicación de la causal de secreto o reserva invocada no constituye infracción a las normas que regulan el derecho de acceso a la información pública.

e) Asimismo, señala que es útil tener en cuenta que la negativa del requerimiento de información también consideró que los funcionarios de la Universidad debían priorizar el cumplimiento de sus labores habituales, sin distracción, a raíz de la paralización de actividades que afectó a la Universidad requerida y que sin perjuicio de lo señalado precedentemente, se le señaló al reclamante que parte de la información requerida se encontraba permanentemente a disposición del público en la página web institucional, de acuerdo a lo que dispone el artículo 15 de la Ley de Transparencia.

f) Que por otra parte, indica, es del caso considerar que lo resuelto por la Universidad tiene su fundamento en dos principios del derecho público como son, en primer lugar, el principio de eficiencia, toda vez que las autoridades y funcionarios públicos deben velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública –de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 18.575- y, en segundo lugar, en el principio de coordinación, esto es, que los órganos de la Administración del Estado deben cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones –según lo prescribe la misma norma ya señalada de la Ley N° 18.575-.

g) Por último señala que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia y en el artículo 43 de su Reglamento, toda reclamación debe señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran y que, del simple examen del reclamo formulado por don Rodrigo Oliva Vicentelo, dicha presentación no señala los hechos en los cuales funda la infracción que le imputa a su representada, ni menos claramente, como lo disponen expresamente las normas legales antes citadas, por lo que cabe concluir que dicho reclamo es inadmisible por no cumplir con lo dispuesto en las normas legales antes citadas.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer lugar, cabe referirse a la alegación realizada por la Universidad Arturo Prat —Universidad del Estado creada por la Ley Nº 18.368, de 1984— en cuanto a que el amparo interpuesto en su contra sería inadmisible, toda vez que el actor no habría señalado los hechos en los cuales se funda la infracción imputada. A este respecto se advierte que el reclamante, en el formulario de amparo, plantea que la infracción cometida y los hechos que la configuran serían la respuesta negativa a la solicitud de información, dado que sólo se le entregó la copia de un contrato de arrendamiento. Acompaña a dicho formulario en que expone que su derecho se habría visto vulnerado al denegársele el resto de lo requerido, pues estima que la causal invocada para ello no se configura en la realidad. Lo anterior constituye, a juicio de este Consejo, una descripción suficiente de la infracción y los hechos que la sustentarían. Por esto, no cabe sino desechar esta alegación y estimar que el reclamante ha cumplido con los requisitos establecidos tanto por la Ley de Transparencia, como por su Reglamento, al interponer el presente amparo.

2) Que en cuanto a la alegación realizada por el reclamante en relación a que se habría burlado el espíritu de la Ley de Transparencia al solicitar la prórroga del plazo legal para responder para, luego, denegar parcialmente la solicitud, cabe señalar que se entiende que, en virtud de las circunstancias particulares del caso mencionadas por ambas partes —esto es, la toma de la Universidad durante el período señalado— no se advierte que haya existido mala fe por parte de dicha Casa de Estudios al disponer dicha prórroga, legalmente admitida, por lo que se entenderá que el requerimiento fue respondido dentro del plazo establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) Que, en este caso, lo solicitado es un conjunto de información relativa a temas diversos: remuneraciones, becas, títulos profesionales y de postgrado de los profesores titulares; un contrato de arriendo; gastos por investigaciones, acreditación de carreras de pregrado y programas de postítulo; e informes de auto evaluación y sus respectivos gastos. Todo lo cual, en principio, es información pública de acuerdo a lo establecido en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia.

4) Que la Universidad reclamada sólo hizo entrega del contrato requerido y afirmó, respecto del resto de lo solicitado, que parte de dicha información se encontraba disponible permanentemente a disposición del público en su sitio web y respecto a lo demás invoca la causal de secreto o reserva establecida en la letra c) del numeral 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, no obstante no señala qué parte de dicha información se encuentra ya publicada. Por esto corresponderá determinar respecto de cada requerimiento qué parte se encuentra a disposición permanente del público, para luego determinar si la entrega de la información restante requiere distraer indebidamente a los funcionarios de dicha Casa de Estudios del cumplimiento regular de sus labores habituales y, por lo tanto, afecta el debido cumplimiento de las funciones de dicho órgano.

5) Que primero se requiere un listado de todas las remuneraciones pagadas a los funcionarios, docentes, académicos y jefaturas de la Universidad Arturo Prat, incluyendo cargos directivos, directores de carrera, jefes de carrera, miembros del consejo directivo y rector en los últimos 5 años. A este respecto se puede señalar que:

a) En el link correspondiente a Información Corporativa del sitio web de dicha Casa de Estudios, específicamente en el enlace relativo al personal, hay información relativa a la dotación de planta, a contrata, a honorarios y al sistema de remuneraciones. Allí se puede acceder a planillas que contienen la individualización del trabajador, su estamento/escalafón, el grado, cargo o jerarquía académica y el tipo de jornada en el caso de la dotación de planta y a contrata, y una planilla con los nombres y apellidos de las personas contratadas a honorarios. Respecto al sistema de remuneraciones, se informan los distintos decretos que rigen dicho sistema, con un enlace a cada uno de ellos (a saber, los Decretos Universitarios N° 180, 75, 100, 124, 444, 362, 511, 776, 375, 376 y 520). Sólo en el caso de los honorarios se señala el monto total pagado por dicho concepto, pero no existe una planilla que señale cuánto se le paga a cada una de las personas de la dotación de planta y a contrata.

b) Que la letra d) del artículo 7 de la Ley de Transparencia dispone que deben incluirse en el sitio web “La planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones”. El Reglamento de la Ley, por su parte, precisa la forma en que debe cumplirse esta obligación: “Para los efectos de lo dispuesto en la presente letra, cada organismo de la Administración del Estado deberá incluir en el respectivo sitio electrónico un listado con la individualización de sus funcionarios de planta y a contrata y las personas contratadas a honorarios y las que se desempeñen en virtud de un contrato de trabajo. / Asimismo, para los funcionarios de planta y a contrata, cada organismo deberá consignar en el respectivo sitio electrónico la escala de remuneraciones que le corresponda, la que deberá tener una correlación con las plantas y grados o cargos con jornadas que deberán contemplarse en el listado de funcionarios señalados precedentemente. / En la referida escala, se consignará la remuneración bruta mensualizada que equivale a la suma mensual de las remuneraciones y asignaciones que, para cada grado o cargo con jornadas, tiene derecho a percibir el funcionario en razón de su empleo o función en forma habitual y permanente. En el caso de las remuneraciones que no sean pagadas mensualmente, deberá calcularse un promedio mensual para cada grado o cargo con jornadas. Lo dispuesto en los dos párrafos precedentes será igualmente aplicable para las personas contratadas a honorarios o en virtud de un contrato de trabajo cuando se encuentren asimiladas a algún grado de la escala respectiva. Para aquellas personas contratadas sobre la base de honorarios a suma alzada y, cuando corresponda, para las personas que se desempeñen en virtud de un contrato de trabajo, se deberá consignar el monto de sus honorarios o remuneraciones mensuales, permanentes y brutas, establecidas por contrato”.

c) Que la publicación del enlace a cada Decreto que establece y regula el sistema de remuneraciones y, asimismo, la publicación del monto total de lo pagado por concepto de honorarios, no puede considerarse como un cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa —en cuanto a la obligación de publicar la remuneración pagada a cada funcionario—, según las normas señaladas precedentemente, toda vez que no permite su fácil identificación y un acceso expedito, según establece el inciso 2° del artículo 7° de la Ley de Transparencia y el artículo 52 de su Reglamento.

d) Que, asimismo, cabe señalar que dicha información se encuentra actualizada hasta el mes de diciembre, por lo que también se incumple la obligación de mantener actualizada dicha información, al menos, dentro de los primeros diez días de cada mes (artículo 50 del Reglamento de la Ley de Transparencia).

e) Que, por todo lo señalado precedentemente, no puede estimarse que la información requerida en el literal a) de la solicitud reseñada en el numeral 1 de esta decisión se encuentre permanentemente a disposición del público.

f) Que la situación no varía al revisar los otros enlaces en que la Universidad reclamada señala que se encontraría la información disponible, esto es, “Unap Online” y “Académicos y Funcionarios”. En efecto, en el enlace “Académicos y Funcionarios” se publica información relativa a las distintas unidades que integran dicha Casa Académica, mas no la relativa a las remuneraciones pagadas. En “Unap Online”, por otro lado, la información sólo está disponible para funcionarios, académicos, alumnos y ex alumnos, por lo que no se ha podido comprobar qué información se encuentra allí. En relación a esto es atingente tener presente lo decidido respecto a los amparos A18-09, contra la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, y A71-09, contra la Universidad de Valparaíso. En el primero se dijo que aunque la reclamada alegue que el reclamante «…tendría acceso a la Intranet Institucional, en su calidad de funcionario de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, y que allí podía acceder a la información solicitada, no acreditó ante este Consejo por ningún medio la disponibilidad de dicha información en la referida Intranet, limitándose a afirmar lo ya señalado. Dado que corresponde a quien alega la extinción de una obligación acreditarla, y la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso no lo hizo, esta alegación debe rechazarse. A mayor abundamiento debe recordarse que el artículo 17 de la Ley ya citada exige “contar con un sistema que certifique la entrega efectiva de la información al solicitante, que contemple las previsiones técnicas correspondientes”, lo que refleja la necesidad de demostrar el cumplimiento de la obligación de entregar la información solicitada». Por lo anterior, en ambos casos no se consideró acreditada la entrega de la información requerida.

g) Que desde la vigencia de la Ley de Transparencia, el 20.04.2009, existe una obligación legal de publicar la información sobre el personal en el sitio web institucional, por lo que no puede sostenerse ni aceptarse que su entrega implicaría una distracción indebida de sus funcionarios, toda vez que existiendo la obligación legal de publicar mensualmente dicha información parece evidente que desde entonces debiese existir un respaldo histórico de la información ya generada en algún archivo o soporte informático.

h) Que respecto de la información restante, es decir aquélla anterior a la vigencia de la Ley de Transparencia, no cabe acoger la alegación realizada para no entregarla toda vez que lo pagado por concepto de remuneraciones debe constar en algún documento o soporte, por lo que en este caso no cabe sino acoger el amparo y requerir al Rector de la Universidad Arturo Prat que informe las remuneraciones pagadas a los funcionarios, docentes, académicos, jefaturas de dicha Universidad, incluyendo cargos directivos, directores de carrera, jefes de carrera, miembros del consejo directivo y rector, en los últimos 5 años, en el formato que se encuentre disponible, o permita acceder a la fuente en que esta información se contenga y, en tal caso, permitir su reproducción, previo pago de los costos directos a que aluden el artículo 18 de la Ley de Transparencia, el inciso 3° del artículo 20 de su Reglamento y la Instrucción General Nº 6 de este Consejo, publicada en el Diario Oficial de 30.03.2010. Lo anterior es consistente con lo decidido por este Consejo respecto de los amparos A10-09, contra el MINVU, y A126-09, contra FONASA.

6) Que también se requiere un listado oficial de todas las becas pagadas a funcionarios, docentes, académicos o a sus familiares, para realizar estudios de postgrados en Chile o en el extranjero, en los últimos 10 años, y el estado actual de dichos procesos de estudios, materia sobre la cual debe tenerse en cuenta que:

a) La Ley de Transparencia establece en el artículo 7° letra f) que debe informarse las transferencias de fondos públicos que efectúen, “…incluyendo todo aporte económico entregado a personas jurídicas o naturales, directamente o mediante procedimientos concursales, sin que éstas o aquéllas realicen una contraprestación recíproca en bienes o servicios”. Por su parte la letra i) de dicho artículo establece que se debe publicar el “diseño, montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidios y otros beneficios que entregue el respectivo órgano, además de las nóminas de beneficiarios de los programas sociales en ejecución”, a este respecto el Reglamento agrega que “Se entenderá por Beneficiario, a la persona natural o jurídica, a la asociación y/o entidad, que sea el destinatario directo de los programas sociales en ejecución de los respectivos órganos de la Administración del Estado”.

b) A este respecto, en el banner de Información Corporativa de la Universidad reclamada existe un enlace que corresponde a las transferencias que contiene solamente enlaces a “Transferencias Ley 19.862” y “Registros Ley 19.862”, sin embargo en ambos se informa que “La información estará disponible prontamente…”. Por otro lado, no contiene información relativa a otras transferencias. De la misma manera no hay información relativa a los programas de subsidios y otros beneficios que pudiese otorgar dicha Casa de Estudios. Tampoco se ha publicado resolución alguna con efectos sobre terceros que otorgue alguna beca, de hecho en Información Corporativa, en el enlace a Actos y Resoluciones también se informa que dicha información estará disponible prontamente. Asimismo cabe reiterar lo señalado precedentemente respecto a la información contenida en los enlaces relativos a “Unap Online” y “Académicos y Funcionarios”.

c) En el enlace correspondiente a “Trámites para acceder a servicios”, dentro de Información Corporativa, se puede acceder a la página correspondiente a Servicios Estudiantiles, donde se informa, entre otros, las diversas becas que ofrece la Universidad, explicando en qué consiste cada una, pero nada se dice respecto de los beneficiarios de éstas.

d) Que por esto no se puede establecer qué parte de la información requerida se encuentra permanentemente a disposición del público en su sitio web, por lo que en este caso cabe acoger el amparo toda vez que se trata de información que la Universidad reclamada no puede sino tener y que, conforme ya se ha expuesto, tiene carácter público y desde abril del año pasado, en la categoría de Transparencia Activa. Por todo ello se requerirá al Rector de la Universidad Arturo Prat que entregue dicha información en el formato que se encuentre disponible o permita acceder a la fuente en que se contiene la información y, en su caso, reproducirla, previo pago de los respectivos costos directos, según las normas ya señalas en el numeral anterior.

e) Que, además, no cabe acoger la alegación consistente en que la entrega de la información que no se encuentra publicada afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la Casa de Estudios reclamada, toda vez que esta afectación no fue justificada pues no se indicaron datos que permitan arribar a esta conclusión, como el volumen de información que representaría o el número de funcionarios con que cuenta dicha Universidad para satisfacer dicho requerimiento.

f) Asimismo cabe requerir al Rector de dicha Casa de Estudios que publique en su sitio web la información correspondiente a las becas otorgadas o transferencias de fondos y el listado de beneficiarios, según lo prescribe la Ley de Transparencia y su Reglamento, así como en su caso la resolución que otorgue dichas becas y transferencias, como actos con efectos sobre terceros.

7) Que, asimismo, el solicitante requiere un listado oficial de todos los docentes de la Universidad con sus respectivos títulos profesionales indicando, en caso que cuenten con algún postgrado, el grado respectivo, sea magíster o doctorado, para lo que debe considerarse que:

a) Si bien en el sitio web de la Universidad se puede acceder al listado del personal no hay información relativa a sus respectivos títulos profesionales, señalándose sólo el cargo o jerarquía académica del personal a contrata y de planta.

b) Por otra parte, en el enlace relativo a “Escuelas y Departamentos” se puede acceder a un listado de los académicos, no obstante sólo en algunos casos se señala su respectivo título profesional y el o los postgrados con que cuenten. Por ejemplo, en el caso del Coordinador de la carrera de Derecho, sede Calama, no se señala nada.

c) De lo anterior cabe entender que, en la mayoría de los casos, se encuentra a permanente disposición del público la información requerida, con ciertas excepciones como las señaladas, por lo que en este caso cabe acoger parcialmente el amparo, dada la relevancia de esta información y de la función docente, más aún teniendo en cuenta las denuncias que se han realizado. Por lo demás, este Consejo ya ha decidido que la información relativa al título profesional o grado académico de un funcionario público es pública, pues es exigida en la Instrucción General que próximamente publicará el Consejo como parte de la información que debe publicarse obligatoriamente en virtud de las normas sobre transparencia activa, en vigencia a partir de junio. Por esto, en los casos en que esta información no esté completa en el sitio web el Rector deberá hacer entrega de ella al requirente o permitirá su acceso a la base de datos en que esté contenida y, en su caso, admitirá su reproducción, previo pago de los respectivos costos directos de reproducción, según ya se ha establecido en los numerales precedentes.

8) Que también se requirió un informe de todos los gastos realizados en los últimos 5 años por concepto de investigaciones, incluyendo los docentes a cargo de las mismas y sus resultados finales, respecto de lo cual se estima que:

a) En el sitio web de la Universidad Arturo Prat existe un enlace a la Dirección General de Investigaciones, que contiene un buscador de los distintos investigadores a través de sus nombres y apellidos, donde se puede obtener información relativa al nombre, grado académico, título de grado y correo electrónico del investigador como, asimismo, el cargo, código del proyecto, nombre del proyecto –con un enlace a información del proyecto-, año de realización, área del conocimiento y duración. También en la información relativa a cada Escuela y Departamento se señalan los proyectos de investigación que se están llevando a cabo.

b) Asimismo, existe un buscador de los proyectos internos, que señala que los proyectos relativos a los años 2007, 2008 y 2009 se encuentra completos y los relativos a los años anteriores, hasta el año 1999, se encuentra en revisión, por lo que no está completo (por ejemplo, no aparecen los proyectos relativos a los años 2005). En estos últimos casos sólo se puede acceder a cierta información sobre el proyecto de investigación, tal como el docente a cargo, no existiendo información sobre su resultado final y los gastos realizados. Lo mismo ocurre con proyectos de investigación externos concursables y externos con empresas nacionales e internacionales.

c) Por otra parte, hay un enlace a “Fondos Internos de nuestra Institución”, que informa sobre los diversos fondos internos que tiene la Casa de Estudios reclamada para proyectos de investigación, no obstante no hay un detalle de los gastos realizados.

d) En vista de lo anterior se acogerá parcialmente el reclamo en esta parte requiriendo al Rector de la Universidad Arturo Prat que haga entrega, en el formato disponible, de los gastos realizados en los 5 años por investigaciones, incluyendo el docente a cargo, en los casos en que dicha información aún no está completamente publicada en la web (como las llevadas a cabo durante el año 2005 y en algunos casos, el 2006) y los resultados finales, o permita acceder a la fuente documental en que esté contenida y, en su caso, reproducirlos en las condiciones señaladas previamente.

9) Que, asimismo, se requirió un informe detallado acerca de los procesos de acreditación de todas las carreras de pregrado y de los programas de postítulo de la Universidad Arturo Prat, los informes de auto evaluación de las mismas y los gastos de dichos procesos en los últimos 5 años:

a) Dentro del enlace de Servicios on-line existe un enlace a Módulo de Autoevaluación de Gestión Académica. No obstante, para poder acceder a los Informes hay que registrarse como alumno o académico, por lo que no se pudo corroborar su contenido.

b) De la misma manera, no se pudo encontrar información relativa a los procesos de acreditación de las carreras de pregrado o programas de postítulo, ni los gastos en que se ha incurrido en dichos procesos en los últimos 5 años. No obstante, en la página web de la Comisión Nacional de Acreditación se informa las carreras y postítulos por Universidades que se encuentran en proceso de acreditación, mas no los gastos involucrados en dichos proceso.

c) Por esto, se acogerá el reclamo en esta parte, toda vez que se trata de información que la Universidad no puede sino tener y se requerirá la entrega de la información relativa a los estados de los procesos de acreditación requeridos, los informes de autoevaluación y los gastos incurridos en dichos procesos, al requirente en el formato que se encuentre disponible o permitir su acceso la base de datos en que esté contenida y, en su caso, su reproducción, según ya se ha señalado.

10) Que, por último, cabe añadir que no se estima que en ninguno de los requerimientos anteriores concurra la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) que invocó la reclamada, por las razones ya señaladas en la letra e) del Considerando 6º precedente. En efecto, a diferencia de lo ocurrido en el amparo A91-09, contra Carabineros de Chile, por ejemplo, en este caso no se ha demostrado que el volumen de la información requerida o la dotación con que cuenta el servicio impidan hagan que cumplir con lo solicitado afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Rodrigo Oliva Vicentelo en contra de la Universidad Arturo Prat por las consideraciones señaladas en esta decisión.

II. Requerir al Rector de la Universidad Arturo Prat que:

a) Entregue al requirente la siguiente información o le permita acceder a la fuente documental en que esté contenida y, en su caso, reproducirla previo pago de los costos directos de reproducción,:

i. Las remuneraciones pagadas a los funcionarios, docentes, académicos, jefaturas de dicha Universidad, incluyendo cargos directivos, directores de carrera, jefes de carrera, miembros del consejo directivo y rector, en los últimos 5 años –salvo lo que se encuentra permanentemente a disposición del público-;

ii. El listado oficial de todas las becas pagadas a funcionarios, docentes, académicos o a sus familiares, para realizar estudios de postgrados en Chile o en el extranjero, de los últimos 10 años, y el estado actual de dichos procesos de estudios;

iii. El listado oficial de los docentes de la Universidad con sus respectivos títulos profesionales -en caso de que se trate de académico que ostente algún postgrado, además, dicho grado, ya sea magíster o doctorado-, en los casos en que esta nos encuentra permanentemente a disposición del público

iv. Los gastos realizados en los 5 años por investigaciones, indicando el docente a cargo y los resultados finales, en los casos en que dicha información aún no está completamente publicada en la web; y

v. La información relativa a los estados de procesos de acreditación requeridos, los informes de autoevaluación y los gastos incurridos en dichos procesos.

b) Publique en el sitio web de la Universidad la información correspondiente a las becas otorgadas o transferencias de fondos y el listado de beneficiarios, así como la resolución que otorga dichas becas y transferencias

c) Cumpla todo lo anterior en un plazo que no supere los 20 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de proceder en caso contrario conforme lo disponen los artículos 46 y siguientes de la Ley de Transparencia

d) Informe del cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Rodrigo Oliva Vicentelo y al Rector de la Universidad Arturo Prat.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don Raúl Urrutia Ávila. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.