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Ignacio Muñoz Ávalos con FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA (FNE) Rol: C518-09

Consejo para la Transparencia, 26/03/2010

Se solicita amparo en contra de FNE por denegar solicitud de acceso a información relativa a presentaciones o denuncias que haya realizado la Confederación Nacional de Suplementeros de Chile (en adelante también Conasuch) ante dicha Fiscalía, durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2009. Oposición de Terceros. El Consejo rechaza el amparo ya que estima que el hecho de hacer pública la denuncia puede afectar los derechos comerciales del denunciante toda vez que puede ser objeto de una represalia, más aún cuando los hechos denunciados son el abuso de posición dominante, asimismo, el dar a conocer el nombre de los denunciantes o el contenido de dichas denuncias puede traer como consecuencia que se desincentiven las denuncias, lo que afectaría del debido cumplimiento de las funciones de fiscalización del órgano.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime)
  • Roberto Guerrero Valenzuela (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO Nº C518-09

Entidad pública: Fiscalía Nacional Económica

Requirente: Ignacio Muñoz Ávalos

Ingreso Consejo: 23.11.2009

En sesión ordinaria N° 136 de su Consejo Directivo, celebrada el 26 de marzo de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del reclamo Rol C518-09.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; el D.F.L. N °1, de 2005, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. N° 211; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El día 16 de octubre de 2009, don Ignacio Muñoz Ávalos, solicitó a la Fiscalía Nacional Económica copia de todas las presentaciones o denuncias que haya realizado la Confederación Nacional de Suplementeros de Chile (en adelante también Conasuch) ante dicha Fiscalía, durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2009.

2) RESPUESTA: Dicha solicitud fue respondida mediante Ordinario N° 1610, de 4 de noviembre de 2009, por don Enrique Vergara Vial, Fiscal Nacional Económico, el cual le señala que no es posible acceder a la solicitud toda vez que la información solicitada fue aportada por terceros, los cuales se opusieron a su entrega, en virtud del derecho que les confiere el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: Don Ignacio Muñoz Ávalos dedujo, dentro de plazo, amparo en contra de la Fiscalía Nacional Económica, por denegación de acceso a la información, fundado en que se le habría denegado el acceso a lo requerido por oposición de terceros, en este caso, la Confederación Nacional de Suplementeros de Chile.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo, acordó admitir a tramitación este reclamo trasladándolo, mediante Oficio N° 24, de 8 de enero de 2010, al Fiscal Nacional Económico, solicitando en particular que se sirva remitir copia de la comunicación a los terceros involucrados de su derecho de oposición a la divulgación de la información, así como su respectiva oposición, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 20 de la Ley de Transparencia y el artículo 43 de su Reglamento y, a fin de ilustrar el caso en comento, que acompañe copia de las presentaciones o denuncias interpuestas por la Conasuch durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2009. Éste respondió mediante escrito ingresado el 22 de enero de 2010, señalando principalmente que:

a) Tal como lo prescribe el artículo 20 de la Ley de Transparencia, al referirse la solicitud de acceso a todas las presentaciones o denuncias que haya realizado la Conasuch durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2009, se comunicó a dicha Confederación, único tercero que puede verse afectado por la entrega de lo requerido, la presentación de la solicitud y su facultad de oponerse a ella, en el plazo de 3 días hábiles contados desde la notificación de la respectiva comunicación. Para tales efectos, la Fiscalía que preside envío el Ordinario N° 1256, de 19 de octubre de 2009, despachado por correo certificado del mismo día (acompaña en otrosí copia de dicho oficio y el respectivo comprobante de envío por correos).

b) Con fecha 27 de octubre de 2009, don Oscar Aliste Carreño, Presidente de la Conasuch, dedujo oposición a la solicitud, en tiempo y forma, siendo el fundamento de su oposición el hecho de que “… la denuncia presentada ante la Fiscalía Nacional Económica referida a violaciones a las normas de la libre competencia son elementos centrales y esenciales de una estrategia de defensa jurídica compleja que involucra además otras esferas, ya sea judiciales, como de otra naturaleza, por lo que su conocimiento por parte de terceros ajenos a la propia institución llamada a realizar la investigación, tiene un impacto directo en el ámbito de los derechos comerciales o económicos de esta parte”.

c) Atendida tal oposición, la solicitud de don Ignacio Muñoz Ávalos fue respondida mediante Ordinario N° 1610, de 4 de noviembre de 2009, despachado por correo de ese mismo día. Por esto, la casual invocada por la Fiscalía para denegar el acceso, ha sido del todo procedente y obligatoria, dado lo establecido en los artículos 20 de la Ley de Transparencia y 34, inciso 3° de su Reglamento.

d) Sin perjuicio de lo expuesto, hace presente que en caso que el Consejo acceda al presente reclamo, así como a otros de similar tenor, estableciendo un criterio general sobre la materia y no casuístico, el funcionamiento de la Fiscalía Nacional Económica y del sistema de libre competencia en su conjunto, podría verse seriamente afectado. La labor inquisitiva del Servicio que preside –conforme a lo prescrito por los artículos 1°, 2° y 39 del D.L. N° 211, entre otros- destinada a desarrollar investigaciones vinculadas a situaciones, hechos o actos que contravengan la legislación de defensa de la competencia, puede tener su origen en una denuncia particular, o bien, por iniciativa de oficio. En virtud de dicha función investigativa, la Fiscalía está facultada para recabar y recopilar de parte de agentes económicos, sean estos públicos o privados, informaciones y antecedentes que estime necesarios, con motivo de las investigaciones que practique, sean aquellos públicos o reservados.

e) De lo reseñado, agrega, se desprende la importancia que revisten las denuncias que formulan particulares para el cumplimiento de las funciones del servicio, al ser generalmente éstas el vehículo por medio del cual el servicio toma conocimientos de hechos que atentan contra la libre competencia en determinados mercados, y también la importancia de la entrega de antecedentes por parte de los particulares y otras entidades, todos los cuales muchas veces efectúan tales denuncias o aportes de antecedentes solicitando la reserva de los mismos, de la identidad de la persona o entidad de que se trate, o parte de dichos datos, principalmente porque se refieren a información comercial, estratégica o personal, o porque existe fundado temor a represalias.

f) Por esta razón, en general, existe la necesidad de mantener bajo reserva la información manejada en la Fiscalía que preside, política que tiene por objeto, precisamente, la generación de denuncias y la entrega de información, entregando garantías a las empresas o personas naturales que fundadamente así lo soliciten, con la confianza de los antecedentes no sean develados en perjuicio de sus intereses.

g) Acompaña, entre otros, los siguientes documentos:

i) Ordinario N° 1256, de 19 de octubre de 2009, mediante el cual se le comunica a don Iván Encina Caro, Presidente de la Confederación Nacional de Suplementeros de Chile, la solicitud de 16 de octubre de 2009, de don Ignacio Muñoz Ávalos y la facultad que le asiste de oponerse a dicha entrega, en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, por escrito y con expresión de causa, en el plazo de 3 días hábiles contados desde la notificación de dicha comunicación.

ii) Comprobante de Correos de Chile del envío de dicho Ordinario a la Conasuch, de 19 de octubre de 2009.

iii) Escrito de don Iván Encina Caro, Presidente de la Confederación Nacional de Suplementeros de Chile, ingresado en la Fiscalía Nacional Económica el 27 de octubre de 2009, mediante el cual se opone a la solicitud de información por estimar que la solicitud de información planteada afecta los derechos de dicha parte, por cuanto la denuncia presentada ante la Fiscalía Nacional Económica referida a violaciones a las normas de la libre competencia son elementos centrales y esenciales de una estrategia de defensa jurídica compleja que involucra además otras esferas, ya sea judiciales, como de otra naturaleza, por lo que su conocimiento por terceros ajenos a dicho Servicio, tiene un impacto directo en el ámbito de los derechos comerciales o económicos de la parte que representa.

iv) Copia de denuncia(s) por infracciones a la libre competencia interpuesta(s) por la Confederación Nacional de Suplementeros de Chile ante la Fiscalía Nacional Económica.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: El Consejo Directivo de este Consejo, acordó admitir a tramitación este reclamo trasladándolo, mediante Oficio N° 325, de 22 de febrero de 2010, al representante legal de la Confederación Nacional de Suplementeros de Chile, solicitando en particular que se pronuncie acerca de los derechos que le asisten a su representada y la forma en que éstos pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida. Dicha Confederación respondió mediante escrito ingresado el 12 de marzo de 2010, señalando principalmente que:

a) En este caso en particular es claro que aplican dos causales de secreto o reserva del artículo 21 de la Ley de Transparencia, esto es, las contempladas en el numeral 1 letra a) y en su numeral 2.

b) Estima que la solicitud de información planteada afecta los derechos de la parte que representa, por cuanto la denuncia presentada ante la Fiscalía Nacional Económica referida a violaciones a las normas de la libre competencia son elementos centrales y esenciales de una estrategia de defensa jurídica compleja que involucra, además, otras esferas, ya sea judiciales, como de otra naturaleza, por lo que su conocimiento por parte de terceros ajenos a la propia institución llamada a realizar la investigación, tiene un impacto directo en el ámbito de los derechos comerciales o económicos de esta parte.

Y CONSIDERANDO:

1) Que lo solicitado, en el caso que nos ocupa, es copia de las presentaciones o denuncias realizadas por la Confederación Nacional de Suplementeros de Chile ante la Fiscalía Nacional Económica, durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2009. En este caso, dicha información fue denegada por oposición de la Confederación denunciante y, agrega la Fiscalía Nacional Económica al evacuar el traslado, que la publicidad de dicha información y, en general, de las denuncias presentadas ante dicho Servicio, afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, particularmente, la función investigativa.

2) Que el artículo 20 de la Ley de Transparencia establece que “Cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, dentro del plazo de dos días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud…deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, adjuntando copia del requerimiento respectivo. / Los terceros afectados podrán ejercer su derecho de oposición dentro del plazo de tres días hábiles contado desde la fecha de notificación. La oposición deberá presentarse por escrito y requerirá expresión de causa…”. De los documentos acompañados se desprende que la comunicación al tercero interesado fue realizada dentro del plazo indicado en el artículo precitado y la oposición se interpuso dentro del plazo de tres días hábiles de dicha comunicación (entendiendo que rige la presunción de notificación establecida en el inciso 2° del artículo 46 de la Ley N° 19.880, esto es, que “Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda”).

3) Que, por su parte, el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, establece la siguiente causal de secreto o reserva: “Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”, a lo que el numeral 2 del artículo 7° del Reglamento agrega, “Se entenderá por tales aquellos que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas, en título de derecho y no de simple interés”.

4) Que en este caso el tercero interesado que se opone, Conasuch, lo hace principalmente por estimar que:

a) Concurre la causal de secreto o reserva contemplada en la letra a) del numeral 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, esto es, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales.

b) Su conocimiento afectaría los derechos comerciales o económicos de dicha Confederación por referirse a elementos esenciales de una estrategia de defensa.

5) Que la segunda causal de secreto o reserva invocada es aquella contemplada en el numeral 2 de dicho artículo 21, en relación con los derechos de carácter comercial o económico de Conasuch. Que dicha causal la ha fundado en la circunstancia que los antecedentes pedidos serían elementos centrales y esenciales de su estrategia de defensa jurídica, de carácter compleja, cuya divulgación, a su vez, tendría un impacto directo en sus derechos comerciales o económicos. Que, por esto, en este caso cabe determinar si la comunicación de la información proporcionada afecta o pudiera afectar los derechos comerciales o económicos de esta Confederación.

6) Que, asimismo, cabe tener presente la jurisprudencia del Consejo Directivo respecto a las solicitudes de denuncias, tal como la asentada en las siguientes decisiones:

a) A58-09 contra Carabineros de Chile: se solicitó, entre otros, la entrega de copia de partes policiales sobre accidentes de tránsito con resultado de muerte por atropello. En dicho caso el Consejo estimó que el secreto de las actuaciones de la etapa sumarial, para los efectos de comprobar la concurrencia de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia invocada por la reclamada, tiende a proteger el conjunto de las diligencias investigativas que se practiquen y el éxito de sus conclusiones más que prevenir la divulgación de piezas específicas y determinadas del proceso, que no pueden ver alterada su calidad de antecedentes públicos, considerados aisladamente, por el sólo hecho de encontrarse dentro de una agrupación de actuaciones dispuestas para la comprobación de un delito. Asimismo, por haber transcurrido más de 5 años desde la expedición de los antecedentes solicitados no se advierte tampoco que la publicidad de los mismos pudiera afectar el éxito de las investigaciones, por lo que se decidió acoger el amparo interpuesto.

b) A53-09 contra la Dirección del Trabajo: se estableció que “…no puede desconocer la naturaleza especial de las denuncias realizadas por los trabajadores ante la Dirección del Trabajo y el riesgo de que su divulgación, así como la de la identidad de los denunciantes o la de los trabajadores que han declarado en un proceso de fiscalización en contra del empleador, afecte su estabilidad en el empleo o los haga víctimas de represalias (especialmente si se mantienen laboralmente vinculados con el mismo empleador)” y se decidió, por tanto, “…respecto de aquellos datos personales señalados…cabe entender que la publicidad, comunicación o conocimiento de dicha información puede afectar derechos de terceros —en el caso en análisis de los trabajadores denunciantes o de los que han prestado declaración—, en particular tratándose de la esfera de su vida privada y sus derechos de carácter económico emanados de la relación laboral, configurándose de esta forma y respecto de aquellos datos la causal del artículo 21, numeral 2 de la Ley de Transparencia, causal que se encuentra reforzada por la especial función que el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, encomienda al Consejo, en orden a velar por el adecuado cumplimiento de la Ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado”.

c) A91-09 contra la Subsecretaría de Carabineros de Chile: se estableció que el nombre de una persona natural es un dato personal del cual ella es titular, además de un atributo de la personalidad, que como tal se encuentra amparado por la Ley N° 19.628, de 1999, sobre protección de datos de carácter personal, y sólo con su consentimiento se puede entregar o publicar dicho dato, a menos que se obtenga de una fuente accesible al público. Asimismo se determinó que la divulgación o entrega de los nombres de denunciantes o reclamantes podría inhibir futuras denuncias o reclamos.

d) C520-09 contra la I. Municipalidad de Providencia: se estableció que el acceder a la entrega del nombre de él o los denunciantes de determinadas obras a realizar en un edificio de la comuna, podría inhibir a realizar futuras denuncias e impedir que los órganos de la Administración, como las Municipalidades, realicen las fiscalizaciones necesarias que surgen de dichas denuncias. Por otra parte, en este caso no se percibe un interés público en conocer dicha información, como sucede en el caso del amparo A91-09, respecto de las denuncias realizadas por funcionarios públicos, por ejemplo, y tal como se desprende de los antecedentes aportados, no paralizó las obras de pintura y reparación de dicha Comunidad.

7) Que, de la misma manera, el tercero interesado invoca directamente la causal de secreto o reserva contemplada en la letra a) del numeral 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia esto es, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales. Si bien la invocación de las causales prescritas en el numeral 1 del artículo 21 son privativas del órgano requerido y no del tercero que aparezca involucrado en la información pedida, en este caso, la Fiscalía Nacional Económica, no obstante privilegiar en su respuesta la oposición del tercero afectado, señaló al momento de evacuar el traslado que podría afectar el debido cumplimiento de sus funciones el otorgar el acceso a la información solicitada. Así, cabe tener presente lo siguiente:

a) La función principal de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) es la de investigar, en representación del interés público, todo hecho, acto o convención que tienda a impedir, eliminar, restringir o entorpecer la competencia en los mercados y, cuando lo estime procedente, sometiendo el resultado de sus investigaciones al conocimiento del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, a fin de que éste, en el ejercicio de sus atribuciones, adopte las medidas o sanciones adecuadas para evitar o reparar los efectos anticompetitivos de las conductas o hechos investigados. Además, tiene como función la de promover la libre competencia en el mercado, lo que significa crear una verdadera cultura de la competencia.

b) Cualquier persona natural o jurídica puede denunciar ante la Fiscalía Nacional Económica la ocurrencia de hechos o actos que, a su juicio, pudieran atentar contra la libre competencia en los mercados. Para la presentación de denuncias no se requiere más formalidad que indicar con claridad: a) Identificación del denunciante, quien podrá solicitar reserva de su identidad, b) El mercado específico en el que se desarrollan los hechos, c) La individualización de los agentes económicos involucrados, d) Los hechos que constituirían conductas contrarias a la competencia.

c) El Artículo 39 letra a) incisos 2° y 3° del D.L. N° 211 establecen que “El Fiscal Nacional Económico, con conocimiento del Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, podrá disponer que las investigaciones que se instruyan de oficio o en virtud de denuncias tengan el carácter de reservadas. / Asimismo, el Fiscal Nacional Económico podrá disponer de oficio o a petición del interesado, que ciertas piezas del expediente sean reservadas o confidenciales, siempre que tengan por objeto proteger la identidad de quienes hayan efectuado declaraciones o aportado antecedentes en conformidad al artículo 39 bis , o que contengan fórmulas, estrategias o secretos comerciales o cualquier otro elemento cuya revelación pueda afectar significativamente el desenvolvimiento competitivo de su titular, o resguardar la eficacia de investigaciones de la Fiscalía”.

d) Artículo 41 establece que “La Fiscalía deberá recibir e investigar, según corresponda, las denuncias que formulen particulares respecto de actos que puedan importar infracción a las normas de la presente ley, sin perjuicio de remitir a las autoridades competentes aquellas que deban ser conocidas por otros organismos en razón de su naturaleza. Para determinar si corresponde investigar o desestimar las denuncias que se formulen, la Fiscalía podrá solicitar, dentro del plazo de 60 días de recibida la denuncia, antecedentes a particulares, como también llamar a declarar a cualquier persona que pudiere tener conocimiento del hecho denunciado. La entrega de antecedentes y la prestación de declaración señaladas previamente serán siempre voluntarias y la Fiscalía Nacional Económica no podrá ejercer el apercibimiento previsto en el inciso primero del artículo 42 mientras no haya iniciado formalmente una investigación”.

e) El artículo 42, por su parte, establece un deber general de reserva, en el siguiente sentido: “Los funcionarios y demás personas que presten servicios en la Fiscalía Nacional Económica, estarán obligados a guardar reserva sobre toda información, dato o antecedente de que puedan imponerse con motivo u ocasión del ejercicio de sus labores y, especialmente, aquellos obtenidos en virtud de las facultades indicadas en las letras a), g), h), y n) del artículo 39, y en el artículo 41. Sin perjuicio de lo anterior, tales antecedentes podrán utilizarse para el cumplimiento de las funciones de la Fiscalía Nacional Económica y el ejercicio de las acciones ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o los tribunales de justicia. La infracción a esta prohibición se castigará con las penas indicadas en los artículos 246, 247 y 247 bis del Código Penal y con las sanciones disciplinarias que puedan aplicarse administrativamente por la misma falta. Asimismo, serán aplicables las normas de responsabilidad funcionaria y del Estado contempladas en la ley N° 19.880, en el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y en la ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado”.

f) En el sitio web de la Fiscalía reclamada se publican las resoluciones de dicho organismo –ya sean informes al TDLC o de archivo de la investigación- y en éstas se señala el modo de inicio de dicha investigación, esto es, por denuncia –individualizando a él o los denunciantes, en la mayoría de los casos- o de oficio.

8) Que, asimismo, cabe tener presente lo acordado respecto del amparo C567-09 contra la Fiscalía Nacional Económica, en cuanto a que “se estima también que la divulgación de la investigación sin que aún se haya adoptado decisión sobre el particular, produciría un perjuicio o afectación en el debido cumplimiento de las labores encomendadas a la FNE, toda vez que dejaría en evidencia las diligencias decretadas por ésta, lo que, a su vez, permitiría conocer su línea investigativa y sus eventuales objetivos y resultados, como también las consideraciones que ha tenido a la vista, pudiendo presumirse, así, la eventual medida a adoptar, lo que debilitaría manifiestamente su facultad fiscalizadora”, motivo por el cual se estimó acreditada la causal de reserva prescrita en la letra b) del numeral 1 del artículo 21, mas no la establecida en la letra a) de dicho numeral y artículo, toda vez que mientras no se evacue internamente el informe final en dicha investigación y el Fiscal Nacional Económico no adopte la decisión de efectuar el respectivo requerimiento ante el TDLC, la FNE aún no debe realizar “defensa jurídica” alguna ni “respaldar” su posición en alguna controversia de carácter jurídico, toda vez que se encuentra aún recabando los antecedentes necesarios para formarse juicio, debiendo luego ponderarlos, y en tal tarea puede, incluso, estimar que no existe mérito para requerir a algún actor económico involucrado en la investigación y disponer el archivo de los antecedentes. No obstante cabe tener en cuenta que en dicho caso se solicitó todo el expediente de la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía y, en el caso que nos ocupa, solamente el contenido de la o las denuncias realizadas por una determinada asociación.

9) Que en este caso lo solicitado se trata de una denuncia respecto de una investigación pendiente ante la Fiscalía Nacional Económica, por lo que el debido proceso y la comunicación de dicha investigación se encuentra debidamente resguardado, toda vez que al momento de la formulación de cargos –en el caso que ésta se lleve a cabo, si hay mérito suficiente- se le notifica al sujeto investigado de los hechos que se investigan y que motivan dicha investigación.

10) Que en el caso que nos ocupa el hecho de hacer pública la denuncia puede afectar los derechos comerciales del denunciante toda vez que puede ser objeto de una represalia por el hecho mismo de una denuncia, más aún cuando los hechos denunciados son el abuso de posición dominante, por lo que, por encontrarse en una posición de subordinación respecto del denunciante y por el hecho de tener una relación comercial con éste, puede llevar a que sus derechos comerciales o económicos se vean mermados.

11) Que, asimismo, tal como ya se ha decidido en casos anteriores, el hecho de dar a conocer el nombre de los denunciantes o el contenido de dichas denuncias puede traer como consecuencia que se desincentiven las denuncias, lo que afectaría del debido cumplimiento de las funciones de fiscalización del órgano de la Administración del Estado de que se trate.

12) Que por todo lo señalado precedentemente el Consejo Directivo de manera unánime acuerda que el presente amparo deberá rechazarse.

13) Que el Presidente del Consejo don Juan Pablo Olmedo y el Consejero don Raúl Urrutia estiman que en este caso la denuncia no debe ser comunicada toda vez que es un antecedente previo para adoptar una decisión, por lo que su comunicación previa a que la Fiscalía Nacional Económica resuelva archivar la investigación o poner los antecedentes a disposición del Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia, afectaría el debido proceso de dicha investigación, no obstante señalan que, dependiendo de los antecedentes contenidos en las denuncias realizadas a dicho órgano de la Administración Pública, ciertas denuncias podrían ser divulgadas por ser el interés público de su publicidad mayor al daño ocasionado por su reserva. Agregan que una vez adoptada la decisión por parte de la Fiscalía Nacional Económica respecto de dicha denuncia e investigación, el contenido de la denuncia es público.

14) Que los Consejeros don Alejando Ferreiro y don Roberto Guerrero, por su parte, si bien concurren a la decisión en cuanto a rechazar el amparo, acuerdan que respecto a las denuncias realizadas ante la Fiscalía Nacional Económica, el hecho de divulgarlas afectaría tanto los derechos comerciales o económicos de los denunciantes como, de la misma manera, el debido cumplimiento de las funciones de la Fiscalía Nacional Económica, incluso si dicha denuncia se encuentra archivada y el procedimiento administrativo afinado, toda vez que dichas denuncias son parte esencial de la labor investigativa de dicho servicio y, además, las represalias económicas o comerciales contra los denunciantes pueden ser inmediatas en cualquier momento de dicha investigación.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I) Rechazar el amparo de don Ignacio Muñoz Ávalos en contra de la Fiscalía Nacional Económica, por los fundamentos señalados precedentemente.

II) Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a don Ignacio Muñoz Ávalos y al Fiscal Nacional Económico.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Raúl Urrutia Ávila. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.