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Christian Ulloa González con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C236-14

Consejo para la Transparencia, 25/06/2014

Se dedujo amparo en contra de la Policía de Investigaciones, fundado en que habría recibido respuesta negativa a una solicitud de información por razones de seguridad nacional y debido funcionamiento del servicio. Solicitud de información referente a la copia íntegra de la encuesta sumarial Rol N° 659-2011. El requirente señala que dicha institución ya habría denegado el acceso a dicha información, señalando que sólo terminado el sumario podría acceder a ella. El Consejo rechaza el amparo, toda vez que el sumario rol: 659-2011 aún se encuentra en etapa de tramitación y el requirente no poseería la calidad de inculpado, según lo señalado por el organismo reclamado en su respuesta y en sus descargos.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos  Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 



Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C236-14

Entidad pública: Policía de Investigaciones

Requirente: Christian Ulloa González

Ingreso Consejo: 29.01.2014

En sesión ordinaria N° 533 del Consejo Directivo, celebrada el 25 de junio de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C236-14.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L.N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de diciembre de 2013, don Christian Ulloa González solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile copia íntegra de la encuesta sumarial Rol N° 659-2011.

El solicitante agregó que anteriormente ya habría requerido esta información, y la Policía de Investigaciones habría denegado la entrega señalando que una vez terminado el sumario se podría acceder a éste. En otra presentación, el requirente habría solicitado la fecha de cierre del sumario, a lo cual el organismo reclamado habría respondido que la encuesta sumarial estaba en poder del dictaminador. Es decir, el requirente señala que el reclamado habría faltado a la verdad al no informar el cierre del sumario, circunstancia que ya habría ocurrido, por lo cual tendría derecho a su acceso por ser interviniente y afectado.

2) RESPUESTA: El 27 de enero de 2014, la Policía de Investigaciones respondió a dicho requerimiento de información mediante Oficio sin N°, que adjunta la Resolución Exenta N° 1 del 24 de enero de 2014, señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) La Policía de Investigaciones de Chile ha recibido diversas solicitudes de acceso a la información del requirente, de las cuales destaca cuatro en las que se habría solicitado conocer el estado actual de tramitación de la encuesta sumarial N° 659-2011 y la entrega de la copia de dicho procedimiento. El organismo reclamado agrega que en la solicitud AB010W-0000361 de 10 de diciembre de 2013 se le habría solicitado el actual estado del sumario administrativo N° 659-2011 y no la fecha de cierre del sumario, como indicaría el requirente.

b) En cuanto a las copias solicitadas, señala que al no tener el requirente la calidad de inculpado en la encuesta sumarial, toda vez que no se habrían formulado cargos en su contra y dado que a la fecha de instrucción del sumario administrativo, no poseía la calidad de servidor público, éste no tendría derecho a obtener copia del mismo por cuanto el secreto del sumario sólo se alza para los inculpados y para quienes hubieren asumido su defensa, pudiendo obtener copia de la encuesta sumarial solicitada sólo a partir de la fecha en que fuere tomada de razón por la Contraloría General de la República. Se adjunta copia de Resolución Exenta N° 1 de 24 de enero de 2014.

Por su parte, la Resolución Exenta N° 1 de 24 de enero de 2014 adjunta señala, en síntesis, lo siguiente:

a) El Estatuto Administrativo consagra en el artículo 137° inciso 2° que "el sumario será secreto hasta la fecha de formulación de cargos, oportunidad en la que dejará de serlo para el inculpado y para el abogado que asumiere su defensa", sin perjuicio de que una vez que se encuentre totalmente tramitado está sometido plenamente al principio de publicidad. En este caso, el sumario administrativo instruido mediante Orden (R) N° 659 de 16 de noviembre de 2011 por el Jefe Nacional de Delitos contra la Familia, que tiene por finalidad determinar las causas y circunstancias por las cuales existen dos Oficios (R) N° 438 de 28 de diciembre de 2009 en dicha Jefatura, debiendo determinarse si en los hechos investigados le asiste responsabilidad administrativa a algún miembro de la institución, se encuentra aún en tramitación por cuanto la referida encuesta sumarial fue remitida a esta Jefatura Jurídica mediante Oficio (R) N° 286 de 20 de noviembre de 2013, para un pronunciamiento técnico, sin que la autoridad que deba resolver el sumario haya aún dictaminado la encuesta que consulta.

b) Como se señaló, la encuesta sumarial N° 659-2011 se encuentra en dependencias de la Jefatura Jurídica para un pronunciamiento técnico, pudiendo observarse de los antecedentes que rolan en el sumario que se decretó el cierre de la investigación, formulándose cargos a los funcionarios inculpados en la presente investigación, quienes a su vez presentaron los respectivos descargos al Fiscal a cargo de su tramitación, evacuándose el 12 de noviembre de 2013 una Vista Fiscal, respecto de la cual no figura que se haya formulado cargo alguno contra el Subcomisario (R) Christian Ulloa González, peticionario de la presente solicitud, por cuanto no reúne la calidad de inculpado en la encuesta sumarial que consulta. En razón a lo anterior, y al no tener el peticionario la calidad de inculpado en el sumario administrativo que se sustancia en la institución, no se puede alzar el secreto dispuesto en el artículo 137° inciso 2° del Estatuto Administrativo, sino hasta que se encuentre afinado por la Contraloría General de la República, momento a partir del cual el sumario administrativo se rige por las reglas de publicidad.

c) La aseveración anterior se sostiene en la circunstancia que el peticionario se desvinculó de la Institución con fecha 10 de junio de 2011, instruyéndose con posterioridad la encuesta sumarial que solicita, esto es, con fecha 16 de noviembre de 2011, por lo que a la fecha de instrucción del presente sumario no reunía la calidad de servidor público, razón por la cual mal podría ser calificado como inculpado de la presente encuesta sumarial, por cuanto un sumario administrativo tiene por finalidad determinar la responsabilidad administrativa que le pudiere asistir a un funcionario de la Institución, por lo que no resulta posible determinar aquello si el peticionario ya no inviste la calidad de servidor público.

d) Que, el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia contempla la causal de reserva y secreto cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política. En este caso la norma del artículo 137 del Estatuto Administrativo se entiende para estos efectos de quórum calificado por aplicación de la disposición Cuarta Transitoria y del artículo 8° ambos de la carta fundamental, al afectar con la publicidad del contenido de la encuesta sumarial N° 659-2011 que está pendiente en su tramitación, el debido cumplimiento de las funciones de la Policía de Investigaciones de Chile, esto es de determinar las responsabilidades administrativas de algún funcionario público de sus filas que dio origen a la pieza sumarial.

e) Sin perjuicio de lo anterior, y conforme al artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, que consagra que el servicio público podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente "tratándose de antecedentes o deliberaciones previos a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas", lo que reúne el sumario administrativo N° 659-2011, al corresponder a una investigación destinada a determinar responsabilidades administrativas, encontrándose en etapa de formulación de cargos, notificación, descargos, término probatorio, etc., es decir, sin que se hubiera adoptado la decisión definitiva de los funcionarios involucrados en la encuesta, se deniega el acceso a la información.

3) AMPARO: El 29 de enero de 2014, don Christian Ulloa González dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Policía de Investigaciones de Chile fundado en que habría recibido una respuesta negativa a su solicitud por razones de seguridad nacional y debido funcionamiento del servicio. Agrega que el 10 de octubre de 2012, ante la solicitud N° AD010W-000365, la Policía de Investigaciones de Chile le habría señalado que sólo se entregaría la información al cierre de la investigación, lo que en la especie ocurriría, por cuanto la encuesta estaría cerrada y en poder de la jefatura jurídica de la oficina de transparencia. A su vez, expone que el 20 de diciembre de 2013 se le informó que la encuesta estaba en poder del dictaminador y al concurrir a éste, se le habría señalado que estaba en poder de la jefatura antedicha desde el 20 de noviembre de 2013.

4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: Mediante Oficio N° 000610 de 11 de febrero de 2014, este Consejo requirió al reclamante subsanar su amparo conforme a lo previsto en el artículo 46 inciso segundo del Reglamento de la Ley de Transparencia, a objeto de que acompañe copia de la solicitud de acceso a la información que habría sido ingresada a la Policía de Investigaciones el 28 de diciembre de 2013, donde conste el respectivo timbre de recepción y la fecha de su presentación. Además se le requirió adjuntar copia de la respuesta que le habría otorgado el órgano reclamado el 27 de enero de 2014, así como los antecedentes que acreditan su notificación, remitiendo para ello copia del sobre que la contenía o del correo electrónico mediante la cual la recibió.

Mediante correo electrónico de 13 de febrero de 2014, el Sr. Ulloa González señaló y adjuntó, en síntesis, lo siguiente:

a) Copia de solicitud de acceso a la información N° AB010W-0000381 de 28 de diciembre de 2013.

b) Copia íntegra de respuesta a la referida solicitud emitida por la Policía de Investigaciones de Chile el 27 de enero de 2014, la cual adjunta la Resolución N° 1 de 24 de enero de 2014 de la Jefatura Jurídica de la Policía de Investigaciones de Chile, que niega el acceso a la información.

c) Copia de impresión de la recepción de respuesta vía correo electrónico al correo comercial del requirente de 27 de enero de 2014, pese a que habría sido solicitado su envío al correo titular.

d) Copia de respuesta a solicitud de acceso a la información de 10 de octubre de 2012, en la cual la Policía de Investigaciones de Chile le habría informado al requirente que una vez decretado el cierre de la investigación tendría a su costa copia íntegra de la presente encuesta sumarial.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 000730 del 21 de febrero de 2014 al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, quien mediante el Ord. N° 159 de 12 de marzo de 2014 presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) En cuanto a las causales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada, el servicio señala que el requirente fue funcionario de dicha institución dejando de pertenecer a ella a contar del 10 de junio de 2011, fecha a partir de la cual quedó tomado de razón por la Contraloría General de la República el Decreto N° 45 de 17 de mayo de 2011 del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Investigaciones de Chile, que dispuso su Retiro Absoluto de la Institución. Por otra parte, el sumario administrativo N° 659-2011 respecto del cual el Sr. Ulloa solicita copia, fue instruido mediante la Orden (R) N° 659 de 16 de noviembre de 2011 por el Jefe de la Jefatura Nacional de Delitos Contra la Familia a fin de establecer las causas y circunstancias por las cuales existen dos Oficios (R) N° 438 de 28 de diciembre de 2009 de dicha repartición, debiendo determinarse si en los hechos investigados le afecta responsabilidad administrativa a algún funcionario de la Institución, y no para investigar la existencia de alguna irregularidad en el procedimiento administrativo adoptado que determinó la inclusión en la Lista Anual de Retiro y con ello la salida definitiva del Sr. Ulloa González de la Policía de Investigaciones. Es decir, el solicitante no tiene calidad de interesado sobre aquella encuesta sumarial por cuanto no existe un derecho o interés que le hubiere sido afectado con la decisión administrativa adoptada.

A mayor abundamiento, a la fecha de instrucción del sumario administrativo, esto es el 16 de noviembre de 2011, el Sr. Ulloa había dejado de pertenecer a la Institución hacía casi 5 meses, y dado que no puede iniciarse una investigación administrativa respecto de personas que dejaron de ser funcionarios públicos una vez que han dejado de serlo, los efectos de la encuesta sumarial, esto es, la determinación de eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos involucrados o sus absoluciones, no se producirán en el Sr. Ulloa González, a quien en la encuesta por no ser uno de los involucrados no se le formularon cargos.

Siguiendo todo lo razonado, y al no reunir la calidad de interesado en la encuesta sumarial N° 659-2011, el requirente resulta ser un tercero ajeno por lo cual no puede obtener copia de la encuesta sumarial, sino solo una vez que se encontrare afinado. Por lo anterior, la Policía de Investigaciones de Chile denegó acceso a la encuesta sumarial N° 659-2011, invocando la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285.

Asimismo, se invocó la causal contemplada en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley N° 20.285, por cuanto la publicidad, comunicación o conocimiento de los antecedentes que obran en el sumario administrativo actualmente en tramitación, afectan el debido cumplimiento de las funciones de esta Institución, precisamente por contener antecedentes que permitirán a la autoridad que instruyó la encuesta sumarial adoptar una decisión definitiva sobre la materia investigada, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicas una vez que fuere adoptada.

b) En cuanto a informar en qué medida la documentación requerida serviría de antecedente o deliberación previa a la adopción de una medida o política futura, el servicio reclamado señala que toda entrega de información antes que se produzca la decisión final o definitiva permitiría que un tercero ajeno a los funcionarios involucrados tome conocimiento de los hechos antes de que sean resueltos definitivamente, afectándose el derecho a defensa de los funcionarios.

Por ello, no resulta posible alzar el secreto del sumario administrativo N° 659-2011, por cuanto su entrega vulneraría las disposiciones legales antes analizadas, las cuales tienen por objeto asegurar el éxito de la investigación.

c) En cuanto a informar el estado de tramitación del sumario administrativo N° 659-2011, la Policía de Investigaciones señala que el 31 de enero de 2014 se ordenó la reapertura de la encuesta sumarial, con la finalidad de reformular los cargos que le fueron notificados en su oportunidad a los funcionarios que figuran en calidad de inculpados en la citada encuesta sumarial, la cual se encuentra en plena tramitación, sin que hasta la fecha se hubiere adoptado una decisión definitiva sobre la materia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en el presente amparo lo solicitado es la copia íntegra de la encuesta sumarial rol N°: 659-2011 ordenada instruir por la Policía de Investigaciones, el cual se encuentra regulado por el Decreto Supremo N° 1, de 1982, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias de la Policía de Investigaciones de Chile. Dicha norma dispone en su artículo 2° que las "actuaciones del sumario son secretas". Cabe señalar que esta norma reglamentaria no cumple con el requisito constitucional, dispuesto en el artículo 8°, inciso 2° de la Carta Fundamental, relativo a que las causales de reserva o secreto deben establecerse en una ley de quórum calificado. Es más, la exigencia legal para establecer causales de reserva o secreto se refrenda con lo establecido en el artículo 63 N° 2 de la Constitución Política, pues son materias de ley, precisamente, "aquellas que la Constitución exija que sean reguladas por una ley", luego, no parece consistente con el sistema de fuentes ni con los mandatos fijados por el constituyente, que una disposición o regla de reserva o secreto se encuentre fijada en una norma sub legal, cuestión que adquiere mayor trascendencia cuando el artículo 6° de la Ley Fundamental obliga a que los Órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. A mayor abundamiento, si bien el Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias de la Policía de Investigaciones de Chile dispone la reserva referida en su art. 2°, dicho precepto debe entenderse derogado por el artículo 8° de la Constitución Política de la República, por lo cual resultan aplicables a los procedimientos sumariales instruidos por la reclamada tanto las normas generales que regulan la materia contenidas en el Estatuto Administrativo como los criterios que este Consejo ha formulado sobre la aplicación del artículo 137 del referido cuerpo legal. Así lo ha resuelto la Contraloría General de la República (Dictamen N° 31.906, de 13 de julio de 2007), respecto de una reglamentación de la misma naturaleza dictada por Carabineros de Chile.

2) Que, no obstante que dicha norma sobre la reserva de la información de los sumarios tramitados en el marco del mencionado texto reglamentario no cumple con el requisito formal dispuesto en el artículo 8°, inciso 2° de la Constitución Política de la República para erigirse en causal de secreto o reserva, es decir, que la reserva esté dispuesta por una ley de quórum calificado, cabe señalar que en este caso la Policía de Investigaciones denegó la entrega de la información invocando las causales establecidas en el artículo 21, N° 5 y N° 1, letra b) en relación con el art. 137 del Estatuto Administrativo. Al respecto, a juicio de este Consejo, resulta plenamente aplicable en la especie, en lo pertinente, el criterio desarrollado por esta Corporación en relación a los sumarios administrativos regidos por el Estatuto Administrativo, por cuanto el sumario rol: 659-2011 aún se encuentra en etapa de tramitación y el requirente no poseería la calidad de inculpado, según lo señalado por el organismo reclamado en su respuesta y en sus descargos.

3) Que, en este sentido, a mayor abundamiento y conforme a la reiterada jurisprudencia de este Consejo, plasmada entre otras en las decisiones recaídas en los amparos roles A47-09, A95-09, C7-10 y C561-11, la norma de secreto de los sumarios administrativos consagrada en el artículo 137 del Estatuto Administrativo tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación, cautelando el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. En efecto, el expediente sumarial, en su etapa indagatoria, contiene los antecedentes de una investigación que son previos a la adopción de una resolución, medida o política respecto de ella, conforme a la letra b) del precitado numeral. Con todo, el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, como el inculpado y su abogado. Es más, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. En el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al precisar que la reserva que establece el artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "...sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado..." (criterio adoptado, entre otros, en el dictamen N° 11.341/2010).

4) Que, por otro lado, cabe hacer presente al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile a propósito de su alegación contendida en el punto 2, literal b) de lo expositivo que señala que se puede obtener copia de la encuesta sumarial solicitada sólo a partir de la fecha en que fue tomada de razón por la Contraloría General de la República, que lo manifestado no ha sido el criterio dispuesto por este Consejo en la decisión C575-11, a la luz de lo expuesto por la Contraloría General de la República en su Dictamen N° 7.355 de 2007, el cual establece la publicidad de los sumarios administrativos una vez que éstos se encuentran afinados por un acto terminal de la autoridad respectiva, no pudiendo estimarse condicionada dicha publicidad a ningún otro requisito como la toma de razón del respectivo sumario por parte del ente contralor.

5) Que, en virtud de lo expuesto, este Consejo estima que corresponde aplicar las causales de reserva alegadas, tanto en el artículo 21 N° 5, en relación a lo establecido en el artículo 137 del Estatuto Administrativo, como aquella prevista en el artículo 21 N° 1, literal b) de la Ley de Transparencia, a fin de mantener la reserva del sumario administrativo solicitado, pues aquel aún se encuentra en tramitación.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Christian Ulloa González en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. En el evento que la encuesta sumarial rol N° 659-2011 se encuentre afinada al momento de notificarse esta decisión, el Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile deberá entregar una copia íntegra de ésta, debiendo tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en el expediente solicitado, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, de todo interviniente en el sumario administrativo, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y 4° de la Ley N° 19.628. Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la citada Ley de Transparencia.

II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Christian Ulloa González y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado, no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

JORGE JARAQUEMADA ROBLERO

ALEJANDRO FERREIRO YAZIGI

JOSÉ LUIS SANTA MARÍA ZAÑARTU