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Christian Álvarez Mancilla con GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE ARICA – PARINACOTA Rol: C531-14

Consejo para la Transparencia, 23/07/2014

Se dedujo amparo en contra del Gobierno Regional Región de Arica - Parinacota, fundado en que dio respuesta negativa a una solicitud de información referente a los fondos a rendir y agenda asociada a cada fondo de los consejeros regionales que se indican, del año 2012 y 2013. El Consejo acoge el amparo, toda vez que los gastos en que incurren los consejeros regionales en el ejercicio de sus cargos y en representación del Consejo Regional, se enmarcan dentro del ejercicio de la función pública. Si bien por expresa disposición legal, no son funcionarios públicos, las actuaciones de los consejeros en ejecución de fondos y recursos públicos, quedan comprendidas en el ejercicio de dicha función, lo que justifica el debido control y escrutinio acerca de los gastos en que incurren en ejercicio de tales actividades desarrolladas con recursos públicos. Por lo que se debe desestimar la causal de reserva alegada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Presupuesto y Finanzas
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Documentación presupuestaria.Rendición de cuentas 


Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C531-14

Entidad pública: Gobierno Regional Región de Arica - Parinacota

Requirente: Christian Álvarez Mancilla

Ingreso Consejo: 17.03.2014

En sesión ordinaria N° 538 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de julio de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C531-14.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 31 de enero de 2014, Christian Álvarez Mancilla solicitó al Gobierno Regional Región de Arica - Parinacota, en adelante también el Gobierno Regional, información de fondos a rendir y agenda asociada a cada fondo de los consejeros regionales Zapata y Murillo, del año 2012 y 2013.

2) OPOSICIÓN DE LOS TERCEROS INTERESADOS: Mediante oficios Nos. 166 y 167, ambos de 7 de marzo de 2014, el Gobierno Regional comunicó la solicitud a los Consejeros Regionales Sra. Murillo y Sr. Zapata, respectivamente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

Mediante presentaciones de 10 de marzo de 2014, de idéntico tenor, los terceros se opusieron a la entrega de la información solicitada, señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) Cita los artículos 22, 29 y 39 de la Ley N° 19.175, que regulan el Gobierno Regional y el derecho de los consejeros regionales de gozar de una dieta mensual por la asistencia a la sesiones del consejo y de comisiones de aquellas señalada en el artículo 37 del cuerpo legal citado.

b) Los consejeros regionales no tienen la calidad de funcionarios públicos, aun cuando, por mandato legal expreso, le son aplicables las normas de probidad administrativa y responsabilidad civil y penal. Atendido lo anterior, el reembolso de los gastos solo podrá tener lugar, previo acuerdo del consejo, en orden a encargar la labor que genera el gasto a reintegrar, en la medida que ésa diga relación con el ejercicio de un cometido propio del cargo y que signifique trasladarse fuera del lugar de residencia habitual de él o los consejeros de que se trate, luego que el secretario ejecutivo de ese órgano colegiado certifique que existe disponibilidad presupuestaria al efecto.

c) Los Consejeros Regionales solo estarían obligados a entregar la información detallada del gasto a reintegrar por comisiones que hayan sido aprobadas previo acuerdo del consejo, siendo fiscalizado por la Contraloría General de la República. Por tanto, a su juicio, no corresponde solicitar el detalle de los gastos por reembolso y la agenda asociada a cada fondo, de acuerdo al artículo 39 de la Ley N° 19.175, por cuanto los gastos asociados a los fondos se vinculan con documentos emitidos por terceros, lo cual recae en la esfera de su vida privada. Dichos gastos contienen un almacenamiento de datos personales, cuya custodia corresponde al Gobierno Regional.

d) Sostienen que la solicitud es genérica, referida a un elevado número de antecedentes de los años 2012 y 2013, cuya atención requiere distraer indebidamente a los funcionarios del Gobierno Regional del cumplimiento regular de sus funciones habituales. El requirente no específico precisa y claramente a cuáles cometidos aprobados por el Consejo Regional se refiere.

e) Por lo anterior, ambos terceros fundan su oposición en las causales de los artículos 21 N° 1 letra c) y N° 2 de la Ley de Transparencia.

f) Cita la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de 3 de septiembre de 2010, autos Rol N° 943, acerca de la confidencialidad del proceso de selección dispuesta en el artículo 55 de la Ley N° 19.882 y el secreto de las evaluaciones individuales, en relación a los procesos de selección de la Dirección Nacional del Servicio Civil.

3) RESPUESTA: El 10 de marzo de 2014, el Gobierno Regional Región de Arica - Parinacota respondió a dicho requerimiento de información mediante ordinario N° 185, señalando que no es posible dar curso al requerimiento por existir oposición de los dos terceros involucrados.

4) AMPARO: El 17 de marzo de 2014, Christian Rodrigo Álvarez Mancilla dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a la solicitud de información, por oposición de terceros. El solicitante acompañó copia de su solicitud, de la respuesta y de las oposiciones de los terceros.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo trasladó este amparo al Sr. Intendente de la Región de Arica y Parinacota, mediante oficio N° 1278, de 24 de marzo de 2014. Se solicitó especialmente que al formular sus descargos: (1°) indicase las razones por las cuales la solicitud no habría sido respondida oportunamente; (2°) se refiriese específicamente, a las causales de hecho, secreto o reserva legal que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (3°) acompañase los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros involucrados, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación y de la oposición deducida, con el respectivo comprobante que acredite la fecha y medio de presentación; (4°) proporcionase los datos de contacto de los terceros involucrados, a fin dar aplicación a lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y, (5°) acompañase copia íntegra de la solicitud de información presentada por el reclamante, con el respectivo cargo de ingreso al órgano que representa.

Mediante ordinario N° 275, de 24 de abril de 2014, el Sr. Intendente del Gobierno Regional Región de Arica - Parinacota presentó sus descargos señalando, en síntesis, las siguientes observaciones:

a) La fecha de ingreso de solicitud fue el 31 de Enero de 2014, por lo que el plazo expiraba el 14 de Marzo de 2014 en la plataforma (considera 20 días hábiles más 10 días de prórroga). Según se acredita en registro de libro de correspondencia Folio 134 de Oficina de Partes del Gobierno Regional, el solicitante retiró en forma personal la respuesta, contenida en Ordinario N° 185, de 10 de Marzo de 2014. En consecuencia, la solicitud fue respondida en los plazos establecidos. Dada la contingencia por el cambio de administración, no fue posible cerrar el proceso en la plataforma, situación que ha sido regularizada en el presente período.

b) Según lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, atendida la oposición de los terceros, el Gobierno Regional se vio impedido de entregar la información. Cabe hacer presente, que cumplimiento del mismo texto legal, se publica todos los meses las transferencias que la institución realiza, las que incluyen los pagos efectuados a los consejeros regionales. En consecuencia la información está disponible en la página web del Servicio.

c) Adjunta copia de los oficios Nos. 167 y 166 enviados a los Consejeros Regionales involucrados, conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia. Adjunta copia de los Oficios Nos. 02 y 03 dando respuesta al requerimiento planteado, y ordinario N° 185 de 10 de marzo de 2014, a través el cual se da respuesta al requirente. Finalmente, señala los datos de contacto de los terceros.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, mediante los Oficios Nos. 1964 y 1965, ambos de 2 de mayo de 2014, se notificó el amparo en análisis a doña Andrea Murillo y a don David Zapata, respectivamente. Se solicitó especialmente que junto con presentar sus descargos, hicieren mención expresa a los derechos que les asisten y que pudieren verse afectados con la publicidad de la información solicitada.

Mediante carta de 19 de mayo de 2014, doña Andrea Murillo Neumann presentó sus descargos, señalando en síntesis, iguales argumentos contenidos en su oposición ante el órgano reclamado, según lo señalado en el numeral 2) de lo expositivo.

Respecto del Sr. Zapata, no obstante encontrarse debidamente notificado, a la fecha no consta que haya evacuado descargos y observaciones ante este Consejo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, la autoridad o jefatura del órgano requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de 20 días hábiles, contados desde la recepción de la misma. En la especie, la solicitud de información que motivó el presente amparo ingresó el 31 de enero de 2014 al Gobierno Regional de Arica y Parinacota, sin que éste haya acreditado la comunicación de la prórroga del plazo al requirente por un plazo de 10 días hábiles, de modo que el plazo para pronunciarse sobre dicho requerimiento expiró el 28 de febrero de 2014, sin que éste fuera respondido dentro de ese término legal. Lo anterior constituye una infracción al deber legal descrito en el citado artículo 14, así como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), de la Ley de Transparencia, motivo por el cual se representará al Gobierno Regional de Arica y Parinacota la referida infracción en lo resolutivo de la presente decisión.

2) Que, en igual sentido, de los descargos de la reclamada aparece que su sistema informático sumaría automáticamente, a los 20 días legales para dar respuesta, de acuerdo al artículo 14 de la Ley de Trasparencia, los 10 días hábiles de prórroga del plazo. Cabe hacer presente que la prórroga del plazo para responder constituye un mecanismo de carácter excepcional, y para que opere se requiere la concurrencia de dos requisitos: (1°) que ésta sea comunicada al requirente antes del vencimiento del plazo de 20 días hábiles señalado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia; y (2°) que sea fundada, por existir circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. Por tanto, se recomendará a la reclamada que adopte las medidas conducentes para corregir su sistema de tramitación de solicitudes de acceso a la información, de modo tal que el plazo de prórroga no se sume automáticamente al plazo legal de respuesta de 20 días.

3) Que, en relación a la comunicación a los terceros interesados, el artículo 20 de la Ley de Transparencia dispone que "cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, dentro del plazo de dos días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos, deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, adjuntando copia del requerimiento respectivo". Al respecto, consta que el Gobierno Regional reclamado comunicó la solicitud el 7 de marzo de 2014, esto es, vencido con largueza el plazo de dos días hábiles desde la recepción de la solicitud, que establece el artículo 20 de la Ley de Transparencia, lo cual da cuenta de la extemporaneidad en el traslado de la solicitud a los terceros, lo cual se representará en lo resolutivo del presente acuerdo.

4) Que en lo que atañe a la información requerida, ésta recae en los fondos que dos consejeros regionales debieron rendir, durante los periodos 2012 y 2013 y la agenda asociada a cada fondo. Al respecto, cabe citar la siguiente normativa vinculada a la solicitud, contenida en la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, modificada por la Ley N° 20.035.

a) El artículo 22 dispone: "El Gobierno Regional estará constituido por el intendente y el consejo regional".

b) El artículo 28 establece que "El consejo regional tendrá por finalidad hacer efectiva la participación de la comunidad regional y estará investido de facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras".

c) A su turno, el artículo 29 señala: "El consejo regional estará integrado por consejeros elegidos por sufragio universal, en votación directa. Cada consejo estará integrado por catorce consejeros en las regiones de hasta cuatrocientos mil habitantes; por dieciséis en las regiones de más de cuatrocientos mil habitantes; por veinte en las regiones de más de ochocientos mil habitantes; por veintiocho en las regiones de más de un millón quinientos mil habitantes; y por treinta y cuatro en las regiones de más de cuatro millones de habitantes"

d) El inciso 1° del artículo 35 dispone: "A los consejeros no les serán aplicables las normas que rigen para los funcionarios públicos, salvo en materia de probidad administrativa y responsabilidad civil y penal".

e) El artículo 39, en su inciso 1° prescribe: "Los consejeros regionales tendrán derecho a una dieta mensual de diez unidades tributarias mensuales, la que se percibirá por la asistencia a la totalidad de las sesiones del consejo celebradas en el mes respectivo, disminuyéndose proporcionalmente según el número de inasistencias del consejero. Para los efectos anteriores, se considerarán tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias". A su turno, el inciso 3° en lo pertinente señala: "Asimismo, cada consejero regional tendrá derecho a percibir una dieta de dos unidades tributarias mensuales, con un máximo de seis en el mes, por la asistencia a cada sesión de comisión". El inciso 4° señala: "Tendrán también derecho a pasajes y reembolso de gastos por concepto de alimentación y alojamiento para asistir a las sesiones del consejo y de las comisiones, cuando ello les signifique trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual. El reembolso de gastos no podrá superar, en ningún caso, el valor del viático que le corresponda al intendente en las mismas condiciones".

5) Que, el Gobierno Regional denegó la solicitud, al tenor de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia,"...deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido quedará impedido de proporcionar la documentación o antecedentes solicitados, salvo resolución en contrario del Consejo, dictada conforme al procedimiento que establece esta ley". En la especie, los terceros se opusieron a la entrega de la información, según verificó este Consejo, por lo que el órgano reclamado quedó impedido de entregar al requirente la información solicitada. En consecuencia, corresponderá a este Consejo pronunciarse respecto a la procedencia o no de la oposición invocada por ambos terceros.

6) Que, ambos terceros presentaron escrito de oposición de idéntico tenor ante el órgano reclamado. En términos generales, fundan su oposición en las causales de los artículos 21 N° 1 letra c) y N° 2 de la Ley de Transparencia. Señalan que los consejeros regionales no revisten el carácter de funcionarios públicos. Argumentan que no corresponde solicitar el detalle de los gastos por reembolso y la agenda asociada a cada fondo, de acuerdo al artículo 39 de la Ley N° 19.175, por cuanto los gastos asociados a los fondos se vinculan con documentos emitidos por terceros, lo que recaería en la esfera de la vida privada de estos últimos. Además, a juicio de los terceros, la solicitud sería genérica, pues el requirente no habría especificado los cometidos.

7) Que respecto a las alegaciones de ambos terceros, cabe señalar que lo solicitado se refiere a los fondos que, de acuerdo al artículo 39 de la Ley N° 19.175, han debido rendir dos consejeros regionales durante los periodos 2012 y 2013 y la agenda asociada a cada fondo. Conforme la normativa que regula la materia, consignada en el considerando 3) de ésta decisión, los fondos a que alude el requirente son aquellos recursos públicos asignados a los consejeros regionales, para el ejercicio y cumplimiento de sus funciones. Del mismo modo, la agenda a que alude la solicitud, ha de vincularse con las actividades asociadas a cada uno de esos fondos públicos que han ejecutado los consejeros, para el periodo señalado. Sobre la materia, cabe señalar que la Contraloría General de la República en dictamen N° 32.947, de 1994 (reactivado), ha señalado que los "gastos en que incurra un consejero regional al desplazarse para cumplir, en el ejercicio de su cargo, determinadas actuaciones que acuerde encomendarle el consejo regional, debe solventarlos este órgano, mediante el reembolso de las sumas que el interesado acredite haber gastado por tal motivo. Ello, porque, acorde artículos 100 y 101 de Constitución Política (actuales artículos 111 y 112) y los artículos 13 y 22 de la Ley N° 19. 175 dicho cuerpo colegiado constituye un órgano del Gobierno Regional, razón por la cual las actuaciones que sus miembros desarrollen en el ejercicio de sus cargos y en representación del mismo, implican el cumplimiento de una función pública y no de un acto voluntario de los consejeros. Así, no procede exigir a quienes en ejercicio de la función pública cumplen determinadas actuaciones encomendadas por la autoridad, que costeen de su propio peculio los gastos que les irrogue esa gestión, pues en tal situación se produciría un enriquecimiento sin causa para el Gobierno Regional. El citado criterio constituye, acorde al artículo 6 de la Ley N° 10.336, una jurisprudencia obligatoria para todos los servicios públicos sometidos a la fiscalización de Contraloría". [énfasis agregado].

8) Que de acuerdo al criterio expuesto, los gastos en que incurren los consejeros regionales en el ejercicio de sus cargos y en representación del Consejo Regional, se enmarcan dentro del ejercicio de la función pública. Si bien por expresa disposición legal, no son funcionarios públicos, las actuaciones de los consejeros en ejecución de fondos y recursos públicos, quedan comprendidas en el ejercicio de dicha función, lo que justifica el debido control y escrutinio acerca de los gastos en que incurren en ejercicio de tales actividades desarrolladas con recursos públicos. Por lo demás, e Consejo Regional es un órgano público sujeto indiscutiblemente a la Ley de Transparencia y a las obligaciones que sobre la materia conciernen al gasto que realiza. Por lo señalado, cabe desestimar la causal de reserva del artículo 21 N° 2, en tanto la información recae sobre ejecución de fondos públicos, vinculados a actuaciones y al ejercicio de una función del mismo carácter y a las actividades relacionada con la gestión de dos consejeros regionales. En el mismo sentido, no se vislumbra afectación alguna respecto de otras personas que pudieren figurar en los documentos presentados para rendición de fondos por los dos consejeros regionales, en tanto tal documentación ha debido ser presentada por tales autoridades regionales para el reembolso de lo gastado en el ejercicio de la función de que se trata.

9) Que, en lo que respecta al supuesto carácter genérico de la solicitud, el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia ha sido desarrollado por el artículo 7° letra c) del Reglamento de la citada ley, y señala que "entiende por requerimientos de carácter genérico, aquellos que carecen de especificidad respecto de las características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o período de vigencia, autor, origen o destino, soporte, etcétera". En la especie, la solicitud recae en información que relativa a gastos efectuados por dos consejeros regionales, en el marco del cumplimiento de funciones públicas, que han debido ser rendidos por estos dos años específicos, debiendo entenderse que ésta recae sobre la totalidad de los fondos a rendir, para el periodo señalado en el requerimiento. Por tanto, a juicio de este Consejo, la solicitud ha sido formulada con precisión suficiente, pues ha identificado la materia, periodo y consejeros regionales que han debido rendir los fondos, por lo que cabe descartar la alegación en análisis, formulada por ambos terceros. En lo que atañe a la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c), cabe desestimar la concurrencia de la misma, en tanto la causal de reserva en comento tiene por objeto proteger el debido cumplimiento de las funciones del órgano de la Administración que sea requerido de información. Por lo señalado, tal alegación resulta privativa de los órganos de la administración, en tanto busca resguardar que la entrega de información afecte el debido cumplimiento de sus funciones, específicamente en torno a un elevado número de actos administrativos o antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del órgano del cumplimiento regular de sus funciones habituales. En consecuencia, se descartaran las alegaciones vertidas por los terceros para alegar la concurrencia de la causal.

10) Que, además, ambos terceros citaron en abono a sus argumentaciones, la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de 3 de septiembre de 2010, autos Rol N° 943, acerca de la confidencialidad del proceso de selección dispuesta en el artículo 55 de la Ley N° 19.882 y el secreto de las evaluaciones individuales, en relación a los procesos de selección de la Dirección Nacional del Servicio Civil. Al tenor de lo señalado, en relación con la materia discutida en este amparo, dicha sentencia resulta del todo improcedente, atendido que no se encuentra vinculada con la materia discutida en la especie, debiendo desestimarse tales alegaciones por impertinentes.

11) Que por último, acerca de lo señalado por la reclamada en sus descargos, en la letra b) del numeral 5) de lo expositivo, en torno a que se encontrarían disponibles las transferencias que realiza, incluidos los pagos efectuados a los consejeros regionales, en la página web del Gobierno Regional, este Consejo revisó el sitio web www.gorearicayparinacota.cl/ en tres fechas distintas (8, 11 y 14 de julio de 2014) verificando que el sitio web no se encuentra disponible, por cuya razón no ha sido posible determinar lo señalado por la reclamada.

12) Que por todo lo anteriormente expuesto, se acogerá el amparo, y se requerirá a la reclamada que entregue al solicitante la información que obre en soporte documental, relativo a los fondos a rendir y la agenda asociada a cada fondo de los concejeros regionales Zapata y Murillo, correspondiente a los años 2012 y 2013, de la manera solicitada por la requirente, previo pago de los costos directos de reproducción que fueren procedentes.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por Christian Álvarez Mancilla, en contra del Gobierno Regional de la Región de Arica - Parinacota, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Intendente de la Región de Arica y Parinacota

a) Entregue al reclamante la información que obre en soporte documental, relativa a los fondos a rendir y las actividades asociadas a cada fondo de los consejeros regionales Zapata y Murillo, correspondiente a los años 2012 y 2013, de la manera solicitada por la requirente, previo pago de los costos directos de reproducción que fueren procedentes.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Intendente de la Región de Arica y Parinacota:

a) La infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber respondido al solicitante dentro del plazo previsto en la ley.

b) La infracción al artículo 20 de la Ley de Transparencia, toda vez que no confirió traslado del requerimiento de información a los terceros involucrados dentro del plazo de dos días hábiles, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 del cuerpo legal ya citado. Lo anterior, a fin de que adopte las medidas necesarias para evitar que tal infracción se reitere.

IV. Recomendar al Sr. Intendente de la Región de Arica y Parinacota que adopte las medidas conducentes para corregir el sistema de tramitación de solicitudes de acceso a la información, de modo tal que el plazo de prórroga no se sume automáticamente al plazo legal de respuesta de 20 días.

V. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a Christian Álvarez Mancilla, al Sr. Intendente de la Región de Arica y Parinacota y a los terceros interesados.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu.

JORGE JARAQUEMADA ROBLERO

ALEJANDRO FERREIRO YAZIGI VIVIANNE BLANLOT SOZA

JOSÉ LUIS SANTA MARÍA ZAÑARTU