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Andrés Caro Acevedo con MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA Rol: C1339-14

Consejo para la Transparencia, 29/08/2014

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de La Florida, fundado en la ausencia de respuesta a una solicitud de información referente a la construcción y operación del edificio INTEGRAMEDICA, y sus estacionamientos, ambos ubicados en las esquinas de Vicuña Mackenna Oriente y el Boulevard. En particular requirió: I. De la Dirección de Obras Municipales: a) Copia del Permiso de Edificación otorgado al Mall Plaza del edificio de Integramédica; b) Copia de la Recepción Final; c) Detalle de las obras de mitigación realizadas al efecto; entre otras. El Consejo acoge el amparo. Respecto al numeral I, letras a) y b), se da por entregada la información por extemporánea. Respecto al literal I, letra c), se acoge el amparo toda vez que no se enviaron ninguno de los antecedentes que de cuenta de forma especifica sobre las obras de mitigación realizadas respecto de esta obra en particular. Respecto al numeral I, del literal d), se rechaza el amparo, toda vez que la información solicitada escapa del ámbito de competencia del municipio. Respecto al numeral I, literal e se acoge el amparo toda vez que no se pudo acreditar de forma fehaciente que la información solicitada es inexistente. Respecto al literal II, se tiene por entregada aunque extemporaneamente. Respecto al literal II, literal a), se acoge el amparo por ausencia de respuesta a la solicitud de información. Respecto del numeral II, del literal b), se rechaza el amparo, toda vez que no se pidieron las autorizaciones correspondientes para entregar la información solicitada. Además, en el caso concreto no se advierte qué control social relevante se puede efectuar con la información solicitada ni el beneficios público de conocer dicha información.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Gestión y administración territorial (Urbanismo)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1339-14

Entidad pública: Municipalidad de La Florida

Requirente: Andrés Caro Acevedo

Ingreso Consejo: 01.07.2014

En sesión ordinaria N° 550 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de agosto de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1339-14.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 26 de mayo de 2014, don Andrés Caro Acevedo solicitó a la Municipalidad de La Florida información relativa a la construcción y operación del edificio INTEGRAMEDICA, y sus estacionamientos, ambos ubicados en las esquinas de Vicuña Mackenna Oriente y el Boulevard. En particular requirió:

I. De la Dirección de Obras Municipales:

a) Copia del Permiso de Edificación otorgado al Mall Plaza del edificio de Integramédica;

b) Copia de la Recepción Final;

c) Detalle de las obras de mitigación realizadas al efecto;

d) Fecha en que entró en operación el edificio, y sus estacionamientos, y,

e) Copia de todos los correos electrónicos que tengan relación con la construcción y operación de dichas instalaciones, que hayan sido enviados por funcionarios o funcionarias de esa repartición, tanto a otros funcionarios del municipio, a otras reparticiones públicas, al Mall Plaza u otro privado que haya actuado en su representación, como asimismo copias de los correos electrónicos que hayan recibido por el mismo concepto.

II. De la Dirección de Tránsito:

Copia de todos los correos electrónicos que tengan relación con la construcción y operación de dichas instalaciones, que hayan sido enviados por los funcionarios Gonzalo Aguilar Cisternas, y Francisco Loyola Valencia, Director del Tránsito y Jefe del Departamento de Licencias de Conducir, respectivamente, a otros funcionarios o funcionarias del municipio, a otras reparticiones públicas, al Mall Plaza o algún privado que haya actuado en su representación, como asimismo, copia de los correos electrónicos que hayan recibido por el mismo concepto;

III. De la Dirección de Protección Ciudadana e Inspección General:

a) Hojas de ruta donde consten los días y horas en que se hayan realizado fiscalizaciones, a propósito del colapso de las aceras producto de la operación de los estacionamientos de Integramédica;

b) Detalle de las placas patentes de los vehículos que hayan sido infraccionados como consecuencia de dichas fiscalizaciones; y,

c) Copia de todos los correos electrónicos que hayan sido enviados y recibidos por funcionarios o funcionarias de esta repartición, que tengan relación con la construcción y operación del edificio de Integramédica y sus estacionamientos.

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 1 de julio de 2014, don Andrés Caro Acevedo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de La Florida, fundado en la ausencia de respuesta a su solicitud de información.

3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Alcalde de la Municipalidad de La Florida, mediante Oficio N° 3.765, de 10 de julio de 2014. Se solicitó especialmente que al formular sus descargos (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido respondida oportunamente; (2°) en caso de haber dado respuesta al requerimiento de información, acredite dicha circunstancia, acompañando copia de dicha respuesta, y los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de ésta, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inc. 2° de la Ley de Transparencia y, en el numeral 4.4., de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de una causal de secreto o reserva de la información solicitada; (4°) indique el número aproximado de correos electrónicos objeto de la solicitud del presente amparo; y, (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los titulares de las casillas de correo electrónico a que hace referencia la solicitud, a fin de evaluar la eventual aplicación a lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Mediante Ordinario N° 120 de 24 de Julio de 2014, ingresado a este Consejo con fecha 4 de agosto de 2014, de la Sra. Administradora Municipal, el órgano presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis que la respuesta a la solicitud sufrió un retraso administrativo interno, lo que explica las razones por las cuales el requerimiento no fue contestado oportunamente. Adjunta copia de Ordinario N° 117, de 24 de julio de 2014 por el que se dio respuesta al requirente. Posteriormente, mediante correo electrónico de 22 de agosto de 2014, de la Jefa de Transparencia Municipal, se acompañó nómina de envío de cartas certificadas, de Oficina de Partes, Secretaría Municipal, de la Municipalidad de La Florida, así como Guía de Admisión de Correos de Chile, ambos de 22 de agosto de 2014.

4) GESTIONES OFICIOSAS: Mediante correo electrónico de 20 de agosto de 2014 se solicitó a la Jefa de Transparencia de la Municipalidad de La Florida, respecto de la respuesta a lo solicitado en el numeral I letra c) del requerimiento, se señalara si los correos solicitados se encuentran respaldados en un soporte diverso al disco duro de los equipos (por ejemplo, si se hizo la búsqueda en el respectivo servidor, si existen respaldos de correos en el servidor, etc). En caso negativo, informara esta circunstancia fundadamente, certificando la búsqueda frustrada de los correos por parte de algún profesional idóneo. Mediante correo electrónico de 25 de agosto de 2014, del Sr. Gustavo Cornejo del Departamento de Informática se informó que el servidor de respaldos de correos que tiene el municipio sólo se encuentra operativo desde diciembre del año 2013. Respecto de correos anteriores a esta fecha, que exceden la cuota de almacenamiento en el servidor de Correos Exchange, se respaldan en el disco duro local del usuario. Por lo anterior, respecto de los correos electrónicos del funcionario señor Cifuentes fue imposible recuperar correos anteriores por los problemas de disco duro que presentó su equipo, no existiendo respaldo tampoco de los mismos. Asimismo, mediante correos electrónicos de 25 de agosto de 2014 se consultó a los funcionarios Sr. Alejandro Cifuentes y Sr. Rubén Drouilly se pronunciaren sobre la existencia de los correos electrónicos solicitados. Con fecha 26 de agosto de 2014 los funcionarios titulares de las cuentas de los correos solicitados indicaron, en síntesis, que no cuentan con respaldo de los correos electrónicos, y en el caso de uno de ellos, ratificó la falla del disco duro y la pérdida de la información que éste mantenía, sin respaldo de la información solicitada.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone, que la autoridad o jefatura del organismo requerido, deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo legal indicado, el cual vencía el 23 de junio de 2014. En razón de lo anterior, este Consejo representará al Sr. Alcalde de la Municipalidad de La Florida en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) del cuerpo legal citado.

2) Que en la especie lo requerido corresponde a una serie de antecedentes relativos a un permiso de edificación y la operación de un edificio de Integramédica y sus estacionamientos, ubicados en la comuna de La Florida. Por lo anterior, tratándose de información elaborada con presupuesto público y obrando dicha información en poder de la reclamada, constituye información pública, salvo que concurra alguna causal de reserva en virtud de lo dispuesto en el 5° de la Ley de Transparencia

3) Que en esta sede la reclamada acompañó a este Consejo copia de la respuesta y los antecedentes enviados al solicitante, por lo que en este contexto, corresponde analizar si la información entregada por el órgano con ocasión de sus descargos satisface lo requerido a la luz de la Ley de Transparencia, para lo cual se procederá a verificar la suficiencia de la misma, realizando un examen de conformidad objetiva entre lo pedido y la respuesta entregada por la reclamada.

4) Que respecto de lo solicitado en el numeral I. letras a) y b), la reclamante entregó copia del permiso de edificación N° 483/2011, Resolución de Modificación N° 58/2013 y Resolución Ratificatoria N° 138 de 9 de mayo de 2014, así como copia de Recepción Final N° 9, de 2014. Revisados dichos antecedentes es posible dar por entregada, aunque extemporáneamente, dicha información.

5) Que en cuanto a lo solicitado en el numeral I. letra c), el municipio indicó que las medidas de mitigación corresponden a la etapa de construcción, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5.8.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Indica que dichas exigencias se registran en el informe de las medias de gestión y de control de calidad que debe presentar el constructor a cargo de la obra ante la Dirección de Obras Municipales y que al Departamento de Inspección de Obras le correspondió fiscalizar el cumplimiento de la norma. Asimismo, afirma que se presentó informe de cumplimiento de estas Medidas de Gestión y Control de Calidad, para solicitar la recepción final de las obras. Sobre el particular, revisados los antecedentes acompañados, se aprecia que no se habría enviado al solicitante ninguno de los antecedentes que den cuenta de forma específica sobre las obras de mitigación realizadas respecto de esta obra en particular, y que se contendrían al menos en el informe de cumplimiento de Medidas de Gestión y Control de Calidad presentado por el representante del propietario. Al respecto se debe indicar que los antecedentes solicitados existen y obran en poder de la reclamada, al formar parte de un expediente administrativo público, y han servido de sustento directo y esencial para el otorgamiento del permiso de obra y la certificación de recepción final ya individualizadas. Por lo anterior, atendida la respuesta de la reclamada, no es posible tener por cumplida la obligación de entregar respecto de este literal y por tanto se acogerá el amparo en esta parte y se requerirá al Sr. Acalde de la Municipalidad de La Florida que entregue copia de lo solicitado en el numeral I. letra c) de la solicitud de información.

6) Que en cuanto a lo requerido en el numeral I. letra d), la reclamada no se pronunció en la respuesta enviada al requirente. No obstante ello se debe indicar que, en términos generales, el certificado de recepción definitiva de una obra de edificación habilita y aprueba el uso de una construcción y/o edificación para ser usada para el destino previsto. Para el caso específico de la obra requerida se otorgó recepción final con destino para "comercio, oficinas, profesionales y servicios". Por lo anterior, entendiendo que dicha construcción si bien quedó habilitada para ser usada en el destino indicado desde la certificación de recepción definitiva de la construcción, el inicio de funcionamiento del edificio de Integramédica y sus estacionamientos corresponde a una materia reservada al dueño del proyecto, lo que escaparía a las atribuciones del Municipio, no siendo exigible a la reclamada que dicha información obrara en su poder y por tanto, su respectiva entrega. Atendido lo anterior, se rechazará respecto de este literal el amparo.

7) Que en relación a lo solicitado en el numeral I. letra e), el municipio en su respuesta al requirente indicó que respecto de los correos solicitados relativos a la Dirección de Obras Municipales, si bien los arquitectos revisores de proyectos mantienen archivos históricos de correos, el computador de uno de los revisores fue reemplazado por inoperatividad del disco duro, y respecto del otro revisor vinculado al proyecto, dicho funcionario fue destinado a otras funciones, no existiendo respaldo de los correos en el departamento. Al respecto se debe indicar que respecto de las alegaciones sobre inexistencia de los correos electrónicos consultados, a través de la gestión oficiosa consignada en el numeral 4), el municipio aclaró que el servidor de Respaldo de Correos con que cuenta el municipio se encuentra operativo desde diciembre del año 2013. Respecto de los correos anteriores a esta fecha que excedan la cuota de almacenamiento en el servidor de correos Exchange, se respaldan en el disco duro local del usuario. Por lo anterior, fue imposible recuperar los correos electrónicos respecto del computador que presentó problemas de disco duro. Asimismo, consultados los funcionarios que participaron como revisores del proyecto en cuestión, sobre la existencia de correos electrónicos sobre la materia reclamada, éstos ratificaron mediante correos electrónicos de fecha 26 de agosto de 2014 el hecho de no contar con correos electrónicos como los solicitados.

8) Que respecto de esta materia cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 5° inciso 2° de la Ley de Transparencia, en concordancia con el artículo 10 del citado cuerpo normativo, en el sentido de indicar que sólo será pública aquella información que obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de información inexistente. Por lo anteriormente razonado, atendida la inexistencia de la información solicitada y además, la ratificación por parte de los funcionarios en orden a no contar con correos electrónicos sobre la materia, se tendrá por contestada la solicitud respecto de este punto, aunque extemporáneamente, junto con la notificación del presente acuerdo.

9) Que la reclamada asimismo indicó que, aún en la hipótesis de existir los correos electrónicos solicitados, se configuraría la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, por cuanto no es posible distraer tiempo laboral para el desarrollo de dichas funciones por el alto volumen de trabajo que tiene esa Dirección. Al respecto se debe indicar que este Consejo ha resuelto, sostenida y reiteradamente que, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación negativa, afectación que a su vez, debe ser presente o cierta, probable y específica para justificar la reserva (así, por ejemplo, se ha pronunciado este Consejo en las decisiones roles A96-09, A165-09, A193-09, C840-10, C850-10, C492-11, C929-11). En este caso concreto las alegaciones de la reclamada, no permiten tener por configurada la causal invocada. Lo anterior, toda vez que dicho organismo no detalla el número de funcionarios disponibles para la eventual búsqueda de los correos requeridos, el número de horas que deberían destinar a dicha tarea, ni cuáles son las otras labores que sus funcionarios deben cumplir en forma habitual. Lo anterior, impide tener por acreditadas las circunstancias sobre alto volumen de trabajo que tiene la DOM y que constituirían una distracción indebida de funciones de parte de los funcionarios municipales, por lo que aún en la hipótesis en abstracto de existencia de los correos electrónicos, hubiere correspondido desestimar la causal de reserva invocada.

10) Que respecto de lo solicitado en el numeral II., se debe dejar establecido que lo solicitado corresponde a correos electrónicos relativos a la construcción y operación de las instalaciones señaladas, que hayan sido enviados por dos funcionarios específicos, a saber: el Director de Tránsito y el Jefe del Departamento de Licencias de Conducir, a otros funcionarios del municipio, a otras reparticiones públicas, al Mall Plaza o a algún privado que haya actuado en su representación, como asimismo, de los correos electrónicos que hayan recibido por el mismo concepto. Al respecto el municipio acompañó en esta sede una serie de correos electrónicos referidos a una denuncia sobre el uso de áreas verdes y circulación como estacionamientos informales por parte de usuarios de Integramédica. Revisadas las comunicaciones enviadas, es posible advertir que, si bien constan correos enviados y recibidos por parte de los dos funcionarios específicos que fueron requeridos, el municipio también remitió otras comunicaciones distintas a las solicitadas (por ejemplo: enviadas y/o recibidas por otros funcionarios, por representantes del Mall Plaza, enviadas a un concejal municipal, entre otros). Asimismo, dentro de la información enviada se contienen datos personales de contexto como número de celular y casilla de correo electrónico particular de determinada persona, no constando a este Consejo que se hubiere cumplido con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.628 ni la aplicación del principio de divisibilidad, cuestión que se representará en la parte resolutiva del presente acuerdo.

11) Que no obstante que se tendrá por entregada, aunque extemporáneamente, la información que fuere solicitada en este literal, considerando el modo en que el órgano reclamado abordó la solicitud, corresponde hacer presente ciertos criterios establecidos en la jurisprudencia de este Consejo respecto a la posibilidad de acceder al contenido de los correos electrónicos asociados a casillas institucionales de funcionarios públicos, distinguiendo:

a. Este Consejo por unanimidad de sus miembros se ha pronunciado a favor de la publicidad de los correos electrónicos de funcionarios públicos, cuando quien los solicita es parte de dichas comunicaciones. Así se ha resuelto en las decisiones recaídas en los amparos Roles C873-12 y 1293-12, habiendo sido la primera ratificada por la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso en la sentencia Rol 2055-12, de 16 de enero de 2013, en cuyo considerando cuarto la Corte manifestó -entre otros argumentos- que no se estaban "afectando las garantías constitucionales de los números 4 y 5 de la Carta Fundamental relativas al respeto a la vida privada y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, por tratarse de información que dice relación con la persona que la requiere y no con terceros".

b. Asimismo, el Consejo por unanimidad de sus miembros se ha pronunciado a favor de la publicidad de los correos electrónicos cuando el titular de los mismos consiente expresamente en su entrega. Así se resolvió en la decisión de amparo Rol C1525-11, en que se razonó que: "...en caso que se efectúe la entrega de dicha información, ello no podría producir la afectación alegada... respecto de los derechos a la igualdad ante la ley, intimidad, inviolabilidad de las comunicaciones privadas y no afectación en su esencia a los derechos constitucionales, consagrados en los numerales 2, 4, 5 y 26, respectivamente, del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y, por lo que no puede tenerse por configurada la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, invocada por dicho Servicio". A su vez, estableciendo el significado de la autorización del titular, este Consejo razonó: "...respecto de la autorización a que se hace mención en el considerando anterior, que la renuncia a la protección de sus derechos que hace una persona a los correos electrónicos que haya emitido, también debe extenderse a aquellos correos que hubiere recibido proveniente de terceros, toda vez que el solo ejercicio de la facultad de reenviar dichos correos a otros destinatarios -atribución inherente a todo usuario de correo electrónico- implica que los terceros remitentes de los mismos no puedan mantener el control sobre sus contenidos".

c. Por último, este Consejo de manera unánime se ha pronunciado a favor de la publicidad de los correos electrónicos de funcionarios públicos cuando estos constituyen el o los fundamentos de un acto administrativo, es decir, cuando constituyen su sustento o complemento directo y esencial. Ello por aplicación de lo dispuesto por los artículos 8°, inciso 2° de la Constitución Política y 5°, inciso primero, y 10 de la Ley de Transparencia. Así se ha resuelto en las decisiones recaídas en los amparos Roles C864-12, C1320-12 y C1328-12, entre otras. Tal posición ha sido ratificada por la Excma. Corte Suprema en la sentencia recaída en el recurso de queja Rol 4060-3102 caratulada "Subsecretaría de Transportes con CplT", pronunciándose en este mismo sentido el Tribunal Constitucional en las sentencias Roles 2153-2011, 2246-2012 y 2351-2012, en la cuales definió el estatuto de publicidad o reserva aplicable a los correos electrónicos de funcionarios públicos que obran en servidores institucionales y cuya entrega no sea consentida por sus titulares.

12) Que, a la luz de los mencionados criterios, cabe advertir que revisados los correos electrónicos que fueron entregados al reclamante, no se advierte que se configure ninguna de las hipótesis descritas en los literales anteriores y que harían plausible su publicidad. Ahora bien, tampoco se advierte que la entrega de los correos electrónicos de los funcionarios indicados se hubiere ajustado al procedimiento que correspondía seguir ante una solicitud como la que se analiza. Se hace presente que la reclamada ha acompañado a sus descargos copia de correos electrónicos que fueron entregados al solicitante, entre los cuales figuran los funcionarios individualizados en la solicitud y también personas distintas a éstos (otros funcionarios del municipio e incluso terceros), sin que conste a este Consejo la autorización de éstos para su entrega en esta sede. En este sentido, procedía en la especie que el órgano reclamado confiriera traslado a éstos, según lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. De este modo, una vez emplazados los titulares de la información, son éstos quienes deben pronunciarse respecto de la existencia de la misma, y, de ser ello efectivo, informar si acceden a su entrega o, si por el contrario, se oponen a ello, indicando, en tal evento, los derechos que les asisten y que se verían afectados con la publicidad de dichos antecedentes. En consecuencia, se representará a la reclamada no haber dado aplicación al antedicho procedimiento de oposición.

13) Que respecto de lo solicitado en el numeral III. letra a), resulta útil indicar que de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento N° 28 de Organización y funcionamiento interno de la Municipalidad de La Florida, "la Dirección de Protección Ciudadana e Inspección General (en adelante DIPROCIG) es una Unidad que depende directamente del Alcalde, con un carácter preventivo territorial y técnico. Tiene por objetivo asesorar a la autoridad municipal en la protección de las personas y/o sus bienes, fortaleciendo las dinámicas de prevención y reinserción social, coordinando y dando respuesta territorial a temáticas relacionadas con la delincuencia, violencia y temor". Luego, dentro de sus atribuciones destacan: a) "Colaborar con las unidades municipales en las labores de fiscalización en terreno del cumplimiento de la legislación aplicable en el ámbito municipal" y c) "Colaborar con las demás unidades municipales competentes para una óptima y oportuna solución de las situaciones irregulares de que tomen conocimiento por cualquier vía, con relación a los bienes nacionales de uso público y municipal". Por lo anterior, ante la ausencia de respuesta del municipio sobre este punto, teniendo en especial consideración las atribuciones y funciones de esta Unidad Municipal, corresponderá acoger el presente amparo y requerir al municipio la entrega de la información invidualizada en el numeral III. letra a) de la solicitud y en el evento de que dicha información no obre en su poder lo señale expresa y fundadamente a la solicitante.

14) Que respecto de lo solicitado en el numeral III.letra b) el municipio no se pronunció sobre este punto en su respuesta al solicitante. Sin perjuicio, en esta sede, la reclamada acompañó una planilla Excel donde consta información sobre la materia solicitada en este literal. Al respecto se debe hacer presente que el artículo 2° literal f) de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, define como datos personales "...los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables". Según esta definición, este Consejo ha estimado que la placa patente de un vehículo constituye un dato personal, en tanto ella pueda asociarse a una persona natural identificada o identificable, específicamente, al propietario inscrito en el Registro de Vehículos Motorizados que lleva el Servicio de Registro Civil e Identificación, conforme a la Ley N° 18.290, de Tránsito. Además, se ha señalado que la divulgación de estos antecedentes constituiría un tratamiento o comunicación de datos personales en los términos del artículo 2° literal o) del mismo cuerpo legal, tratamiento que requiere la autorización expresa de los titulares de los datos, de acuerdo a la norma prevista en el artículo 4° de la Ley N° 19.628; o bien, en el caso de organismos públicos, tratamiento que debe efectuarse respecto de las materias propias de su competencia, según lo dispone el artículo 20 de la mencionada ley. En el sentido indicado se resolvió, por ejemplo, el amparo Rol C820-13.

15) Que el municipio contaría con los datos solicitados (la placa patente de vehículos que hayan sido infraccionados como consecuencia de las fiscalizaciones señaladas en la solicitud), los que se encuentran sistematizados en una base de datos, para el cumplimiento de fines propios de su competencia, lo que es concordante con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 19.628, el que autoriza a los organismos públicos el tratamiento de datos personales sin autorización de su titular, en la medida que tal tratamiento sea respecto a materias de su competencia y con sujeción a las reglas dispuesta en ese mismo cuerpo legal. Sin perjuicio de lo anterior, a fin de dar respuesta a este requerimiento de información, el municipio tendría que comunicar el dato, a un tercero, lo cual no está dentro del ámbito definido en el artículo 20° referido, de modo que tal tratamiento de datos personales, en los términos del artículo 2°, literal o), de la Ley N° 19.628, requiere la autorización expresa de los titulares de los datos, de acuerdo a la norma prevista en el artículo 4° de la Ley N° 19.628. A este respecto no consta que dichas autorizaciones hayan concurrido en la especie, razón por la cual, resulta aplicable la norma de secreto prevista en el artículo 7° del texto legal aludido, lo que configura la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. Por último, en el caso concreto no se advierte qué control social relevante se puede efectuar con la información solicitada ni el beneficio público de conocer la información requerida, por lo que tampoco se justificaría su comunicación a terceros. Por lo anterior, se rechazará el amparo respecto de este literal.

16) Que respecto de lo solicitado en el numeral III. letra c), la reclamada indicó en su respuesta que se adjuntaba copia de los correos electrónicos correspondientes a las Direcciones de Tránsito y Transporte Público y de Protección Ciudadana e Inspección General. De la revisión de los antecedentes acompañados se desprende que sólo se habría entregado un correo electrónico enviado por el Director de Tránsito y Transporte Público a la DIPROCIG como medida preventiva, solicitándole la fiscalización pertinente. Por lo anterior, se tendrá por entregada dicha información, aunque de forma extemporánea, sin perjuicio de tener presente lo razonado en el considerando 12) del presente acuerdo, en lo que corresponda.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Andrés Caro Acevedo, en contra de la Municipalidad de La Florida, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de La Florida:

a) Hacer entrega al reclamante de la información individualizada en el numeral I. letra c) y numeral III. letra a) de la parte expositiva del presente acuerdo, teniendo presente lo señalado en el considerando 13) de esta decisión.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Alcalde de la Municipalidad de La Florida la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia y al principio de oportunidad consagrado en el literal h) del artículo 11 de la citada ley, atendido que la respuesta dada por el Municipio a la solicitud del reclamante se verificó una vez que se encontraba vencido el plazo de 20 días hábiles establecido en el referido artículo 14.

IV. Representar al Sr. Alcalde de la Municipalidad de La Florida, el haber omitido dar lugar al procedimiento de oposición previsto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia y la infracción a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.628, junto con el principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia.

V. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Alcalde de la Municipalidad de La Florida y a don Andrés Caro Acevedo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Rubén Burgos Acuña.