logo
 

Héctor Baeza Olivares con MINISTERIO DE BIENES NACIONALES Rol: C887-14

Consejo para la Transparencia, 29/08/2014

Se dedujo amparo en contra del Ministerio de Bienes Nacionales, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la fotocopia de expediente 042CA00000042, de adjudicación de derechos en comunidad agrícola "Potrerillo Alto" de la sucesión que se señala. El Consejo acoge el amparo. En efecto, no basta que la información solicitada diga relación con los bienes jurídicos sobre los que éstas versan, pues debe además concurrir una expectativa razonable de dañarlo o afectarlo negativamente, afectación que debe ser presente o cierta, probable y específica para justificar la reserva. Asimismo, la afectación de cualquiera de los bienes jurídicos protegidos por las causales de reservas establecidas en el artículo 21 N° 2 de la citada Ley, deben ser acreditados por quién los esgrime de forma detallada y suficiente, no bastando su mera invocación para entenderlas por configuradas.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Bienes Públicos
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C887-14

Entidad pública: Ministerio de Bienes Nacionales

Requirente: Héctor Baeza Olivares

Ingreso Consejo: 9.05.2014

En sesión ordinaria N° 549 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de agosto de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C887-14.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 14 de abril de 2014, don Héctor Baeza Olivares solicitó a la Oficina Provincial de Ovalle del Ministerio de Bienes Nacionales "fotocopia de expediente 042CA00000042, de adjudicación de derechos en comunidad agrícola "Potrerillo Alto" de la sucesión de don Efraín Olivares Lana".

2) TRASLADO Y OPOSICIÓN DE TERCERO: Mediante Oficio Ordinario N° 135, de 15 de abril de 2014, el Jefe de la Oficina Provincial de Bienes Nacionales de Ovalle (S), conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, comunicó a la Sra. Emilia del Carmen Olivares Olivares, en su calidad de tercero, la solicitud de información del requirente y su derecho a oponerse a la entrega de la información solicitada. Lo anterior en atención a que los documentos solicitados contendrían información que podría afectar sus derechos. Mediante carta de 21 de abril de 2014, ésta se opuso a la entrega de la información requerida, señalando que:

a) "Desconoce los motivos por los cuales se solicita el expediente así como los fines en que se utilizará la información requerida;

b) Ignora los antecedentes personales del solicitante, siendo éste alguien desconocido para aquélla;

c) Presentó al momento de la adjudicación del derecho, en forma legal, toda la documentación requerida por la Autoridad para tal adjudicación; y,

d) Se atentaría contra su derecho de mantener su documentación en forma privada y la tranquilidad de tener dichos antecedentes bien resguardados".

3) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N° 0018, de 7 de mayo de 2014, del Jefe de la Oficina Provincial de Ovalle del Ministerio de Bienes Nacionales (S), suscrita por orden del Sr. Subsecretario, se respondió a dicho requerimiento de información denegando el acceso a la información, fundado en la oposición del tercero deducida en tiempo y forma.

4) AMPARO: El 9 de mayo de 2014, don Héctor Baeza Olivares dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Ministerio de Bienes Nacionales, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. Además, hizo presente, en síntesis, que los motivos esgrimidos por el tercero para fundar la denegación no se encuentran contemplados como causal de reserva en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

5) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Mediante Oficio N° 2.292, de 13 de mayo de 2014, la Unidad de Análisis de Admisibilidad y SARC solicitó al reclamante subsanar su amparo, conforme a lo siguiente: (1°) acompañe copia íntegra de su solicitud de información, junto con los antecedentes que acrediten la fecha y medio de presentación; (2°) acompañe copia de la respuesta a su solicitud que acrediten la fecha y medio de despacho de ésta, para ello remita copia del sobre de correos que la contenía o el correo electrónico por el cual ésta se envió; y, (3°) acompañe todos los antecedentes que le fueron remitidos por el órgano relativos a la oposición del tercero, en caso de disponer de los mismos. El recurrente, mediante correo electrónico de 14 de mayo de 2014, acompañó los documentos solicitados, reenviando correo electrónico del Encargado SIAC de la Oficina Provincial de Ovalle, y adjuntó: Resolución Exenta N° 0018, de 07 de mayo de 2014, del Jefe (S) de la Oficina Provincial de Ovalle, suscrita por orden del Sr. Subsecretario, que deniega el acceso a la información solicitada; copia de carta dirigida al Jefe de Departamento Provincial de Bienes Nacionales; y, copia de documento "Apelación Consejo para la Transparencia por denegación de acceso a la función pública". Con lo anterior se tuvo por subsanado el presente amparo.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Subsecretario de Bienes Nacionales, mediante Oficio N° 2.470, de 19 de mayo de 2014. Se solicitó especialmente que al formular sus descargos (1°) se refiriera a las causales de secreto o reserva que a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) remitiera copia de todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación y de las oposiciones deducidas, específicamente el Ordinario N° 135, de 125 de abril de 2014; y, (3°) proporcionare los datos de contacto del tercero involucrado a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Atendido que la reclamada no formuló observaciones ni descargos dentro del término dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, mediante correo electrónico de 20 de junio de 2014 enviado a doña Karen Morales, funcionaria del órgano reclamado, este Consejo informó el hecho de haberle concedido un plazo extraordinario de tres días hábiles al Servicio, a fin de que formulara sus observaciones y descargos, haciéndole presente que, en caso contrario, se resolvería el amparo sin tener en consideración la opinión de dicho órgano.

Mediante Oficio GABS. N° 324 de 12 de junio de 2014, ingresado a este Consejo con fecha 2 de julio de 2014, del Sr. Subsecretario de Bienes Nacionales, el órgano presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis que:

a) El requerimiento de información del solicitante fue contestado vía correo electrónico el 12 de mayo de 2014, adjuntándose copia de la Resolución N° 0018 del Jefe de la Oficina Provincial de Ovalle, que daba cuenta de la oposición por parte de la tercera afectada a entregar la información solicitada.

b) Adjunta copia de Resolución Exenta N° 0018, de 07 de mayo de 2014, que deniega acceso a la información por haberse formulado oposición del tercero.

7) COMPLEMENTACIÓN DE DESCARGOS DEL ORGANISMO: Mediante correo electrónico de fecha 15 de julio de 2014, de la Sra. Tatiana Rayo Cornejo, profesional de la Unidad SIAC, Nivel Central, del Gabinete de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, se remitieron a este Consejo los siguientes antecedentes: Copia de Oficio N° 000135, de Jefe de la Oficina Provincial de Bienes Nacionales (S) Ovalle; Manifiesto Resumen de Correos de Chile; y, Carta de doña Emilia del Carmen Olivares Olivares, de 21 de abril de 2014. Posteriormente, mediante correo electrónico de fecha 22 de agosto de 2014, la Oficina Provincial de Ovalle del Ministerio de Bienes Nacionales remitió copia del expediente administrativo de adjudicación objeto del presente amparo.

8) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, este Consejo acordó trasladar el presente amparo a doña Emilia del Carmen Olivares Olivares, en su calidad de tercero en este procedimiento, lo que se materializó a través del Oficio N° 3.922, de 18 de julio de 2014, con el objeto que presentara sus descargos y observaciones, y solicitándole que hiciera expresa mención a los derechos que le asistirían y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida. Hasta la fecha, no consta que el tercero haya evacuado sus descargos en esta sede.

Y CONSIDERANDO:

1) Que previo análisis del fondo del presente amparo, se debe indicar que el Decreto con Fuerza de Ley N° 5, de 1968, regula las Comunidades Agrícolas, las que según su artículo 1° se definen como "la agrupación de propietarios de un terreno rural común que lo ocupen, exploten o cultiven y que se organicen en conformidad con este texto legal". Luego, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2° y 3°, las Comunidades Agrícolas podrán solicitar la intervención de la División de Constitución de la Propiedad Raíz del Ministerio de Bienes Nacionales, para la constitución de la propiedad, el saneamiento de sus títulos de dominio y organización. Así, en su Título II se regula la transferencia y transmisión de las cuotas o derechos de los comuneros, de la liquidación de las comunidades que sobre ellas se formen y de las prohibiciones que las afectan. Específicamente en su artículo 38, en la hipótesis de fallecimiento del propietario exclusivo de una cuota o cuotas en la comunidad, se establece la facultad de la División de Constitución de la Propiedad Raíz para actuar como árbitro de derecho, y como arbitrador en cuanto al procedimiento, a solicitud de él o los interesados, en la partición de los derechos existentes sobre la comunidad agrícola.

2) Que establecido el marco normativo de este reclamo, la información solicitada en la especie corresponde a un expediente de naturaleza pública, que versa sobre la adjudicación de derechos de una parte alícuota de una sucesión respecto de una comunidad agrícola determinada. Al respecto se debe hacer presente que, según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquélla que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquélla contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como toda información elaborada con presupuesto público, salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

3) Que atendido que la reclamada aplicó el procedimiento descrito en el artículo 20 de la Ley de Transparencia y que se dedujo oposición en tiempo y forma por parte del tercero, el órgano requerido quedó impedido de entregar la información. Por lo anterior corresponde analizar la plausibilidad de los argumentos expuestos por el tercero y, resolver en definitiva, si la información requerida se encuentra sujeta a la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

4) Que mediante escrito de oposición de 21 de abril de 2014, la Sra. Emilia Olivares fundó su oposición a la entrega de la información por desconocimiento del solicitante, de los motivos de su solicitud y los fines para los cuales la información será utilizada. Al respecto debe indicarse que, de conformidad al principio de no discriminación en materia de acceso a la información pública (artículo 11, letra g) de la Ley de Transparencia), la entrega de información deberá realizarse "sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud". De esta forma, el órgano reclamado no está facultado para hacer distinciones en cuanto a la persona que requirió la información ni requerir otros datos de identidad distintos a los exigidos en el artículo 12 de la citada Ley. Tampoco se encuentra habilitado para consultar al requirente sobre los motivos que fundan su requerimiento ni los fines para los cuales se solicita información de naturaleza pública que obra en poder de un Órgano de la Administración. Por lo anteriormente razonado, dichas alegaciones de hecho deberán ser desestimadas y en caso alguno podrán ser ponderadas como fundamentos de alguna causal legal de reserva de la información.

5) Que a su vez, la Sra. Olivares se opuso a la entrega de la información indicando que al momento de la adjudicación, se presentó toda la documentación requerida por la Autoridad, por lo que ésta se habría ajustado a Derecho. Sobre dicha alegación cabe hacer presente que la entrega del expediente de adjudicación que fue requerido no implica un cuestionamiento sobre la legalidad del procedimiento de adjudicación de derechos contenido en el mismo. Es más, el eventual control administrativo y/o jurisdiccional de los actos administrativos que consten en dicho expediente corresponde a las instancias establecidas en el ordenamiento jurídico para ello, sea a través de Contraloría General de la República o los Tribunales de Justicia. Además, es dable indicar que conforme al principio de la libertad de información (artículo 11 letra b) de la Ley de Transparencia), toda persona goza del derecho a acceder a la información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, con las solas excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado. Atendido lo anterior este Consejo estima que tampoco esta alegación posee el mérito suficiente para configurar alguna de las causales de secreto o reserva consagradas en la Ley de Transparencia, por lo que se desestimarán también dichas alegaciones.

6) Que por su parte, la oponente ha esgrimido como fundamento para la oposición a la entrega el "derecho a mantener su documentación en forma privada y resguardada". Al respecto se debe indicar que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información "cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico". Luego, para verificar la procedencia de la causal, se debe determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella. Según ha señalado reiteradamente este Consejo a partir de las decisiones de amparos Rol A96-09, A165-09, A193-09, C840-10, C850-10, C492-11, C929-11, entre otras, no basta que la información solicitada diga relación con los bienes jurídicos sobre los que éstas versan, pues debe además concurrir una expectativa razonable de dañarlo o afectarlo negativamente, afectación que debe ser presente o cierta, probable y específica para justificar la reserva. Asimismo, la afectación de cualquiera de los bienes jurídicos protegidos por las causales de reservas establecidas en el artículo 21 N° 2 de la citada Ley, deben ser acreditados por quién los esgrime de forma detallada y suficiente, no bastando su mera invocación para entenderlas por configuradas.

7) Que en la especie, del tenor de la alegación del tercero no resulta posible concluir la existencia de una afectación o daño presente, probable y específico al derecho invocado, conforme lo exige el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. En este sentido se debe hacer énfasis en el hecho que, según lo establecido en el considerando 2) del presente acuerdo, el expediente cuyo acceso fue solicitado es de naturaleza pública a la luz de lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley de Transparencia. Establecido lo anterior y teniendo presente las alegaciones planteadas por la reclamada, este Consejo no observa de qué forma se podría afectar la seguridad, la esfera de la vida privada o derechos de carácter comercial o económico de la opositora.

8) Que a mayor abundamiento, respecto del interés público de la información solicitada, se debe hacer presente que, requerida la intervención del Ministerio de Bienes Nacionales por parte de alguno de los comuneros interesados, se permite a este tipo de comunidades recibir asistencia técnica o crediticia de reparticiones fiscales, semifiscales y de administración autónoma, o de instituciones o empresas creadas por ley en las cuales el Estado tenga participación o representación (artículo 3° D.F.L. N° 5, de 1968). Además, requerida su intervención, la División de Constitución de la Propiedad Raíz está facultada para establecer la nómina de los comuneros y sus cuotas o derechos sobre el predio común y sus goces singulares; prestar asesoría jurídica gratuita en todas aquellas materias relativas al dominio o explotación del predio y derechos de aprovechamiento de aguas; entre otras. Así, atendido que respecto de la comunidad agrícola "Potrerillo Alto" ha existido intervención por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, luego resulta plausible que los procedimientos que versen sobre adjudicación de derechos de los comuneros detenten asimismo naturaleza e interés público.

9) Que por último, respecto de las alegaciones sobre un eventual derecho a mantener la privacidad de los documentos de la oponente, se debe dejar establecido que, de existir antecedentes o documentos que la reclamante hubiere aportado al expediente solicitado, éstos salieron de la esfera de privacidad del tercero y pasaron a formar parte de un procedimiento administrativo público, sirviendo de sustento para la adopción de los actos administrativos que se adoptaron en la referida adjudicación. Por lo razonado precedentemente, este Consejo acogerá el presente amparo y requerirá al Sr. Subsecretario de Bienes Nacionales la entrega de la información individualizada en el numeral 1) de la parte expositiva del presente acuerdo.

10) Que, revisado el expediente solicitado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.628 y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, al momento de hacer entrega del mismo, el órgano reclamado deberá tarjar RUT, domicilio y otros datos personales de contexto incorporados al mismo y que pudieren constar en dicho proceso.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Héctor Baeza Olivares, en contra de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario de Bienes Nacionales:

a) Hacer entrega al reclamante del expediente individualizado en el numeral 1) de la parte expositiva del presente acuerdo, tarjando los datos de contexto señalados en el considerando 10° de la presente decisión.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Héctor Baeza Olivares, al Sr. Subsecretario de Bienes Nacionales, y a doña Emilia Olivares Olivares, en su calidad de tercero interesado.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Rubén Burgos Acuña.