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NN con PODER JUDICIAL Rol: C1756-14

Consejo para la Transparencia, 29/08/2014

Se dedujo amparo en contra del Poder Judicial y Corporación Administrativa del Poder Judicial, fundado en que no dio solución al problema referente a que se eliminen antecedentes de las causas del requirente, en el sitio web del Poder Judicial. El Consejo declara inadmisible el amparo, por no ser competente para conocer de amparos en contra de dicho Poder del Estado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Objetiva


Descriptores analíticos:

Tema Justicia
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Documentos electrónicos.Otros 


Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1756-14

Entidad reclamada: Poder Judicial y Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Requirente: N.N.

Ingreso Consejo: 18.08.2014.

En sesión ordinaria N° 549 de su Consejo Directivo, celebrada el 29 de agosto de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1756-14.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) Que, 4 de agosto de 2014, don N.N. habría realizado una presentación ante el Juzgado de Garantía de La Serena y la Corporación Administrativa del Poder Judicial, requiriendo que se eliminen antecedentes de sus causas en el sitio web del Poder Judicial.

2) Que, el 7 de agosto de 2014, el Juzgado de Garantía de la Serena, habría señalado al Sr. Urrutia que debe recurrir a la Corporación Administrativa del Poder Judicial. A su vez, ésta le habría manifestado que "el tema no lo tratan ellos directamente".

3) Que, el día 18 de agosto de 2014, don N.N. dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública, en contra el Juzgado de Garantía de La Serena y la Corporación Administrativa del Poder Judicial, fundado en que no dieron solución a su problema. Precisa que, el Tribunal de Garantía de La Serena, no niega la respuesta, pero sería insatisfactoria.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 33, literal b), de la Ley de Transparencia, corresponde a este Consejo resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad con la Ley de Transparencia.

2) Que, atendido lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia y los artículos 36 y 46 de su Reglamento, del examen preliminar de admisibilidad del presente amparo, este Consejo advierte que se ha interpuesto en contra del Juzgado de Garantía de La Serena, que forma parte del Poder Judicial y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

3) Que el artículo 1° de la Ley de Transparencia establece: "La presente ley regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones de publicidad de la información".

4) Que, en este contexto, el artículo 2° de la misma Ley establece que: "Las disposiciones de esta ley serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. La Contraloría General de la República y el Banco Central se ajustarán a las disposiciones de esta ley que expresamente ésta señale, y a las de sus respectivas leyes orgánicas que versen sobre los asuntos a que se refiere el artículo 1° precedente. También se aplicarán las disposiciones que esta ley expresamente señale a las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio. Los demás órganos del Estado se ajustarán a las disposiciones de sus respectivas leyes orgánicas que versen sobre los asuntos a que se refiere el artículo 1° precedente".

5) Que, en relación, a la reclamación en contra del Poder Judicial, cabe señalar que el artículo 2° de la Ley de Transparencia -que establece su ámbito de aplicación-, no hace referencia expresa al Poder Judicial en cuanto órgano sujeto a sus disposiciones, limitándose a señalar en su inciso final que "Los demás órganos del Estado se ajustarán a las disposiciones de sus respectivas leyes orgánicas que versen sobre los asuntos a que se refiere el artículo 1° precedente".

6) Que, a mayor abundamiento, el artículo 2° del Reglamento de la Ley de Transparencia, que ejecuta en forma pormenorizada los aspectos generales regulados en dicho cuerpo legal, al referirse a su ámbito de aplicación, señala expresamente que no se aplicarán sus disposiciones, entre otros, a los Tribunales que forman parte del Poder Judicial.

7) Que, el N° 4 letra c) del Auto Acordado que crea la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Judicial, de 30 de octubre de 2008, dispone que ésta es quien tiene la competencia para el conocimiento de los reclamos respecto de infracciones a las normas sobre transparencia y acceso a la información de dicho Poder del Estado y de sus tribunales que lo integran.

8) Que, en segundo lugar, en cuanto a la reclamación deducida en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, cabe señalar que es un órgano creado en virtud de la Ley N° 18.969, de 10 de marzo de 1990, que la incluyó en el Título XIV del Código Orgánico de Tribunales, expresando que dicha Corporación es la continuadora legal y sucesora en todos los bienes, derechos y obligaciones de la Junta de Servicios Judiciales y de la Oficina de Presupuestos del Poder Judicial.

9) Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 506 del Código Orgánico de Tribunales, la Corporación Administrativa del Poder Judicial es un organismo con personalidad jurídica, que depende exclusivamente de la Corte Suprema, a través del cual ésta ejerce la administración de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales destinados al funcionamiento de los tribunales integrantes del Poder Judicial.

10) Que, la Contraloría General de la República, en su dictamen N° 57.520, de 16 de diciembre de 2003, al pronunciarse sobre su competencia referente a la apertura, giros y mantenimientos de las cuentas corrientes de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, señaló que ésta "no es un servicio público de la administración estatal, por lo que debe ser excluido de la fiscalización que le correspondería efectuar en cuanto a cautelar la correcta administración de recursos del estado, sino que a su respecto sólo le cabe revisar el movimiento de las cuentas corrientes bancarias". Dicho criterio ha sido sostenido, también en otros dictámenes, como el N° 39.107, de 27 de octubre de 1998, N° 37.378, de 29 de agosto de 2003 y N° 56.009, de 26 de noviembre de 2008.

11) Que, de lo expuesto en los considerandos 3°, 4° y 8° a 10° precedentes, resulta claramente establecido que el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia sólo dice relación con los órganos de la Administración del Estado que en ésta se señalan, de lo que resulta que no procede el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, en conformidad a la citada Ley de Transparencia, ante entidades que no invisten tal calidad, como ocurre en el caso de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

12) Que, en virtud de lo expuesto, al Poder Judicial ni a la Corporación Administrativa del Poder Judicial les resultan aplicables las normas previstas en la Ley de Transparencia referentes al derecho de acceso a la información que puede hacerse valer en un procedimiento de amparo; de modo que este Consejo carece de la competencia necesaria para conocer del mismo, motivo por el cual deberá ser declarado inadmisible.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I) Declarar inadmisible el amparo deducido por el Sr. N.N., en contra del Poder Judicial y la Corporación Administrativa del Poder Judicial, por no resultar competente este Consejo para conocer del mismo, de acuerdo con los argumentos indicados precedentemente.

II) Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. N.N., al Sr. Presidente de la Excelentísima Corte Suprema y al Sr. Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, para los efectos de los artículos 27, 28 y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la I. Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de quince días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Rubén Burgos Acuña.