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Rodrigo Mora Ortega con GENDARMERÍA DE CHILE Rol: C116-14

Consejo para la Transparencia, 30/07/2014

Se dedujo amparo en contra de Gendarmería de Chile, fundado en la denegación de la información solicitada referente a la "copia del Libro de Visitas del Penal Cordillera con el registro de todas las personas que han ingresado al recinto (en calidad de visitas) desde el año 2010 al día de hoy, los destinatarios de aquellas visitas y las fechas y horarios de los ingresos". El Consejo rechaza el amparo. Toda vez que se acoge la causal de reserva invocada referida a que la divulgación de la información podría afectar los derechos de los internos. En efecto, la entrega de la información supondría necesariamente exponer a terceras personas, a un riesgo en su seguridad personal, efectos en su ámbito laboral y daños a la honra, pues las personas que visitan a los reclusos pueden verse vinculados a quienes han cometido delitos. Además, tampoco se advierte la concurrencia de un interés público prevalente que justifique la entrega de la información solicitada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C116-14

Entidad pública: Gendarmería de Chile

Requirente: Rodrigo Mora Ortega

Ingreso Consejo: 15.01.2014

En sesión ordinaria N° 542 del Consejo Directivo, celebrada el 30 de Julio de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C116-14.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de diciembre de 2013, don Rodrigo Mora Ortega, solicitó a Gendarmería de Chile, en adelante e indistintamente Gendarmería, "copia del Libro de Visitas del Penal Cordillera con el registro de todas las personas que han ingresado al recinto (en calidad de visitas) desde el año 2010 al día de hoy, los destinatarios de aquellas visitas y las fechas y horarios de los ingresos".

2) RESPUESTA: Gendarmería, mediante Oficio N° 001 de 2 enero de 2014, evacuó respuesta al requerimiento, informando a don Rodrigo Mora Ortega en síntesis lo siguiente:

a) La información consultada se encuentra contenida en los libros de actas que se utilizaban para registrar las visitas a los internos del Ex Centro de Cumplimiento Penitenciario Cordillera. Recabarla implica revisar un número elevado de registros.

b) Satisfacer el requerimiento implica distraer a funcionarios de su dependencia del cumplimiento de sus funciones habituales para la búsqueda de la información que hoy se encuentra archivada en dependencias del Penal de Punta Peuco. Por tal razón, se configura la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N°1 letra c) de la Ley de Transparencia.

c) Asimismo, resulta aplicable la causal de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, Lo anterior, por cuanto la divulgación de los antecedentes consultados vulnera la vida privada tanto de los internos como de los terceros que concurrieron al penal Cordillera a visitarlos. En tal sentido, agregó que igualmente resulta aplicable la causal de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 5 del cuerpo legal citado en concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.

d) Por último, hizo presente que trasladada la solicitud a los internos que estuvieron recluidos en el Ex Penal Cordillera, éstos se opusieron a la entrega de los antecedentes consultados.

3) AMPARO: El 15 de enero de 2014, don Rodrigo Mora Ortega dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de Gendarmería, fundado en la denegación de la información solicitada. Al efecto, agregó que la distracción alegada por Gendarmería no se encuentra acreditada suficientemente. Por su parte, la reserva de la información en base a la causal dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, tampoco resulta aplicable toda vez que la información requerida es pública en tanto obra en poder del organismo requerido.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación este amparo y, mediante el Oficio N° 390, de 29 de enero de 2014, confirió traslado al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile, solicitándole que al formular sus descargos: (1°) se refiriera al volumen de la información solicitada; (2°) explicara cómo satisfacer la solicitud afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que preside; (3°) acompañara a este Consejo, todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación y de las oposiciones deducidas; (4°) proporcionara los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, entre otros-, de las personas que se opusieron a la entrega de la información requerida; y, (5°) adjuntara copia de la solicitud de información.

El Director Nacional de Gendarmería (S), mediante Oficio N° 270, de 18 de febrero de 2014, señaló en síntesis lo siguiente:

a) Los nueve internos que estuvieron recluidos en el Penal Cordillera durante el período consultado se opusieron a la entrega de los antecedentes pedidos.

b) Los registros hoy se encuentran materialmente archivados en las bodegas del Penal Punta Peuco. Para satisfacer la solicitud se debería destinar al menos dos funcionarios con dedicación exclusiva a dicha labor durante una semana, distrayéndolos del cumplimiento de sus funciones habituales. Por tal razón, resulta aplicable la causal de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

c) Asimismo, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia y 21 N°5 de dicho cuerpo legal en concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 19.628, toda vez que la divulgación de los antecedentes vulneraría la vida privada no sólo de los internos sino de los terceros que los visitaron.

d) Por último, remitió copia de la nómina de quienes estuvieron recluidos en el Penal Cordillera en el período consultado y que actualmente cumplen condena en el Penal Punta Peuco.

5) OBSERVACIONES Y DESCARGOS DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: En conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, este Consejo acordó trasladar el presente amparo a los terceros interesados, lo que se materializó a través de los Oficios Nos 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, todos de 26 de febrero de 2014, dirigidos a César Manríquez Bravo, David Miranda Monardes, José Manuel Contreras Sepúlveda, José Zara Holguer, Marcelo Moren Brito, Miguel Krasnoff Martchenco, Pedro Espinoza Bravo, Jorge Nibaldo del Río y Hugo Salas Wensel, quienes mediante declaraciones remitidas por Gendarmería mediante correo electrónico de 31 de marzo del año en curso, manifestaron su denegación a la entrega, en base a idéntico argumento, consistente en que la divulgación del registro de visitas afectaría la vida privada de sus familiares, amigos y conocidos que concurrieron en el período solicitado al Penal Cordillera, por cuanto de conocerse la vinculación entre las personas que los visitaron y ellos, se podría afectar su seguridad individual, laboral y en general su vida privada.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo tiene por objeto, la entrega por parte de Gendarmería del registro de visitas del Penal Cordillera que dé cuenta de quienes visitaron a los nueve reclusos que cumplían su condena en dicho recinto entre el año 2010 y el cierre de dicho Penal. Al efecto, la recamada indicó que atendida la ubicación de los antecedentes consultados -bodega del Penal de Punta Peuco- recabar dicha información implicaba distraer a dos de sus funcionarios durante una semana completa, razón por la cual se configuraba la causal de reserva dispuesta en el artículo 21 N°1 letra c) de la Ley de Transparencia. En tal sentido agregó, que igualmente resultaban aplicables las hipótesis de reserva dispuestas en el artículo 21 N°2 y 5 del cuerpo legal citado, en concordancia con lo dispuesto en la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada.

2) Que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación negativa, afectación que a su vez, debe ser presente o cierta, probable y específica para justificar la reserva (así, por ejemplo, se ha pronunciado este Consejo en las decisiones roles A96-09, A165-09, A193-09, C840-10, C850-10, C492-11, C929-11).

3) Que la causal invocada consagrada en el artículo 21 N°1 letra c) de la Ley de Transparencia, permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido el artículo 7° numeral 1° letra c) del Reglamento de la citada Ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento "requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

4) Que los argumentos planteados por la reclamada para fundar la procedencia de la causal en comento reseñados en el considerando 1° precedente, no resultan suficientes para tener por acreditada la causal alegada. Lo anterior, por cuanto la reclamada al conocer de modo preciso y claro el lugar en que se encuentran los registros de visitas consultados - bodega del Penal de Punta Peuco- se encuentra en posición de buscar los antecedentes consultados, situándose por consiguiente la distracción únicamente en la necesidad de destinar dos de sus funcionarios durante una semana para efectuar la referida búsqueda, circunstancia esta última que a juicio de este Consejo no supone un esfuerzo que por sí solo configure la hipótesis de reserva invocada, más aún considerando que forma parte de las funciones de todo órgano de la Administración del Estado satisfacer los requerimientos de información que le son formulados de conformidad a la Ley de Transparencia. Por tal razón, y atendido además que lo consultado abarca un período acotado de tiempo - 2010 a la fecha- es posible concluir, que en el presente caso no concurren los supuestos de hecho suficientes que justifiquen la procedencia de la causal de reserva objeto de análisis. Lo anteriormente señalado, es sin perjuicio de lo que se resolverá a continuación.

5) Que en relación con la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, igualmente alegada por la reclamada, cabe señalar que en virtud de dicha causal, se podrá denegar el acceso a la información solicitada "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico". En tal sentido el artículo 7° N° 2 del Reglamento de la Ley de Transparencia precisa, que se entenderá por tales derechos "aquellos que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas, en título de derecho y no de simple interés".

6) Que si bien dicha hipótesis de reserva ha sido invocada de modo expreso sólo por la reclamada, toda vez que estima que la divulgación de los antecedentes solicitados podría afectar los derechos de los internos como de los terceros que los visitaron, cabe entender comprendidos dentro de ésta los juicios formulados por los terceros involucrados en el presente procedimientos -cuyos nombres fueron reseñados en el numeral 5° de lo expositivo y que poseen la condición de reclusos-.

7) Que al respecto cabe tener presente, que de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, aprobado por el Decreto Supremo N° 518, de 1998, las visitas que pueden recibir los internos en dichos establecimientos pueden clasificarse en visitas ordinarias, extraordinarias y especiales -esto es, visitas familiares e íntimas-. En efecto, el inciso primero del artículo 49 de dicho Reglamento dispone, respecto de las visitas ordinarias, que «los condenados podrán ser visitados a lo menos una vez a la semana, por un lapso mínimo de dos horas cada vez, por sus familiares y personas que aquellos previamente hayan autorizado...», agregando su inciso segundo que «se llevará un registro de visitas que incluirá al menos, el nombre y apellidos de las personas autorizadas por el interno y su cédula de identidad"; por su parte, el artículo 50 regula las visitas extraordinarias señalando que «excepcionalmente, en casos debidamente justificados, el Jefe del Establecimiento permitirá visitas extraordinarias por un lapso no superior a 30 minutos, previa autorización del interno visitado. De estas visitas se llevará un control estricto», por último, el inciso primero el artículo 51 del Reglamento en comento establece que «[l]os Alcaides podrán autorizar visitas familiares e íntimas, si las condiciones del establecimiento lo permiten, a los internos que no gocen de permisos de salida y que lo hayan solicitado previamente»(lo destacado es nuestro).

8) Que de las normas citadas precedentemente, puede concluirse que cada recinto penitenciario lleva un registro diario de visitas por cada uno de los internos recluidos en dicho lugar, en el cual se indica, a lo menos, el nombre, apellidos y cédula de identidad de las personas que realizan dichas visitas -antecedentes que constituyen datos personales, conforme a lo dispuesto por el artículo 2°, letra f), de la Ley N° 19.628-, sin perjuicio de otros datos personales que también puedan registrarse.

9) Que en dicho contexto, debe concluirse además que la sola vinculación de una persona con la circunstancia de haber visitado a otra en un centro penitenciario, constituye un dato de carácter personal que concierne a ambos sujetos, siendo un hecho de público conocimiento que las personas que se encontraban recluidas en el recinto penitenciario Penal Cordillera -actualmente recluidas en el Penal de Punta Peuco- cumplen condena por delitos por violaciones de los derechos humanos perpetrados durante el Gobierno Militar.

10) Que en dicho contexto, la divulgación de los registros de visitas supondría necesariamente exponer a terceras personas -familiares, amigos, conocidos de los internos u otros- a un riesgo en su seguridad personal, efectos en el ámbito laboral no deseados y daños a su honra, por la circunstancia de verse vinculados a quienes han cometido los mencionados delitos. En efecto, si bien el derecho de acceso de acceso a la información pública se erige en una garantía que permite a todas las personas conocer la información que obra en poder de la Administración, dicha garantía no es absoluta, toda vez que debe conciliarse con las demás garantías constitucionales, consagradas, este estas, la del derecho a la honra consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en virtud del cual toda persona tiene el derecho de ver protegidos aquellos antecedentes, hechos o circunstancias que puedan afectar o menoscabar su intimidad. Circunstancia la anterior, que por sí sola justifica resguardar los antecedentes consultados en el amparo en comento.

11) Que en tal sentido cabe agregar, que no consta en el procedimiento de acceso a la información en análisis, que los visitantes de los reclusos del Penal Cordillera, desde el 2010 hasta el cierre de dicho penal hayan prestado su anuencia a la entrega de su identidad u otros datos personales que pueden estar contenidos en el registro consultado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada.

12) Que a mayor abundamiento, este Consejo no advierte que concurra un interés público prevalente que justifique la entrega de la información requerida por don Rodrigo Mora Ortega. En consecuencia, y estimando esta Corporación que la información consultada se encuentra cubierta por la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, se rechazará el amparo interpuesto por don Rodrigo Mora Ortega.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 8°, 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNAMINIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don Rodrigo Mora Ortega, en contra de Gendarmería de Chile, por las razones precedentemente expuestas.

II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile y a don Rodrigo Mora Ortega.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Rubén Burgos Acuña.