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Matías Rojas Medina con CARABINEROS DE CHILE Rol: C740-14

Consejo para la Transparencia, 30/07/2014

Se dedujo amparo en contra de Carabineros de Chile, fundado en la entrega incompleta de la información solicitada referente a la copia del sumario administrativo instruido a raíz de la muerte del Carabinero que se señala, integrante de la Subcomisaria de Villa Mora, ocurrida en abril de 1996. El Consejo acoge parcialmente el amparo. En dicho informe, se contiene la copia integra del informe de autopsia practicado al cuerpo de que se trata. Al respecto, se advierte que éste contiene una detallada descripción del cuerpo del fallecido, mediante un examen interno e interno del cadaver, con identificación detallada del estado de los órganos. Es por ello, que no constando que el solicitante tenga la calidad de heredero del fallecido, pues dicha información sólo puede ser entregada a ellos. Por lo que se rechaza el amparo sólo respecto a esta información.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Documentación médica.Documentos 



Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C740-14

Entidad pública: Carabineros de Chile

Requirente: Matías Rojas Medina

Ingreso Consejo: 21.04.2014

En sesión ordinaria N° 542 del Consejo Directivo, celebrada el 30 de julio de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C740-14.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 3 de marzo de 2014, don Matías Rojas Medina solicitó a Carabineros de Chile copia del sumario administrativo instruido a raíz de la muerte del Carabinero don Juan Vidal Vienet, integrante de la Subcomisaria de Villa Mora, ocurrida en abril de 1996.

2) RESPUESTA: El 19 de marzo de 2014, el Departamento de Información Pública de Carabineros de Chile dio respuesta a la solicitud accediendo a la entrega de la información solicitada previo pago de los costos de reproducción por un monto de $2.430.- correspondientes a 162 fojas, e indicando al solicitante que debía concurrir a la Prefectura de Curicó para dicha finalidad. Además, la mencionada respuesta hace presente que en las copias del expediente solicitado fueron suprimidos el nombre, cédula de identidad, fotografías y domicilio de las personas que aparecen mencionadas en el mismo. Además, se han tarjado los datos referidos al estado de salud por cuanto estos son de carácter sensibles, de conformidad con la Orden General N° 1881M de 17 de abril de 2009 que aprueba el Manual de Transparencia de la función pública y de acceso a la información de la administración del estado, y la Ley N°19.628.

Posteriormente, con fecha 3 de abril de 2014, Carabineros de Chile hizo entrega de la mencionada información al representante del solicitante.

3) AMPARO: El 21 de abril de 2014, don Matías Rojas Medina dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la entrega incompleta de la información solicitada por las siguientes razones:

a) Faltan las fojas 6 a 11 "vuelta", y 14 "vuelta".

b) Además, se ha tarjado el informe de autopsia correspondiente al cadáver del funcionario consultado, lo que se estima improcedente.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. General Director de Carabineros de Chile, mediante Oficio N° 2.106, de 7 de mayo de 2014, quien, a través de su Departamento de Información Pública, presentó sus descargos y observaciones, a través de Oficio N° 119, de 28 de mayo de 2014, señalando, en síntesis que:

a) Habiéndose despachado respuesta el 19 de marzo de 2014, e interpuesto el amparo el 21 de abril de 2014, el plazo del artículo 24 de la Ley de Transparencia para interponer el presente amparo excede con creces los quince días dispuestos, de modo que por este sólo hecho éste debe ser desestimado.

b) Sin perjuicio de lo anterior, revisada la copia del expediente que se remitió al reclamante, se advirtió que efectivamente restó por enviar las siguientes fojas: seis vuelta, siete vuelta, ocho vuelta, nueve vuelta, diez vuelta, once vuelta y catorce vuelta. Constatado lo anterior, con esta fecha se envió carta al interesado, remitiéndole las copias faltantes antes singularizadas. Acompaña copia de dicha comunicación de fecha 28 de mayo de 2014 dirigida al solicitante, así como las copias del sumario faltantes remitidas con la misma.

c) El informe de autopsia contenido en el sumario administrativo, así como otros indicados en la respuesta a la solicitud quedaron cubiertos por el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Cita además, la decisión Rol C1335-13 de este Consejo, relativa a una solicitud de acceso respecto de la identidad de personas fallecidas a causa de meningitis.

5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: El Consejo Directivo de esta Corporación, en sesión ordinaria N° 535, de 2 de julio de 2014, decretó una medida para mejor resolver el presente amparo, materializada a través del Oficio N° 3.667, de 7 del mismo mes y año. En virtud de dicha medida se solicitó a la Carabineros que:

a) Remitir copia íntegra del sumario administrativo del cual forma parte del informe de autopsia tarjado por la reclamada.

b) Envíe copia del aludido informe de autopsia sin tarjar dato alguno del mismo.

c) Se pronuncie respecto del vínculo existente entre el referido informe de autopsia y el sumario administrativo al que accede, y en qué medida dicho documento incidió en la decisión adoptada en el referido procedimiento disciplinario.

d) Señale el estado de la causa penal que habría motivado la realización del ya citado informe de autposia

6) CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Mediante Oficio N° 163, de 11 de julio de 2014, Carabineros de Chile atendió la medida para mejor resolver decretada por este Consejo, señalando, en síntesis, que:

a) Remite copia del sumario administrativo e informe de autopsia solicitado.

b) En cuanto al vínculo existente entre el sumario administrativo y el informe de autopsia, señala que el procedimiento disciplinario que se dispone instruir persigue multiples finalidades aun cuando la causa del deceso aparezca, a primera vista, evidente. Es así que se busca determinar si el deceso fue o no por causas naturales, o si hubo o no intervención de terceros, a si ocurrió o no en actos de servicio, a quienes son los herederos o beneficiarios de los multiples emolumentos a los que se tiene derecho cuando el deceso ocurrió en algunas de las circunstancias descritos. Es posible incluso que existan reconocimientos póstumos, que hagan variar la base de cálculo en el sueldo y, en consecuencia, a los beneficios a que tienen derecho los asignatarios.

c) En cuanto al estado de la causa penal que habría motivado la realización del mencionado informe de autopsia señala no tener información sobre el particular.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, previo a entrar al fondo del asunto, cabe referirse a la alegación del órgano reclamado en orden a que el presente amparo se habría interpuesto de manera extemporánea. Al respecto, según lo previsto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia y los artículos 42 y 44 del Reglamento de la Ley de Transparencia, una vez vencido el plazo que disponen los órganos de la Administración del Estado para la entrega de la documentación requerida o denegada que fuere la petición, según el caso, el requirente tendrá derecho a recurrir por escrito, ante este Consejo, solicitando amparo a su derecho de acceso a la información pública, reclamación que debe necesariamente presentarse dentro del plazo de quince días hábiles, contado desde la notificación de la denegación de acceso a la información o desde que haya expirado el plazo previsto para la entrega de la misma.

2) Que, en la especie, la respuesta de Carabineros de Chile a la solicitud de que se trata data de 19 de marzo de 2014, pudiendo constatarse de su análisis, que ésta tuvo por objeto poner en conocimiento del reclamante la disposición del precitado órgano para hacer entrega del expediente solicitado, previo pago de los costos de reproducción que allí se señalan, y, asimismo, consignar que se habían tarjado "el nombre, cédula de identidad, fotografías y domicilio de las personas que aparecen mencionadas en el mismo" y los "los datos referidos al estado de salud." Ahora bien, la entrega material del aludido expediente se verificó con fecha 3 de abril de 2014, de modo que sólo a contar de dicha data el reclamante pudo tomar cabal conocimiento de la información que efectivamente le había sido entregada y de aquella que había sido denegada por la reclamada. Así las cosas, únicamente a partir de esa fecha se encontraba en condiciones de interponer fundadamente un amparo por la denegación de ciertas fojas del expediente, así como del informe de autopsia contenido en el expediente requerido, esto es, del modo que lo exige el ya citado artículo 24 de la Ley de Transparencia, conforme con el cual "La reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso." En consecuencia, cabe colegir que sólo en la señalada fecha comenzó a correr el término para presentar el amparo, y por tanto, éste fue presentado dentro del plazo legal establecido para ello, debiendo descartarse la alegación de la reclamada sobre el particular.

3) Que, establecido lo anterior, cabe señalar que de acuerdo a lo señalado por la propia reclamada en sus descargos, en el expediente entregado al reclamante no se encontraban las fojas 6 a 11, y 14, y que con fecha 28 de mayo de 2014 remitió copia de dicha documentación al solicitante. Si bien en sus descargos el órgano reclamado acompañó copia de la misiva a través de la cual indica que entrega la señalada documentación faltante, no acreditó haber entregado efectivamente lo allí solicitado. En consecuencia, se acogerá en esta parte el presente amparo, y se requerirá a la reclamada que entregue ésta al requirente o acredite haber realizado la entrega efectiva de la misma.

4) Que el informe de autopsia N° 177, de 26 de abril de 1996, del Servicio Médico Legal de Concepción cuya denegación ha sido igualmente fundamento del presente amparo, corresponde a una diligencia generada en el marco de una investigación criminal, seguida ante el Juzgado de Letras de Coronel. Dicho informe fue agregado al expediente sumarial requerido, el cual fue afinado, a través de la Resolución N° 498, de 14 de noviembre de 1996, del Director Personal de Carabineros de Chile. En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, el Informe de Autopsia y las fojas del mismo cuyo contenido ha sido reservado por Carabineros de Chile tienen, en principio, el carácter de información pública, salvo la concurrencia de alguna causal legal de secreto o reserva. La reclamada denegó la entrega del referido informe de autopsia, pues estimó, en virtud de lo dispuesto por el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, la Ley N° 19.628, y lo señalado en su Orden General N° 1881M de 17 de abril de 2009.

5) Que, en cuanto a la naturaleza de los informes de autopsia, cabe tener presente, a modo ilustrativo, lo señalado por la resolución exenta N° 3.336, de 2013, del Servicio Médico Legal, que aprueba guías de procedimiento de tanatología, que establece que el informe de autopsia debe contener como mínimo lo siguiente:

i. El preámbulo: Que debe contener, el número de protocolo, lugar, fecha y hora de la autopsia, procedencia, N° de parte, antecedentes, nombre del occiso (si se desconoce la identidad se consigna como NN), sexo, talla, peso, edad en décadas o años, piel, características particulares, vestimenta, las pertenencias, evidencias o antecedentes médicos y nombre del perito que practica la autopsia.

ii. Examen externo completo: Con implementación de técnicas especiales según el caso.

iii. Examen interno con la descripción del procedimiento empleado para abrir las cavidades corporales y eviscerar los órganos por sistemas anatómicos, junto a comentarios para cada órgano.

iv. Listado de todas las muestras recolectadas para la investigación toxicológica, identificación genética, histología, microbiología y otras técnicas; dichos especímenes deben ser rotulados y envasados por el perito de acuerdo con lo establecido por la normativa de "Manejo de evidencias y cadena de custodia...".

v. Se deberán incluir los resultados de investigaciones, tales como radiología, odontología, entomología y antropología.

vi. Conclusiones: Al finalizar una autopsia se procederá a realizar las conclusiones que después del examen tanatológico asociado a los exámenes complementarios sea posible realizar, debiéndose consignar la identidad del fallecido, la causa de fallecimiento, descartar o certificar la participación de terceros y establecer la data de fallecimiento cuando sea posible.

vii. Evaluación global del caso: El perito podrá hacerla cuando se tengan todos los antecedentes del caso y el resultado de los exámenes complementarios. Al finalizar una autopsia, las conclusiones son frecuentemente provisionales, ya que hallazgos posteriores o el conocimiento ulterior de otros hechos circunstanciales pueden motivar su modificación.

6) Que, cabe tener presente que mediante Orden de Sumario N° 10, de 25 de abril de 1996, de la Prefectura de Concepción, se dispuso la instrucción de un sumario administrativo con el objeto de "establecer en forma fehaciente las causas y circunstancias del fallecimiento por arma de fuego, del cabo 2do. Juan de Dios Vines Vidal, que fuera de dotación de la misma Unidad, como asimismo, determinar los beneficios legales y reglamentarios que pudieren corresponderle, y responsablidades que pudieran aflorar de los hechos. A su turno, la resolución N° 498, de 14 de noviembre de 1996, que puso término al sumario administrativo de que se trata, señala que "se ha comprobado plenamente en autos, que el día 25 de abril de 1996, el cabo 2° Juan de Dios Vines Vidal falleció a raíz de una herida a bala de cráneo complicada, deceso no acaecido en actos del servicio." Además en dicho acto administrativo se determinan los beneficios que corresponden a la madre del ex funcionario.

7) Que, con ocasión de la medida para mejor resolver dispuesta por este Consejo, el órgano reclamado acompañó copia íntegra del informe de autopsia practicado al cuerpo de que se trata. Al respecto, se advierte que éste contiene una detallada descripción del cuerpo del fallecido, mediante un examen externo e interno del cadáver, con identificación detallada del estado de los órganos. En su parte conclusiva, en lo pertinente, el mencionado documento consigna que "la causa de muerte es una herida a bala de cráneo complicada sin salida de proyectil."

8) Que, como se advierte, el informe de autopsia en comento además de consignar la causa de muerte del ex funcionario que se menciona en la resolución que afinó el sumario administrativo -acto administrativo al que el solicitante tuvo acceso-, contiene una serie de datos pormenorizados relativos al estado en que se encuentra el cadáver del fallecido. En relación con la materia, resulta útil tener presente lo razonado por este Consejo en la decisión Rol C1335-13 -que en votación mayoritaria dispuso la reserva de la identidad de personas fallecidas por meningitis -, en la que señaló que sin perjuicio de que fallecida una persona deja de ser titular de datos personales -no resultando aplicable a su respecto la Ley N°19.628-, ello no implica desconocer en nuestro ordenamiento jurídico cualquier otra forma de protección de los datos de los fallecidos, en especial la causa de su muerte. Lo anterior, pues tratándose de la honra del fallecido existen una serie de disposiciones en las que ésta se proyecta como un derecho propio de sus familiares, considerando que su memoria constituye una prolongación de dicha personalidad, protegida y asegurada como parte de la honra de la familia. Cabe destacar en este sentido las siguientes disposiciones:

a) La Constitución Política de la República, en el artículo 19, numeral 4, reconoce a todas las personas el respeto y protección a la vida privada y a la honra, tanto de la persona misma como de su familia. Por consiguiente, es el propio constituyente el que reconoce esta prolongación de la privacidad del individuo, más allá de su titular originario, para radicarlo en toda su familia.

b) La Ley N°20.584, sobre derechos y deberes de los pacientes, en su artículo 12, dispone que la ficha clínica es el "instrumento obligatorio en el que se registra el conjunto de antecedentes relativos a las diferentes áreas relacionadas con la salud de las personas, que tiene como finalidad la integración de la información necesaria en el proceso asistencial de cada paciente" y, en el artículo 13 previene que la información contenida en la ficha, copia de la misma o parte de ella, será entregada, total o parcialmente, entre otros, al titular de la ficha clínica, a su representante legal o, en caso de fallecimiento del titular, a sus herederos. De esta forma -y aun cuando en este caso concreto lo pedido no es la ficha clínica propiamente tal por lo que no resulta aplica este régimen jurídico- tanto los datos del estado de salud como el dato causa de la muerte contenidos en ésta, son resguardados por el legislador del conocimiento público. Por ende, a pesar de que no estamos frente a un dato personal, si se protegen los datos de salud si su titular ha fallecido, otorgando acceso restringido únicamente a sus herederos, lo que lleva a concluir que las circunstancias que provocan la muerte no son consideradas per se de naturaleza pública por el legislador.

c) El título VI del Código Penal, De los crímenes y simples delitos contra el orden y la seguridad públicos cometidos por particulares, en su numeral 15, que lleva por nombre "De la infracción de las leyes o reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones", a pesar de centrarse en los artículos 320 y 322 en la infracción a leyes y reglamentos, prescribe en su artículo 321 "El que violare los sepulcros o sepulturas practicando cualquier acto que tienda directamente a faltar al respeto debido a la memoria de los muertos, será condenado a reclusión menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales" (énfasis agregado). Con ello, también en el ámbito penal, se otorga una protección a la privacidad de los fallecidos, al conceptualizar que el bien jurídico protegido no es sólo la salud pública sino que también merece protección la memoria de los muertos.

9) Que, la doctrina nacional ha reconocido que la honra de las personas fallecidas es también un derecho de sus familiares, toda vez que su memoria constituye una prolongación de dicha personalidad que es susceptible de protección, la cual queda asegurada por la protección de la honra de la familia (Nogueira A., Humberto. El derecho a la libertad de opinión e información y sus límites. Santiago: Lexis Nexis, 2002, p.131-133). Por ello se ha entendido que el derecho a la honra prohíbe la "violación del buen nombre de la persona o su familia como consecuencia de la divulgación de aspectos de la vida privada de las personas que por su naturaleza afectan su reputación" (Ídem., p. 132).

10) Que, en razón de las consideraciones anteriores y según ha resuelto este Consejo a partir de la decisión C322-10 y, entre otros, en los amparos Roles C398-10, C556-10 y C740-10, los llamados a cautelar la honra y determinar qué información desean sustraer del conocimiento de terceros no vinculados al fallecido son sus familiares. En este sentido, cabe tener presente lo señalado por esta Corporación, en las decisiones Roles C322-11 y C495-11, en orden a que "dadas las características de este tipo de autopsia, y considerando que se trata de información que se genera después de la muerte de una persona, vale decir, cuando sus derechos están extinguidos, salvo aquellos transmisibles, es más evidente la inaplicabilidad de la Ley N° 19.628, como también, la importancia de la información que pueda contener tal informe de autopsia para la familia del fallecido, por cuanto, permite saber la verdad de la causa de muerte de un ser querido, por lo que también ha de estimarse, que en el caso concreto, no existiría impedimento alguno para que sea entregado al hijo el informe de autopsia del que fue su padre". (énfasis agregado)

11) Que, conforme con lo razonado precedentemente, y no constando que el solicitante tenga la calidad de heredero del fallecido a que se refiere el informe de autopsia de que se trata -que lo habilitaría a acceder al mismo-, este Consejo, en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 33, letra j) de la Ley de Transparencia, de velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado, naturaleza que de acuerdo a lo argumentado tiene la información consignada en el aludido documento, del que sólo puede disponer su familia, rechazará respecto de dicha parte, el presente amparo.

12) Que, a mayor abundamiento y en el entendido que en el presente caso se vean enfrentados dos derechos fundamentales, como son el acceso a la información pública, de una parte, y la protección a la honra de la familia del fallecido, de otra, no se observa que concurra un interés público que justifique la divulgación del informe de autopsia analizado.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Matías Rojas Medina, en contra de Carabineros de Chile.

II. Requerir al Sr. General Director de Carabineros de Chile que:

a) Entregue al reclamante copia de las fojas 6 a 11 y 14 del sumario administrativo solicitado, o acredite haber realizado la entrega efectiva de éstas si así procediera.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Matías Rojas Medina, y al Sr. General Director de Carabineros de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Rubén Burgos Acuña.