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José Joaquín Pérez Toledo con SEREMI DE SALUD REGIÓN DE LOS LAGOS Rol: C197-14

Consejo para la Transparencia, 23/07/2014

Se dedujo amparo en contra del SEREMI de Salud Región de Los Lagos, fundado en que dio respuesta negativa a una solicitud de información referente a la copia de la denuncia hecha en contra de la reclamante o su de mi oficina, a que se refiere el acta y " a raíz" de la cual se efectuó la inspección que allí consta. Se requiere con anterioridad al 23 de diciembre, en que estoy citado al tribunal, para los efectos de preparar una defensa adecuada. El Consejo acoge el amparo, toda vez que la alegación del tercero para negar la entrega de la información no parece plausible, toda vez que dicho tercero realiza la denuncia con ocasión al ejercicio de su función pública, no pudiendo apreciarse de que manera se puede ver afectada la integridad física y psíquica del requirente.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C197-14

Entidad pública: SEREMI de Salud Región de Los Lagos

Requirente: José Joaquín Pérez Toledo

Ingreso Consejo: 22.01.2014

En sesión ordinaria N° 539 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de julio de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C197-14.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de diciembre de 2013, don José Joaquín Pérez Toledo solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Los Lagos, en adelante e indistintamente la SEREMI, "copia de la denuncia hecha en mi contra o en contra de mi oficina, a que se refiere el acta y " a raíz" de la cual se efectuó la inspección que allí consta. La requiero con anterioridad al 23 de diciembre, en que estoy citado al tribunal, para los efectos de preparar mi adecuada defensa".

2) RESPUESTA: El 8 de enero de 2014, la SEREMI de Salud Región de Los Lagos respondió a dicho requerimiento de información mediante ORD. N° 005 de la misma fecha señalando, en síntesis, que:

a) No se dará lugar a la petición de entregar copia de la denuncia interpuesta que dio lugar a la inspección realizada con fecha 9 de diciembre de 2013 en la oficina de propiedad del requirente.

b) Lo señalado encuentra su fundamento en la causal de secreto establecida en el artículo 21, N° 2 de la Ley de Transparencia y artículo 7, N° 2 del D.S. N° 13/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamanto de la Ley de Transparencia que señala: "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico".

c) Lo anterior se funda en la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, debiendo abstenerse este servicio de entregar la información solicitada.

3) AMPARO: El 22 de enero de 2014, don José Joaquín Pérez Toledo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que se le habría dado una respuesta negativa a la solicitud de información, por cuanto el servicio habría invocado el "artículo 2 de la Ley 20.285, secreto o reserva en razón de la seguridad de las personas (sic)".

El requirente complementó su amparo señalando que:

a) Solicita información de una denuncia realizada en su contra o en contra de sus dependencias. Manifiesta que ello se colige de la respectiva respectiva Acta de Inspección, acompañada en su oportunidad, que señala: "A raíz de denuncia (...)"

b) Su intención y derecho consisten en saber los motivos de esa denuncia, su contenido, fecha, lugar y persona denunciante.

c) No existe explicación lógica alguna que pueda fundar el secreto invocado. Se supone que no se desea dar los datos de dicha denuncia para proteger los intereses y seguridad del denunciante, sin embargo, señala el requirente, su ulterior intención es la de comprobar la existencia material de aquella denuncia, más allá de saber específicamente quién la estampó.

d) Con esto, señala, sostiene dudas acerca de la existencia del fundamento que motivó la inspección hecha en su domicilio laboral, lo que en todo caso considera ilegal, según se encuentra discutiendo en la etapa jurisdiccional respectiva. Afirma que aquella denuncia no existió, y esa es la razón por la cual se le ha negado conocerla.

e) Resulta agraviante en atención a su calidad profesional, que se le presuma alguna aviesa intención con respecto a la "seguridad", más aún si no es posible sostener que se permitan en esta materia denuncias "anónimas".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo a la Sra. Secretaria Regional Ministerial Región de Los Lagos, mediante Oficio N° 000516 de 5 de febrero de 2014 para que al formular sus descargos: 1°) Remita a este Consejo copia de acta de inspección de fecha 9 de diciembre de 2013 realizada en el domicilio del reclamante y copia de la denuncia solicitada, las que se mantendrán bajo la reserva contemplada en el artículo 26 de la Ley de Transparencia; 2°) Señale, si a su juicio, existen terceros eventualmente afectados con la divulgación de la información requerida, y en la afirmativa, si procedió a comunicar la solicitud de información Folio N° 361461 a dichos terceros, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; 3°) En caso afirmativo, acompañe copia de la respectiva comunicación de la solicitud de información que practicó a los terceros involucrados, con el respectivo comprobante que acredite la fecha y medio de despacho; 4°) En el evento de haber existido oposición a la solicitud de información, acompañe copia íntegra de dicha oposición presentada por los terceros, con el respectivo comprobante que acredite la fecha y medio de presentación; 5°) Proporcione los datos de contacto de los terceros, tales como nombre completo, dirección postal, teléfono, correo electrónico, para evaluar dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia; y, 6°) Se refiera específicamente, a las causales de hecho, secreto o reserva legal, que a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada. Mediante ORD. N° 144 de 24 de febrero de 2014, la SEREMI de Salud Región de Los Lagos presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que:

a) La causal de reserva legal se encuentra justificada, toda vez que entregar la información solicitada del denunciante afecta la estera de su vida privada, amparado con la protección que establece la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada. Ello se fundamenta en que entregar esta información inhibe a los particulares a realizar denuncias, y debe considerarse que además de las fiscalizaciones programadas, otra de las formas de llevar a cabo éstas son las denuncias que realizan los particulares y que deben ser inspeccionadas por personal de la Autoridad Sanitaria, conforme al articulo 164 del Código Sanitario.

b) En el caso de la especie, la competencia de conocer y fallar sobre las infracciones a la ley de Tabaco es facultad del Juez de Policia Local competente, siendo el Inspector de la Autoridad Sanitaria en conjunto a los Inspectores Municipales quienes tienen las facultades de manera privativa de fiscalizar y denunciar las infracciones que constaten, conforme lo establece el artículo 15 de la Ley 19.419.

c) Como lo dispone el artículo 20 de la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, el tratamiento de datos personales por parte de un organismo público sólo puede ser realizado en el ambito de su competencia. De acuerdo a lo expuesto, siendo competencia de la Autoridad Sanitaria, se ejerció el derecho de reserva o secreto de acuerdo a la causal legal expuesta.

d) Con fecha 5 de diciembre de 2013, se presentó constancia que señaló: "... se ha detectado que se está fumando en el Edificio, aparentemente es en el Piso 11, ya que el humo se filtra por los ductos del baño". Hay una firma ilegible..."

e) En el ejercicio de la facultad de fiscalización que compete a la Autoridad Sanitaria, con fecha 9 de diciembre de 2013, en virtud de una denuncia, se realiza visita de inspección y se constatan hechos que vulneran la Ley de Tabaco levantándose acta de inspección, entregando citación al Juzgado de Policía Local competente e ingresando dicha denunciada al tribunal.

f) Como se puede apreciar, esta forma de fiscalización permite ahorrar recursos al Fisco ya que incluye a los particulares para que puedan notificar al Estado de las actuaciones que vulneran la normativa vigente.

g) De no mediar la aplicación de reserva o secreto, los particulares y los funcionarios públicos se inhibirían de denunciar los hechos de que tomen conocimiento, lo que dejaría en indefensión a las víctimas y a la sociedad en general.

h) Se adjuntan los siguientes documentos: 1°) Copia de acta de inspección de 21 de agosto de 2013 notificada a la Administración de la Comunidad del Edificio Torre del Puerto, ubicado en calle Antonio Varas 216, piso 12, Puerto Montt, en que se informó sobre la entrada en vigencia de la modificación ley N° 19.419 introducida por la ley N° 20.660; 2°) Copia simple de denuncia estampada por el tercero el 5 de diciembre de 2013; 3°) Copia de denuncia y acta de inspección formulada ante el Primer Juzgado de Policia Local de Puerto Montt; 4°) Copia de solicitud de acceso a la información a través de la Ley de Transparencia por Sistema de Trámite en Línea de la Autoridad Sanitaria; 5°) Respuesta que deniega acceso a la información pública, mediante Ord. N° 005 de 8 de enero de 2011, y su notificación al reclamante; 6°) Copia de acta de inspección de 9 de diciembre de 2013 notificada a don José Joaquín Pérez Toledo, en su domicilio.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO: Este Consejo acordó notificar el reclamo antedicho mediante el Oficio N° 001039 de 7 de marzo de 2014 al tercero a quien se refiere la información solicitada, adjuntando copia del mismo y de sus documentos fundantes, a fin de que presente sus descargos y observaciones, haciendo mención especialmente a los derechos que le asisten y que pudieren verse afectados con la publicidad de la información solicitada. Mediante respuesta de 26 de mayo de 2014, el tercero presentó sus descargos, señalando lo siguiente:

a) Con fecha 5 de diciembre de 2013, presentó un reclamo ya que aparentemente se estaba fumando en el piso 11 del Edificio.

b) Respecto de la solicitud de denunciado de querer conocer su identidad, manifiesta que se niega rotundamente pues como ciudadano señala tener derecho a prevervar su anonimato para proteger su integridad. En efecto, no quiere verse expuesto a situaciones incómodas que eventualmente puedan ocurrir en el ascensor u otro lugar común del edificio, ya que desconoce el propósito del denunciado de conocer su identidad. Por lo que solicita que el Estado le otorgue una protección efectiva de ésta, ya que tiene el justo temor de sufir alguna represalia que afecte su integridad física y/o psíquica.

c) Del mismo modo, estima que el Estado no puede obligar a un ciudadano a identificarse para denunciar un hecho, al contrario, el aparato estatal tiene el deber de prevenir, fiscalizar y reprimir las infracciones a las leyes asegurando y garantizando a los ciudadanos que denuncien, sus legítimos derechos a la seguridad, a la libertad y a la integridad física y psíquica.

d) Como fundamento legal que sustenta sus descargos, invoca principalmente el artículo 19, N° 1 de la Constitución Política de la República que señala: "La Constitución asegura a todas las personas: 1° El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona."

Y CONSIDERANDO:

1) Que, previo al análisis de fondo del presente amparo, cabe señalar que las denuncias por las infracciones a la Ley N° 19.419, "Regula Actividades que Indica Relacionadas con el Tabaco" de 1995, deben llevarse a efecto por la Autoridad Sanitaria y/o los inspectores de la municipalidad ante el Juez de Policía Local competente según ordena el artículo 15 de ésta. Ahora bien, del tenor de la solicitud de acceso a la información, de la respuesta y descargos de la SEREMI de Salud Región de Los Lagos y de los descargos del tercero, se desprende que la copia de la denuncia solicitada se refiere al reclamo presentado por éste último el 5 de diciembre de 2013 que motivó la visita inspectiva de la Autoridad Sanitaria de 9 de diciembre del mismo año en la oficina del requirente. Dicho esto, y en virtud del principio de facilitación, este Consejo entenderá que lo solicitado se refiere a la copia del reclamo antedicho, no correspondiendo a esta sede pronunciarse sobre la naturaleza de este hecho en el sentido de si corresponde a una denuncia propiamente tal. De todas formas y para efectos de su entendimiento, en adelante se hará referencia a lo solicitado como la denuncia, ello en consideración al tenor de la solicitud de acceso a la información, la respuesta y los descargos.

2) Que, por otra parte, en la presentación de su amparo, el requirente manifestó como complemento que la denuncia solicitada no existió, y que esa es la razón por la cual se le denegó su entrega. De lo expuesto se desprende que dicha alegación sólo encuentra sentido en este amparo en el evento que dicha circunstancia, es decir, la inexistencia de lo solicitado, sea controvertida por el organismo reclamado en su respuesta, hecho que no que ocurrió en ésta ni en sus descargos según consta en lo expositivo, por lo cual se desechará dicha alegación. Por lo demás, el objeto de la solicitud de acceso a la información quedó fijado al momento de su presentación, oportunidad en la cual no se hizo ninguna mención o referencia a la existencia o inexistencia de lo solicitado, hecho que tampoco ocurrió, como ya se señaló, en la respuesta de la SEREMI.

3) Que, en cuanto al fondo, cabe señalar que la Secretaria Regional Ministerial de Salud Región de Los Lagos se opuso a la entrega de la información solicitada por estimar que procedía la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, encontrando ello su fundamento en la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada. En sus descargos, el organismo reclamado invocó esta misma normativa señalando que de entregar la información requerida se inhibiría a los particulares y a los funcionarios públicos de realizar denuncias lo que contravendría esta forma de fiscalización. Agregó que según lo dispone el artículo 20 de la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, el tratamiento de datos personales por parte de un organismo público sólo puede ser realizado en el ambito de su competencia, en virtud de lo cual el servicio ejerció el derecho de reserva o secreto de acuerdo a la causal legal expuesta. En la misma instancia, el servicio señaló que la denuncia fue formulada por un funcionario público, quien tiene la obligación legal de denunciar los hechos que constituyan delitos o faltas de que tome conocimiento en el ejericico de su cargo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 61 letral k) del D.F.L. N° 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.884, sobre Estatuto Administrativo. A su vez, en sus descargos a este Consejo, el tercero manifestó su negativa a la entrega de su identidad por cuanto como ciudadano debe tener el derecho a prevervar su anonimato para proteger su integridad, agregando que no quiere verse expuesto a situaciones incómodas que eventualmente puedan ocurrir en el ascensor u otro lugar común del edificio, ya que desconoce el propósito del denunciado, por lo que solicita que el Estado le otorgue una protección efectiva de su identidad, ya que tiene el justo temor de sufrir alguna represalia que afecte su integridad física y/o psíquica.

4) Que, al respecto, este Consejo ha señalado de manera reiterada en sus decisiones que cuando se invoca una causal de secreto o reserva al derecho fundamental de acceso a la información (por ej. decisiones recaídas en los amparos Roles A7-09; A39-09 y A140-09) que extinguiría la obligación de entregar la información, corresponde que ella sea probada por quien la alega ya que las simples afirmaciones resultan insuficientes para acreditar la configuración de la causal de secreto o reserva de que se trate. En la especie, la Secretaria Regional Ministerial de Salud Región de Los Lagos se limita a señalar en su respuesta que la información solicitada no se puede entregar por cuanto se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, encontrando ello su justificación en la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, pero no fundamenta tal aseveración y la forma en que se afectarían tales derechos. En sus descargos, el servicio reclamado señala que de entregar la información requerida se inhibiría a los particulares y a los funcionarios públicos de realizar denuncias.

5) Que, la denuncia requerida fue realizada por un funcionario público según lo informa el organismo reclamado y según lo ha podido apreciar este Consejo, el cual tuvo a la vista dicho documento, consistente en el reclamo presentado el 5 de diciembre de 2013. Cabe señalar que el funcionario utilizó la expresión autoridad sanitaria al momento de efectuar la denuncia, de lo cual se colige que su actuación no tuvo si no la intención de llevarse a cabo con ocasión del ejercicio de una función pública. Al respecto, cabe tener presente lo que ha venido planteando sostenidamente este Consejo a partir de la decisión del amparo Rol A47-09, en orden a que "la esfera de privacidad del personal que trabaja para la Administración del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa es más reducida que la del resto de las personas -que se encuentran en una situación diversa-, en virtud, precisamente, de las funciones que aquéllos ejercen". A mayor abundamiento, cabe recordar que según se indicó en la decisión de amparo Rol C1543-11, la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los integrantes de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser funcionarios públicos al servicio de la misma.

6) Que, respecto de la alegación del denunciante en cuanto a que pudiera ser objeto de represalias por parte del requirente, este Consejo estima que ésta no resulta plausible, no apreciándose de que manera su integridad física y psíquica pudiera verse afectada de manera efectiva, menos aún considerando el contexto en el que fue llevada a cabo su actuación.

7) Que, en virtud de lo expuesto, este Consejo acogerá el amparo presentado por don José Joaquín Pérez Toledo en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Los Lagos, ordenando a ésta entregar copia de la denuncia hecha en contra del requirente a que se refiere el acta de inspección de 9 de diciembre de 2013 de la SEREMI de Salud Región de Los Lagos

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don José Joaquín Pérez Toledo en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Salud Región de Los Lagos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud Región de Los Lagos:

a) Entregar a don José Joaquín Pérez Toledo copia de la denuncia hecha en su contra a que se refiere el acta de inspección de 9 de diciembre de 2013 de la SEREMI de Salud Región de Los Lagos.

b) Cumplir dicho requerimiento dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde que la presente decisión se encuentre ejecutoriada, bajo el apercibimiento de proceder en caso de incumplimiento, en conformidad con el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@cplt.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don José Joaquín Pérez Toledo y a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud Región de Los Lagos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jarquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Rubén Burgos Acuña.