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Clodomiro Bravo Michell con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C102-11

Consejo para la Transparencia, 10/05/2011

Se solicita amparo en contra de la PDI por denegar solicitud de acceso a información relativa a número de personas que, se encuentren cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en sus cuarteles y horario en que los abogados y familiares pueden visitar a los detenidos, hoja de vida del Jefe de cuartel. El Consejo rechaza el amparo ya que estima que la afectación de la seguridad de los funcionarios de la PDI con la publicidad de la información que excede el ámbito puramente funcionario contenida en las hojas de vida requeridas, una afectación de la seguridad pública, pues ella se ve directamente impactada cuando los órganos encargados constitucionalmente de su mantención son víctimas de atentados o agresiones de carácter delictual, lo que implica un daño superior al beneficio que la divulgación de esta información aportaría al debate público y al control social de la acción policial.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Justicia
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO C102-11

Entidad Publica: Policia de Investigaciones de Chile.

Requirente: Clodomiro Bravo Michell

Ingreso Consejo: 31.01.2011

En sesión ordinaria N° 244 de su Consejo Directivo, celebrada el 10 de mayo de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C102-11.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.L. N° 2460, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en el D.F.L. N° 1, de 1980, del Ministerio de Defensa, que fija el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile; en el Decreto N° 28/1981, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el Reglamento de Calificaciones del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile; en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Clodomiro Bravo Michell, el 10 de diciembre de 2010, solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile (en adelante también “PDI”) que le proporcionara los siguientes antecedentes:

a) Copia de la Hoja de Vida del Sr. Director General de la institución y del Jefe de la Unidad Cuartel Independencia o Borgoño.

b) El número de personas que, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 23 de la Ley Orgánica de la PDI, se encuentren cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en los cuartes de la institución.

c) Horario en que los abogados y familiares pueden visitar a los detenidos en dichos recintos, distinguiendo hasta antes del 6 de diciembre de 2010 y después del 7 de diciembre del mismo año.

d) Copia de la resolución que dispuso dicho cambio de horario, indicando quién la dictó y con qué facultades.

e) Información respecto a si dicha resolución o instructivo fue coordinado o no con la Dirección General de Gendarmería, atendida la asimilación que se asigna a los cuarteles del servicio de la PDI que cumplen funciones penitenciarias.

f) Efectividad del hecho que hasta el 6 de diciembre de 2010, los funcionarios de investigaciones que se encuentran cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva tenían un horario ilimitado de visitas de sus familiares desde las 9:30 a las 12:30 horas y de 15:00 a 9:00 horas.

g) Efectividad de que a partir del 7 de diciembre de 2010 el Jefe del Cuartel Borgoño, Sr. Gerardo Fuentes Sandoval, estableció el siguiente horario de visitas:

i. Para los extranjeros: días martes, jueves y sábados, de 14:00 a 19:00 horas.

ii. Para los funcionarios de Investigaciones sometidos a prisión preventiva: días miércoles y domingos de 15:00 a 19:00 horas.

h) Copia autorizada de la resolución que dispuso el horario de visitas indicado precedentemente, con indicación de las causas y fundamentos legales y normas que facultan al Jefe de la Unidad para adoptar tales medidas.

i) Se informe si en las demás unidades del país se han dictado normas similares y, en caso afirmativo, que se otorgue copia de las resoluciones o instrucciones respectivas.

j) Razones por las cuales el 7 de diciembre de 2010 se habrían puesto dificultades al abogado defensor don Reynerio García de la Pastora Zavala para visitar a su cliente imputado, Saúl Rubilar Acevedo, que se encuentra detenido en prisión preventiva en el Cuartel Borgoño.

2) PRORROGA Y RESPUESTA: El 6 de enero de 2011, la PDI informó al requirente que se encontraba «recabando la información solicitada, razón por la cual prorroga de manera excepcional y única el plazo para evacuar respuesta, por otros diez (10) días hábiles…» En definitiva, la PDI dio respuesta a la solicitud del requirente, por medio de Resolución N° 01, de 20 de enero de 2011, negando el acceso a la información requerida por don Clodomiro Bravo Michell «por cuanto significa distraer a varios funcionarios públicos de sus labores diarias, revisando y analizando las hojas de vida anuales del señor Director General Marcos Vásquez Meza y del Subprefecto Gerardo Fuentes Sandoval, quienes tienen carreras funcionarias de más de 30 años el primero y más de 20 el segundo, aplicando el principio de divisibilidad de la información, debiendo distinguir que antecedentes son de información pública de aquella que corresponde a datos sensibles, que el funcionario público posee», todo ello en virtud de la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, en relación con lo expresado en el artículo 8° y la disposición Cuarta Transitoria, ambas de la Constitución Política.

3) AMPARO: Don Clodomiro Bravo Michell, el 31 de enero de 2011, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la PDI, fundado en que recibió respuesta negativa a su requerimiento, señalando, al respecto, lo siguiente:

a) La resolución que da respuesta a la solicitud de información no es suscrita por el Director General de la institución, sino que por la Prefecto Inspector doña Rosana Pajarito Henríquez, sin siquiera señalar que lo hace “por orden del señor Director”.

b) Si se hubiera solicitado copia de la hoja de vida de la totalidad del personal de un cuartel de la PDI, encontraría plausible la excusa invocada, pero, en el presente caso, sólo se trata de dos funcionarios, lo que opina no requiere distraer a una gran cantidad de personal institucional para elaborarla, «máxime si se tiene presente que el actual Director General de la PDI fue designado por la Presidente Michelle Bachelet, y fue confirmado en su cargo por la actual administración del Presidente Piñera, por lo que es de presumir que, necesariamente, debe haberse efectuado una evaluación de su desempeño para confirmarlo en el cargo como ha ocurrido hasta ahora», por lo que resulta inaceptable la excusa dada por la funcionaria referida para negar lugar a la petición formulada por este requirente

4) SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y SUBSANACIÓN: Atendido que, de los antecedentes acompañados por el reclamante, se advierte que la PDI sólo denegó el acceso a una parte de toda la información (la relativa a la copia de las hojas de vida de los funcionarios indicados en la solicitud de información que ha dado origen al presente amparo), lo que hace presumir que el órgano requerido habría dado respuesta a parte de la información requerida, se solicitó al requirente, por medio del Oficio N° 285, de 3 de febrero de 2011, que se pronunciara respecto a si los antecedentes que habrían sido proporcionados por dicha institución satisfacen o no su requerimiento. Al respecto, el Sr. Bravo Michell indicó, por medio de presentación de 4 de febrero de 2011, que la PDI informó al tenor de lo solicitado por él respecto de los otros puntos señalados en su solicitud, precisando que lo que motivó la presentación del presente amparo es la negativa a otorgar la copia de las hojas de vida de los funcionarios indicados.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo al Sr. Director General de la PDI, mediante el Oficio N° 290, de 3 de febrero de 2011. En respuesta a este último, los descargos fueron formulados por la Jefe Subrogante de Jurídica, Prefecto (J) Angélica Opazo Romero, señalando, en lo que respecta a la negativa a entregar las hojas de vida de los dos funcionarios indicados en la solicitud de información, lo siguiente:

a) Ratifica y reitera lo señalado en la respuesta dada al reclamante por medio de la Resolución N° 01, del 20 de enero de 2011.

b) Respecto a la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, agrega que la entrega de la información requerida implica la reproducción íntegra de la totalidad de los antecedentes y documentos que conforman la hoja de vida de los funcionarios individualizados en la solicitud –esto es, del Director General de la PDI y del Jefe de la Unidad Cuartel Independencia o Borgoño–, los que comprenden más de 30 años, en el caso del primero, y más de 20 años en el segundo, cuestión que distrae indebidamente a los funcionarios de la Institución en el cumplimiento regular de sus labores habituales, ya que ello requeriría la utilización de un tiempo excesivo considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales.

c) Agrega que la hoja de vida funcionaria constituye un documento que registra no sólo las anotaciones referentes al desempeño en la carrera de un determinado funcionario –tales como sus destinaciones, calificaciones, sanciones que se le hayan aplicado en un proceso administrativo, entre otras–, sino que también contiene información de carácter personal e incluso sensible, relativa al estado civil del funcionario, nombre de su cónyuge, de sus hijos, antecedentes médicos, licencias médicas que se hayan extendido al funcionario, entre otros datos referidos a su vida privada, además de contener, eventualmente, información de carácter personal de terceros ajenos a la Institución. Señala que dicho documento se confecciona en forma anual, cuya apertura se inicia con la fecha de ingreso del funcionario a la PDI y se cierra con los documentos que disponen su retiro.

d) Expone, además, que ante el ingreso de las solicitudes de acceso a información, la Institución analiza cada caso en particular, estimando que se configura la distracción indebida de las funciones cuando concurren los siguientes elementos:

i. El número de funcionarios que laboran permanentemente en el área o materia respecto de la cual se haya solicitado la información;

ii. La carga de trabajo diario que tienen estas personas y tiempo que destinan a ello;

iii. Cantidad de trabajo y tiempo que se requiere para atender la solicitud de acceso a información;

iv. Nivel en que aumenta la carga de trabajo si se han de responder la solicitud de acceso a información.

e) En la especie, se justifica la concurrencia de los elementos mencionados, atendidas las funciones que, conforme al artículo 123 del Reglamento Orgánico de la PDI, Decreto Supremo N° 41, de 1987, debe cumplir la planta del personal de dotación de la sección Archivo y Registro de la Jefatura del Personal, a saber:

i. Extender pasaporte al personal que ingresa a la Institución;

ii. Confeccionar certificados y copia de antecedentes policiales que solicite el personal en actividad y en retiro;

iii. Conservar actualizadas las carpetas de antecedentes individuales, registros y documentación que corresponda referida al personal de la Institución;

iv. Conservar la documentación de la Jefatura del personal.

v. Confeccionar certificados referentes al tiempo computable del personal, resúmenes de Hoja de Vida, reproducir y certificar las carpetas de antecedentes individuales de un determinado funcionario, entre otras.

f) Indica que, para el cumplimiento de las funciones mencionadas, dicha sección policial cuenta con una dotación de 12 funcionarios, quienes ejercen sus labores en una jornada de trabajo distribuida de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 horas, con 1 hora de colación entre las 13:00 y 14:00 horas.

g) Agrega que dicha dotación tiene una carga de trabajo mensual aproximada de 450 solicitudes, sin contabilizar las solicitudes canalizadas en virtud de la Ley 20.285. Señala asimismo que, en la especie, encomendar a un funcionario la reproducción de las hojas de vida solicitadas le implicaría postergar el cumplimiento de sus labores habituales, para privilegiar la solicitud que ha dado origen el presente amparo, además de proceder a censurar la información de carácter personal y/o sensible que existe en dichos antecedentes.

h) Por ello, atribuye la complejidad de la solicitud no sólo a la extensión de la documentación requerida, sino también, porque su reproducción requiere de un análisis y revisión exhaustiva de todos y cada uno de los antecedentes que comprenden las hojas de vida solicitadas, a fin de determinar qué información tiene el carácter de dato personal, e incluso sensible, y aquella que afectare derechos de terceras personas, la que debería ser censurada o eliminada, en virtud del principio de divisibilidad, por los funcionarios de la sección respectiva de la institución.

i) Finalmente, expone que la historia fidedigna de la Ley 20.285 indicó que resulta imprescindible cautelar la primacía de la función administrativa o pública que el órgano o servicio está llamado a atender, de modo que el ejercicio del derecho de acceso no se transforme en un entorpecimiento del funcionamiento normal de éstos, demostrando que el derecho de acceso a la información no es absoluto y debe ejercerse razonablemente.

6) TENGASE PRESENTE DE LA PDI: En respuesta a una solicitud hecha por este Consejo al Director General de la PDI, a objeto de realizar una visita técnica a dicha institución para permitir la revisión personal de las hojas de vida funcionarias pertenecientes a los efectivos de dicha institución a que se refiere la solicitud, la PDI, el 6 de abril de 2011, mediante Ordinario N° 162, de esa misma fecha, representa a este Consejo que, en su opinión, resulta improcedente la realización de una visita inspectiva e inspección personal por parte de funcionarios del Consejo, por lo que solicita que, en virtud de lo dispuesto por el inciso tercero del artículo 25 de la Ley de Transparencia, se decrete una audiencia de prueba para que dicha institución pueda presentar los antecedentes pertinentes tendientes a acreditar sus alegaciones. Asimismo, señala lo siguiente:

a) En la decisión del amparo C427-09, el Consejo señala que la concurrencia de la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, debe ser analizada en forma casuística, agregando que, al evacuar el traslado conferido en este reclamo, había manifestado que acceder a la entrega de la información requerida «[i]mplica para el abogado jefe de la Sección, analizar previamente el contenido de la información contenida en sus respectivas Hojas de Vida, para efectos de omitir información de carácter personal e incluso sensible, de 54 años de carrera, computando los años de servicio de ambos funcionarios, cuya funcionaria no tiene dedicación exclusiva para atender las solicitudes de acceso a la información amparadas en la Ley N° 20.285».

b) Asimismo, afirma que «[l]a Hoja de Vida del funcionario, al ser un ejemplar que se lleva en original, para ser analizada y aplicar el principio de divisibilidad de la información, restringiendo los datos personales del funcionario, requiere ser copiada previamente y luego analizada, análisis que no realiza el encargado del archivo sino la abogado de la Sección de Acceso a la Información Pública. Dicha Sección, que funciona al interior de la Jefatura Jurídica, …, tiene como funciones, la gestión de solicitudes de acceso a la información pública formulada a las distintas reparticiones y unidades a nivel nacional; coordinar con los encargados de archivo la ubicación de antecedentes relacionados con solicitudes; emitir informes técnicos para las distintas autoridades requeridas; representar a la Institución ante reclamos ante el Consejo para la Transparencia y las Cortes de Apelaciones respectivas; y capacitar al personal institucional involucrados en la gestión de solicitudes de información. La referida Sección está integrada por tres profesionales abogados, una de las cuales es su jefa, las que no tienen dedicación exclusiva para estas labores, ya que al ser de dotación de la citada jefatura, participan e integran comisiones técnicas para la adquisición de bienes y servicios, elaboran pronunciamientos e informes en derecho sobre diversas materias atingentes a la Institución, informan sumarios administrativos e investigaciones sumarias, tramitan juicios ante Juzgados de Policía Local, y además recepcionan y tramitan la totalidad de las solicitudes de acceso a la información pública que recibe la Institución a nivel nacional».

7) VISITA TÉCNICA: El 6 de mayo, a las 17:00 horas, el abogado analista de la Unidad de Reclamos de la Dirección Jurídica de este Consejo, don Ariel Gómez Muñoz, se constituyó en el cuartel central de la PDI, quien acompañado por la funcionaria policial Prefecto Inspector (J) doña Rosana Pajarito Henríquez y por don William Al-Knor García Huidobro, asesor de la Jefatura Jurídica de dicha Institución, procedió a revisar las Carpetas de Antecedentes Individuales (CAI) del Sr. Director General de la PDI –don Marcos Vásquez Meza– y del Jefe de la Unidad Cuartel Independencia o Borgoño –don Gerardo Fuentes Sandoval–, lo que le permitió constatar lo siguiente:

a) Las Carpetas de Antecedentes Individuales (CAI) de dichos funcionarios se componen de numerosos antecedentes, entre los cuales se encuentran las hojas de salud del funcionario –que dan cuenta de las licencias médicas y diagnósticos de cada uno de ellos–, los certificados de medicina preventiva, los informes de calificaciones y las hojas de vida anuales de los funcionarios –las que reciben la denominación de “anuales”, debido a que cada año se confecciona una hoja de vida por cada funcionario–, siendo estas últimas los antecedentes solicitados en la especie.

b) Cada hoja de vida anual de los funcionarios a que se refiere la solicitud del Sr. Bravo Michell, por su parte, se compone, en promedio, de 15 hojas escritas por ambas caras, esto es, de 30 páginas.

c) Las hojas de vida anual contienen anotaciones de una serie de antecedentes, realizadas cronológicamente, entre los cuales se encuentran los siguientes: ingreso a la institución, comisiones de servicios de cada funcionario, permisos, el uso del feriado anual (vacaciones), subrogaciones, evaluaciones mensuales e informes trimestrales del funcionario –realizadas por su superior jerárquico–, constancia de haber tomado conocimiento de una serie de documentos e instrucciones internas de la PDI –los que son transcritos en forma íntegra–, licencias médicas y diagnósticos realizados, notificaciones de las calificaciones del funcionario y clasificación en la lista respectiva de la PDI, solicitudes de cuenta escritas realizadas por sus superiores respecto de distintos eventos, tanto de la vida funcionaria como particulares, cuentas escritas realizadas por el funcionario –transcritas en forma íntegra, conteniendo, en ocasiones, antecedentes personales de terceros–, anotaciones de mérito –algunas de ellas dan cuenta de operaciones en las que intervino el funcionario, el resultado de las mismas, causas judiciales o investigaciones en las que inciden, nombre de personas detenidas, ilícitos que se le imputan a esas personas, antecedentes de los detenidos registrados en el sistema de gestión policial, entre otros antecedentes–, anotaciones de demérito, unidades en las que ha servido, resultados de sumarios, recursos administrativos interpuestos en contra de las calificaciones o clasificación asignada al funcionario, informe de visitas domiciliarias efectuadas por sus superiores –las que dan cuenta de una serie de antecedentes, entre ellos el domicilio, integrantes de la familia, etc. –, ascensos, recursos y antecedentes fundantes de los mismos en contra de las anotaciones realizadas en la hoja de vida anual respectiva y la resolución del mismo.

d) Doña Rosana Pajarito Henríquez hace presente que la información contenida en las hojas de vida anual de los funcionarios de la PDI es muy sensible, ya que ella permite efectuar un acabado control tanto de su conducta funcionaria como privada, a fin de evitar, detectar y sancionar eventuales infracciones a las normas que regulan la probidad de los funcionarios públicos, agregando que dicho control, así como la reserva de dichos antecedentes, es esencial atendidas la naturaleza y las especiales características de las funciones que desempeñan los integrantes de la PDI, por lo que su publicidad podría afectar la seguridad de dichos funcionarios, así como las de sus familias y la del funcionamiento de la institución.

e) En dicha oportunidad, además, se entregó al funcionario del Consejo para la Transparencia una copia del Decreto N° 28, del Ministerio de Defensa Nacional, de 1981, cuyo artículo 13 regula la hoja de vida anual de los funcionarios de la PDI, disponiendo que «es un documento Reservado, destinado a registrar la actuación y desempeño profesional de cada miembro de la institución, dentro del periodo calificatorio correspondiente», agregando que las anotaciones se harán en forma cronológica. Asimismo, indica que cuando el jefe sea trasladado deberá estampar su opinión respecto de todo el personal bajo su dependencia directa y otros antecedentes relacionados con el funcionario.

f) Las hojas de vida anual son empleadas en el proceso de calificación anual de cada funcionario, correspondiente al periodo transcurrido entre el 1° de agosto del año anterior al que se practica la calificación y el 31 de julio de este último año. En dicho proceso de calificación, según el artículo 16° del mencionado Decreto N° 28, se evalúan los siguientes factores: espíritu de cuerpo, disciplina, reserva funcionaria, aptitud de mando, respeto a la dignidad humana, ética profesional, capacidad funcionaria, criterio, iniciativa, conducta privada, cooperación, sociabilidad, condición física, asistencia y puntualidad, capacidad para planificar, capacidad de control y responsabilidad del mando.

g) Actualmente, en la sección de Acceso a la Información de la jefatura jurídica trabajan dos oficiales de justicia, cada uno de ellos con una jornada de 22 horas semanales, debiendo dedicarse, además, a la tramitación de investigaciones sumarias y sumarios administrativos, realización de informes jurídicos y otras materias que se les puedan encomendar, de tal suerte que no poseen dedicación exclusiva en materias de transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer término, se debe precisar que el presente amparo se circunscribe a la negativa de la PDI de otorgar acceso las hojas de vida del Director General y del Jefe de la Unidad Cuartel Independencia o Borgoño de dicha institución.

2) Que, a continuación, previo al análisis del fondo del asunto, en relación a la supuesta improcedencia de que la respuesta entregada por la PDI haya sido suscrita por la Prefecto Inspector (J) doña Rosana Pajarito Henríquez, y no por el Director General del Servicio, alegada por el requirente en su ampro, resulta necesario desestimar tal reclamo, ya que conforme a lo dispuesto por el Director General de la PDI, en su Orden General N° 2229, de 20 de abril de 2009, se ordenó la creación de la “Sección de Acceso a la Información Pública”, dependiente administrativa y disciplinariamente de la Jefatura Jurídica, asignándole, entre otras, la función de «[g]estionar las solicitudes de acceso a la información pública que sean formuladas por escrito en las distintas unidades y reparticiones institucionales y las realizadas a través del sitio electrónico de la institución», lo que permite concluir que, entre sus facultades, se encuentra la de dar respuesta a dichas solicitudes, asignándole además la función de «[r]epresentar a la institución ante reclamos presentados por los solicitantes ante el Consejo para la Transparencia y la Corte de Apelaciones respectiva». A mayor abundamiento, cabe tener presente que en virtud del artículo 12 N° 1 de la Ley N° 19.880, aquellas autoridades y funcionarios de la Administración que tenga interés personal en el asunto de que se trate el procedimiento administrativo respectivo, se abstendrán de intervenir en el procedimiento, por lo que, en la especie, dicho funcionario no puede menos que abstenerse de pronunciarse sobre dicha solicitud.

3) Que, sobre el fondo del presente amparo, resulta necesario tener presente que el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, establecido en el D.F.L. N° 1, de 1980, del Ministerio de Defensa, regula, entre otras materias, el proceso de calificaciones de los funcionarios de dicha entidad policial (artículos 53 a 67). Al respecto, su artículo 53 dispone que «[t]odo el personal de Policía de Investigaciones de Chile deberá ser calificado y clasificado anualmente, con excepción del Director General, los Oficiales Generales, el personal a contrata y los Aspirantes a Oficiales Policiales», precisando, el artículo 54, que «[l]a calificación es la evaluación de la labor anual desarrollada por cada funcionario, en el ejercicio de su cargo o empleo, de acuerdo a las normas que establezca el reglamento» (inciso primero), agregando que «[l]a calificación comprenderá un período de 12 meses fijados en el respectivo reglamento, debiendo considerarse para los efectos de la calificación la actividad funcionaria desempeñada en el período que allí se indique” (inciso segundo), y, en lo que interesa al presente amparo, el inciso primero del artículo 58 de este cuerpo normativo establece que «[l]a calificación se hará basada en los conceptos contenidos en la correspondiente Hoja de Vida y demás antecedentes que estime útiles al efecto».

4) Que, por otro lado, precisa el Reglamento de Calificaciones del personal de la Policía de Investigaciones de Chile, aprobado por el Decreto N° 28/1981 del Ministerio de Defensa Nacional, en su artículo 13, que la hoja de vida funcionaria es «…un documento destinado a registrar la actuación y desempeño profesional de cada miembro de la Institución, dentro del período calificatorio correspondiente. Las anotaciones se harán en forma cronológica, antecedidas por el título que las identifica, tales como, ingreso a la Institución; destinaciones; presentación en la Unidad; sanciones; permisos; licencias médicas; medicina preventiva; lista de calificación anual; feriado legal; ascensos; fecha de despacho de la Unidad; observaciones acerca de modales y presentación del funcionario cuando corresponda; felicitaciones; anotaciones de mérito; informes trimestrales de aquellos funcionarios que fueron clasificados en Lista 3, regular; actuaciones que signifiquen concurrencia a cursos, seminarios o conferencias, ya sea como auditor o expositor; opinión del jefe respecto de sus condiciones personales y profesionales cada vez que el funcionario sea trasladado y despachado a otra Unidad». Sin perjuicio de lo anterior, la propia norma reconoce la existencia de una hoja de vida resumen de cada funcionario, la que deberá contener el total de felicitaciones, de sanciones, de anotaciones de mérito, de demérito, y de constancias positivas y negativas. La misma norma dispone que, además de la hoja de vida del funcionario en original, existe una copia que se encontrará archivada en la carpeta de antecedentes del funcionario en la respectiva unidad o repartición donde éste preste servicios.

5) Que, este Consejo, en las decisiones de los amparos A47-09, de 15 de julio de 2009, A58-09, de 4 agosto de 2009 y A95-09 y A327-09, ambas de 6 de noviembre de 2009, entre otras, ha sostenido que la órbita de privacidad de los funcionarios que trabajan para la Administración del Estado es más reducida que la del resto de las personas, y ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño (decisión A323-09, de 20 de noviembre de 2009), registros de asistencia (decisiones A181-09, de 15 de julio de 2009, y C434-09, de 27 noviembre de 2009) currículum vítae de algunos funcionarios (decisión C95-10). Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser funcionarios públicos al servicio de la misma.

6) Que, las hojas de vida anuales de los funcionarios a que se refiere la solicitud de información del Sr. Bravo Michell, han sido elaboradas con presupuesto público, sirven de fundamento y complemento de resoluciones dictadas por la PDI y, además, obran en poder de un órgano de la Administración del Estado, por lo que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5°, 10 y 11, letra c), de la Ley de Transparencia, constituyen información que, en principio, posee el carácter de información pública, salvo que concurra a su respecto alguna causal legal de secreto o reserva.

7) Que, en el presente caso, el órgano reclamado ha denegado la entrega de la hoja de vida funcionaria del Sr. Director General de la PDI y del Jefe de la Unidad Cuartel Independencia o Borgoño, invocando la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, vale decir, la afectación del debido cumplimiento de sus funciones, atendido el carácter genérico de la solicitud y que lo solicitado constituye un elevado número de actos cuya recopilación significaría distraer indebidamente de sus funciones habituales a los funcionarios del Servicio reclamado, más aun considerando que parte de la información contenida en las hojas de vida debe ser tarjada, por lo que se requiere de un análisis pormenorizado de cada una de ellas para determinar qué se debe tarjar y qué no.

8) Que, respecto al carácter genérico de la solicitud del requirente, es necesario tener presente que el artículo 7° N° 1, letra c), del Reglamento de la Ley de Transparencia, precisa la causal del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley, señalando que se entiende por requerimientos de carácter genérico a aquellos que carezcan de especificidad respecto de las características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o período de vigencia, autor, origen o destino, soporte, etcétera. Aplicando la norma a este caso —y conforme ya se estableciera en la decisión A39-09 de este mismo Consejo— se estima que la solicitud que da origen al presente amparo, cumple con el requisito de especificidad –y consecuencia de ello se rechaza la causal alegada en este punto-, pues la petición está circunscrita a materias determinadas (hojas de vida de los funcionarios señalados), respecto de personas determinadas, y referido a un período puntual (los años de servicio de cada uno de los funcionarios individualizados).

9) Que, en lo que respecta a la alegación de que se trataría de un elevado número de actos cuya atención requiere distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, es necesario tener en consideración que el Director General de la PDI ha servido a dicha institución por, a lo menos, 33 años, mientras que el Jefe de la Unidad Cuartel Independencia o Borgoño, posee más de 20 años de servicios, de tal suerte que, en la especie, lo solicitado se compone de más de 53 hojas de vidas anuales, lo que, atendido el número promedio de páginas de cada una de ellas, comprende más de 1.590 páginas.

10) Que, sin perjuicio de lo anterior, en la misma línea argumental expresada en el considerando 6° anterior, luego de analizar los antecedentes que reglamentariamente deben constar en las hojas de vida de los funcionarios de la PDI, así como de aquellos que se observaron en la visita inspectiva realizada por este Consejo, se concluye que algunas tienen carácter público y deben ser entregados los siguientes antecedentes: ingreso a la institución, destinaciones, presentación en la Unidad, permisos, lista de clasificación anual, feriado legal, ascensos, fecha de despacho de la unidad, felicitaciones, evaluaciones mensuales e informes trimestrales –si es que los hubiera– realizadas por el superior jerárquico de cada funcionario, actuaciones que signifiquen concurrencia a cursos, seminarios y conferencias, ya sea como auditor o como expositor, subrogaciones, notificaciones de las calificaciones del funcionario, recursos administrativos, y antecedentes fundentes de los mismos, deducidos por los funcionarios en contra de las calificaciones o clasificación que le han sido asignadas, así como en contra de las anotaciones realizadas en la hoja de vida anual respectiva y la resolución de los mismos.

11) Que, asimismo, respecto de la información sobre las sanciones de las cuales puedan dar cuenta las hojas de vida de estos funcionarios policiales, debe tenerse presente que el artículo 21 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, dispone que los organismos públicos «que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena». Si bien este artículo establece un manto de protección para los datos personales en poder de la Administración referidos a las sanciones cumplidas –en la nomenclatura del artículo 2°, letra d), de la Ley N° 19.628, un “dato caduco”– debe concluirse que la afectación de dicho derecho debe valorarse a la luz del efectivo perjuicio que produciría la entrega de esa información. En tal sentido, siguiendo el razonamiento planteado en la decisión de amparo C664-10, resulta pertinente destacar el elevado interés público que trae consigo el conocimiento del comportamiento funcionario de los miembros de la Policía de Investigaciones de Chile, atendidas las características esenciales de su labor, ante el cual cede el derecho de los funcionarios que hayan sido sancionados a no dar a conocer la entidad de dichas medidas, no obstante estar cumplidas, lo que hace que la información relativa a los resultados de sumarios, sanciones y anotaciones de demerito sean públicas.

12) Que, en cambio, las hojas de vida contienen información o datos relativos al domicilio particular de los funcionarios, sus condiciones de vida y antecedentes médicos, los que están referidos a datos personales respecto de los cuales los citados funcionarios son titulares, a la luz de la definición contenida en el artículo 2º, letra f), de la Ley Nº 19.628, los que incluso podrían tener el carácter de datos sensibles, conforme lo señala el literal g) del mismo artículo, y que no dicen relación directa con la función pública que realizan, por lo que resulta improcedente su entrega sin que conste que los funcionarios hayan consentido expresamente en el tratamiento de tales datos, ni que éstos provengan de fuentes accesibles al público.

13) Que, en la visita inspectiva realizada por este Consejo, se pudo constatar que las hojas de vida contienen solicitudes de cuenta escrita –que consisten en solicitudes realizadas al funcionario titular de la hoja de vida, a fin de que informe a su superior respecto a algunas eventos en los que ha intervenido, tanto en el ejercicio de su función policial como de la vida privada del funcionario–, cuentas escritas realizadas por el funcionario –transcritas en forma íntegra, conteniendo, en ocasiones, antecedentes personales de terceros–, comisiones de servicios de cada funcionario –las que, en ocasiones, dan cuenta de su intervención en operativos de carácter reservados, atendida la naturaleza de las misiones–, transcripciones íntegras de documentos e instrucciones internas de la PDI, a fin de constatar que los funcionarios tomaron conocimiento de las mismas –dichos documentos se refieren a diversas materias, algunas de ellas de vital importancia para el debido funcionamiento de la institución, tales como instrucciones del uso de armas de servicios o de la seguridad de los recintos policiales, por ejemplo–, respecto de las cuales concurrirán causales de secreto o reserva según el contenido de las mismas, debiendo realizar un análisis pormenorizados de cada una de dichas anotaciones.

14) Que, asimismo, los informes de las visitas inspectivas realizadas a los funcionarios, y contenidas en las hojas de vida, contienen información o datos relativos a la familia de los mismos, tales como los nombres de sus cónyuges e hijos, su domicilio, así como sus condiciones de vida, de tal suerte que su publicidad, comunicación o conocimiento podría afectar sus derechos, particularmente su seguridad y la esfera de su vida privada, lo que configuraría, a su respecto, la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

15) Que, asimismo, los documentos requeridos dan cuenta del nombre de varias personas que fueron detenidas o aprehendidas por los funcionarios a que se refiere la solicitud de información del Sr. Bravo Michell, así como los delitos que se le imputan en dichas detenciones y otros antecedentes que obraban en poder de la PDI al momento de su captura, debiendo habérseles comunicado la solicitud del requirente a objeto de que aquéllos ejercieran el derecho de oposición establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Esto, sin embargo, en el caso en análisis, resultaba imposible de efectuar en la práctica, atendido el alto número de personas que se encontraba en tales circunstancias, y la dificultad para ubicarlas dentro del plazo legal para notificarlas, sin perjuicio de lo cual, dadas estas especiales dificultades y en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, así como las normas pertinentes de la Ley N° 19.628, debe negarse el acceso a dicha información de los terceros.

16) Que, en este sentido, la Ley de Transparencia en su artículo 11 letra e) reconoce la existencia del principio de divisibilidad, conforme al cual si un acto administrativo contiene información que pueda ser conocida e información que deba denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda, lo que, en la práctica, implica que deba tacharse aquella información que debe denegarse en virtud de causa legal, como aquella indicada en los considerandos 12° a 15° precedentes.

17) Que, en torno a la ponderación de la causal del artículo 21 N° 1 letra c) alegada, sobre la eventual distracción indebida, considerando el criterio desarrollado por este Consejo en sus decisiones C427-09, C327-10, C517-09 y C31-10, debe considerarse, previamente, el volumen de la información involucrada, el alcance de aquella información que debe resguardarse, y en qué medida las hojas de vida anuales de cada uno los referidos funcionarios se encuentran sistematizadas, por lo que podría entenderse, en su caso, que, dadas ciertas circunstancias, su entrega ocasionaría una distracción indebida de los funcionarios de sus labores habituales.

18) Que, respecto a lo anterior, atendido lo indicado en el considerando 9° anterior, en la especie, lo solicitado está constituido por más de 1.590 páginas las que, a su vez, deben ser analizadas pormenorizadamente a fin de tarjar todos aquellos antecedentes que posean el carácter de reservados, como los indicados en los considerandos 12°, 14° y 15°, así como aquellos documentos de la PDI cuya divulgación pueda afectar el debido funcionamiento del órgano, o revelar antecedentes o conductas de la vida privada del funcionario, como los indicados en el considerando 13°, tarea que, en la especie, debe ser desarrollada por el personal de la sección de Acceso a la información pública, tarea para la cual, efectivamente, se requiere destinar una gran cantidad de tiempo, lo que implica una afectación del debido funcionamiento de dicha unidad, especialmente atendido la poca cantidad de funcionarios que laboran en ella y las horas que sirven para la institución, razón por la cual se tendrá por acreditada la causal de reserva invocada.

19) Que, la letra j) del artículo 33 de la Ley de Transparencia, otorga al Consejo para la Transparencia la función y atribución de “Velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y la Ley Tengan carácter secreto o reservado”.

20) Que, de acuerdo al artículo 110 de la Constitución Política, la PDI integra las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, junto a Carabineros de Chile, los que constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior.

21) Que, atendida la naturaleza de las funciones desempeñadas por el personal de la PDI, la publicidad de aquellos datos relativos al domicilio de los funcionarios, sus condiciones de vida, así como las diligencias y operativos policiales en las que ha intervenido como agente encubierto o desempeñando otras funciones esenciales a fin de obtener resultados exitosos, exponen a éstos al riesgo cierto de ser víctimas de ataques o atentados por parte de delincuentes u organizaciones criminales, por lo que, se configura a su respecto, y solo respecto de los antecedentes descritos en los considerandos 13° y 15° anteriores, además, la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en lo que respecta a la afectación de los derechos a la seguridad y vida privada de dichos funcionarios.

22) Que, la afectación de la seguridad de los funcionarios de la PDI con la publicidad de la información que excede el ámbito puramente funcionario –descritos en los considerandos 13° y 15° anteriores– contenida en las hojas de vida requeridas, en particular respecto del Director General de la Institución y del Jefe de un cuartel de dicha entidad policial, implica, además, una afectación de la seguridad pública, pues ella se ve directamente impactada cuando los órganos encargados constitucionalmente de su mantención son víctimas de atentados o agresiones de carácter delictual, lo que implica un daño superior al beneficio que la divulgación de esta información aportaría al debate público y al control social de la acción policial. De esta forma, también se configura, en la especie y respecto de estos particulares antecedentes, la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia.

23) Que, por lo expuesto precedentemente, por estimarse que concurre la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra c), invocada por la PDI, así como las causales del artículo 21 N° 2 y N° 3 del mismo cuerpo normativo, este Consejo rechazará el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el presente amparo, deducido por don Clodomiro Bravo Michell en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por los fundamentos señalados en los considerandos precedentes.

II. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Clodomiro Bravo Michell y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.