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Verouschka Werner Villablanca con MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA Rol: C986-14

Consejo para la Transparencia, 29/08/2014

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Huechuraba, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a "el detalle de morosidades en favor de la Municipalidad: derechos vinculados a publicidad, Obras municipales. Solicita detalles de morosidades por patente comercial. Requiere los datos indicando deudor, domicilio, monto, representante legal, concepto y períodos adeudados". Requiere que la información sea remitida en formato Excel. El Consejo acoge el amparo, toda vez que la información referente al pago de derechos municipales es de carácter pública, al igual que la identidad de los deudores y el monto adecuado. De esa manera lo ha querido el legislador, desde el momento en que establece la obligación de las municipalidades a certificar tal hecho, a petición de cualquier persona. Respecto a los morosos, la deudas tributarias constituyen el reflejo de cargas públicas, cuyo cumplimiento tiene un evidente interés publico que justifica su publicidad.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C986-14

Entidad pública: Municipalidad de Huechuraba

Requirente: Verouschka Werner Villablanca

Ingreso Consejo: 22.05.2014

En sesión ordinaria N° 550 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de agosto de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C986-14.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de abril de 2014, doña Verouschka Werner Villablanca solicitó a la Municipalidad de Huechuraba "el detalle de morosidades en favor de la Municipalidad: derechos vinculados a publicidad, Obras municipales. Solicita detalles de morosidades por patente comercial. Requiere los datos indicando deudor, domicilio, monto, representante legal, concepto y períodos adeudados". Requiere que la información sea remitida en formato Excel.

2) RESPUESTA: El 22 de mayo de 2014, la Municipalidad de Huechuraba respondió a dicho requerimiento de información mediante Ord. 1200/164 de la misma fecha, adjuntando respuesta emitida por el Departamento de Patentes Comerciales, que señala que la totalidad de registros y valores son los siguientes:

a) Total de contribuyentes morosos: 807 registros

b) Valor total morosos: $302.602.917

3) AMPARO: El 22 de mayo de 2014, doña Verouschka Werner Villablanca dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de acceso, por cuanto la información entregada no correspondería a la solicitada.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Huechuraba, mediante Oficio N° 002696 de 27 de mayo de 2014, para que al formular sus descargos: 1°) indique indique si, a su juicio, la respuesta entregada a la reclamante satisface íntegramente su solicitud de información de fecha 24 de abril de 2014; (2°) se refiera a la eventual concurrencia de una causal de secreto o reserva de la información solicitada; (3°) señale si la información requerida, a su juicio, afectaba derechos de terceros, en caso afirmativo, informe el N° de terceros a los que se refiere la información solicitada; y, (4°) de corresponder, refiérase a si obran en su poder los datos de contactos de dichos terceros, por ejemplo, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar la eventual aplicación a lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Mediante Ord. 1200/181 de 9 de junio de 2014, el Alcalde de la Municipalidad de Huechuraba presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis, que:

a) Considerando la respuesta emitida por esta unidad a través del Ord. N° 1200/164 de 22 de mayo de 2014, se reconoce que tal solicitud fue respondida en forma parcial, fundado en lo que se expresará.

b) En relación a los puntos 2° y 3°, debe señalarse que se estimó que la información solicitada tipifica, en principio, la causal contemplada en el número 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, es decir, "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico." En lo que se refiere a los terceros involucrados, estas son empresas de la comuna que se encuentran en situación de morosidad, con sus respectivas direcciones, montos, representantes legales, concepto y período adeudado.

c) El número de terceros involucrados alcanza un total de 807 contribuyentes, con un monto adeudado de $302.602.917.

d) Adjunta listado con la información disponible: Rol, nombre de la empresa, dirección, monto adeudado y números telefónicos. Debe señalarse que debido a un desperfecto que presentó el software computacional que administra el Departamento de Patentes Comerciales, no se pudo obtener la totalidad de los registros telefónicos, entregando sólo los que logró filtrar el sistema.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, lo solicitado en la especie corresponde a una nómina con información sobre deudores de la Municipalidad de Huechuraba de derechos vinculados a la publicidad y a obras municipales, y de contribuyentes de patentes comerciales morosas de dicha comuna. Al respecto se debe hacer presente que, según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquélla que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquélla contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

2) Que, en cuanto al marco normativo relativo al presente amparo respecto del detalle de morosidades por patentes comerciales, según el artículo 23 del decreto supremo N° 2385, de 1996, de Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, en adelante la Ley sobre Rentas Municipales, el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, debe pagar una contribución de patente municipal, la que es regulada en los artículos siguientes de dicho cuerpo normativo. Además, la Ley N° 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, establece, clasifica y regula el pago de las patentes de alcoholes. Asimismo, el pago de las patentes municipales -ya sean comerciales, industriales, profesionales o de alcoholes- habilita a los contribuyentes para ejercer una actividad lucrativa en un lugar determinado de la comuna durante toda la vigencia de la misma -salvo en el caso de las patentes profesionales, en que la habilitación para realizar la actividad lucrativa se extiende a todo el territorio de la República-, y que las mismas deben ser pagadas en los plazos establecidos expresamente en los cuerpos normativos citados precedentemente, según corresponda.

3) Que, en lo que respecta a la información relativa al pago de derechos municipales, debe consignarse que conforme a lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley sobre Rentas Municipales, "[l]lámanse derechos municipales las prestaciones que están obligadas a pagar a las municipalidades, las personas naturales o jurídicas de derecho público o de derecho privado, que obtengan de la administración local una concesión o permiso o que reciban un servicio de las mismas, salvo exención contemplada en un texto legal expreso", estableciendo, en el artículo 41 del mismo cuerpo legal, una nómina que contempla algunos de los servicios, concesiones o permisos por los cuales están facultadas las municipalidades para cobrar derechos, entre las cuales se encuentran los permisos que se otorgan para la instalación de publicidad en la vía pública, y los que se prestan u otorgan a través de la unidad a cargo de obras municipales, facultando en su artículo 42 a las Municipalidades para determinar, por medio de ordenanzas locales, "[l]os derechos correspondientes a servicios, concesiones o permisos cuyas tasas no estén fijadas en la ley o que no se encuentren considerados específicamente en el artículo anterior o relativos a nuevos servicios que se creen por las municipalidades...".

4) Que, en virtud de lo expuesto en el considerando precedente, este Consejo entenderá que la solicitud de acceso sobre una nómina con información sobre deudores de la Municipalidad de Huechuraba de derechos vinculados a la publicidad se refiere a aquellos provenientes del cobro por los permisos otorgados para la instalación de publicidad en la vía pública, o que sea vista u oída desde la misma, en conformidad a la Ordenanza Local de Propaganda y Publicidad, y cuyo valor correspondiente se pagará anualmente según la respectiva Ordenanza Local. Ello, según lo dispuesto en el artículo 41, N° 5 de la Ley sobre Rentas Municipales. Por su parte, se entenderá que la solicitud sobre una nómina con información sobre deudores de la Municipalidad de Huechuraba de derechos vinculados a obras municipales, se refiere a aquellos que tienen su origen en los derechos que pueden cobrar los municipios por los servicios, concesiones o permisos que éstos prestan u otorguen a través de la unidad a cargo de obras municipales, relativos a urbanización y construcción y que se regulan, en cuanto a su naturaleza y monto de las prestaciones exigibles, por la Ley General del ramo, su Ordenanza General y las Ordenanzas Locales. Lo señalado tiene su fundamento en el artículo 41, N° 1 de la Ley sobre Rentas Municipales.

5) Que, atendida la causal de reserva invocada por el municipio en teoría cabría dar aplicación al procedimiento del artículo 20 de la Ley de Transparencia. Sin embargo, de acuerdo a lo informado por la reclamada en sus descargos, en cuanto al número de personas respecto de las cuales se afectarían derechos, en los hechos ello es impracticable, lo que obliga a este Consejo a evaluar en abstracto la potencial afectación de derechos de terceros.

6) Que, la reclamada en la especie fundó la denegación de acceso a la información requerida en la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, reproduciendo lo prescrito en dicha norma. Sobre el particular, este Consejo en forma reiterada ha resuelto, a partir de las decisiones recaídas en los amparos Roles A7-09; A39-09 y A140-09, C198-10 y C1590-11, entre otras, que cuando se invoca una causal de secreto por la que se extinguiría la obligación de entregar la información solicitada, corresponde que sea probada por quien la alega, toda vez que las simples afirmaciones resultan insuficientes para acreditar la configuración de la causal de reserva de que se trate. Por lo anterior, atendido lo señalado por la reclamada, corresponde analizar si en este caso concreto la Municipalidad de Huechuraba logró acreditar lo precedentemente expuesto.

7) Que, de las alegaciones del municipio se infiere que al invocar la causal de reserva indicada, se busca proteger la vida privada de las personas que se encontraren en situación de incumplimiento respecto del pago de patentes comerciales, y de deudas vinculadas a la publicidad y obras municipales en favor de la Municipalidad de Huechuraba. Al respecto, este Consejo estima que si bien en la especie, efectivamente puede haber alguna afectación a la reputación derivada de la difusión del carácter moroso de los contribuyentes de patente comercial y de los deudores en cuestiones de publicidad y obras municipales, lo que corresponde determinar propiamente es si la expectativa de reserva está jurídicamente protegida en el caso objeto del presente amparo. En definitiva corresponde resolver si la protección a la vida privada de las personas puede oponerse a la revelación del incumplimiento de sus cargas públicas.

8) Que, al respecto este Consejo sostiene que el Derecho no puede servir como una herramienta de protección para que, a través de un manto de opacidad, se ampare a aquellos que incumplen sus obligaciones para con la sociedad. De esta forma, pese a que en la especie se pueda producir afectación del interés de aquellos contribuyentes o deudores morosos por mantener en reserva su identidad, a ellos no les asiste el derecho de mantener en reserva la circunstancia de encontrarse en incumplimiento de las cargas públicas que les resultan legalmente exigibles. La distinción entre afectación de un interés y de un derecho es del todo relevante, en cuanto el numeral 2° del artículo 21 de la Ley de Transparencia sólo considera fundamento de reserva el perjuicio a este último.

9) Que, asimismo se debe precisar que el interés público prevalente que existe en la revelación de la situación de cumplimiento de los contribuyentes de patente municipal y de los deudores de la municipalidad en publicidad y obras municipales, justifica la publicidad de la información solicitada en el amparo de la especie. A mayor abundamiento, respecto del impacto que pudiere tener la difusión de dichos antecedentes en el sector comercial, en la decisión de amparo Rol C403-11 se señaló: "que el correcto funcionamiento de los mercados requiere la mayor disponibilidad de información posible acerca del nivel de cumplimiento de las obligaciones comerciales de quienes participan en él, por lo que el ocultamiento del historial de cumplimiento de las obligaciones tributarias afecta negativamente el interés público". En efecto, la situación realmente injusta se produce cuando, en la imposibilidad de distinguir cumplidores de incumplidores que resulta de la ausencia de información, los terceros que interactúan con los contribuyentes asignan el mismo análisis de riesgo a unos y otros, lo que supone premiar a los morosos y castigar a los diligentes en el cumplimiento de sus cargas púbicas.

10) Que, en las decisiones de los amparos Roles C472-10, C771-11 entre otras, este Consejo ha señalado que la información sobre el pago de derechos municipales es de carácter pública, al igual que la identidad de los deudores y el monto adeudado (decisión de amparo Rol C403-11). Dichos criterios resultan aplicables en la especie y permiten concluir que las deudas municipales también poseen el carácter de información pública. A mayor abundamiento, este criterio se ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparos Roles C643-12, C1038-12, C1296-13, C2059-13 y, recientemente en la decisión de amparo Rol C212-14.

11) Que, similar conclusión se obtiene respecto de la publicidad del registro de morosos en caso de derechos de aseo. Al respecto se debe destacar lo razonado por este Consejo en la decisión de amparo Rol C1310-11, en que se estableció que "el artículo 6°, inciso 9°, del D.L. N° 3.063 señala que "las municipalidades estarán obligadas a certificar, a petición de cualquier persona que lo solicite, el monto del derecho de aseo que corresponda a una propiedad determinada y la existencia de deudas en el pago de ese derecho", de lo que, a juicio de este Consejo, queda de manifiesto inequívocamente que la circunstancia de la morosidad en el pago de los derechos de aseo que corresponda, se trata de información que el legislador ha querido que sea pública, en tanto establece la obligación de las municipalidades a certificar tal hecho, a petición de cualquier persona de modo que, la publicidad de tal información arranca del propio texto del DL en comento" (Considerando 13).

12) Que, sobre la información de deudores morosos, cabe tener presente el criterio sostenido por este Consejo, en su decisión de amparo Rol C403-11, entre otras, en cuanto a entender que, aún en el caso de personas naturales, en que la calidad de deudor sea un dato personal a la luz de lo dispuesto en el artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, las deudas tributarias constituyen el reflejo de cargas públicas, cuyo cumplimiento tiene un evidente interés público que justifica su publicidad. Además, se precisó que el mismo razonamiento resulta aplicable respecto de los deudores que son personas jurídicas, respecto de las cuales no les resulta aplicable la protección establecida en la ley N° 19.628, antes mencionada.

13) Que, confirma la tesis sostenida por este Consejo, en cuanto a la publicidad de la información solicitada, el criterio establecido por la Contraloría General de la República en su Dictamen N° 42.760 de 2001, en relación a una consulta efectuada por la Municipalidad de Pudahuel acerca de la materia objeto del presente amparo indicando al respecto que la "Municipalidad se encuentra facultada para celebrar contratos con empresas dedicadas a administrar bases de datos con el objeto de incorporar a estas, nóminas de deudores morosos en el pago de patentes o derechos municipales, ello, porque dicha información no tiene el carácter de secreta sino pública y tal materia se halla dentro del ámbito de competencia de la entidad edilicia (...) lo anterior teniendo en cuenta que la ley de rentas municipales establece una preceptiva que se sustenta en la obligatoriedad del pago de los tributos y derechos municipales que regula, considerando el cumplimiento del deudor como supuesto necesario para realizar determinadas actividades (...) En este orden de consideraciones, cabe indicar que la posibilidad de que el Municipio dé a conocer información relativa a los deudores morosos en el pago de tributos o derechos municipales, contribuye a una recaudación más eficaz de éstos, evitando de esa manera, su evasión. Ello, toda vez que la publicidad de tales datos constituye una prevención para los terceros que se relacionen comercial o profesionalmente con los afectados con la información divulgada, lo que redunda en un mayor celo de estos últimos en el cumplimiento de sus obligaciones.".

14) Que, por último cabe ponderar el interés público prevalente en la revelación de los antecedentes sobre deudores de patentes comerciales. Al respecto cabe destacar lo razonado por este Consejo en la citada decisión Rol C212-14, que resolviendo un amparo de la misma requirente sobre una solicitud de similar naturaleza, en su considerando 5) estableció que: "(...) ha de considerarse que los tributos tienen por objeto dotar al Estado de recursos suficientes para el cumplimiento de sus fines, lograr la equidad y la distribución del ingreso. En concordancia con lo señalado, las deudas tributarias constituyen el reflejo de cargas públicas cuyo cumplimiento tiene un evidente interés público, que justifica su publicidad. Si no son sufragadas por quienes están legalmente obligados a ello, el peso económico de esa obligación se transfiere injusta e ineludiblemente al resto de la sociedad, lo que basta para tener por configurado un interés público en el acceso a esta información. Más aún, la impunidad a que suele conducir el velo del secreto respecto de quienes incumplen sus obligaciones para con la sociedad, constituye un incentivo perverso, que poco ayuda al debido cumplimiento de las obligaciones aludidas. En efecto, para el caso de mora en el pago de los tributos, la ley prevé determinadas consecuencias, tales como la aplicación de reajustes e intereses y, en su caso, multas, apremios y su cobro ejecutivo -artículo 47 del D.L. N° 3.063, de 1979- de manera que, en tanto la información requerida forma parte del acto municipal por el cual se persigue el cobro de las obligaciones morosas o su castigo y se encuentra en poder del órgano, en consecuencia tiene el carácter de pública". Confirmando el raciocinio anterior, este Consejo concluye que la protección constitucional de la vida privada y de la honra no puede extenderse a esferas esencialmente públicas referidas al cumplimiento de las cargas de ese carácter, es decir, relativas a las patentes comerciales y a los derechos municipales por concepto de publicidad y obras municipales. No puede haber, desde luego, colisión con la debida protección de la vida privada en materias que corresponden, por antonomasia, a asuntos púbicos que trascienden obviamente la natural esfera de protección a la intimidad. Tampoco existe afectación de la honra cuando simplemente se revela información fidedigna acerca del incumplimiento de dichas cargas públicas, puesto que ello equivaldría a concluir que la defensa de la honra exige esconder la morosidad tributaria y de derechos municipales de quienes, con esa conducta, trasladan injustamente el financiamiento del sector público a los contribuyentes cumplidores. Adicionalmente, la aplicación en la especie de un manto de reserva en nombre de la protección de la honra resultaría, paradojalmente, ya no en una protección de la misma, sino en un incentivo perverso para perseverar en conductas esencialmente injustas para el resto de la sociedad. Por lo razonado precedentemente corresponde desestimar la causal de reserva invocada por el municipio, acoger el presente amparo y requerir a la reclamada que entregue la información solicitada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Verouschka Werner Villablanca, en contra de la Municipalidad de Huechuraba, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Huechuraba:

a) Hacer entrega al reclamante de la información consignada en el numeral 1° de la parte expositiva de la presente decisión.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Verouschka Werner Villablanca, y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Huechuraba.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Rubén Burgos Acuña.