logo
 

Matías Rojas Medina con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C1106-14

Consejo para la Transparencia, 03/09/2014

Se dedujo amparo en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a: a) Nómina de todos los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, adscritos a la ciudad de Puerto Aysén entre los años 1996 y 2003, específicamente el cargo o función que tuvo cada uno de ellos dentro de dicho marco de tiempo; y b) Nómina de todos los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile adscritos a la ciudad de Coyhaique entre los años 1996 y 2003, especificando el cargo o función que tuvo cada uno de ellos dentro de dicho marco de tiempo. El Consejo acoge el amparo, toda vez que lo señalado por el órgano reclamado en el sentido de que no cuenta con la información procesada de sus funcionarios no parece plausible. No parece que una institución profesional y jerarquizado, encargado de investigar delitos y de, por ejemplo, controlar el ingreso y salida de personas del territorio nacional y fiscalizar la permanencia de extranjeros en Chile, no posea registros ni tenga claridad respecto de la cantidad, nombres, funciones y fechas de desempeño, de sus propios funcionarios a nivel regional, sin tener que recurrir a la ficha personal de cada uno de ellas contenida en archivos de soporte papel.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1106-14

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile.

Requirente: Matías Rojas Medina.

Ingreso Consejo: 03.06.2014.

En sesión ordinaria N° 551 de su Consejo Directivo, celebrada el 3 de septiembre de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1106-14

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de abril de 2014, don Matías Rojas Medina solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile-en adelante e indistintamente PDI- la siguiente información:

a) Nómina de todos los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, adscritos a la ciudad de Puerto Aysén entre los años 1996 y 2003, específicamente el cargo o función que tuvo cada uno de ellos dentro de dicho marco de tiempo; y,

b) Nómina de todos los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile adscritos a la ciudad de Coyhaique entre los años 1996 y 2003, especificando el cargo o función que tuvo cada uno de ellos dentro de dicho marco de tiempo.

2) RESPUESTA: El 19 de mayo de 2014, la PDI respondió a dicho requerimiento mediante carta, señalando que la información requerida no se encuentra procesada en los términos requeridos.

3) AMPARO: El 3 de junio de 2014, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la PDI, fundado en la respuesta negativa a su solicitud, en que este organismo no entregó una causal válida para denegar la información ni agotó instancias para procesar lo requerido.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: En virtud de lo anterior, el Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 3020, de 11 de junio de 2014, al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

La PDI evacuó sus descargos y observaciones mediante el Ord. N° 403, de 7 de julio de 2014, remitido por correo electrónico el 15 de julio del año en curso, en los siguientes términos:

a) La información requerida obra en poder de esta Institución, en archivos en soporte papel, no digitalizados, contenidas en "Carpetas de Antecedentes Individuales", que poseen individualmente todos los funcionarios que desempeñan funciones en la Policía de Investigaciones de Chile, que poseen entre otros antecedentes, información acerca de la evaluación y desempeño del personal institucional durante los respectivos periodos calificatorios, además de contener sus licencias médicas, antecedentes de salud y datos relativos a su vida íntima y privada.

Sin embargo, y pese a poseer materialmente la información solicitada, ésta no se encuentra procesada en los términos requeridos por el peticionario, por cuanto no existen registros institucionales que contengan información de la dotación que tuvo la XI Región Policial, durante los años 1996 a 2003, desglosada por año, grado y funciones que cumplieron individualmente cada uno de esos funcionarios en esa época.

b) En razón que la información solicitada se encuentra en archivos en soporte papel, no digitalizados, contenidos en Carpetas de Antecedentes Individuales, que se elaboran para cada integrante que desempeña funciones en la Policía de Investigaciones de Chile, las cuales se encuentran archivadas y bajo la custodia permanente del Departamento de Archivo y Registro de la Jefatura del Personal, para satisfacer el requerimiento del peticionario, se tendrían que revisar y analizar las carpetas de 153 funcionarios a lo menos, para extraer la información y luego de ello procesar y elaborar la misma en los términos exigidos por el señor Rojas Medina. La cifra antes indicada, corresponde a la dotación actual de los funcionarios que prestan funciones en la XI Región Policial, en las ciudades de Coyhaique y Aysén, debiendo revisarse la dotación de las 33 unidades y reparticiones institucionales que conforman esa región. Como se podrá calcular, se debería revisa a lo menos 153 Carpetas de Antecedentes Individuales por año, cifra que incluso podría ser mayor, si se considera que lo más probable es que durante los años consultados, personal de esa región haya sido destinado a otras regiones, incorporándose nueva dotación a esa región, por lo que al menos se deberían revisar desde el año 1996 al año 2003, la cantidad de 1.224 Carpetas de Antecedentes Individuales, más la de aquellos funcionarios que fueron destinados a esa región, cuya cifra se ignora.

c) Satisfacer el requerimiento de este particular, en circunstancias que esa información no se encuentra procesada por dicho Departamento, implicaría en la práctica, de acuerdo al cálculo estimativo determinado por el Jefe de ese Departamento, que se tenga que designar a dos funcionarios de su dotación, con dedicación exclusiva, para que en un periodo de 2 meses a lo menos, se dediquen a la búsqueda y procesamiento de la información solicitada, por cuanto el volumen y cantidad de libros, archivos, tarjetas y carpetas que debiesen ser revisadas podrían superar los mil volúmenes.

d) Sin duda alguna y teniendo en consideración los argumentos de hecho expuestos en su oportunidad por el Jefe del citado Departamento, realizar este trabajo extraordinario, con la sola finalidad de satisfacer el requerimiento de información, provocaría como consecuencia, disminuir la dotación de ese Departamento, la cual asciende en la actualidad a 15 funcionarios, lo que conllevaría sobrecargar el trabajo diario que se le endosa a cada uno de los funcionarios que prestan funciones en esa repartición, generando una distracción indebida del cumplimiento regular y habituales de sus tareas. En efecto, el Departamento de Archivo y Registro de la jefatura del Personal, de acuerdo al artículo 1230 del Reglamento Orgánico de la PDI, realiza las siguientes funciones:

- Extender pasaporte al personal que recién ingresa a la Institución, para que asuma su cargo, como asimismo, los que correspondan de conformidad a la reglamentación interna, y dejar constancia de la presentación y despacho en el registro respectivo, de los funcionarios de otras dotaciones que por cualquier causa permanezcan en la Región Metropolitana;

- Confeccionar certificados y copia de sus antecedentes personales, que solicite el personal en actividad o en retiro;

- Conservar actualizadas las Carpetas de Antecedentes Individuales, registro y documentación que corresponda, referida al personal de la Institución; y,

- Conservar la documentación de la Jefatura del Personal, por el tiempo que la reglamentación institucional respectiva indique.

e) A mayor abundamiento, la dotación de ese Departamento, esto es, 15 funcionarios, dos de los cuales se encuentran haciendo uso de licencia médica, deben velar por la seguridad y custodia de al menos 35.000 mil Carpetas de Antecedentes Individuales, aproximadamente, que corresponden a los antecedentes tanto de funcionarios activos como en situación de retiro, además de extender los certificados que fueren requeridos a nivel nacional por los titulares de dicha información o por los Tribunales de Justicia, tarea que resulta de suma complejidad si se tiene en consideración la premura con las cuales deben ser elaborados dichos documentos.

f) Por ello, la disminución de su dotación afectaría el cumplimiento regular de sus funciones, más aún si se tiene en consideración que la emisión de certificados y la certificación de antecedentes que figuren registrados en las Carpetas de Antecedentes Individuales o en la Hoja de Vida Anual de los funcionarios, son realizados teniendo a la vista todos los documentos que integran esas carpetas, cuyos antecedentes deben ser revisados sigilosamente por los funcionarios de esa dotación, labor que podría resultar más lenta de lo habitual, si no se cuenta con toda la dotación necesaria para realizar aquellas labores.

g) En razón a lo anterior, la elaboración y procesamiento de la información requerida por el particular, no es posible de realizar por cuanto disponer que parte de la dotación de esa repartición realice con dedicación exclusiva, la labor de revisar a lo menos 1.2.24 Carpetas de Antecedentes Individuales, pudiendo incluso ser superior al número indicado, desde el año 1996 al año 2003, distraería al personal del Departamento de Archivo y Registro de la Jefatura del Personal del cumplimiento regular de sus funciones habituales, configurándose la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley N° 20.285.

h) Junto con requerir el rechazo del amparo, solicita como medida para mejor resolver, que personal de ese Consejo Directivo se constituya en dependencias del Departamento de Archivo y Registro de la Jefatura del Personal de la PDI, con la finalidad de inspeccionar en terreno las circunstancias antes mencionadas, previa coordinación con esta Jefatura Jurídica.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, don Matías Rojas Medina solicitó a la PDI las nóminas de los funcionarios de dicha institución adscritos a las ciudades de Puerto Aysén y Coyhaique, entre los años 1996 y 2003, detallándose el cargo o función que tuvo cada uno de ellos en dicho periodo, a lo que la reclamada respondió denegando lo pedido invocando la causal de reserva establecida en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, que permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido el artículo 7°, numeral 1°, letra c), del Reglamento de la citada Ley precisa que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento "requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

2) Que, la PDI indicó que la información solicitada no se encuentra procesada en los términos requeridos por el peticionario, por cuanto no existen registros institucionales que contengan información de la dotación que tuvo la XI Región Policial, durante los años 1996 a 2003, desglosada por año, grado y funciones que cumplieron individualmente cada uno de esos funcionarios en esa época. Dichos antecedentes se encontrarían en archivos en soporte papel, no digitalizados, los cuales están contenidos en "Carpetas de Antecedentes Individuales", que posee cada funcionario de la PDI.

3) Que, a juicio de este Consejo, lo señalado por la reclamada no parece plausible, en cuanto a que no cuenta con la información procesada de sus funcionarios. En efecto, resulta al menos llamativo que un organismo como la PDI, profesional y jerarquizado, encargado fundamentalmente de investigar delitos (artículo 4°, de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile) y de, por ejemplo, controlar el ingreso y salida de personas del territorio nacional y fiscalizar la permanencia de extranjeros en el país (artículo 5°), no posea registros ni tenga claridad respecto de la cantidad, nombres, funciones y fechas de desempeño, de sus propios funcionarios a nivel regional, sin tener que recurrir a la ficha personal de cada uno de ellas contenida en archivos de soporte papel.

4) Que, por lo anterior, este Consejo acogerá el presente recurso, desestimando lo alegado por la reclamada, que incluye la invocación de la causal prevista en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 8°, 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Matías Rojas Medina en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por las razones precedentemente expuestas.

II. Requerir al Director General de la Policía de Investigaciones de Chile:

a) Entregar al solicitante la nómina de todos los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, adscritos a la ciudad de Puerto Aysén entre los años 1996 y 2003, específicamente el cargo o función que tuvo cada uno de ellos dentro de dicho marco de tiempo, y la nómina de todos los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile adscritos a la ciudad de Coyhaique entre los años 1996 y 2003, especificando el cargo o función que tuvo cada uno de ellos dentro de dicho marco de tiempo.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile y a don Matías Rojas Medina.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Rubén Burgos Acuña.