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Juan Pablo Arriaza Zalá con MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Rol: C1714-14

Consejo para la Transparencia, 31/12/2014

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Santa Cruz, fundado en que denegó el acceso a la información solicitada referente a la matrícula total anual de cada establecimiento educacional municipal que es administrado por el DAEM de Santa Cruz, desde el año 2000 a 2014. Solicita considerar como fecha de corte, diciembre de cada año, y en el caso del año 2014, requiere considerar marzo de dicho año. El Consejo acoge el amparo, toda vez que no es posible considerar que para obtener la información solicitada por el reclamante, la Municipalidad de Santa Cruz deba destinar la utilización de un tiempo excesivo, considerando la jornada de trabajo o un eventual alejamiento de las funciones habituales de sus funcionarios. Es más, la sistematización de dicha información no entraba el funcionamiento de dicho órgano. Por tanto, no se configura la causal de secreto invocada referente a la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1714-14

Entidad pública: Municipalidad de Santa Cruz

Requirente: Juan Pablo Arriaza Zalá

Ingreso Consejo: 12.08.2014

En sesión ordinaria N° 581 del Consejo Directivo, celebrada el 31 de diciembre de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1714-14.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de leyN° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de julio de 2014, don Juan Pablo Arriaza Zalá solicitó a la Municipalidad de Santa Cruz la matrícula total anual de cada establecimiento educacional municipal que es administrado por el DAEM de Santa Cruz, desde el año 2000 a 2014. Solicita considerar como fecha de corte, diciembre de cada año, y en el caso del año 2014, requiere considerar marzo de dicho año.

2) RESPUESTA: El 11 de agosto de 2014, la Municipalidad de Santa Cruz respondió a dicho requerimiento de información mediante correo electrónico, invocando el artículo 21 N°1, letra c) de la Ley de Transparencia, en virtud del cual "Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales".

3) AMPARO: El 12 de agosto de 2014, don Juan Pablo Arriaza Zalá dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que se habría denegado el acceso a la información requerida. Agregó que la información solicitada es del máximo interés público, toda vez que corresponde a la matrícula escolar que todo Departamento de Educación Municipal debe registrar, contener e informar como parte central de la gestión municipal.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Santa Cruz, mediante Oficio N° 4803 de 27 de agosto de 2014.

Mediante Ord. N° 1045 de 9 de septiembre de 2014, la Municipalidad de Santa Cruz presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que:

a) En su oportunidad se respondió al reclamante que el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia establece que se podrá denegar la información solicitada en virtud de dicha norma.

b) Precisamente el requirente solicita la matrícula total anual de cada establecimiento educacional municipal, no especifica que documentos solicita, quedando la impresión que requiere copia de cada matricula de cada alumno, con el nombre de cada uno, de cada colegio municipal por el periodo que va desde el año 2000 al año 2014. La recopilación de dicha información implicaría distraer indebidamente a los funcionarios del Departamento de Educación Municipal de sus funciones propias.

c) El requirente debió haber especificado la información solicitada en cuanto a los datos y documentos solicitados, estableciendo la forma que debía ser entregada. Esto habría permitido a la Municipalidad responder a la solicitud. El carácter genérico de ésta hace inviable su respuesta, puesto que obligaría a distraer a varios funcionarios, para entregar todos los antecedentes de matrículas de los últimos 14 años.

Posteriormente, mediante presentación ingresada a esta Corporación con fecha 26 de septiembre de 2014, la Municipalidad de Santa Cruz complementó sus descargos, señalando, en síntesis que:

a) La solicitud efectuada resulta ambigua y desproporcionada, toda vez que se refiere a la matricula por año, dividida por establecimiento y tomando como fecha de corte diciembre de cada año, con lo cual, lo que está solicitando es un dato estadístico, de un largo periodo de tiempo, que va acompañado de actos administrativos (memorándum de los establecimientos hacia el DAEM, en los cuales se corrige el número de matrículas que inicialmente parten en marzo de cada año, en función de traslado de alumnos o deserciones).

b) Los datos requeridos se encuentran inmersos en el Plan Anual de Desarrollo Educativo, PADEM, el que se encuentra publicado en el sitio web www.daemsantacruz.cl. Respecto del PADEM 2014, que contiene datos del año 2013 y de los años anteriores, se encuentra disponible en el portal de transparencia hasta el año 2007, lo anterior gracias a una política por mejorar el acceso a la información para los ciudadanos que la deseen obtener, lo que ha llevado a digitalizar todo y cada uno de los archivos posteriores al año 2012.

c) Sin embargo, la información contenida en los textos citados, para ser ajustada al requerimiento, debe ser tratada y analizada por el personal de la Municipalidad, y aun así, no se podría dar cumplimiento cabal al requerimiento, toda vez que no se tendría el archivo disponible del periodo 2000-2007. Agrega el municipio que, si se lee la solicitud con detención, lo que se requiere es dividir la matricula por año y diferenciar la de inicio del año escolar, correspondiente a marzo con la de diciembre de cada año, dividida por establecimiento, lo que exige un análisis de parte de personal administrativo.

d) Durante el periodo solicitado, se han cerrado establecimientos educacionales, archivándose sus antecedentes. No se cuenta en estos momentos con un archivo clasificado y ordenado, debido a que el Municipio se ha cambiado de edificio municipal el 21 de abril de 2014, por lo cual, se encuentra en proceso de revisión de documentación, clasificándola y paulatinamente digitalizándose, como es el caso de los PADEM desde el año 2007 en adelante. Esta no es una tarea fácil ni sencilla, por el gran volumen de documentos a analizar.

e) No comparte la apreciación del requirente sobre que no se estaría cumpliendo la obligación de informar sobre el número de matrículas anuales, puesto que ya se ha informado públicamente el número de matrículas anuales a través de la elaboración del PADEM el que se encuentra publicado y a disposición de la comunidad tanto en soporte papel como digitalmente, pero esto, lógicamente se realiza en forma anual y en los términos que requiere el Ministerio de Educación.

f) No se pueden distraer recursos humanos escasos en clasificar esa misma información dinámica, que cambia año a año, incluso dentro del propio año, para responder una solicitud que abarca un periodo de quince años v además desglosarla por establecimiento. Sólo a modo de ejemplo, al día de hoy, se administran 22 establecimientos educacionales, más un internado, más jardines infantiles, a lo que se debe sumar que en años anteriores se han cerrado establecimientos y otros han sufrido transformaciones.

g) No obstante lo anterior, y en un esfuerzo por mejorar el acceso a la información, se ha digitalizado desde el PADEM Año 2007 en adelante, documentos de gran volumen, disponibles en http://www.municipalidadsantacruz.cI/index.php/ otrosantecedentes/category/709-padem) que en su interior contienen la información requerida, aunque sin clasificarse, dicha opción no se encontraba disponible en la fecha que se efectúo la solicitud. De todas formas, agrega el organismo, pese al esfuerzo, para responder a la solicitud sólo parcialmente (queda fuera el periodo 2000-2007), sería necesario distraer importante tiempo de la jornada laboral de funcionarios municipales.

h) En virtud de expuesto y lo dispuesto en la Ley de Transparencia, en su Art. 21, N° 1, letra c), y lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Transparencia, en su Art. 7° inciso final, se solicita el rechazo del amparo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, don Juan Pablo Arriaza Zalá solicitó a la Municipalidad de Santa Cruz la matrícula anual de cada establecimiento educacional municipal que es administrado por el DAEM de Santa Cruz, desde el año 2000 a 2014. Requiere considerar como fecha de corte, diciembre de cada año, y en el caso de marzo, requiere considerar marzo de 2014. Ante ello, el Municipio respondió invocando el artículo 21 N°1, letra c) de la Ley de Transparencia. En sus descargos, indicó que el requirente solicita la matrícula total anual de cada establecimiento educacional municipal, no especificando que documentos solicita, quedando la impresión que requiere copia de cada matricula de cada alumno, con el nombre de cada uno, de cada colegio municipal por el periodo que va desde el año 2000 al año 2014. Luego, agregó que la recopilación de dicha información implicaría distraer indebidamente a los funcionarios del Departamento de Educación Municipal de sus funciones propias, y aun así, no se podría dar cumplimiento cabal al requerimiento, toda vez que no se tendría el archivo disponible del periodo 2000-2007.

2) Que, por lo anterior, tratándose de documentos que obran en poder del órgano reclamado y dada su naturaleza, al tenor del artículo 5° y 10 de la Ley de Transparencia, dicha información es pública salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.

3) Que, el decreto con fuerza de ley N° 2 que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con fuerza de ley N° 2, de 1996, Sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, señala en su artículo 4°, inciso 4° "En los servicios educacionales del sector municipal, ya sean administrados por medio de sus departamentos de educación municipal o por corporaciones educacionales, el presupuesto anual deberá ser aprobado por el Concejo, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 81 y 82 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Asimismo, dichas entidades tendrán la obligación de informar mensualmente al Concejo de la ejecución presupuestaria de los servicios educacionales que administran, de acuerdo a las clasificaciones presupuestarias establecidas conforme al artículo 16 del decreto ley N° 1.263, de 1975, debiendo remitir las municipalidades dicha información a la Contraloría General de la República, en las fechas que ésta determine". A su vez, diversas disposiciones de la ley señalada, entre ellas el artículo 37, se refieren al pago de subvenciones, el cual toma como parámetro de cálculo el número de alumnos. De la normativa transcrita, resulta claro que la información solicitada debe constar en la Municipalidad de Santa Cruz.

4) Que, por otro lado, en virtud de la invocación de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, puede denegarse la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado números de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7°, letra c), del Reglamento de la citada ley, señalando que "...un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

5) Que, en torno a la interpretación de la causal de reserva alegada, la profusa jurisprudencia del Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos significativamente tales, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que «...la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado». Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, costo de oportunidad, etc. (decisiones de amparo roles C38-09, C41-09, C48-09, C80-09, entre otras).

6) Que, respecto de la alegación del organismo reclamado en orden a que la solicitud de acceso a la información tendría carácter genérico, cabe indicar que si ello fuera así, éste debió, en virtud del artículo 12 de la Ley de Transparencia, solicitar al reclamante subsanar la falta de claridad de la información requerida. Más aun, cuando en la especie, es del todo claro que el sentido de la solicitud es la entrega de datos estadísticos referidos al número de alumnos por establecimiento educacional con las especificaciones pertinentes. Por lo demás, la propia Municipalidad reconoció dicha naturaleza en sus descargos.

7) Que, teniendo presente lo anteriormente señalado y lo informado por el órgano reclamado en su respuesta, no es plausible considerar que para obtener la información solicitada por el reclamante, la Municipalidad de Santa Cruz deba destinar la utilización de un tiempo excesivo, considerando la jornada de trabajo, o un eventual alejamiento de las funciones habituales de sus funcionarios. Es más, a juicio de este Consejo, la sistematización de la información requerida no entraba el funcionamiento del Departamento de Administración Educacional Municipal de Santa Cruz, sino que por el contrario, contribuye a su gestión. En consecuencia, se acogerá el amparo y se ordenará a la Municipalidad de Santa Cruz entregar al requirente la información solicitada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Juan Pablo Arriaza Zalá en contra de la Municipalidad de Santa Cruz, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde la Municipalidad de Santa Cruz:

a) Entregar a don Juan Pablo Arriaza Zalá la información solicitada en el numeral 1°) de lo expositivo.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan Pablo Arriaza Zalá y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Santa Cruz.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. La Presidenta del Consejo Directivo doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Rubén Burgos Acuña.