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Camila García Gálvez con MUNICIPALIDAD DE ARICA Rol: C1696-14

Consejo para la Transparencia, 20/01/2015

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Arica, fundado en que dio respuesta negativa a una solicitud de información referente al "registro de patentes comerciales vigentes". En particular se requirió información de manera tabular, con los siguientes campos: a) Del contribuyente: Nombre o razón social; Rut; Dirección Comercial; Fono; Email; Representante Legal; y, Rut del representante legal. b) Actividad económica: Primera categoría (S/N); Segunda Categoría (S/N), Código de Actividad económica; Giro principal del negocio; Anexos relacionados con el rubro principal; Tipo de negocio (Único, Matriz, Sucursal); y, fecha de la patente. El Consejo acoge parcialmente el amparo, toda vez que si bien la información solicitada es pública, contiene información de carácter personal que debe ser reservada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1696-14

Entidad pública: Municipalidad de Arica

Requirente: Camila García Gálvez

Ingreso Consejo: 11.08.2014

En sesión ordinaria N° 586 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de enero de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1696-14.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Doña Camila García Gálvez, el 18 de julio de 2014, solicitó a la Municipalidad de Arica "registro de patentes comerciales vigentes". En particular se requirió información de manera tabular, con los siguientes campos:

a) Del contribuyente: Nombre o razón social; Rut; Dirección Comercial; Fono; Email; Representante Legal; y, Rut del representante legal.

b) Actividad económica: Primera categoría (S/N); Segunda Categoría (S/N), Código de Actividad económica; Giro principal del negocio; Anexos relacionados con el rubro principal; Tipo de negocio (Único, Matriz, Sucursal); y, fecha de la patente.

La solicitante hace presente que de no tenerse la información en formato Excel, se envíe en el formato preferido o el que se tenga.

2) RESPUESTA: Por Ordinario N° 2174/2014, de 4 de agosto de 2014, la Municipalidad de Arica, se pronunció sobre este requerimiento indicando, en síntesis, lo siguiente:

a) El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales. No resulta factible, en dicho orden de ideas, la elaboración de algún documento, con el solo efecto de contestar la consulta.

b) Respecto a la presente solicitud, es necesario que previo a resolver, se cumpla con lo dispuesto en el artículo 12 letra b) de la Ley de Transparencia. Lo expuesto, sobre la base de que la información solicitada resulta ser genérica y no cumple con el requisito de especificidad exigido y su obtención implicaría una distracción de los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.

c) Transcribe la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

d) Finalmente hace presente que dicha subsanación debe hacerse dentro del plazo de 5 días, bajo apercibimiento de tenérsela por desistida de la misma.

3) AMPARO: Con fecha 11 de agosto de 2014, doña Camila García Gálvez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública, en contra de la Municipalidad deArica, fundado en que el órgano otorgó respuesta negativa a su solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante Oficio N° 4.632, de 19 de agosto de 2014, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Arica, requiriéndole especialmente que al formular sus descargos: (1°) se refiriese a las causales de secreto o reserva legal que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) hiciera mención al volumen de la información solicitada; y, (3°) señalase cómo lo solicitado afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que representa.

Mediante Ord. N° 2641/2014, de 4 de septiembre de 2014, del Sr. Acalde de la Municipalidad de Arica, el órgano presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis lo siguiente:

a) Frente a la solicitud presentada, la Unidad de Asesoría Jurídica del municipio, mediante el Ord. N° 1663/2014, de 28 de julio de 2014, resolvió que la presentación no cumplía con el supuesto del artículo 12 letra b) de la Ley de Transparencia, procediendo en su caso a solicitar a la requirente especificar su solicitud en los términos expuestos en dicho ordinario. Sobre el particular, en dicho oficio se hace presente que la información solicitada debe ser precisada señalando el período de tiempo o si se trata sólo de las patentes vigentes, pues la solicitud resulta ser genérica, no cumple con el requisito de especificidad exigido, y su obtención implicaría una distracción de los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.

b) Luego mediante Ordinario N° 2174/2014, la Municipalidad habría requerido la subsanación de la solicitud en los términos referidos precedentemente, bajo apercibimiento de tenérsela por desistida de la misma de no dar cumplimiento a lo requerido dentro del plazo de 5 días. Dicho documento se notificó a la reclamante por correo electrónico de 6 de agosto de 2014.

c) Luego, a través de Ordinario N° 2531/2014, de 28 de agosto de 2014, la municipalidad notificó a la reclamante que la solicitud MU012T0000102, se tuvo por desistida por no haberse subsanado dentro de plazo lo requerido por Ordinario N° 2174/2014.

d) Por lo anterior, no ha existido por parte del municipio la intención de negar la información, por el contrario, se cumplió con solicitar subsanación en términos de especificar la información requerida. Sin perjuicio de lo anterior, la solicitante no evacuó la subsanación en tiempo y forma, razón por la cual, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, se le tuvo por desistida de su solicitud.

e) Acompaña a su presentación copia de los siguientes documentos: Ordinario N° 1663/2014, de 28 de julio de 2014, de Asesoría Jurídica; Ordinario N° 2174/2014, de 4 de agosto de 2014, de Alcaldía; Correo electrónico de notificación de requerimiento de subsanación dirigido a la solicitante, de 6 de agosto de 2014; Ordinario N°2531/2014, de 28 de agosto de 2014; y, copia de correo electrónico de notificación de desistimiento dirigido a la solicitante, de 1 de septiembre de 2014.

Y CONSIDERANDO:

1) Que previo a pronunciarse sobre el fondo del presente amparo, en primer término se debe establecer la naturaleza del pronunciamiento de subsanación que requirió la municipalidad respecto de esta solicitud. De esta forma parece acertado tener a la vista lo razonado por esta Corporación en la decisión de amparo Rol C41-12, que resolviendo sobre la admisibilidad de un amparo en que el órgano requirió aclaración al solicitante, se estableció "Que "denegar", conforme a la Real Academia Española de la Lengua, es «no conceder lo que se pide o solicita». En consecuencia, al solicitar el órgano requerido la aclaración o subsanación de un requerimiento de información en los hechos está denegando la petición, pues no concede lo pedido y sujeta a una condición (la respectiva aclaración o subsanación) la evaluación de la solicitud. Ello es tanto más evidente si la aclaración o subsanación es injustificada, pues en tal caso la única manera de cuestionarla es acudiendo a este Consejo por la vía del amparo, como ha ocurrido en este caso, rectificándose en definitiva lo obrado. Si, por el contrario, el Consejo confirma la licitud de la subsanación requerida la solicitud se consolidará el desistimiento. Por ello, debe entenderse que esta Corporación está facultada para conocer de la controversia surgida a propósito del presente amparo" (Considerando 7).

2) Que de la lectura de la solicitud de acceso se desprende que la reclamante dotó de la suficiente especificidad este requerimiento de información, al indicar expresamente que lo requerido corresponde al "registro de patentes comerciales vigentes". Sobre este punto, habida consideración que este tipo de patentes tiene una vigencia de doce meses, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29 del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, y atendido el tenor literal de lo requerido, no cabía sino concluir que se trataba de aquel registro de patentes comerciales vigente a la época de la solicitud de información. De esta forma, se estima que una correcta lectura e interpretación de la solicitud de acceso, hubiere permitido al municipio ocuparse del requerimiento de información derechamente, estimándose dilatoria la solicitud de aclaración de la solicitud. Por su parte, el requerimiento tampoco aparece planteado en términos genéricos, sino por el contrario y a juicio de este Consejo, la solicitud de acceso en los términos expuestos, daba cumplimiento a lo exigido por el artículo 12 letra b) de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 28 letra c) de su Reglamento, atendido que en la especie, se identificaron las características esenciales de la información requerida, especialmente la materia y el período de vigencia.

3) Que por lo demás, y tras análisis de los antecedentes acompañados, este Consejo advierte que si bien el Ordinario N° 1.663/2014, del Asesor Jurídico, dirigido al Coordinador General de Ley de Transparencia, de 28 de julio de 2014 (y no a la solicitante) requería solicitar subsanación a la reclamante debiendo precisar el período de tiempo o si se trata sólo de las vigentes, dicho requerimiento resultaba inoficioso de la sola lectura de la solicitud. Aún más, el Ordinario N° 2174/2014, de 4 de agosto de 2014, por el que se requirió en definitiva subsanación a la reclamante, no fue formulado en dichos términos, y señaló en términos amplios que "sobre la base de que la información solicitada resultaba ser genérica, ésta no cumple con el requisito de especificidad exigido", por lo que mal podría haber subsanado su requerimiento de información la reclamante en los términos expuestos. Por lo anteriormente razonado, este Consejo desestimará las alegaciones de la reclamada en torno a que se hiciere efectivo para este caso el apercibimiento, entendiendo que la presente solicitud cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley N° 20.285 y, en definitiva fue denegada, correspondiendo a este Consejo pronunciarse sobre el amparo interpuesto, resolviendo sobre la publicidad o reserva legal de la información requerida.

4) Que sobre la publicidad de la información solicitada, se debe dejar establecido que el artículo 5°, letra e), de la Ley N° 18695, Orgánica Constitucional de Municipalidades dispone que, para el cumplimiento de sus funciones, las municipalidades tendrán entre otras atribuciones esenciales, la de "establecer derechos por los servicios que presten y por los permisos y concesiones que otorguen". Sobre la materia requerida, este Consejo ya ha señalado, en la decisión del amparo Rol C18-12, que la información sobre patentes comerciales otorgadas por los municipios, en cuanto forma parte de los actos administrativos que otorgaron las referidas patentes, ha sido elaborada con presupuesto público y se encuentra en poder de ese órgano, constituye información eminentemente pública, conforme al artículo 5° de la Ley de Transparencia.

5) Que lo requerido en la especie corresponde a una base de datos de las patentes comerciales que hubiere otorgado el municipio reclamado y que se encontraren vigentes a la fecha de la solicitud. Al respecto se debe precisar, que las patentes comerciales otorgadas por las Municipalidades en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 23 del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, son actos administrativos que habilitan a su titular para el ejercicio o desempeño de una actividad económica determinada, constituyendo una carga pública de contenido pecuniario en beneficio de la respectiva comuna.

6) Que la solicitud objeto de análisis distingue dos tipos de información: aquellos datos referidos a los contribuyentes de patente comercial y aquellos referidos a la actividad económica. Así, en relación a la información relativa a los contribuyentes, se advierte que aquellos datos contenidos en la base de patentes comerciales vigentes, en cuanto se refieran a contribuyentes que sean personas naturales, constituyen datos personales, ya que se trata de información concerniente a una persona natural identificada, según prescribe el artículo 2°, letra f), de la Ley N° 19.628. Estos datos han sido proveídos a la Administración por dichas personas naturales, lo que significa que han sido recolectados de una fuente no accesible al público, por lo que, en principio, resultaría aplicable al caso la regla de secreto contemplada en el citado artículo 7° de la Ley N° 19.628. Con todo, cabe precisar que dicha regla no resulta extensiva a los casos de patentes comerciales referidas a contribuyentes que sean personas jurídicas, toda vez que a estos últimos no les resulta aplicable las disposiciones de la citada ley, por lo que la publicidad de las patentes comerciales a su respecto, envuelve o autoriza la divulgación de los datos que fueren requeridos por la solicitante en su oportunidad.

7) Que establecido lo anterior, corresponde analizar la publicidad o reserva de los datos requeridos por la solicitante, en cuanto se refieran a patentes comerciales otorgadas a contribuyentes personas naturales. Ahora bien, sin perjuicio de la regla de secreto invocada por la reclamada, conviene tener a la vista lo razonado por este Consejo en la decisión de amparo Rol C610-10, en que se solicitó una base datos de patentes municipales, especialmente en su considerando 13), en que se estableció que, respecto de los datos de las personas naturales contribuyentes de patentes municipales, en cuanto éstos están directamente vinculados con la actividad gravada, reviste especial relevancia su conocimiento público, principalmente por dos cuestiones: "a) El cumplimiento de los requisitos necesarios para el ejercicio de la actividad que se autoriza por medio de la patente: En este sentido cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 26, inciso tercero, del D.L. N° 3063/1979, sobre Rentas Municipales (...) Teniendo en cuenta lo anterior, la divulgación de las patentes municipales permite verificar si las actividades autorizadas han cumplido o cumplen con los requisitos legales que precisamente habilitan o permiten continuar con su ejercicio, cuestión que está directamente relacionada con la publicidad de los datos relativos a los contribuyentes; así, el conocimiento del nombre del contribuyente, permitiría saber quién ejerce la actividad respectiva y verificar las condiciones subjetivas para el ejercicio de la actividad(...); la publicidad del giro o actividad desarrollada por el contribuyente, permitiría conocer si éste cumple con la regulación sectorial correspondiente, por ejemplo, la regulación sanitaria o la propia de la Ley de Alcoholes; la divulgación de la dirección y ciudad del contribuyente (incluido calle y número) -en el entendido que ella se refiere al lugar donde se ejerce la actividad lucrativa, a la luz de lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto Ley N° 3063/1979 (...) permitiría conocer el lugar donde el contribuyente ejerce su actividad, lo cual, a su vez, permitiría establecer si ella cumple o no con las limitaciones relativas a la zonificación comercial o industrial que contemplen las respectivas ordenanzas municipales. b) Los ingresos que se perciben por concepto de patentes municipales: se refiere a los ingresos que se recaudan por parte de la autoridad edilicia por concepto de este tributo, según lo dispuesto en el artículo 13 del D.F.L. N° 1/2006, del Ministerio de Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades".

8) Que en relación al RUT de los contribuyentes persona natural así como el RUT de los representantes legales de los contribuyentes, en su caso, en cuanto éstos sean personas naturales, éste Consejo estima que, sin perjuicio de tratarse de un dato personal, igualmente rige a su respecto el principio de publicidad. Al respecto se debe tener presente lo razonado en la decisión C971-11, considerando 9), en que esta Corporación se pronunció expresamente sobre este punto en relación a este dato en particular, señalando que "(...)al constituir un dato integrante del documento o acto administrativo que otorga la patente y que facilita la identificación del contribuyente, en cuanto es utilizado precisamente para fines tributarios, debe someterse también al régimen de publicidad de dicho acto, considerando que "(...) la patente municipal contiene información pública, de acuerdo al artículo 5° de la Ley de Transparencia, en cuanto documento en que consta un permiso otorgado por la autoridad municipal, mediante un acto administrativo formal y que da cuenta del cumplimiento de los requisitos necesarios para ejercer la actividad de que se trate" (considerando 3°) de la decisión del amparo Rol C554-09). Además, la publicidad del RUT contribuiría especialmente a la finalidad de control social, a efectos de verificar, por ejemplo, si quién ejerce la actividad gravada cumple las condiciones subjetivas necesarias para el ejercicio de la misma, y que en definitiva determinaron el otorgamiento de la patente, en cuanto ésta se trata de una contribución que grava el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio o arte, o cualquiera otra actividad lucrativa secundaria o terciaria". Refuerza dicha idea el hecho que las patentes comerciales son actos administrativos que permiten a su titular el ejercicio o desempeño de una actividad económica determinada, constituyendo una carga pública de contenido pecuniario en favor de la comuna. Lo anterior ha sido ratificado por la I. Corte de Apelaciones de Santiago que, al rechazar un Reclamo de Ilegalidad Rol N°2619-2012, interpuesto contra la decisión de amparo Rol C18-12, indicó al efecto que "La patente es, desde esta perspectiva, un acto terminal evacuado por una autoridad pública, de modo que aunque concierna a un particular, sea que éste sea personal natural o jurídica, es en esencia de aquellos cuyo contenido y fundamentos pueden ser conocidos por el público (considerando tercero)".

9) Que atendido el precedente raciocinio, según se desprende del criterio establecido por este Consejo, que conociendo de solicitudes de acceso sobre bases de datos de patentes municipales vigentes, ha razonado sostenida y reiteradamente en las decisiones de amparos Roles C610-10, C971-11 y C18-12, entre otras, la reserva de los datos personales que interesan a la reclamante podría ceder en beneficio de su publicidad, por el manifiesto interés público que revisten. En este sentido, la patente comercial contiene información esencialmente pública, de acuerdo al artículo 5° de la Ley de Transparencia, en cuanto documento en que consta un permiso otorgado por la autoridad municipal, mediante un acto administrativo formal, que da cuenta del cumplimiento de las exigencias legales requeridas para ejercer la actividad que se trate, por lo que el conocimiento y publicidad de la información requerida contribuye en definitiva a la materialización de un debido control social.

10) Que sin perjuicio de lo señalado anteriormente, se advierte que dentro de la información relativa a contribuyentes, se ha requerido el fono y correo electrónico de éstos. Al respecto, tratándose de datos personales que fueron aportados por los contribuyentes personas naturales al municipio, y a diferencia del resto de los datos requeridos, este Consejo no observa de qué forma la publicidad de dichos datos puede contribuir al ejercicio de un debido control social respecto del cumplimiento de los requisitos necesarios para el ejercicio que se autoriza por medio de la patente, correspondiendo a su respecto la reserva de dicho datos personales, cuestión que se ordenará omitir en lo resolutivo de presente acuerdo.

11) Que respecto de aquella parte de la solicitud en que se requiere además información referida a los datos sobre la actividad económica referida a dicho permiso municipal, es dable concluir que dicha información debe obrar en poder del municipio, constando parte de ella en el decreto alcaldicio de otorgamiento de la patente comercial y, debiendo encontrarse dicha información al menos en poder de la respectiva Unidad de Rentas y Patentes de la Municipalidad reclamada, entendiendo que ello resultaría imperativo en orden a cumplir el cometido de recaudar los tributos y patentes, según lo dispuesto en el artículo 13 Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

12) Que sin perjuicio que el municipio esbozó en el pronunciamiento sobre esta solicitud a la reclamante la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia se debe hacer presente que, tal como ha resuelto este Consejo sostenidamente, la alegación de una circunstancia que extinga la obligación de entregar la información exige de parte del órgano acreditar dicha circunstancia, para lo cual debe fundamentar y justificar en forma fehaciente la hipótesis legal de secreto o reserva que se invoca, para el caso concreto, cuestión que no se entiende cumplida por el mero hecho de la transcripción literal de una norma en particular, como ocurre en la especie. No obstante lo anterior, la citada norma establece que se podrá denegar total o parcialmente la información requerida cuando su divulgación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente, tratándose, entre otras hipótesis, de requerimientos cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Precisando los supuestos de la causal, el Reglamento de la Ley de Transparencia en su artículo 7° N° 1, literal c) párrafo tercero, preceptúa: "Se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando sus satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales".

13) Que respecto a la interpretación de la causal de reserva alegada, la profusa jurisprudencia del Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos significativamente tales, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, costo de oportunidad, etc. (decisiones de amparo roles C38-09, C41-09, C48-09, C80-09, entre otras). Al respecto y con ocasión del traslado del presente reclamo, este Consejo requirió al municipio se refiriese a las causales de secreto o reserva legal que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada e hiciere mención al volumen de la información solicitada. Al respecto se advierte que el municipio omitió pronunciarse sobre lo requerido, en la etapa procesal pertinente, por lo que no se tendrá por acreditados los presupuestos básicos que permiten configurar la referida causal, desestimándola. A mayor abundamiento, la sistematización de la información en los términos requeridos por la reclamante no debiera importar una distracción indebida de sus funciones, por cuanto dicha tarea de orden es imperativa en orden a cumplir el cometido de recaudar los tributos y patentes que fija la ley según lo dispuesto en el citado artículo 13 letra f) de la Ley N° 18.865.

14) Que por lo anteriormente razonado, este Consejo acogerá parcialmente el presente amparo y requerirá a la Municipalidad de Arica la entrega del registro de patentes comerciales vigentes a la fecha de la solicitud de acceso a la información, en los términos que fuere requerida, excluyendo el teléfono y dirección de correo electrónico de los contribuyentes personas naturales, en el formato que obrare en poder de la reclamada. Con todo, atendido lo expuesto por la propia reclamante en su solicitud, deberá procederse a la entrega de la información de la forma y por los medios que resulten menos costosos para el órgano reclamado, debiendo, en todo caso, respetarse el principio de gratuidad consagrado en el artículo 11 literal k) de la Ley de Transparencia, de manera que sólo puede tener lugar el cobro de los costos directos de reproducción autorizados por la Ley, debiendo, para dicho efecto, considerarse lo dispuesto por este Consejo en la Instrucción General N° 6, sobre gratuidad y costos de reproducción.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Camila García Gálvez, en contra de la Municipalidad de Arica, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Arica, lo siguiente:

a) Entregar a la reclamante el registro de patentes comerciales vigentes a la fecha de la solicitud de acceso a la información, en los términos que fuere requerida, excluyendo el teléfono y dirección de correo electrónico de los contribuyentes personas naturales, teniendo presente lo indicado en el considerando 14) del presente acuerdo.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Arica y a doña Camila García Gálvez.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Rubén Burgos Acuña.