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Nicolás Vallarino Villarroel con JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS (JUNAEB) Rol: C1769-14

Consejo para la Transparencia, 28/01/2015

Se dedujo amparo en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada referente al Informe de desempeño de prestadores del Programa de Alimentación Escolar - en adelante e indistintamente PAE- de marzo a junio de 2014, respecto de todas las empresas prestadoras, que emite el Área de Control y Desarrollo de Colaboradores. El Consejo acoge el amparo, toda vez las variables que se evalúan en el informe se encuentran indicadas en la licitación que adjudicó la prestación de servicios, por lo que este Consejo no observa cómo la simple determinación del cumplimiento o no de esas variables, puede significar la entrega de información reservada y propia de cada una de las empresas, es más, en la documentación solicitada no existen antecedentes que pudieran considerarse de carácter estratégico o confidencial, y que por tanto pudieran vulnerar los derechos de carácter comercial o económico de los terceros involucrados, por el contrario, la información requerida comprende aquella propia de un procedimiento administrativo de fiscalización.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Subsidios y Beneficios
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1769-14

Entidad pública: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB)

Requirente: Nicolás Vallarino Villarroel

Ingreso Consejo: 18.08.2014

En sesión ordinaria N° 588 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de enero de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1769-14.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Que el 23 de julio de 2014, don Nicolás Vallarino Villarroel solicitó a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas - en adelante e indistintamente JUNAEB- la siguiente información:

Informe de desempeño de prestadores del Programa de Alimentación Escolar - en adelante e indistintamente PAE- de marzo a junio de 2014, respecto de todas las empresas prestadoras, que emite el Área de Control y Desarrollo de Colaboradores.

2) RESPUESTA: El 11 de agosto 2014, a través de correo electrónico, el órgano otorga respuesta a la solicitud de información, indicando que debido a la gran cantidad de información reunida no es factible entregarla por correo electrónico, por lo que se solicita que retire un DVD en las oficinas del Servicio, en caso de eso no ser posible, que indique una dirección para el envío del DVD, a través de correo certificado.

El mismo 11 de agosto del 2014, se entregó el Memorando N° 85, de 6 de agosto de 2014 de la JUNAEB, por el cual el órgano respondió a dicho requerimiento de información. Se señala que con la información solicitada por el Memorándum N° 154, de 24 de julio de 2014, se adjunta DVD, con los antecedentes requeridos de las empresas que, de acuerdo a la ley N° 20.285 y su artículo 20, autorizan su entrega y también de aquellas que no respondieron a dicha consulta. El Memorándum al que hace referencia la JUNAEB (N° 154), es dirigido a las empresas prestadoras, con el objeto de comunicar la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados.

El DVD por su parte, incluye los informes de desempeño de prestadores PAE de 12 empresas: SOSER S.A; SOCIEDAD ALIMENTICIA O’HIGGINS LTDA; COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL CHILENA S.A (MBS); SERCOMAULE LTDA; IBASA S.A; ALISERVICE S.A; COAN CHILE LTDA; NUTRIPLUS ALIMENTACIÓN Y TECNOLOGÍA S.A; ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS LIRA FOOD LTDA; SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOMA VERDE LTDA; LUIS FERNANDO CONCHA BENAVIDES ALIMENTOS E.I.R.L., y SOCIEDAD ALIMENTICIA DEPARTAMENTAL LTDA.

3) AMPARO: El 18 de agosto de 2014, don Nicolás Vallarino Villarroel dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que el DVD sólo contenía la información respecto de 12 empresas prestadoras, siendo que se solicitó la documentación respecto de todas, que indica serían cerca de 28, por lo que la información entregada no corresponde a la solicitada. Desconoce cuáles son las empresas que se opusieron a la entrega de la información.

Señala que el informe es confeccionado por el Área Control y Desarrollo de Colaboradores de JUNAEB y tiene por objetivo poner en conocimiento el nivel de desempeño mensual de las variables C1: Servicio de Alimentación y C6: Operación y Mantención Logística, como instrumento de mejora a la gestión de las empresas prestadoras del PAE, al identificar el nivel de incumplimiento en los aspectos críticos de manera comparativa a través del tiempo y en relación a sus pares. Agrega que, el informe no hace más que exponer los porcentajes de incumplimiento presentados en los gráficos y cuadros en cada aspecto, esto medido en relación al total de cada uno de éstos ponderados por el nivel de gravedad del mismo, respecto de cada empresa prestadora del programa de alimentación.

Finaliza indicando que, la información no cumple con lo regulado en el artículo 20, ya que no afecta bajo ningún punto de vista derechos de terceros.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, confirió traslado al Sr. Secretario General de la JUNAEB, por medio de Oficio N° 4.814, de 27 de agosto de 2014, en el que se le requirió que: (1°) Señale si hubo oposición de terceros a la entrega de la información solicitada; (2°) en la afirmativa de lo anterior, se refiera a las causales de secreto o reserva legal que, a su juicio, harían procedente la denegación de parte de la información solicitada y que no habría sido entregada; (3°) acompañe copia a este Consejo de todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación y de la(s) oposición (nes) deducida(s) -si fuere el caso- con los antecedentes que acrediten la fecha de ingreso de estos ante el órgano que usted representa; y, (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su reglamento.

La JUNAEB, el 16 de septiembre de 2014, ingresó a este Consejo documento sin fecha, para evacuar su traslado y efectuar sus descargos, señalando, en síntesis:

a) La información solicitada, en razón de la materia, podría afectar los derechos de terceros, por lo que se notificó por carta certificada a las empresas prestadoras del PAE, en virtud de lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia;

b) Como respuesta a dicha notificación 14 empresas, entre el 28 de julio y 5 de agosto, se opusieron a la entrega de la información solicitada. Dichas empresas son las siguientes; OSIRIS S.A, DISTAL S.A, HENDAYA S.A.C, DIPRALSA S.A, ALIANZA S.A, FOJS ALIMENTOS LTDA, RACIOSIL S.A, FERBAS S.A, SALUD Y VIDA S.A, MARES DEL SUR S.P.A, SILVA GÓMEZ Y CÍA LTDA., COMERCIAL ALIMENTOS S.A., JMC ALIMENTOS LTDA. Y VERFRUTTI S.A. Fundamentando en síntesis que dicha información es reservada, estratégica y confidencial como también transcendental para el proceso de licitación por las empresas. Asimismo, afecta la libre competencia en futuras licitaciones yendo en contra el espíritu del registro de control de proveedores, afecta la igualdad de información para todos los mismos, ad portas de una nueva licitación pública y las relaciones comerciales, causa serios perjuicios a la imagen corporativa. En cuanto al requirente de la información indican que pertenece a la empresa SOSER, competencia de los otros proveedores del PAE.

c) Las empresas SOCIEDAD ALIMENTICIA DEPARTAMENTAL LTDA., y AGRÍCOLA COVENFRUT LTDA., autorizaron la entrega de la información requerida por el Sr. Vallarino por medio de cartas de fecha 4 y 8 de agosto del presenta año, respectivamente.

d) Finalmente, 11 de las empresas notificadas no dedujeron oposición; SOSER S.A, SOCIEDAD ALIMENTICIA O’HIGGINS LTDA, COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL CHILENA S.A (MBS), SERCOMAULE LTDA, IBASA S.A, ALISERVICE S.A, COAN CHILE LTDA, NUTRIPLUS ALIMENTACIÓN Y TECONOLGÍA S.A, ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS LIRA FOOD LTDA, SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOMA VERDE LTDA y LUIS FERNANDO CONCHA BENAVIDES ALIMENTOS E.I.R.L.

La JUNAEB, señala que la institución cumplió con la obligación legal consagrada en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, actuar de otra forma habría significado afectar los intereses y derechos comerciales de las personas jurídicas aludidas, vulnerando así un bien económico estratégico que afectaría el secreto empresarial. Permitir al solicitante acceder a antecedentes de carácter técnico, financiero y comercial relativos a empresas determinadas puede afectar el desenvolvimiento y actividad comercial de dichos proveedores, revelando sus planes de negocios, afectando la competitividad entre las empresas en un mercado específico como es el de la alimentación, limitando eventualmente su capacidad de negociación respecto el valor de sus productos, en un periodo determinado del año, especialmente ante la proximidad del nuevo llamado a licitación.

En cuanto a los fundamentos de derecho, se denegó parcialmente la solicitud de información en virtud de la causal establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

En sus descargos acompaña un listado de 28 empresas para notificar, las 27 antes mencionadas además de la empresa PATRICIA MOREIRA ESCOBAR. La Sra. Patricia Moreira Escobar, es también la representante legal de VERFRUTTI S.A.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: El Consejo Directivo de este Consejo confirió traslado del presente amparo a los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a través de los Oficios Nos 5427 al 5439, todos de 25 de septiembre de 2014 y el N° 5494, de 26 de septiembre 2014.

Mediante diversas presentaciones, los representantes de 8 de las 14 empresas notificadas, presentaron sus descargos:

a) DISTAL S.A indico que lo requerido forma parte de un documento controlado y reservado, que más que destacar gráficos, porcentajes y cuadros como lo señala el requirente, para la compañía es una herramienta de gestión interna que analiza aspectos fundamentales y confidenciales relacionadas con materias de carácter técnico logístico, estratégico y económico del PAE que incide en su gestión empresarial.

b) DIPRALSA S.A. señaló que la información solicitada afecta los derechos de terceros configurándose la causal del artículo 21 N° 2, ya que se trata de información medular y de suma relevancia respecto de los parámetros de funcionamiento de la empresa, y que son de interés para el reclamante en virtud de la licitación que se aproxima. El nivel de desempeño es información que se entrega a la concesionaria, respecto de áreas de servicios, gestión, logística, entre otros, lo que constituye propiedad de la empresa concesionaria cuyo sistema de gestión y funcionamiento son de su propiedad y creación. Agrega que el Informe de Desempeño puede haber generado o derivar en procedimientos de aplicación de multas para la empresa prestadora, y/o procesos de liquidación de raciones, de forma que se trata de deliberaciones o antecedentes previos a una resolución que se pronunciará sobre dichas multas o liquidaciones. Por lo que también se configuraría la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra b).

c) ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS FERBAS S.A, indica que es información sensible de la industria, siendo el particular competencia directa, lo que puede generar un perjuicio. Además, la misma JUNAEB en su informe indicó que "Es de vital importancia considerar que este informe es de exclusivo uso interno del equipo de JUNAEB".

d) HENDAYA S.A, indica que el solicitante de la información posee la misma dirección que la empresa SOSER, que también es proveedora del PAE. Que la información solo está destinada a ser conocida y procesada por los funcionarios de la JUNAEB, existiendo un deber legal sobre sus funcionarios en orden a guardar secreto. La información es de gran importancia para la actividad de fiscalización de la JUNAEB como para la propia evaluación de los prestadores. Que los incumplimientos de las empresas referidos a las variables evaluadas, las eventuales multas y la utilización de dicha información puede utilizarse para menoscabar la posición de las empresas en la licitación.

e) MARES DEL SUR S.P.A, denegó la entrega de la información debido a que no se señalaba expresamente los alcances del informe o el objetivo que se pretende de este. Que constituye información estratégica de la empresa que efectúa un catastro del comportamiento comercial de la empresa, lo que es utilizado como criterio de adjudicación por la JUNAEB.

f) OSIRIS S.A, indica que el informe mide parámetros de entrega de servicio y logística en el contexto del contrato entre JUNAEB y las empresas. La evaluación es unilateral, sobre las propias mediciones de la Institución, que pueden incluso generar multas contractuales (cláusula penal), las que en caso de aplicarse tienen un procedimiento de reclamo. La entrega de la información afecta la imagen comercial y corporativa, el honor y los derechos económicos de la empresa. SALUD Y VIDA S.A, efectúa los mismos descargos que la empresa Mares del Sur S.P.A, el representante legal es el mismo.

g) ALICOPSA S.A, indica como razón principal de su oposición que la información solicitada corresponde al "comportamiento" de la empresa, producto de las evaluaciones de las actas de supervisión y multas, cuyo resultado podría ser malinterpretado, haciendo parecer a la empresa como negligente o inoperante, lo cual podría ocasionar perjuicios a la imagen y afectar sus relaciones comerciales. En segundo lugar, las evaluaciones carecen de objetividad al no estar homologados ni estandarizados los criterios de aplicación del modelo del sistema de control y multas. Finaliza indicando que mientras el sistema de control sea manejado a discrecionalidad de las jefaturas regionales de la JUNAEB y no se resguarda la equidad y proporcionalidad, fijando un estándar, de manera que en el modelo todos los concesionarios sean medidos en igualdad de condiciones, la empresa no validará los resultados ni autorizará a que estos se hagan públicos.

h) VERFRUTTI, indica que se afecta la competitividad para las licitaciones que vienen en los próximos meses, los mecanismos y fórmulas para arribar a una oferta deben ser resguardados. Se afecta las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 21 en relación con los N°s 24, 26 y 4.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, como cuestiones previas, es menester señalar que la ley N° 15.720, creó la JUNAEB, como una corporación autónoma con personalidad jurídica de derecho público. Dicho organismo en conjunto con las Juntas Provinciales y Locales tendrán a su cargo la aplicación de medidas coordinadas de asistencia social y económica a los escolares, conducentes a hacer efectiva la igualdad de oportunidades ante la educación.

2) Que, constituye una de las medidas coordinadas de asistencia social y económica a los escolares, el denominado Programa de Alimentación Escolar, administrado por la JUNAEB, el que tiene por finalidad entregar diariamente servicios de alimentación a los alumnos y alumnas en condición de vulnerabilidad de establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados del país durante el año lectivo, en los niveles de educación parvularia, básica y media, con el objeto de mejorar su asistencia a clases y contribuir a evitar la deserción escolar.

3) Que, en virtud de la resolución exenta N° 400, de la JUNAEB, de 23 de enero de 2012, se adjudicó la licitación pública para la contratación del servicio de suministro de raciones alimenticias para los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar de la JUNAEB, para los años 2012, 2013 y 2014 (Grupo 1 y 2), y 2012, 2013, 2014 y 2015 (Grupo 3 y 5), correspondiente a la Licitación Pública ID: 85-35-LP-11. De la misma forma, por medio de la resolución exenta N° 3608, del mismo servicio público, de 19 de noviembre de 2012, se adjudicó la licitación pública para la contratación del servicio de suministro de raciones alimenticias para los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar de la JUNAEB, para los años 2013, 2014, 2015, 2016 y hasta febrero de 2017, correspondiente a la Licitación Pública ID: 85-16-LP-12.

4) Que, como resultado de ambas licitaciones las empresas adjudicadas fueron un total de 27: ALICOPSA S.A; ALISERVICE S.A, COAN CHILE S.A, DIPRALSA S.A, DISTAL S.A, FOJS ALIMENTOS LTDA, HENDAYA S.A.C, IBASA S.A, JMC ALIMENTOS LTDA, MARES DEL SUR S.P.A, NUTRIPLUS ALIMENTACIÓN Y TECNOLOGÍA S.A, RACIOSIL S.A, SALUD Y VIDA SAVISA S.A, SOSER S.A, VERFRUTTI S.A, FERBAS S.A, MBS COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL CHILE S.A, SOCIEDAD ALIMENTICIA DEPARTAMENTAL S.A, SERCOMAULE LTDA, ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS LIRA FOOD LTDA, ALIANZA S.A, LOMA VERDE LTDA, SILVA Y GÓMEZ LTDA, LUIS CONCHA (ALIMAB EIRL), SOCIEDAD ALIMENTICIA O´HIGGINS LTDA, PATRICIA MOREIRA, AGRICOLA COVENTRUT LTDA.

5) Que, la solicitud versa sobre los informes de desempeño de prestadores del PAE, de marzo a junio de 2014, respecto de todas las empresas prestadoras, habiéndose dado traslado por el órgano reclamado a 28 empresas, con el objeto de comunicarles su derecho a oponerse a dicha entrega. Como resultado de dicha diligencia, 14 empresas indicaron que no autorizaban la entrega de la información, 2 accedieron, y 11 no se pronunciaron. Luego, el órgano entregó al reclamante los informes de desempeño de 12 empresas de marzo a mayo de 2014 (11 que no se habían pronunciado y una que aceptó entregar). En virtud de ello el reclamante presentó un amparo, indicando que sólo se le remitió información de 12 empresas y desconoce cuáles fueron las que se opusieron.

6) Que, en relación a la actuación del órgano reclamado, en el procedimiento de solicitud de información, cabe señalar que el servicio no remitió al reclamante la información de la empresa AGRICOLA COVENFRUT LTDA, que cómo el mismo señaló en los descargos accedió a la entrega de lo solicitado, de hecho, en el DVD se proporcionan los informes de 12 empresas, en circunstancias que debieron ser 13 (11 que no se pronunciaron más las 2 empresas que accedieron), lo que constituye una infracción a lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Transparencia, cuestión que será representada en lo resolutivo de esta decisión. De la misma forma el órgano no remitió las cartas de oposición al reclamante, vulnerando el principio de oportunidad, establecido en la letra h), del artículo 11 de la Ley Transparencia, lo que también será representado.

7) Que, respecto del fondo del asunto discutido, cabe destacar que los informes de desempeño son elaborados por la JUNAEB, en particular por su Área de Control y Desarrollo de Colaboradores y tienen como objetivo poner en conocimiento el nivel de desempeño mensual de las variables C1: Servicio de Alimentación y C6: Operación y Mantención Logística, como instrumento de gestión de las empresas prestadoras del programa PAE. En estos se evalúa el desempeño general de la empresa, estableciéndose el período de fiscalización, el % de incumplimiento y el % de incumplimiento ponderado por gravedad. Se indica la posición en el ranking de empresas, debido a que el análisis realizado es comparativo con las 27 empresas prestadoras. Finalmente, la información contenida puede variar de mes a mes y los incumplimientos pueden desaparecer, dependiendo de las herramientas de mejora de la empresa.

8) Que, el informe ejecutivo tiene como fuente de información para su elaboración el "Sistema de información de Gestión del Programa de Alimentación Escolar" (SIGPAE), el cual contiene los resultados de las actas de supervisión interna aplicadas a los establecimientos. Las variables de control corresponden, en el asunto de autos, a los del acta de supervisión de ambas licitaciones, se homologaron en los términos del acta de la licitación 85-16-LP-12, por lo que, las variables, aspectos y sub aspectos mencionados en este informe corresponden a los de esta última acta de supervisión. En el informe se establecen las 16 variables, algunas que se dividen en subaspectos, indicándose el porcentaje de incumplimientos ponderado por gravedad.

9) Que, de los antecedentes previamente indicados se advierte que la información solicitada, es documentación elaborada por el servicio público, con el objeto de establecer los niveles de incumplimiento de las empresas del programa, fiscalizando así el eficiente desarrollo de los contratos por parte de los prestadores PAE. Luego, es preciso indicar que en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, dichos antecedentes son en principio públicos, ya que es información elaborada con presupuesto público y que obra en poder de los órganos de la Administración del Estado, salvo que a su respecto, sea aplicable alguna de las causales de secreto o reserva establecidas en la Constitución o en la ley.

10) Que, en términos generales, los terceros interesados han invocado la afectación de sus derechos económicos y comerciales, pues se estaría entregando información estratégica, por lo que cabe ponderar la eventual afectación que la divulgación de los antecedentes solicitados pueda causar en los derechos de los terceros involucrados. Al respecto, este Consejo ha establecido criterios que deben considerarse para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona. Así, la información debe: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo).

11) Que, las variables que se evalúan en el informe se encuentran indicadas en la licitación que adjudicó la prestación de servicios, por lo que este Consejo no observa cómo la simple determinación del cumplimiento o no de esas variables, puede significar la entrega de información reservada y propia de cada una de las empresas, es más, en la documentación solicitada no existen antecedentes que pudieran considerarse de carácter estratégico o confidencial, y que por tanto pudieran vulnerar los derechos de carácter comercial o económico de los terceros involucrados, por el contrario, la información requerida comprende aquella propia de un procedimiento administrativo de fiscalización. Luego, en virtud de los antecedentes expuestos, este Consejo estima que no concurre en la especie la causal de secreto o reserva invocada por los terceros involucrados y la JUNAEB, a saber el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, razón por la cual acogerá el presente amparo.

12) Que, en cuanto a la causal de secreto alegada por la empresa DIPRALSA S.A, contemplada el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, este Consejo no se pronunciará sobre aquella, toda vez que la JUNAEB no la alegó y no corresponde al tercero subrogarse en las facultades del servicio público.

13) Que, a mayor abundamiento y solo para reforzar el carácter público de la información solicitada, a juicio de este Consejo existe un interés público involucrado en su conocimiento, toda vez que ésta da cuenta de los incumplimientos de las empresas prestadoras del PAE. La importancia de dichos programas viene dada por el hecho de que constituyen "redes de protección social focalizadas que proporcionan beneficios tanto educativos como de salud a los niños más vulnerables, y de este modo se logra aumentar las tasas de matrícula, reducir el ausentismo y mejorar la seguridad alimentaria a nivel familiar" (Banco Mundial http://go.worldbank.org/8OKOQC08Q0). De esta forma, la divulgación de dichos informes de desempeño permite ejercer un control social sobre el cumplimiento de los requisitos que la normativa y las bases de las licitaciones establecidas para desarrollar los Programas de Alimentación Escolar.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Nicolás Vallarino Villarroel, en contra de la JUNAEB, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Secretario Nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas:

a) Entregar los informes de desempeño de los prestadores PAE de marzo a junio de 2014 respecto de todas las empresas prestadoras.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@cplt.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Secretario Nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas la infracción a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Transparencia y al principio de oportunidad consagrado en la letra h) del artículo 11 del mismo cuerpo legal, por no haber entregado la información de la empresa AGRÍCOLA COVENFRUT LTDA, que accedió a la entrega y por no haber remitido al reclamante las cartas de oposición de los terceros, respectivamente.

IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Nicolás Vallarino Villarroel, al Sr. Secretario Nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, y a los terceros interesados en el presente procedimiento administrativo de acceso a la información.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. La Presidenta del Consejo Directivo doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Rubén Burgos Acuña.