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Matías Rojas Medina con SERVICIO NACIONAL DE MENORES (SENAME) Rol: C1627-14

Consejo para la Transparencia, 28/01/2015

Se dedujo amparo en contra del Servicio Nacional de Menores, fundado en que dio respuesta negativa a una solicitud de información referente a: a) Todos los antecedentes con los que cuenta el servicio sobre la red de explotación sexual infantil que operaba en la ciudad de Valparaíso entre los años 2004 y 2006, y que tenía como principal líder a Carlos Parra, alias "El Charly", y que contaba entre sus clientes a funcionarios activos de la Policía de Investigaciones de Chile; b) Que se le informe si el SENAME intervino de cualquier forma en el escándalo, asistiendo a las víctimas o requiriendo información a otros estamentos del Estado respecto de esa situación que afectaba a menores de edad de escasos recursos. El Consejo rechaza el amparo. Respecto al literal a) de la solicitud de información, se rechaza el amparo toda vez que la divulgación de la información solicitada pertenece a la esfera privada de las personas involucradas, siendo un dato sensible. Además, la divulgación de la información sensibles de personas que han sido vulnerados en sus derecho, afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano. Respecto al literal b), el órgano reclamado entrego la información solicitada, por lo que también se rechazara el amparo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos  Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1627-14

Entidad pública: Servicio Nacional de Menores (SENAME)

Requirente: Matías Rojas Medina

Ingreso Consejo: 31.07.2014.

En sesión ordinaria N° 588 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de enero de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C1627-14.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de mayo de 2014, don Matías Rojas Medina solicitó a la Servicio Nacional de Menores - en adelante también SENAME- lo siguiente:

a) Todos los antecedentes con los que cuenta el servicio sobre la red de explotación sexual infantil que operaba en la ciudad de Valparaíso entre los años 2004 y 2006, y que tenía como principal líder a Carlos Parra, alias "El Charly", y que contaba entre sus clientes a funcionarios activos de la Policía de Investigaciones de Chile;

b) Que se le informe si el SENAME intervino de cualquier forma en el escándalo, asistiendo a las víctimas o requiriendo información a otros estamentos del Estado respecto de esa situación que afectaba a menores de edad de escasos recursos.

2) RESPUESTA DEL ÓRGANO: Que, por medio de carta N° 446, de 18 de junio de 2014, el SENAME indicó, en síntesis, lo siguiente:

En relación al caso en consulta el Servicio realizó dos tipos de acciones:

a) Una de ellas, en el ámbito judicial consistente en la presentación de una querella criminal con fecha 25 de junio de 2009, en causa RIT 5226-2009, RUC 07010709466-8. Sin embargo, en audiencia de fecha 1 de julio de 2009, dicha acción fue declarada inadmisible por el Juzgado de Garantía de Valparaíso.

b) La segunda gestión, consistió en brindar atención a seis víctimas menores de edad, de iniciales J.A.O.A, M.D.S, S.E.B.D, N.S, S.T y N.M dentro de las líneas de la oferta de protección conformada de acuerdo a la ley N° 20.032.

En cuanto a la solicitud de disponer de copia de todos los antecedentes de intervención, aplica el artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia. El SENAME podrá denegar la información, en especial consideración a sus funciones, que es resguardar y proteger a los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, además indica que la entrega de dicha información afecta los derechos de las personas. También se refiere a lo establecido en el artículo 7 de la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, en el sentido que el SENAME trabaja con datos personales por lo que "están obligados a guardar secreto sobre los mismos, cuando provenga o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo, sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos".

3) AMPARO: El 31 de julio de 2014, don Matías Rojas Medina dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del SENAME, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información.

4) NUEVOS ANTECEDENTES: Con fecha 3 de agosto de 2014, el reclamante remite por correo electrónico al canal de contacto de este Consejo, copia de los correos electrónicos mantenidos con el SENAME que acreditan la fecha en que fue notificado de la respuesta a su solicitud de acceso.

5) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: Este Consejo, mediante Oficio N° 4.458, de 13 de agosto de 2014, solicitó a don Matías Rojas Medina, subsanar su amparo, requiriéndole que acompañe antecedentes que acrediten la fecha de la notificación de la respuesta, ya que dicha información es determinante para establecer la admisibilidad del amparo. En virtud de los nuevos antecedentes aportados se tiene por subsanado el amparo, constatándose que la fecha de la respuesta fue el 10 de julio de 2014.

6) PRORROGA Y RESPUESTA: Que el Consejo Directivo de esta Corporación confirió traslado de este amparo a la Sra. Directora Nacional del SENAME, mediante oficio N° 4.876, de fecha 29 de agosto de 2014. A través de Ordinario N° 2.277, de 12 de septiembre de 2014, el Servicio solicita una prórroga de 5 días hábiles para responder, este Consejo accede a lo solicitado.

Con fecha 24 de septiembre de 2014 ingresan a este Consejo los descargos del SENAME, indicando lo siguiente;

La información solicitada versa sobre dos ámbitos de intervención del Servicio:

a) Aquella relativa a la actuación que en la intervención sicosocial de las niñas involucradas, lo que se refiere a antecedentes de ingreso, forma en que este Servicio concurrió en su rol de protector y promotor de los derechos de las mismas, a través de los programas existentes en el SENAME y sobre todo como abordó la restitución de derechos. En este sentido señala que detenta información que constituyen datos sensibles, como el nombre, fechas de nacimiento, RUT, causa de ingreso a la red del SENAME, entre otros.

b) Aquella que dice relación con el cumplimiento de su obligación de querellarse ante los tribunales de la justicia en caso de indicios graves de peligro material o moral respecto de niños, niñas y adolescentes. Al respecto reitera la breve intervención que tuvo indicando que:

- El 25 de junio de 2009, presentó una querella ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso;

- El 26 de junio (no indica año) se dicta resolución que admite a tramitación la querella;

- El 1 de julio de 2009, en la audiencia de formalización de la detención, el tribunal declaró la nulidad de la resolución que acogió a tramitación la querella presentada por el SENAME;

- Se decide apelar la mencionada resolución "aun cuando por decisión de las autoridades regionales de la época, se determinó no continuar con el procedimiento.";

- El 17 de julio de 2009, la Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió el abandono del recurso;

- A través de la resolución que anula el fallo que autorizó la querella, el SENAME perdió la calidad de parte en el proceso, aun cuando éste presentó recurso de apelación tratando de revertir la medida del Juzgado de Garantía.

Respecto de los datos del proceso penal, no conoce su estado actual, ni si las personas imputadas en el mismo efectivamente fueron acusadas y sancionadas.

En virtud de las razones antes expuestas el órgano decide denegar la entrega de la información por aplicación de las siguientes normas:

i. El artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, ya que la publicidad de dicha información infringe claramente la misión del Servicio, que se enmarca en restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerados, por lo que hacer públicos los antecedentes requeridos, se estaría impidiendo dicha restitución.

ii. Artículo 21 N° 2 del mismo cuerpo legal, ya que la información solicitada supone la entrega de antecedentes proteccionales de las niñas involucradas en la red de explotación sexual, los que contenían datos concernientes a su vida privada. Mismo fundamento que se invoca respecto de la información en el proceso penal, en atención al desconocimiento del estado procesal del juicio criminal y de la sanción o absolución de los imputados.

iii. En cuanto al artículo 7 de la ley N° 19.628, es especialmente relevante en un Servicio como el SENAME debido a la enorme cantidad de datos que maneja de sus sujetos de atención, los que en general aluden a situaciones complejas, los que se tratan bajo los mayores resguardos posibles. Que, la protección legal del tratamiento de datos personales viene a ser una limitante al ejercicio del derecho de acceso a la información. Asimismo, y considerando que el objetivo esencial de la ley de acceso, ha sido "abrir los espacios públicos al escrutinio ciudadano", debe reconocer necesariamente límites y restricciones.

iv. El artículo 16 de la Convención de los Derechos del Niño, tratado internacional vigente en nuestro país en virtud del Decreto Supremo N° 830, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1990, constituye una norma que consagra el derecho a la intimidad de los niños, esta norma indica que "Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación." También se refiere a las obligaciones que consagra la citada convención en su artículo 3 que obliga a considerar siempre el "interés superior del niño". Al respecto señala que si bien es efectivo que las niñas involucradas, hoy día son mayores de edad, su derecho a la intimidad también es reconocido en nuestra legislación.

El Servicio se desistió de notificar a las mencionadas personas, de conformidad a los dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, debido a que se desconoce los actuales domicilios de las mismas, y con el objeto que no se aplique el apercibimiento del inciso final que indica que "en caso de no deducirse la oposición, se entenderá que el tercero afectado accede a la publicidad de dicha información". Esto en consideración que los sujetos, siempre han sido niños vulnerados o "deprivados" socialmente, los que no obstante hoy ser mayores de 18 años de edad, aún pueden encontrarse en círculos de maltrato.

En relación a los antecedentes de la causa penal, indica que no habrían existido comunicaciones entre el SENAME y otros organismos públicos, dado que la intervención de este Servicio en el proceso judicial, se activa, con el sólo hecho que este tome conocimiento de una posible situación de vulneración a los niños, niñas y adolescentes, no siendo necesario contar con mayores antecedentes para iniciar intervenir con una querella.

Finalmente, se refiere a la intervención del ex Director Nacional del SENAME, don Rolando Melo Latorre, como Fiscal de la época, encargado del proceso en comento. Indica que las funciones que ha ejercido en uno u otro organismo no pueden ser vinculadas. Realiza un análisis de las labores del Ministerio Público y del SENAME, y agrega que, al ingresar el Sr. Latorre al SENAME el año 2010, no existió opción alguna de que el Servicio hubiera realizado alguna acción judicial posterior, luego de la declaratoria de inadmisibilidad.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en el presente caso el amparo se funda en la respuesta negativa que el órgano habría dado al reclamante, respecto de lo solicitado en los términos señalados en el N° 1 de lo expositivo de la presente decisión. En cuanto a la primera parte del requerimiento del Sr. Medina de acuerdo a lo indicado en la letra a) del numeral 1 anteriormente indicado, el órgano denegó el acceso a la información solicitada, aplicando los numerales 1 y 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, los artículos 2 y 7 de la ley N° 19.628 y el artículo 16 de la Convención de los Derechos del Niño.

2) Que, en cuanto a la aplicación del artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia, el órgano reclamado ha señalado que la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de sus funciones. En efecto, según dispone el artículo 1 del decreto ley N° 2.465, que crea el Servicio Nacional de Menores y fija su ley orgánica, el SENAME es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, "encargado de contribuir a proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en el ejercicio de los mismos y a la reinserción social de adolescentes que han infringido la ley penal". Por consiguiente, la divulgación de información sensible de personas que han sido vulnerados en sus derechos, afecta el debido cumplimiento de las funciones del organismo, pues al revelar los antecedentes solicitados, el servicio no cumpliría con su función principal de proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en los mismos, configurándose la causal de reserva contemplada en la norma antedicha, aplicándose el criterio establecido en la decisión del amparo C300-14.

3) Que, respecto del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, es claro que la información solicitada por el requirente se refiere a la esfera de la vida privada de las personas involucradas. Por cierto, el órgano ha indicado que lo solicitado incluye nombres y apellidos, fechas de nacimiento, RUT, causa de ingreso a la red del SENAME, entre otros datos, así como los antecedentes del proceso judicial criminal en que el Servicio tuvo intervención. Consecuentemente, puede afirmarse que la información solicitada es de naturaleza sexual, íntima, y por ende, pertenece a la esfera de la vida privada de las personas involucradas, configurándose, de tal modo, la causal de reserva antes indicada.

4) Que, atendido el tipo de información contenida en los antecedentes del SENAME, tanto en lo relativo a la intervención sicosocial como a la querella criminal, queda de manifiesto que la información solicitada constituye un dato sensible, a la luz de lo establecido por el artículo 2, letra g) de la ley N° 19.628, toda vez que se refieren a hechos y circunstancias de la vida privada o de la intimidad de las personas involucradas, relativos a sus estados de salud físicos y psíquicos y a su vida sexual.

5) Que, respecto de la aplicación del principio de divisibilidad de la información solicitada, dicha circunstancia no es posible de ser aplicada en el asunto de marras, puesto que existe información, en los medios de comunicación y en los documentos publicados en la página web del Poder Judicial, en que se identifica claramente a las víctimas de la mencionada red de explotación sexual, siendo un grupo reducido de personas, lo que a su vez, hace posible posible identificar a las personas cuyos datos se solicitan, al menos colectivamente. En consecuencia, aun tarjando los nombres y demás datos de individualización de las personas afectadas, la publicación de información de la intervención sicosocial del SENAME y los antecedentes de la causa judicial requerida podrían ser atribuidas a un número determinado y relativamente bajo de personas.

6) Que, a mayor abundamiento no resulta posible solicitar el consentimiento de las mujeres afectadas, hoy mayores de edad, toda vez que el Servicio reclamado ha señalado que no registran domicilio conocido en sus archivos. En consecuencia, siendo información que afecta la esfera de la vida privada de las víctimas, ésta no puede entregarse al solicitante. Así razonó este Consejo con ocasión del amparo Rol C225-14, señalando en dicha ocasión que el Servicio reclamado por haber denegado el acceso a fichas que contenían datos personales, "invocando como primera causal de reserva la dispuesta en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en la Ley N°19.628, obró correctamente, puesto que haber divulgado los antecedentes solicitados, necesariamente hubiese afectado la vida privada tanto de las personas vivas cuyos datos figuren en éstas -sin que conste su autorización para entregar sus datos en el procedimiento en análisis de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N°19.628 citada- (...), afectando con ello la esfera de su vida privada, protegida por la hipótesis de reserva contemplada en el artículo 21 N°2 del cuerpo normativo ya referido en concordancia con lo dispuesto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República".

7) Que, habida cuenta de las consideraciones antecedentes, se rechazará el amparo interpuesto por don Matías Rojas Medinas en lo que se refiere a esta primera parte de la solicitud.

8) Que, en cuanto al requerimiento del Sr. Rojas Medina, establecido en el literal b) del número 1) de la parte expositiva, es dable indicar que el órgano público dio respuesta a lo requerido, indicando que realizó dos tipos de gestiones al respecto, conforme se desarrolló en los numerales 2) y 6) de lo expositivo, en un primer lugar el SENAME realizó una intervención sicosocial de las entonces menores involucradas y en segundo lugar presentó una querella ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, habiéndose dado respuesta a lo requerido por el reclamante, es más, el órgano indica que no habrían existido comunicaciones entre el SENAME y otros organismos, dado que la intervención de este Servicio en el proceso judicial, se activa, con el sólo hecho de tomar conocimiento de una posible situación de vulneración a los niños, niñas y adolescentes, no siendo necesario contar con mayores antecedentes para iniciar su intervención en un proceso criminal a través de la respectiva querella.

9) Que, en consecuencia, de lo anteriormente expresado y habiendo el órgano cumplido con su obligación de informar, este Consejo rechazará de la misma forma el amparo respecto de lo solicitado en la letra b) del N° 1 de lo expositivo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don Matías Rojas Medina en contra del SENAME, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Encomendar al Director General de este Consejo y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Matías Rojas Medina y a la Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. La Presidenta del Consejo Directivo doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Rubén Burgos Acuña.