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Pedro Carreño Alarcón con MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES Rol: C1288-14

Consejo para la Transparencia, 20/01/2015

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Los Andes, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a las bases del concurso para acceder al cargo de Director de la Escuela España. El Consejo acoge parcialmente el amparo. Respecto al literal a), se acoge el amparo, toda vez que la información es pública no configurándose la causal de secreto invocada. Respecto al literal b), se acoge el amparo respecto a la información correspondiente a la requirente y al seleccionado en el cargo público. En cuanto a los postulantes seleccionado en la quina o terna del concurso, pero no seleccionados, se debe comunicar a aquellos la posibilidad de que puedan oponerse a la entrega de la información, lo mismo respecto al resto de los postulantes. Respecto al literal c), se acoge el amparo debiendo tarjarse la identidad de aquellos que no resultaron ganadores. Respecto al listado de preseleccionados por la comisión evaluadora, se debe entregar dicho listado en los mismos términos señalados antes.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1288-14

Entidad pública: Municipalidad de Los Andes

Requirente: Pedro Carreño Alarcón

Ingreso Consejo: 25.06.2014

En sesión ordinaria N° 586 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de enero de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1288-14.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de mayo de de 2014, don Pedro Carreño Alarcón solicitó a la Municipalidad de Los Andes, en relación a las bases del concurso para acceder al cargo de Director de la Escuela España, año 2014, la siguiente información:

a) Acta de los integrantes de la Comisión Calificadora.

i. Acta del sorteo realizado para elegir el docente destacado y la fecha de su elección.

b) Actas de la Evaluación curricular

i. Calificaciones de cada postulante, realizadas por la asesoría externa

c) Actas de la evaluación psicolaboral:

i. Resultado de la evaluación psicolaboral practicada por la asesoría externa a cada candidato expresadas en calificaciones de 1 a 7.

ii. Listado de preseleccionados entrevistados por la Comisión Calificadora.

iii. Informe de la asesoría externa, con el listado de candidatos preseleccionados, la descripción del análisis curricular efectuado, los resultados de las evaluaciones psicolaborales y la evaluación de los factores de mérito, liderazgo y de las competencias específicas señaladas en el perfil profesional.

d) Actas de las entrevistas de la Comisión Calificadora

i. Calificaciones obtenidas por los candidatos, en conformidad a la ponderación asignada a cada uno de los atributos en el perfil de selección.

ii. Acta de cada una de las sesiones, con la constancia de sus acuerdos.

iii. Nómina de los candidatos mejor evaluados en las entrevistas con la Comisión Calificadora.

iv. Terna o quina final presentada al sostenedor, en orden de prelación.

2) RESPUESTA: Mediante correo electrónico de 10 de junio de 2014, la Municipalidad de Los Andes dio respuesta a la solicitud de información en los siguientes términos:

a) Se realizaron las consultas pertinentes a la Alta Dirección Pública, que señaló que por resguardo de la información personal, no se puede entregar.

b) Para requerir información se debe dirigir directamente a Alta Dirección Pública.

3) AMPARO: El 20 de junio de 2014 don Pedro Carreño Alarcón presentó ante la Gobernación Provincial de Valparaíso amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de Los Andes, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. Dicho amparo fue ingresado el 25 de junio de 2014 en este Consejo. El reclamante precisa que si el municipio reclamado no era competente, debió derivar el requerimiento.

4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: Mediante el Oficio N° 3.596, de 2 de julio de 2014, este Consejo solicito al reclamante subsanar su amparo en orden a acompañar copia íntegra de la respuesta entregada por el órgano reclamado. Mediante correo electrónico de 18 de julio de 2014, el Sr. Carreño remitió el documento solicitado.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo y, mediante el Oficio N° 3.958, de 22 de julio de 2014, confirió traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Los Andes, quien, mediante el Oficio N° 616, de 7 de agosto de 2014, evacuó sus descargos y observaciones en los siguientes términos:

a) El referido concurso se realizó a través de la plataforma web del Servicio Civil http://www.directoresparachile.cI y contó con la asesoría y participación de la Alta Dirección Pública, a través de la designación y concurrencia de un representante nombrado para tales efectos por Resolución Exenta N° 1.694, de 11 de diciembre de 2013, nombramiento que recayó en don Leonardo Vera Monrroy, conforme lo establece el artículo 32 bis del Estatuto Docente, Ley N° 20.501, sobre calidad y equidad en la educación.

b) Una vez que se tomó conocimiento del requerimiento, se procedió a consultar a don Leonardo Vera Monrroy, representante de Alta Dirección Pública, quien como señala el aludido informe, respondió que cualquier consulta respecto del proceso de selección y en definitiva del concurso público, debía realizarse en la Alta Dirección Pública.

c) De conformidad con lo establecido en el N° 2 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, es causal en cuya virtud se puede denegar total o parcialmente el acceso a la información, cuando la publicidad, comunicación o conocimiento de la misma afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. Por su parte el artículo 7° del Reglamento de la citada ley en su segundo numeral hace extensiva la protección a los llamados datos sensibles.

d) De la propia redacción de las normas referidas, y efectuando un ejercicio exegético en base a los principios de interpretación normativa contenidos en los artículos 19 al 24 del Código Civil, que como límite al derecho garantizado por la ley a los ciudadanos de conocer y de poder acceder a toda la información que emana de los actos propios de los órganos públicos, se encuentra la intimidad, esto es, la vida privada de otros particulares que intervienen o han intervenido en los procesos ligados a la administración, es en este sentido que cuando la ley señala expresamente como límite "los derechos de las personas" y luego ocupa la expresión "particularmente" lo referido a continuación debe necesariamente entenderse como una puntualización de casos y no como una enumeración taxativa.

e) La decisión tomada por esta autoridad, en cuanto a no efectuar la entrega de los antecedentes requeridos por don Pedro Carreño Alarcón, ha tenido su fundamento en las normas precedentemente reseñadas, toda vez que en el marco del procedimiento establecido y en cada una de las etapas consecutivas y sucesivas en las que consiste un proceso concursal, se ventilan datos sensibles e información que corresponde a la esfera de la vida privada de los postulantes al cargo.

f) La evaluación psicolaboral, en la cual se reúnen una serie de antecedentes de los postulantes, recabados durante las distintas etapas a las que se ha hecho referencia, contienen análisis y juicios que se efectúan respecto de una serie de competencias de los profesionales oponentes al cargo, cuya divulgación puede conllevar a una estigmatización laboral de los participantes, o a que terceras personas puedan conocer datos de su individualización, como son su nombre completo, número de cédula de identidad, antecedentes laborales y de historia en su ejercicio profesional, información que pertenece en propiedad a sus titulares y que en su faz de derechos públicos subjetivos se encuentran amparados por la Constitución Política de la República y las leyes dictadas al efecto.

g) En cuanto a que los documentos requeridos por don Pedro Carreño obren en poder de esta autoridad, es menester señalar que la documentación se encuentra a cargo de la Dirección de Administración de Educación Municipal, en formato físico o material.

h) En cuanto al procedimiento cuya información se requiere, es dable señalar que este se constituye en distintas etapas las cuales se materializan en certificaciones, actas y actos administrativos.

i) Informó los antecedentes de la terna final de candidatos elegibles.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS:

6.1. Mediante Oficio N° 4.565, de 14 de agosto de 2014, este Consejo confirió traslado a don Jorge Contreras Pinto a fin de que evacuara sus descargos y observaciones. Hasta la fecha estos no han sido ingresados a este Consejo.

6.2. Mediante Oficio N° 4.566, de 14 de agosto de 2014, este Consejo confirió traslado a don Franco Núñez Ahumada, quien, mediante presentación de 25 de agosto de 2014, evacuó sus descargos y observaciones en los siguientes términos:

a) Me opongo a la entrega de información personal y que me afecta directamente, por tratarse de datos de carácter personal.

b) Siento un enjuiciamiento indirecto hacia mi persona y hacia la persona que ganó el concurso de la Escuela España.

6.3. Mediante Oficio N° 4.567, de 14 de agosto de 2014, este Consejo confirió traslado a don Cristián Cruz Alfaro quien, mediante presentación de 27 de agosto de 2014, evacuó sus descargos y observaciones en los siguientes términos:

a) Me opongo a la entrega de información personal y que me afecta directamente, por tratarse de datos de carácter personal.

b) Siento un enjuiciamiento indirecto hacia mi persona y hacia la persona que ganó el concurso del Liceo América.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el amparo de la especie se fundamenta en la negativa de la Municipalidad de Los Andes a entregar la información solicitada, relacionada con el proceso concursal para proveer el caro de Director de la Escuela España, ya que en su respuesta a su solicitud dicho organismo señaló que debía requerir la información a "la Alta Dirección Pública", esto es, a la Dirección Nacional del Servicio Civil. No obstante lo señalado, con ocasión de los descargos evacuados en esta sede, el municipio reclamado indicó que los antecedentes requeridos obran en poder de la Dirección de Administración de Educación Municipal de la Municipalidad de Los Andes.

2) Que la normativa que regula este tipo de procedimientos concursales se encuentra contenida en la ley N° 19.070, Estatuto Docente, que establece lo siguiente:

a) Artículo 31 bis: Establécese el siguiente mecanismo de selección directiva para proveer las vacantes de los cargos de director de establecimientos educacionales:

Existirá una comisión calificadora integrada por el Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la Corporación Municipal, según corresponda; un miembro del Consejo de Alta Dirección Pública, creado en la ley N° 19.882, o un representante de este Consejo elegido de una lista de profesionales de reconocido prestigio en el ámbito educacional aprobada por el propio Consejo; y un docente perteneciente a la misma dotación municipal que se desempeñe en otro establecimiento educacional elegido por sorteo. En este último caso, el docente deberá cumplir con alguno de los siguientes requisitos: Pertenecer a la red de Maestros de Maestros o estar acreditado como Profesor de Excelencia Pedagógica, según lo dispuesto en la ley N° 19.715, o haber sido evaluado como profesor de desempeño destacado, de acuerdo a la evaluación dispuesta en el artículo 70 de esta ley.

Para efectos de conformar la comisión calificadora, en el caso que el municipio tenga un solo establecimiento educacional o que ningún docente de la dotación cumpla con los requisitos establecidos en el inciso anterior, el Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la Corporación Municipal lo elegirá por sorteo entre los pertenecientes a la dotación respectiva.

Estarán inhabilitados para formar parte de las comisiones calificadoras a que hace referencia el presente artículo quienes tengan, con cualquiera de los postulantes, una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y tercero por afinidad.

Los concursos a los cuales convocarán las respectivas municipalidades serán administrados por su Departamento de Administración de Educación Municipal o por la Corporación Municipal, según corresponda. Dichos organismos pondrán todos los antecedentes a disposición de la comisión calificadora.

b) Artículo 32 bis: previene que "la selección será un proceso técnico de evaluación de los candidatos que incluirá, entre otros aspectos, la verificación de los requisitos solicitados en el perfil definido en el artículo anterior, entrevistas a los candidatos y la evaluación de los factores de mérito, de liderazgo y de las competencias específicas, cuya ponderación será determinada por cada sostenedor.

El proceso de evaluación deberá considerar el apoyo de asesorías externas registradas en la Dirección Nacional del Servicio Civil, con la finalidad de preseleccionar los candidatos que serán entrevistados por la comisión calificadora. Estas asesorías deberán ser elegidas por el miembro de la comisión calificadora del Consejo de Alta Dirección Pública, creado en la ley N° 19.882, o su representante y podrán ser financiadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la Ley de Calidad y Equidad en la Educación.

Con posterioridad, la comisión calificadora deberá entrevistar a cada uno de los candidatos preseleccionados, proceso para el cual podrá contar con apoyo externo. Luego de ello, la comisión calificadora deberá presentar un informe con la nómina de los postulantes seleccionados. Dicha nómina contará con un mínimo de tres y un máximo de cinco candidatos, los que serán presentados al sostenedor quien podrá nombrar a cualquiera de ellos o declarar, previa resolución fundada, desierto el proceso de selección, caso en el cual se realizará un nuevo concurso".

3) Que de acuerdo a las bases del concurso en comento, remitidas por el municipio reclamado con ocasión de sus descargos, éste estuvo conformado por las siguientes etapas: a) análisis de admisibilidad de las postulaciones; b) evaluación curricular; c) evaluación psicolaboral; d) entrevistas por la comisión calificadora; conformación de nómina de elegibles; e) elección por el sostenedor.

4) Que la regla general en materia de acceso a la información es la publicidad, que se encuentra en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. Por lo tanto, encontrándose en poder de la Municipalidad de Los Andes la información requerida que ha sido elaborada con presupuesto público, ésta es en principio pública, a menos que concurra una de las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y las previstas en otras leyes de quórum calificado. Al respecto, el municipio reclamado invocó respecto de la información solicitada la casual contenida en el artículo 21 N° 2 del citado texto legal.

5) Que por el literal a) de la solicitud de información, el Sr. Carreño solicitó el acta con los integrantes de la comisión calificadora y el acta del sorteo realizado para elegir "al documento destacado" (sic) y fecha de su elección. Del tenor de dicha solicitud se colige que lo solicitado es el acta de constitución de la comisión calificadora y el acta en el cual conste el sorteo para elegir al docente perteneciente a la misma dotación municipal que se desempeñe en otro establecimiento educacional, según contempla el artículo 31 bis de la ley N° 19.070.

6) Que si bien el municipio reclamado invocó la causal de secreto del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, a juicio de este Consejo no se advierte que ésta se configure, por tratarse dichas actas de información pública de conformidad a los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. Por lo anterior, se acogerá el amparo sobre este punto y se requerirá la entrega al Sr. Carreño de las actas requeridas.

7) Que respecto del literal b) de la solicitud, esto es, actas de la evaluación curricular y las calificaciones de cada postulante realizada por la asesoría externa, cabe hacer presente que analizada la documentación remitida por el municipio reclamado, se advierte que existió una evaluación curricular de cada uno de los postulantes la cual fue traducida en un puntaje determinado por cada criterio a evaluar. En dicho contexto, el organismo solo remitió a este Consejo la pauta del informe de análisis curricular con la descripción de cada criterio a evaluar y los respectivos puntajes a aplicar, y un listado con los resultados de dicha evaluación de manera anónima, aplicada a 44 candidatos, señalando si pasaban o no a la siguiente etapa de evaluación piscolaboral. Sin embargo, este Consejo estima que necesariamente debe existir un informe de análisis curricular respecto de cada candidato, traducido en puntajes.

8) Que precisado lo anterior, cabe hacer presente que la jurisprudencia de este Consejo ha establecido algunos criterios con respecto a la publicidad de las actas de certámenes concursales y los puntajes asignados a los candidatos en el marco de la evaluación de sus competencias, que resultan aplicables en este caso. En efecto, en las decisiones de los amparos Roles C29-09 y C35-09, así como las que resolvieron las reposiciones de las mismas, como otras decisiones posteriores pronunciadas en ese mismo sentido -amparos Roles C692-12 y C1762-12, entre otras-, han establecido algunas distinciones que resultan atingentes con respecto a lo que se ha solicitado en el presente caso, a saber:

a) Con respecto al postulante requirente, se ha adoptado el criterio de entregar la evaluación relativa a sus competencias traducida en los puntajes asignados, por tratarse de los referidos a su persona, de los cuales es titular conforme a lo preceptuado en el artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

b) En relación al postulante designado en el cargo público, se ha resuelto la entrega de los puntajes de sus evaluaciones y calificaciones, bajo el fundamento de que la privacidad de dicho funcionario siempre se verá disminuida como consecuencia de que desarrolla una función pública que ha de ejercerse en forma transparente. En tal caso cabe aplicar el criterio desarrollado por este Consejo en el considerando 9°, letra f), de la decisión recaída en la reposición del amparo Rol C29-09.

c) En cuanto a la información relativa a los postulantes seleccionados en la quina o terna del concurso, pero no designados para el cargo: se ha establecido al necesidad de que el órgano reclamado comunique la facultad que les asiste de oponerse a la entrega de la información que les concierne, en virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia. Asimismo, se ha estimado que procede la entrega de los puntajes respectivos, resguardando debidamente la identidad de los postulantes, por cuanto se ha concluido -amparo Rol A90-09- que la decisión de participar en un concurso no tiene por qué exponerse a la comunidad en caso de no ser exitosa, salvo que hayan accedido expresamente a ello, o que en virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia, no hayan manifestado oposición en tiempo y forma.

d) Tratándose de los demás postulantes no designados para el cargo, se ha establecido la necesidad de que el órgano reclamado les comunique la facultad que les asiste de oponerse a la entrega de la información que les concierne, en virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia. En efecto, conforme se ha razonado en la decisión del amparo Rol C90-09, al no haber sido seleccionados para el cargo, se encuentran en una situación diferente al que sí lo fue, además que la decisión de postular a un cargo no tiene por qué exponerse a la comunidad en caso de no ser exitosa. En consecuencia, ha de mantenerse la reserva de la identidad del postulante, salvo que hayan accedido expresamente a ello o, corresponda aplicar el efecto previsto en el inciso final del artículo 20 de la Ley de Transparencia, esto es, que habiendo sido comunicados de la solicitud de información hayan deducido oposición en tiempo y forma, al igual que en el caso de los postulantes que formaron parte de la quina o terna y que no fueron seleccionados. Si los terceros no han sido notificados conforme a la citada norma, no cabe entender que hayan consentido, debiendo por tanto reservarse su identidad.

9) Que, ese contexto, y aplicando los criterios señalados en el considerando 7° precedente, el municipio deberá acceder a la entrega de las actas de evaluación solicitadas, incluyendo los puntajes asignados a los candidatos, debiendo reservar la identidad o cualquier otro dato personal que permita la identificación de los otros postulantes distintos al ganador y al reclamante, reservando también la identidad de aquellos que se opusieron en virtud del traslado dado por este Consejo en virtud del artículo 25 de la Ley de Transparencia, descrito en el numeral 6° de lo expositivo de la presente decisión. Esto porque el municipio no comunicó a los participantes la solicitud en los términos establecidos en el artículo 20 del citado texto legal.

10) Que por el literal c) de la solicitud de información, el reclamante solicitó, en primer término, el resultado de la evaluación psicolaboral practicada por la asesoría externa a cada candidato, expresadas en calificaciones de uno a siete. Al respecto, deben aplicarse los mismos criterios descritos en el considerando 6°, letras a), b), y c), debiendo el municipio reclamado entregar al solicitante lo solicitado solo en cuanto esté expresado en puntajes, reservando la identidad de aquellos participantes que no resultaron ganadores del concurso, y sin tarjar la identidad del ganador ni del propio solicitante. Deberá tarjar también las identidades de las personas a quienes este Consejo confirió traslado, ya que dos de ellos se opusieron a la entrega de su información y un tercero no manifestó su voluntad, por lo que se entiende que debe se deben reservar. En caso de no contar con tal evaluación expresada en puntajes, el municipio reclamado deberá señalarlo expresamente al reclamante.

11) Que, en segundo lugar, el reclamante solicitó el listado de preseleccionados entrevistados por la comisión evaluadora. Sobre este punto, a juicio de este Consejo, aplicando los criterios establecidos en el considerando 6°, sólo es posible entregar la identidad del ganador del concurso y del propio requirente, ya que tratándose de otros postulantes no designados para el cargo, se ha establecido la necesidad de que el órgano reclamado les comunique la facultad que les asiste de oponerse a la entrega de la información que les concierne, en virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia, lo que no aconteció en la especie. En efecto, conforme se ha dicho, -en la decisión del amparo Rol C90-09-, al no haber sido seleccionados para el cargo, se encuentran en una situación diferente al que sí lo fue, además que la decisión de postular a un cargo no tiene por qué exponerse a la comunidad en caso de no ser exitosa. En consecuencia, se deberá entregar dicho listado tarjando de acuerdo a lo expuesto en el presente considerando.

12) Que, en tercer lugar, el solicitante requirió el listado de la asesoría externa, con el listado de candidatos preseleccionados, la descripción del análisis curricular efectuado, los resultados de las evaluaciones psicolaborales y la evaluación de los factores de mérito, liderazgo y de las competencias específicas señaladas en el perfil profesional. Tal solicitud, a juicio de este Consejo, se refiere a dos aspectos de acuerdo a las bases del concurso, esto es, el análisis de la evaluación curricular, ya analizado en los considerandos 7° a 9° del presente acuerdo, los que tienen por reproducidos, y la evaluación psicolaboral de cada uno de los participantes en el procedimiento concursal.

13) Que revisada la documentación remitida por el municipio reclamado se advierte que existió una evaluación psicolaboral, la cual se efectuó a 29 candidatos. Analizado dicho informe psicolaboral es posible observar que se componen de los siguientes elementos: a) identificación del candidato; b) formación y trayectoria laboral; c) síntesis evaluación psicológica; d) motivación por el cargo en concurso; e) evaluación de competencias; y f) conclusión.

14) Que al respecto se debe distinguir respecto de las siguientes situaciones:

a) En cuanto al informe psicolaboral del ganador del concurso: Se aplicará el criterio contenido en la decisión recaída en el amparo Rol C1392-12, respecto de directores de establecimientos municipales, según la cual: "tratándose de los informes psicológicos, entendiendo por ellos al Informe del Perfil de cada candidato a que se alude en el considerando 5° precedente, el criterio adoptado por este Consejo, según se recoge en la decisión de amparo Rol C971-12, ha sido la de reiterar la reserva de dichos documentos, incluso para el propio solicitante, considerando lo resuelto en las reposiciones interpuestas en los amparos Roles A29-09 y A35-09. Al respecto se ha entendido que la evaluación de estos antecedentes "corresponde a un examen en un momento determinado y sobre la base de los atributos definidos por un mandante, todo lo cual dificulta medirlos en términos objetivos y supone la emisión de opiniones por parte de las consultoras dedicadas al reclutamiento de personal (...) cuya claridad y asertividad es esencial para una debida prestación de sus servicios, tanto en el mundo público como en el privado, y de evidente utilidad para quienes deben decidir qué persona contratar", constituyendo un "juicio de expertos", difícilmente objetivable. Así, se estimó que de divulgarse las opiniones incluidas en estos informes se producirían cuestionamientos difíciles de dirimir dado que, en muchos casos, los interesados no quedarían satisfechos con su contenido, lo que podría mermar su claridad, asertividad y precisión de tales informes en procesos de selección futuros, atributos que son esenciales para un adecuado sistema de reclutamiento. Esto los transformaría en herramientas poco útiles, todo lo cual atentaría contra el debido cumplimiento de las funciones del organismo en cuanto a la selección de su personal y, por extensión, en la ejecución de las otras tareas que la Ley ha encomendado, pues se generaría un riesgo cierto, probable y específico de producir tal afectación, configurando así la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia".

b) Respecto del informe psicolaboral del propio solicitante: se reservará la totalidad del informe, en aplicación del criterio contenido en la decisión recaída en el amparo Rol C1392-12, respecto de directores de establecimientos municipales, la cual fue indicada en en la letra a) precedente, que se tiene por reproducido..

c) Finalmente en lo relativo al informe psicolaboral del resto de los postulantes: Se debe reservar la totalidad del informe, en aplicación del criterio contenido en la decisión recaída en el amparo Rol C1392-12, respecto de directores de establecimientos municipales, la cual fue reproducida en la letra a) y b) precedente, que se tienen por reproducidos.

15) Que por el literal d) de la solicitud, el Sr. Carreño solicitó, en relación a las entrevistas de la comisión calificadora, en primer término, las calificaciones obtenidas por los candidatos en conformidad a la ponderación asignada a cada uno de los atributos en el perfil de selección. Al respecto, las bases del concurso establecen en su punto VII., numeral 4), que "la Comisión Calificadora deberá entrevistar individualmente a cada uno de los/las candidatos/as preseleccionados/as por la asesoría externa, a efecto de identificar a aquéllos que se acercan en mayor medida al perfil profesional del cargo (incorporado en el numeral III de las presentes bases), principalmente en términos de sus competencias y atributos para desempeñarlo, exigidos en dicho perfil. La evaluación de la Comisión Calificadora a cada uno/a de los candidatos/as deberá expresarse en una calificación de 1 a 7 de conformidad a la ponderación asignada a cada uno de los atributos en el perfil de selección".

16) Que, respecto de tal solicitud, debe aplicarse lo antes señalado en los considerandos 8° y 9° de la presente decisión, los que se tendrán por reproducidos, debiendo, en consecuencia, el municipio acceder a la entrega de las calificaciones obtenidas por los candidatos en conformidad a la ponderación asignada a cada uno de los atributos en el perfil de selección, debiendo reservar la identidad o cualquier otro dato personal que permita la identificación de los otros postulantes distintos al ganador y al reclamante, reservando también la identidad de aquellos que se opusieron en virtud del traslado dado por este Consejo en virtud del artículo 25 de la Ley de Transparencia, descrito en el numeral 6° de lo expositivo de la presente decisión. Esto porque el municipio no comunicó a los participantes la solicitud en los términos establecidos en el artículo 20 del citado texto legal

17) Que, además, el requirente solicitó el acta de cada una de las sesiones de la comisión calificadora, en relación con las entrevistas realizadas, con la constancia de sus acuerdos. Al respecto, las bases del certamen establecen en el punto VII., numeral 4), que "la comisión calificadora, desde su constitución hasta el cierre del concurso, deberá levantar acta de cada una de sus sesiones, en la que se dejará constancia de sus acuerdos". Sobre este punto, debe aplicarse lo antes señalado en los considerandos 8° y 9° de la presente decisión, los que se tendrán por reproducidos, debiendo, en consecuencia, el municipio acceder a la entrega de las actas, reservando la identidad o cualquier otro dato que permita la identificación de los otros postulantes distintos al ganador y al reclamante, y deberá también resguardar la identidad de aquellos que se opusieron en virtud del traslado dado por este Consejo en virtud del artículo 25 de la Ley de Transparencia, descrito en el numeral 6° de lo expositivo de la presente decisión. Esto porque el municipio no comunicó a los participantes la solicitud en los términos establecidos en el artículo 20 del citado texto legal.

18) Que, luego, el recurrente solicitó la nómina de los candidatos mejor evaluados en las entrevistas de la comisión calificadora y la terna o quina final. Las bases del procedimiento concursal establecen en el punto VII., numeral 5), respecto de la definición de la nómina, señala que "la nómina de elegibles con un mínimo de tres y un máximo de cinco candidatos/as, los que serán presentados al sostenedor. La nómina deberá incluir a los candidatos mejor evaluados en las entrevistas con la Comisión Calificadora".

19) Que, al respecto, resulta aplicable el criterio contenido en las decisiones recaídas en los amparos Roles C91-10, C190-10 y C368-10, por las cuáles este Consejo determinó, que correspondía denegar el acceso a los antecedentes de los postulantes no seleccionados para el cargo "por contener datos personales de sus titulares los que, de conformidad con los artículos 4° y 7° de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, no pueden ser comunicados sin su autorización", agregándose que "la decisión de postular a un cargo no tiene por qué exponerse a la comunidad en caso de no ser exitosa, por lo que ha de mantenerse la reserva de la identidad del postulante".

20) Que, en aplicación de los criterios reseñados en el considerando precedente, y al no haberse comunicado la solicitud de información a los postulantes de los concursos consultados, de conformidad con el procedimiento descrito en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, procede mantener en reserva la identidad de los postulantes no seleccionados en los cargos concursados, sea que hayan o no sido incluidos en las respectivas ternas o en la etapa final del proceso de selección, procediendo sólo la entrega de la información referida a los puntajes y notas obtenidas por dichos postulantes, resguardando su identidad, toda vez que tal información, al estar disociada del nombre del postulante al que corresponde, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2°, literal e), de la referida Ley N° 19.628, constituye un dato estadístico, que no puede ser asociado a un titular identificado o identificable. Por tales motivos se acogerá parcialmente el amparo sobre este punto, debiendo entregar el municipio sólo los antecedentes del ganador del concurso.

21) Que no obstante lo señalado en los considerandos precedentes, cabe hacer presente que en casos como en el de la especie, en que los documentos solicitados por el requirente pueden contener información que pudiera afectar derechos de terceros, el jefe superior del servicio debe comunicar mediante carta certificada dicha solicitud de información, dentro del plazo de dos días hábiles, contados desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos del artículo 12 de la Ley de Transparencia, a la o las personas a que se refiere o afecta la entrega de la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, adjuntando copia del requerimiento respectivo, conforme lo dispuesto en el artículo 20 del citado cuerpo legal. En la especie, la Municipalidad de Los Andes no comunicó a los terceros interesados la facultad de oponerse a la entrega de los documentos solicitados, razón por la cual se representará a dicha entidad no haber ajustado su actuar a la legislación vigente y al numeral 2.4 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, y deberá adoptar las medidas necesarias para que a futuro no se repitan este tipo de omisiones.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRAS B) Y M) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Pedro Carreño Alarcón en contra de la Municipalidad de Los Andes, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir Sr. -Alcalde de la Municipalidad de Los Andes lo siguiente:

a) Entregue al reclamante:

i. El acta con los integrantes de la comisión calificadora y el acta del sorteo para elegir al docente perteneciente a la misma dotación municipal que se despeñe en otro establecimiento municipal, de acuerdo a lo señalado en el artículo 31 bis de la Ley N° 19.070.

ii. Las actas de evaluación curricular y calificaciones, resguardando la identidad de los postulantes que no fueron seleccionados para el cargo.

iii. Los puntajes de la evaluación psicolaboral expresadas en puntaje, reservando la identidad de los participantes que no resultaron ganadores, sin tarjar la identidad del solicitante ni del ganador.

iv. Respecto dellistado de preseleccionados entrevistados por la comisión evaluadora, deberá entregar la identidad del ganador del concurso.

v. Las calificaciones obtenidas por cada candidato en las entrevistas con la comisión calificadora, expresadas en puntaje, debiendo reservar la identidad de quienes no resultaron ganadores del concurso.

vi. Las actas de la comisión calificadora en relación a las entrevistas realizadas, debiendo reservar la identidad de quienes no resultaron ganadores del concurso y los datos que permitan su individualización.

vii. Respecto de la nómina de candidatos elegibles, se debe entregar unicamente la identidad del ganador del concurso.

b) Cumpla con tales requerimientos dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de dichos requerimientos enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@cplt.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Representar al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Los Andes la infracción al artículo 20 de la Ley de Transparenciasa, al no haber comunicado a las personas a que se refiere o afecta la información solicitada por elr equirente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, debiendo adoptar las medidas necesarias para que en el futuro no se repita dicha omisión.

IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión Sr. Alcalde de la Municipalidad de Los Andes, a don Pedro Carreño Alarcón y a los señores Franco Núñez Ahumada y Cristián Cruz Alfaro, estos últimos en su calidad de terceros interresados.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Rubén Burgos Acuña.