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Floriano Cruz Muñoz con MUNICIPALIDAD DE SAGRADA FAMILIA Rol: C1215-14

Consejo para la Transparencia, 03/02/2015

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Sagrada Familia, fundado en que la respuesta entregada no corresponde a la solicitada toda vez que lo solicitado fue el total de sueldos pagados en el punto 1 [letra a] más copia de los títulos. El Consejo acoge parcialmente el amparo. Respecto al detalle de los sueldos pagados, se acoge el amparo toda vez que lo solicitado es el total de remuneraciones percibidas mensualmente, por cada uno de los funcionarios singularizados, no sólo respecto al "sueldo base", que es una suma fija que no varía mes a mes, y, en cambio, la remuneración total percibida mensualmente, sí puede ser objeto de variaciones, teniendo con consideración las diversas asignaciones, bonificaciones, pago de horas extras, viáticos, etc., que componen las rentas de los funcionarios municipales lo que se encuentra acorde a lo solicitado por el requirente. Respecto al detalle de horas extras, es dable señalar que resulta fácilmente posible calcular los montos pagados a cada funcionario, teniendo en consideración que no todos los funcionarios consultados realizaron horas extras todos los meses, por lo que se rechaza el amparo en este punto. Respecto a la solicitud de copias de los certificados o títulos profesionales de los funcionarios identificados, se acoge el amparo, toda vez que dichos certificados son el sustento o complemento directo y esencial del acto o resolución de nombramiento de un funcionario del estamento profesional, debiendo desestimar la causal de secreto alegada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1215-14

Entidad pública: Municipalidad de Sagrada Familia

Requirente: Floriano Cruz Muñoz

Ingreso Consejo: 16.06.2014

En sesión ordinaria N° 590 del Consejo Directivo, celebrada el 3 de febrero de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1215-14.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 25 de abril de 2014, don Floriano Cruz Muñoz solicitó a la Municipalidad de Sagrada Familia, en adelante e indistintamente, la Municipalidad o el Municipio, la siguiente información:

a) Se solicita el detalle de los sueldos pagados, horas extras y cometidos desde enero 2013 a marzo 2014, copia del certificado de título profesional emitido por la Universidad o Instituto Profesional, y resultado del examen médico preventivo, para cada uno de los siguientes funcionarios municipales: Ricardo Núñez, Francisco Guzmán, Liliana Garrido, Eugenio Rojas, Maryaliz Pino, Mario Santelices, Ana Lillo y Mariela Peña. El detalle debe ser individualizado por funcionario mes a mes, y además si existen aumentos de grado o sueldo durante este período, especificar el motivo. También se requiere acompañar esta información con la que se publica en el portal municipal de Ley de Transparencia Municipal en el mismo período indicado.

b) Se solicita copia del Decreto Alcaldicio registrado en la Contraloría General de la República aprobando el contrato de trabajo.

c) Indicar las acciones que se tomaron por la irregularidad detectada en la contratación de los servicios para los servicios de fumigación por parte de la funcionaria Ana Lillo respecto de su actual pareja y padre de sus hijos.

d) Indicar porque no se nombró un funcionario de planta para llevar el sumario a la Srta. Catalina Castro Amenabar.

e) Indicar la fecha de compra y reservas realizadas para la compra de pasajes a Europa de los Sres. Osvaldo Jorquera y José Toledo".

2) PRORROGA Y RESPUESTA: Mediante documento de fecha 1 de abril de 2014, la reclamada informó al solicitante la prórroga del plazo, en los términos señalados en el inciso final del artículo 14 de la Ley de Transparencia, para evacuar la respuesta, dado el volumen de la información solicitada.

Posteriormente, el 9 de junio de 2014, mediante Ord. N° 728/2014, el Alcalde de la Municipalidad de Sagrada Familia, respondió al solicitante, señalando en síntesis, que:

a) Respecto al literal a) de la solicitud, señala que "Se entrega detalle de los sueldos pagados, trabajos extraordinarios y cometidos de enero 2013 a marzo del año 2014. En cuanto a la entrega de copias de certificados de títulos profesionales emitidos por Universidad o Instituto Profesional y resultado de examen médico preventivo de los funcionarios aludidos, puesta en conocimiento de tales servidores la solicitud por Ud. formulada, en los términos establecidos por la Ley 20.285, estos han rechazado expresamente la entrega de tales antecedentes, pues aun cuando se trata de información que sirve de fundamento para la dictación de actos administrativos propios de la gestión municipal (...) estos contienen información de carácter personal amparada por la Constitución Política del Estado, en particular, garantías constitucionales de derecho de propiedad, integridad física y psíquica, derechos económicos y sociales, ley sobre protección a la vida privada, y la propia Ley 20.285", razón por la cual, según lo dispuesto en el artículo 21 N°2, en relación con los artículos 19 y 20 "este órgano de la administración activa está impedido de entregar la información solicitada".

b) Luego, en cuanto a los cambios de grado realizados al personal municipal, informa 5 casos en que ello se habría realizado, en los meses de enero y marzo de 2013 y enero de 2014, y agregando que "El fundamento de las modificaciones antes mencionadas está en el ejercicio de facultades privativas del alcalde, al tenor de lo dispuesto en el artículo 63 letra c) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades".

c) En relación con la solicitud de la letra b), señala el órgano que "no es clara, ni determinada ni específica, en los términos establecidos por la Ley, de modo tal que no cumple los requisitos contemplados en el artículo 12 letra b), de manera tal que este órgano de la administración activa se abstendrá de entregar lo solicitado, pues no se entiende a qué, ni quienes se refiere específicamente. Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente al peticionario que le asiste su derecho a subsanar la falta de claridad y precisión de su petición dentro del plazo".

d) Sobre la solicitud del literal c), indica que "contiene afirmaciones que no sólo no son efectivas, sino además inexactas (...) afirma que la contratación fue efectuada por la funcionaria Lillo Gutiérrez, en circunstancias que ello no corresponde a la realidad". Luego, agrega que "Efectivamente durante los meses de julio y agosto del año 2013, se contrataron los servicios de desratización y fumigación de las Escuelas de La Higuerilla, Eugenio Tagle Valdés, Santa Rosa, San José de Peteroa, Villa Prat, Santa Emilia, y La Isla, por la Dirección de Administración de Educación Municipal de Sagrada Familia y no por Secplac, mediante la modalidad de trato directo, por cumplir los montos involucrados con ese tipo de contratación, considerando las cotizaciones respectivas obtenidas la funcionaria Romina Gutiérrez Díaz, quien generó las respectivas órdenes de compra, cumpliendo entonces la normativa vigente (...) por lo que en la contratación no ha sido vulnerada normativa alguna".

e) Acerca de lo requerido en la letra d) señala que "no ha existido ni existe ningún procedimiento sumarial que específicamente incoado en contra de la funcionaria aludida" (sic).

f) Por último, respecto a lo consultado en la letra e), el órgano informa que "la Municipalidad de Sagrada Familia no ha efectuado reserva ni compra de pasajes de ninguna especie respecto de las autoridades signadas en la consulta, quienes viajaron a un programa de capacitación autorizado por el Concejo Municipal" y adjunta oficio que acredita lo anterior.

3) AMPARO: El 16 de junio de 2014, don Floriano Cruz Muñoz dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta entregada no corresponde a lo solicitado. Agrega además, que: "se solicitó el total de sueldos pagados en el punto 1 [letra a] más copia de los títulos".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo acordó admitir a tramitación este amparo, y mediante Oficio N° 3.373, de fecha 25 de junio de 2014, confirió traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Sagrada Familia, solicitándole que: (1°) señale si procedió a comunicar al reclamante lo prórroga del plazo para otorgar respuesta a su solicitud, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 de la LT y, en la afirmativa, acompañe copia de dicha comunicación junto con los antecedentes que acrediten la fecha y su medio de despacho; (2°) razones por las cuales la solicitud no habría sido respondida oportunamente; (3°) señale si, a su juicio, la información entregada respecto al total de los sueldos pagados a los funcionarios consultados, satisface íntegramente lo requerido por el recurrente en el literal a) de la solicitud; (4°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva de la información solicitada en el literal a), relativo a copia de certificados de títulos profesionales de funcionarios identificados; (5°) acompañe copia a este Consejo de todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros involucrados, su notificación y oposiciones; y (6°) proporcione los datos de contacto de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la LT y 47 de su Reglamento.

Posteriormente, mediante sendo escrito de contestación, ingresado en este Consejo con fecha 21 de julio de 2014, don Martin Arriagada Urrutia, Alcalde de la Municipalidad de Sagrada Familia, presentó sus descargos y observaciones, señalando en síntesis, que:

a) Respecto a la notificación de la prórroga, señala que "mediante Oficio de fecha 1 de abril del año 2014 (sic), este órgano de la administración activa notificó personalmente al requirente con fecha 27 de mayo del año 2014, del uso del derecho contenido en el artículo 14 inciso final de la ley 20.285 (...) Lo anterior, fundado en que la información solicitada por el requirente y tal como lo establece este instituto jurídico, no sólo requiere de un esfuerzo adicional en su búsqueda, preparación, impresión y entrega, teniendo presente además la reducida planta de personal del municipio". Agrega que "El oficio mencionado (...) fue notificado personalmente al requirente antes del vencimiento del plazo de 20 días hábiles establecidos por la Ley 20.285, quien firmó como recepcionado conforme tal documento".

b) Luego, en relación con la respuesta contenida en el Ord. N° 728/2014, ya mencionado, indica que "este órgano de la administración activa ha dado cumplimiento fiel e íntegro a lo solicitado por Cruz Muñoz, en el sentido de entregar en tiempo y forma la información solicitada, tanto aquella referida a sueldos, pago por trabajos extraordinarios y cometidos, salvo aquella respecto de la que funcionarios municipales aludidos la han negado, y las demás relativas a informar el mérito de decisiones que son propias de la marcha administrativa municipal (...) salvo aquellas que lesionan y afectan derechos de terceros, derechos que para todos los efectos legales forman parte de su patrimonio e independiente de su entidad y valoración, son de carácter personal, por lo que esta corporación está en la situación de verse impedida de hacer entrega de la información, pues aquella podría significar lesión, perturbación o amenaza de aquellos".

c) Sobre lo mismo, señala el órgano que "alegamos en nuestro favor motivo plausible para denegar la entrega de una parte de la información solicitada por el Sr. Cruz, pues a juicio de los funcionarios aludidos, tal como se señaló, esta entrega puede afectar derechos de aquellos, terceros para todos los efectos legales, de modo tal que ello justifica plenamente la negativa a la entrega de esa información, de manera que cumpliendo ello, se ha denegado con justa causa la entrega".

d) Acerca de la notificación de la respuesta hace presente que "la entrega de la información solicitada por el requirente fue efectuada mediante oficio de respuesta de fecha 9 de junio del año en curso, según consta de notificación personal de la misma fecha efectuada por el funcionario Ricardo Núñez Gajardo, y su respectivo estampado, en que consta haber sido recepcionada conforme por Cruz M., en la misma copia del oficio".

e) Respecto a si la información entregada satisface el requerimiento, en relación con lo pedido en la letra a), señala que "A nuestro juicio hemos dado íntegro cumplimiento a lo solicitado por el requirente Cruz y entendemos se debe dar por satisfecho obviamente.". Acto seguido, comenta que "conforme lo dispuesto en el artículo 5° de la ley N° 18.883 establece: ‘Para efectos de Estatuto Administrativo el significado legal de los términos que a continuación se señalan será el siguiente: c) Sueldo: Es la retribución pecuniaria, de carácter fijo y por períodos iguales, asignada a un empleo municipal de acuerdo con el nivel o grado en que se encuentra clasificado’ (...) y en el artículo 9 de la misma norma establece que ‘todo cargo municipal necesariamente deberá tener asignado un grado de acuerdo con la importancia de la función que se desempeñe, y en consecuencia, le corresponderá el sueldo de ese grado y las demás remuneraciones a que tenga derecho el funcionario’". Sobre lo mismo, argumenta que "la Contraloría General de la República, órgano de control del quehacer municipal, ha manifestado a través del Dictamen N° 41.011, de 1997, que la expresión ‘sueldo’ es de carácter específico, y no comprensivo de la totalidad de las asignaciones a que tienen derecho los servidores municipales".

f) En relación con las causales de reserva o secreto, respecto de la entrega de los certificados de títulos profesionales de los funcionarios indicados, señala el órgano que "la solicitud formulada por Cruz M., fue puesta en conocimiento de los servidores aludidos mediante Oficio de Alcaldía de fecha martes 29 de abril del año 2014, notificado personalmente en la misma data a cada uno de ellos, dando a conocer la solicitud de acceso a información supuestamente pública presentada por Cruz M, y que se acredita mediante estampado de Oficina de Partes de la Municipalidad de Sagrada Familia, y que en copia simple se acompaña". Luego, agrega que "los servidores aludidos en su conjunto, mediante oficio de fecha 5 de mayo del año 2014, han rechazado expresamente la entrega de tales antecedentes, pues tal como señalan, contienen información de carácter personal que puede afectar su seguridad o su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico, amparados por la Tratados Internacionales, Constitución Política del Estado (...)" (sic). Así, los terceros afectados habrían manifestado su derecho de oposición a la entrega de la información solicitada.

g) En forma posterior, luego de mencionar una serie de situaciones irregulares que afectarían al reclamante, en su calidad de concejal, y de supuestas descalificaciones hacia los funcionarios municipales, solicita que "El Consejo debe velar (...) no sólo por el acceso sino porque además quienes acceden, justifiquen para que, porqué, con qué fin, la utilidad, necesariedad, de que información personal y privada sobre terceros, obre en poder de cualquiera que carezca de una finalidad legítima. Lo contrario sería poner en riesgo a hombres y mujeres que por cumplir una función pública deban compartir información a su juicio personal o cuya difusión o divulgación pueda causar menoscabo". Así también, hace alusión al test de daño y de interés público.

h) Respecto al procedimiento de comunicación a los terceros involucrados, acompaña copia de la solicitud de acceso presentada el 25 de abril de 2014; del oficio que comunica a los terceros de fecha 29 de abril; copia del estampado de notificación efectuado a cada uno de los funcionarios, de la misma fecha; copia del oficio suscrito por todos los funcionarios en que rechazan fundadamente la entrega de la información solicitada de fecha 5 de mayo.

i) En cuanto a la entrega de los datos de contacto de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, indicó los correos electrónicos, número de teléfono y domicilio laboral de cada uno de los funcionarios mencionados en la solicitud.

j) Por último, termina solicitando que se fije audiencia a fin de recibir nuevos antecedentes y medios de prueba.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS: En virtud de lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, este Consejo, confirió traslado de la reclamación a los funcionarios municipales don Francisco Guzmán A., Eugenio Rojas G., Ana Lillo G., Ricardo Núñez G., Maryaliz Pino M., Mario Santelices U., Mariela Peña M., y Liliana Garrido O., a efectos de que formularan sus observaciones o descargos, e indicaran expresamente los derechos que les asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida, lo que se materializó a través de los Oficios N° 4.406, 4.407, 4.408, 4.409, 4.410, 4.411, 4.412 y 4.413, todos de 8 de agosto de 2014.

Mediante diversos escritos de contestación, de fechas 4, 5, 9 y 12 de septiembre de 2014, los funcionarios mencionados presentaron sus descargos, señalando en síntesis, que, sin perjuicio de considerar que la solicitud de información trata sobre aspectos de la vida personal y que los certificados de título podrían ser clonados o adulterados, acceden a la entrega de los documentos solicitados.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, atendido el contenido de la respuesta otorgada por el órgano al solicitante -en la cual se dio respuesta a lo requerido en los literales b), c), d) y e) de la solicitud de información-, como del tenor del amparo interpuesto por éste, en el cual solamente solicita "el total de los sueldos pagados en el punto 1, más copia de los títulos", la presente decisión se circunscribe sólo a aquella información requerida en parte en la letra a) de la solicitud de información, esto es, "el detalle de los sueldos pagados, horas extras y cometidos desde enero 2013 a marzo 2014 y copia de los certificados de título profesional (...) El detalle debe ser individualizado por funcionario mes a mes (...) Tambien se requiere acompañar esta información con la que se publica en el portal municipal de Ley de Transparencia", para cada uno de los funcionarios municipales señalados.

2) Que, para un mejor entendimiento y análisis de la presente decisión, este Consejo ha resuelto revisar cada uno de los requerimientos contenidos en la solicitud objeto del amparo, por separado, esto es, en primer lugar, el detalle de los sueldos pagados a los funcionarios, en segundo lugar, el detalle de las horas extras, en tercer lugar, el detalle de los cometidos funcionarios, y en cuarto lugar, copia de los certificados de título profesional.

3) Que, respecto al detalle de los sueldos pagados, el órgano entregó al reclamante, un listado con el "Detalle de Sueldos Funcionarios Municipales Enero a Diciembre 2013" y "Detalle de Sueldos Funcionarios Municipales Enero a Marzo 2014", que incluye a un gran número de funcionarios, pero no a todos los considerados en la solicitud del reclamante, y que considera solamente el ítem "sueldo base" sin tener en consideración el resto de las asignaciones que componen la remuneración mensual. Así también, entregó los listados mensuales de "Horas Extraordinarias Pagadas" desde enero de 2013 y hasta marzo de 2014, señalando la cantidad de horas realizadas, distinguiendo aquellas que se pagan con un recargo del 25% y del 50%, y señalando el valor de la hora extraordinaria para cada caso. Por último, también acompañó un listado de los cometidos funcionarios realizados entre enero y diciembre del año 2013 y entre enero y marzo del año 2014, en los cuales se indica la fecha del decreto, destino del cometido, fecha y total de días, pero sin indicar si dieron o no derecho a viático, ni los respectivos montos pagados.

4) Que, para este Consejo, resulta plausible entender que lo solicitado por el reclamante, respecto al detalle de los sueldos pagados a los funcionarios mencionados, durante el período indicado, individualizado para cada uno, mes a mes, dice relación no con el "sueldo base", como lo interpreta la reclamada en su respuesta, sino más bien, con el total de remuneraciones percibidas mensualmente, por cada uno de los funcionarios singularizados. Lo anterior, en el sentido de que el sueldo base constituye una suma fija y obligatoria, que no varía mes a mes, y, en cambio, la remuneración total percibida mensualmente, sí puede ser objeto de variaciones, teniendo con consideración las diversas asignaciones, bonificaciones, pago de horas extras, viáticos, etc., que componen las rentas de los funcionarios municipales, según lo dispuesto en el decreto ley N° 3.551 de 1981, que Fija normas sobre remuneraciones y sobre personal para el sector público, modificado por diversos cuerpos legales, interpretación que, en definitiva, le da sentido y alcance a la información requerida en la letra a) de la solicitud, y a su vez, hace aplicación de los principios de máxima divulgación y facilitación, consagrados en el artículo 11, letras d) y f) de la Ley de Transparencia.

5) Que, este Consejo ha sostenido reiteradamente que las remuneraciones percibidas por los funcionarios públicos tienen el carácter de información pública, ya que dicen relación directa con el ejercicio de cargos y funciones públicas, y que, además, son pagados con fondos públicos, debiendo ser objeto, incluso, de transparencia activa. En efecto, y en mérito de la función que cumple todo servidor público, se justifica un control social sobre aquella información que si bien puede incidir en aspectos de la vida privada del funcionario, resulta relevante a fin de establecer el debido cumplimiento de sus deberes como el fundamento de los beneficios conferidos en mérito de la labor desempeñada. En tal sentido, revisada la página web de transparencia de la reclamada, en el link "Personal a contrata municipal" o "Personal de Planta Municipal", se puede advertir que existe una considerable diferencia entre la información ahí consignada y la que se contiene en la respuesta entregada al solicitante, por lo que resulta plausible considerar que la información entregada no incluye el total de los emolumentos pagados a los funcionarios.

6) Que, a mayor abundamiento, sin perjuicio de lo anterior, y según lo ya señalado, la información entregada por la reclamada resulta incompleta, pues no se indican los sueldos percibidos por don Francisco Guzmán Aragay durante el año 2013, ni tampoco se señala respecto de los ingresos de doña Maryaliz Pino Muñoz, durante 2013 ni 2014, ni se informa si en dicho período prestaron o no servicios a la municipalidad.

7) Que, en consecuencia, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, en este punto, y ordenará a la reclamada entregar el detalle de los sueldos percibidos por los funcionarios señalados, entendiendo por tal, al total de las remuneraciones percibidas mensualmente, durante los períodos señalados, o en su defecto, este Consejo estima que, igualmente, se satisface el requerimiento de información con la entrega de copia de las liquidaciones de sueldo de cada uno, en los mismos meses. En este último caso, cabe tener presente la obligación para el órgano reclamado de tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en las liquidaciones respectivas, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y 4° de la Ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la citada Ley de Transparencia, así como también, tarjando los datos relacionados con descuentos voluntarios, instituciones de salud y administradoras de fondos de pensiones, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e) de la LT. Además, en relación con la petición de "acompañar esta información con la que se publica en el portal municipal de Ley de Transparencia Municipal en el mismo período indicado", en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la LT, cuando la información solicitada está permanentemente a disposición del público, en este caso, en el portal de transparencia de la municipalidad, razón por la cual se tendrá por entregada la información respecto a este punto..

8) Que, en relación con el detalle de horas extras pagadas, con el listado que entregó la reclamada en su respuesta, es dable señalar que resulta fácilmente posible calcular los montos pagados a cada funcionario, teniendo en consideración que no todos los funcionarios consultados realizaron horas extras todos los meses, por lo que, a este respecto se rechazará el presente amparo.

9) Que, respecto de los listados de cometidos funcionarios, como ya se dijo, resulta pertinente reiterar que no se contiene en ellos los casos en que dichos cometidos irrogaron gastos para la municipalidad, y que le fueron pagados a los funcionarios incluidos en la solicitud. Sobre el particular, la letra e) del artículo 98 del decreto con fuerza de ley N° 29, del año 2004, de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en adelante e indistintamente el Estatuto Administrativo, prescribe que los funcionarios públicos tendrán derecho a percibir viáticos, pasajes, u otros análogos, cuando corresponda, en los casos de comisión de servicios y de cometidos funcionarios. Asimismo, el artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 262, de 1977, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de Viáticos para el Personal de la Administración Pública, ordena que los trabajadores del sector público que en su carácter de tales y por razones de servicio deban ausentarse del lugar de su desempeño habitual, dentro del territorio de la República, tendrán derecho a percibir un subsidio, que se denominará viático, para los gastos de alojamiento y alimentación en que incurrieren. En consecuencia, se acogerá el amparo en este punto y se ordenará a la reclamada que entregue los decretos de pago por concepto de viáticos por cometido funcionario, realizados por el personal indicado en la solicitud de información, en el período señalado.

10) Que, en relación con la solicitud de copias de los certificados o títulos profesionales de los funcionarios identificados, la reclamada alegó la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la LT, por cuanto, al haber dado lugar al procedimiento de notificación de los terceros acerca de la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, señalado en el artículo 20 de la misma ley, éstos, efectivamente, se opusieron a la entrega de tales antecedentes, fundando su negativa en que dichos documentos contendrían información de carácter personal, amparada por la Constitución Política del Estado, en particular, garantías constitucionales de derecho de propiedad, integridad física y psíquica, derechos económicos y sociales, ley sobre protección a la vida privada, y la propia Ley 20.285. Cabe hacer presente al órgano reclamado, que el traslado a terceros involucrados sólo procede cuando exista una potencial afectación de los derechos de éstos, situación que no acontece en la especie, por lo cual, no resultaba procedente la aplicación del procedimiento del artículo 20 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, dado que, tratándose del personal a contrata que tenga un grado o título académico, la documentación solicitada, de obrar en poder del órgano reclamado, es información pública en la medida que ha servido para la contratación de las personas que se desempeñan en dicho organismo. En efecto, la decisión de la autoridad para la contratación de un profesional requiere de documentos que acrediten las competencias específicas a desarrollar en sus labores. Por lo tanto, el certificado de título ha de servir como sustento o complemento directo y esencial del acto administrativo que aprobó la contratación respectiva siendo éste, entonces, un documento de carácter público. Asimismo, tales documentos permiten ejercer un debido control acerca de las competencias del personal que se desempeña en la institución.

11) Que, no obstante lo anterior, y a raíz de la gestión realizada por este Consejo, al requerir de los terceros sus descargos y observaciones, éstos manifestaron que, sin perjuicio de considerar que la solicitud de información trata sobre aspectos de la vida personal y que los certificados de título podrían ser clonados o adulterados, acceden a la entrega de los documentos solicitados, acompañando los certificados de título de don Juan Francisco Guzmán Aragay, don Eugenio Rojas González, don Fernando Núñez Gajardo y doña Liliana Garrido Orellana.

12) Que, al respecto, en la decisión del amparo rol A247-09 se estableció que "el certificado de título, profesional o técnico, de un funcionario público es exigido como requisito para el ingreso a la Administración del Estado por el D.F.L. N° 29, de 2004, sobre el Estatuto Administrativo, el que en su art. 12 letra d) señala que para ingresar a la Administración del Estado es necesario cumplir, entre otros requisitos, con el de ‘Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo exija la ley’. Por su parte, el inciso tercero del artículo 13 del mismo Estatuto dispone que el requisito del título profesional o técnico ‘se acreditará mediante los títulos conferidos en la calidad de profesional o técnico, según corresponda, de conformidad a las normas legales vigentes en materia de Educación Superior", razón por la cual "en virtud del principio de publicidad, el acto que nombra o promociona a un determinado funcionario en su respectivo cargo es público y lo son también sus fundamentos, procedimientos y documentos que le sirvieron de sustento o complemento directo y esencial. Que para poder ejercer un cargo público del estamento profesional, la persona que postula al respectivo concurso público debe contar con un título profesional o técnico idóneo para el cargo, como requisito esencial según lo dispuesto en el art. 12 del Estatuto Administrativo. Por lo tanto, uno de los documentos que sirve como sustento o complemento directo y esencial del acto o resolución de nombramiento de un funcionario en el estamento profesional es el certificado de título respectivo, siendo, éste, entonces, un documento de carácter público".

13) Que, en consecuencia, y en armonía con lo resuelto por este Consejo en la decisión de Amparo Rol A247-09, entre otras, se acogerá el amparo en esta parte, y se requerirá a la reclamada que entregue al solicitante la copia de los certificados o títulos profesionales de doña Mariela Peña Moraga, doña Maryaliz Pino Muñoz, doña Ana Lillo Gutiérrez y don Mario Santelices Urrea, teniendo en consideración que, por aplicación del principio de facilitación, consagrado en el artículo 11 letra f) de la LT, se entregarán al reclamante los certificados de los funcionarios mencionados en el considerando anterior, conjuntamente con la notificación de la presente decisión.

14) Que, finalmente, respecto de la solicitud de la reclamada, en orden a fijar audiencia para recibir nuevos antecedentes y medios de prueba, este Consejo lo estima innecesario, por ser suficientes los antecedentes existentes para la resolución de este amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Floriano Cruz Muñoz, en contra de la Municipalidad de Sagrada Familia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Sagrada Familia:

a) Entregar al reclamante la información solicitada en la letra a) del número 1) de la parte expositiva, en los términos señalados en los considerandos 7), 9) y 12).

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Floriano Cruz Muñoz, y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Sagrada Familia.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.