<p>
</p>
<p>
DECISIÓN AMPARO ROL C2516-14</p>
<p>
Entidad pública: Instituto de Seguridad Laboral</p>
<p>
Requirente: Sociedad Agrícola y Forestal Maderas Nativas Limitada</p>
<p>
Ingreso Consejo: 24.11.2014</p>
<p>
En sesión ordinaria N° 612 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de abril de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2516-14.</p>
<p>
VISTO:</p>
<p>
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
<p>
TENIENDO PRESENTE:</p>
<p>
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de octubre de 2014, la Sociedad Agrícola y Forestal Maderas Nativas Limitada, representada por don Marcelo Fernández Catalán, solicitó al Instituto de Seguridad Laboral informar el porcentaje de incapacidad que fijó la Comisión Médica de Reclamos en resolución de fecha 22 de julio de 2014, al ex trabajador de esa empresa que individualiza. Agrega que la información es fundamental para la defensa de su representada en el juicio de indemnización de perjuicios por accidente laboral que mantiene con el titular de la misma.</p>
<p>
2) TRASLADO Y OPOSICIÓN DE TERCERO: Mediante Oficio N° 3.199 de 7 de noviembre de 2014, el Instituto de Seguridad Laboral, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, comunicó la solicitud de información al tercero a que se refiere el requerimiento. A través de carta de 12 de noviembre de 2014, éste se opuso a la entrega de la información requerida, fundado en el carácter sensible y privada de dicha información agregando que el dato solicitado ha sido además denegado por los tribunales de justicia en un juicio por accidente laboral seguido entre las partes.</p>
<p>
3) RESPUESTA: El 13 de noviembre de 2014, el Instituto de Seguridad Laboral respondió a dicho requerimiento de información mediante Oficio N° 3.260 denegando el acceso a la información, fundado en la oposición del tercero.</p>
<p>
4) AMPARO: El 24 de noviembre de 2014, la Sociedad Agrícola y Forestal Maderas Nativas Limitada, representada por don Marcelo Fernández Catalán dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. Además, hace presente que la información solicitada es relevante para su defensa en un litigio y que el traslado conferido al tercero involucrado se efectuó fuera del plazo establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Director del Instituto de Seguridad Laboral, mediante Oficio N° 7.000 de 4 de diciembre de 2014 quien presentó sus descargos y observaciones, a través de Oficio N° 3.708 de 30 de diciembre de 2014, señalando, en síntesis que atendido el carácter sensible de la información solicitada para hacer entrega de la misma se requería el consentimiento expreso del titular, el que en la especie no fue otorgado.</p>
<p>
6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, este Consejo confirió traslado al tercero involucrado, mediante Oficio N° 7.014, de 4 de diciembre de 2014, quien, a través de escrito ingresado con fecha 17 de diciembre de 2014 a este Consejo, se opuso a la entrega de la información en los mismos términos de lo indicado ante el órgano reclamado.</p>
<p>
Y CONSIDERANDO:</p>
<p>
1) Que, conforme con lo dispuesto en el artículo 4° del decreto ley N° 3.500 de 1980 "tendrán derecho a pensión de invalidez los afiliados no pensionados por esta ley que, sin cumplir los requisitos de edad para obtener pensión de vejez, y a consecuencia de enfermedad o debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales, sufran un menoscabo permanente de su capacidad de trabajo, de acuerdo a lo siguiente: a) Pensión de invalidez total, para afiliados con una pérdida de su capacidad de trabajo, de al menos, dos tercios, y b) Pensión de invalidez parcial, para afiliados con una pérdida de su capacidad de trabajo igual o superior a cincuenta por ciento e inferior a dos tercios. Las Comisiones Médicas a que se refiere el artículo 11, deberán, frente a una solicitud de pensión de invalidez del afiliado, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso anterior y emitir un dictamen de invalidez que otorgará el derecho a pensión de invalidez total o parcial a contar de la fecha que se declare la incapacidad, o lo negará, según corresponda. Cuando se trate de un dictamen que declare una invalidez total, aquél tendrá el carácter de definitivo y único(...)".</p>
<p>
2) Que, lo solicitado es el porcentaje de incapacidad laboral establecido por la Comisión Médica de Reclamos respecto de una determinada persona, dato que, a la luz de lo señalado en el considerando precedente, da cuenta del grado de deterioro que ha sufrido una persona en su capacidad de trabajo producto de una enfermedad o debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales.</p>
<p>
3) Que, conforme con lo dispuesto en el artículo 2°, letra g), de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, son datos sensibles aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los estados de salud físicos o psíquicos.</p>
<p>
4) Que, desde la perspectiva de la protección de los datos personales, conforme mandata el artículo 9° del citado texto legal, "los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público". A este respecto cabe hacer presente que el texto de las Recomendaciones del Consejo para la Transparencia sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado, en su apartado 4.2 a. establece: "La referida finalidad en el caso de órganos de la Administración del Estado estará determinada en función de las materias propias de su competencia. Por ejemplo, un órgano que tenga competencia para otorgar subsidios podrá tratar los datos personales de los postulantes y de los beneficiarios que digan relación con los requisitos necesarios para la obtención de dicho beneficio con ese único objetivo". Por su parte, el artículo 10 del cuerpo legal en análisis, previene que no pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares.</p>
<p>
5) Que, en la especie, el Instituto de Seguridad Laboral sólo se encuentra autorizado para efectuar el tratamiento del dato solicitado en el ámbito de las competencias específicas que le caben en el contexto de la ley N° 16.744, en cuanto entidad encargada de administrar el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y el otorgamiento de prestaciones pecuniarias a que tienen derecho los beneficiarios de esa normativa, sin que resulte procedente la comunicación de tales datos para fines diversos al consignado, como ocurriría de entregarse tal información al solicitante.</p>
<p>
6) Que, establecido lo anterior, a juicio de este Consejo, la divulgación del dato solicitado permite inferir un determinado estado de salud del titular del mismo, particularmente la entidad del daño que le ha significado una afectación en su capacidad de trabajo, razón por la cual, conforme con las disposiciones citadas precedentemente, su comunicación a terceros se encuentra prohibida por el legislador, constando en la especie, la oposición expresa a su entrega manifestada por el tercero fundado precisamente, en el carácter sensible de dicha información. Tal prohibición ha sido incorporada como causal de secreto de la información, a través de su artículo 21 N° 2 en la Ley de Transparencia y del artículo 7° N° 2 de su Reglamento, en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, cuando su comunicación afecte los derechos de las personas, entre otros, tratándose de sus datos sensibles. Además, cabe agregar que, más allá del interés particular expuesto por la sociedad solicitante en el litigio que tiene con el titular de la información, este Consejo no advierte la existencia de un interés público preponderante que justifique levantar la regla de secreto contemplada por dicha norma, en relación con el artículo 7° del mismo cuerpo legal.</p>
<p>
7) Que, conforme con lo razonado precedentemente se rechazará el presente amparo.</p>
<p>
8) Que, por último, este Consejo ha podido constatar que el órgano reclamado comunicó la solicitud de acceso al tercero involucrado una vez expirado el plazo de dos días hábiles contemplado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. En efecto, Instituto de Seguridad Laboral notificó dicha solicitud el 7 de noviembre de 2014, en circunstancias que el plazo para efectuar tal trámite expiraba el 3 de noviembre del mismo año, razón por la cual, en lo sucesivo, deberá llevar a cabo tal actuación en el término indicado.</p>
<p>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
<p>
I. Rechazar el amparo deducido por Sociedad Agrícola y Forestal Maderas Nativas Limitada, en contra del Instituto de Seguridad Laboral, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente, por concurrir la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Director, a la Sociedad Agrícola y Forestal Maderas Nativas Limitada, y al tercero involucrado.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
<p>
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.</p>
<p>
Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
<p>
</p>