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DECISIÓN AMPARO ROL C2750-14</p>
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Entidad pública: Municipalidad de Las Condes</p>
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Requirente: Jorge Ginés Gómez Rojas</p>
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Ingreso Consejo: 22.12.2014</p>
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En sesión ordinaria N° 639 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de agosto de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información rol C2750-14.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 1° de diciembre de 2014, don José Gómez Rojas solicitó a la Municipalidad de Las Condes, en adelante e indistintamente, la Municipalidad, el "listado de contribuyentes con patentes municipales que registren deuda impaga por ese concepto con la I. Municipalidad de Las Condes con anterioridad al día 31 de Julio de 2011".</p>
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2) RESPUESTA: El 18 de diciembre de 2014, mediante Oficio N° 260, la Municipalidad de Las Condes dio respuesta al solicitante, adjuntando el Informe Jurídico N° 2971, emitido por el Director Jurídico de la Municipalidad, por el cual le indicó, en síntesis, que la información solicitada se encontraba amparada en la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en tanto la comunicación de tal información afectaría el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, sin perturbación alguna, "ya que cuando una persona aparece como deudora en una nómina puede verse afectada tanto en su capacidad de operar comercialmente como en lo relativo al reconocimiento de su buen nombre o prestigio comercial, en circunstancias que terceros pueden ser prevenidos frente a la situación de incumplimiento del deudor, encontrándose en consecuencia el Municipio, en cuanto organismo estatal, obligado a cautelar los derechos de dichas personas, quienes podrían verse afectados por la divulgación de que se trata, ya que como se ha dicho precedentemente, su publicidad, comunicación o conocimiento es capaz de afectar los derechos de las personas involucradas, particularmente, de aquellos que inciden en el derecho al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, el derecho al buen nombre o prestigio comercial y los derechos de carácter comercial y económicos".</p>
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Además, funda la denegación de información, en que la publicidad de la misma afecta el derecho a la autodeterminación informativa, protegida por la ley N° 19.628, de 1999, sobre protección a la Vida Privada. Lo anterior, por considerar que la calidad de deudor moroso constituiría un dato personal cuyo tratamiento, en el caso de un organismo público, se encuentra autorizado respecto de materias de su competencia y con sujeción a las normas contenidas en la ley indicada, la que, para este caso, requiere el consentimiento del titular, el que no concurre en la especie. En abono de su interpretación, alude a la sentencia de la Corte Suprema, de fecha 26 de noviembre de 2013, recaída en causa Rol N° 4681-2013, caratulada "Municipalidad de Las Condes con Consejo para la Transparencia", por la cual se resolvió mantener en reserva toda aquella información relacionada con deudas morosas por concepto de patentes municipales, tanto de personas naturales como jurídicas.</p>
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3) AMPARO: El 22 de diciembre de 2014, don José Gómez Rojas dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de Las Condes, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante Oficio N° 93, de 2 de enero de 2015, confirió traslado al Alcalde de la Municipalidad de Las Condes, solicitándole que al formular sus descargos: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la publicidad de la información requerida afectaría derechos de terceros.</p>
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Mediante Ord. Alc. N° 3/21, de fecha 22 de enero de 2015, dicha autoridad presentó sus descargos y observaciones, señalando en síntesis que:</p>
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a) Basado en lo previsto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en lo indicado por el Tribunal Constitucional, en sentencia de 9 de agosto de 2007, en causa Rol N° 634-2006, en orden a que dentro de la expresión "derechos de las personas" -utilizada en el artículo 8° de la Constitución Política- debe entenderse comprendido, tanto la protección de los derechos subjetivos como los intereses legítimos de las personas; y en lo dispuesto en el artículo 5° de la Constitución Política, los órganos de la Administración del Estado tiene un deber general de respeto y protección a los derechos de las personas, deber que fue el que se buscó cumplir al denegar la información que en la especie se solicita, específicamente en relación al respeto a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política, y al derecho a desarrollar una actividad económica sin perturbación alguna, consagrado en el numeral 21 del mismo artículo mencionado, lo que incluye los derechos de carácter comercial o económico de los deudores de impuestos.</p>
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b) En lo que respecta al derecho a la privacidad, luego de revisar su concepto doctrinario, indica que, a nivel legal, se encuentra amparado en la ley N° 19.628, sobre Protección a la Vida Privada, de cuyas disposiciones se colige que el carácter de deudor constituye un dato personal, al cual le resultan aplicables todos los principios que inspiran la protección de datos personales. En ese sentido, la información que se requiere no fue obtenida de fuentes accesibles al público, de modo que no resulta posible su entrega en la medida que es aplicable el principio de confidencialidad de los datos personales, en tanto no media el consentimiento del titular para su comunicación, como tampoco existe una autorización legal para tales fines.</p>
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c) En lo referido al derecho a la honra, luego de abordar su contenido doctrinario, indica que, entendida como "reputación", "prestigio" o "buen nombre", es predicable tanto respecto de personas jurídicas como naturales. En ese orden de ideas, la divulgación de la información solicitada afecta las posibilidades de crédito y las relaciones comerciales de los deudores de impuestos, cuestión que ha sido abordada por la Excma. Corte Suprema en sentencia Rol N° 4681-2013, la que indicó que "...cuando una persona aparece como deudora en una nómina puede verse afectada tanto en su capacidad de operar comercialmente como en lo relativo al reconocimiento de su prestigio comercial, en circunstancias que terceros pueden ser prevenidos frente a la situación de incumplimiento del deudor. Es dable entonces presumir fundadamente que la entrega de la información requerida también puede afectar los derechos de carácter comercial o económico de los derechos comprometidos". Agrega que esto perjudica claramente a las personas que no tiene grandes recursos y a las Pymes.</p>
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d) En la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, de 10 de julio de 2013, por la cual se rechazó el reclamo de ilegalidad y la decisión del Consejo para la Transparencia del Amparo 1038-12, se indicó que la difusión de las deudas de impuestos municipales transgrede el deber de los organismos públicos de respetar y promover los derechos de las personas, en tanto coloca en entredicho la protección a la vida privada de las personas, así como su honra. Además -según la sentencia- puede verse afectada en su capacidad de operar comercialmente como en lo relativo al reconocimiento de su prestigio comercial, en circunstancia que terceros pueden ser prevenidos frente a la situación de incumplimiento del deudor. Por otra parte, indica que el artículo 17 de la ley N° 19.628, no autoriza la difusión de este tipo de deudas.</p>
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e) En otro orden de argumentos, la Ley de Transparencia tiene por objeto favorecer la probidad y la participación ciudadana en los asuntos públicos. En este caso, no se pide información tendiente a conocer el desempeño de la Municipalidad de Las Condes en el cobro de impuestos, en ella no se refleja la buena o mala gestión de la Municipalidad. Por ello, no se opone a la entrega de información estadística sobre la materia, a fin de que se conozca la gestión municipal en el cobro de impuestos, respetando con ello los derechos e intereses legítimos de los deudores municipales.</p>
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f) Por último, hace presente que el no ejercicio de acciones tendientes a cobrar los impuestos no supone que la municipalidad acreedora sea negligente en la materia, por cuanto existen criterios que se deben respetar para el adecuado uso de los recursos municipales, citando al efecto el Dictamen N° 51.254, de la Contraloría General de la República, de fecha 12 de diciembre de 2012.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que el presente amparo, tiene por objeto la entrega por parte de la reclamada de una nómina que precise la identidad de los contribuyentes que adeuden el pago de patentes municipales.</p>
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2) Que el Municipio se negó a la entrega de la información requerida e indicó que dichos antecedentes son datos personales de los contribuyentes consultados, motivo por el cual son reservados según lo dispuesto en la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo preceptuado en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Agregó, que la Excelentísima Corte Suprema se había pronunciado en idéntico sentido, reservando información cómo la requerida.</p>
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3) Que, efectivamente, el máximo tribunal en sentencia recaída en causa sobre recurso de queja Rol N° 4681-2013 de 26 de noviembre de 2013 -ante idéntico requerimiento- señaló que "es indudable que cuando una persona aparece como deudora en una nómina puede verse afectada tanto en su capacidad de operar comercialmente como en lo relativo al reconocimiento de su prestigio comercial, en circunstancias que terceros pueden ser prevenidos frente a la situación de incumplimiento del deudor. Es dable entonces presumir fundadamente que la entrega de la información requerida (...) puede afectar los derechos de carácter comercial o económico de los deudores comprometidos". Agregó, que "la Municipalidad recurrente, en cuanto organismo estatal, se encuentra obligada a cautelar los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre ellos de quienes podrían verse afectados por la divulgación de que se trata, para lo cual no solo está habilitada sino obligada, tanto para denegar la información pedida en virtud de la causal contemplada en el artículo 21 N° 2 de la ley N° 20.285, como para intentar una reclamación como la de autos, porque como se ha dejado apuntado más arriba, su publicidad, comunicación o conocimiento es capaz de afectar los derechos de las personas involucradas, particularmente de aquellos que inciden en la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico que pudieran afectar su honra" (considerandos 12° y 13).</p>
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4) Que a juicio de este Consejo, lo señalado por la referida magistratura, se aviene fielmente a la esfera de protección de la vida privada que el constituyente como el legislador han fijado en la Constitución Política de la República como en las Leyes de Transparencia y Protección de la Vida Privada. En efecto, dichos cuerpos normativos han establecido un régimen de protección de los datos personales que obran en poder de los órganos de la Administración, a partir de la garantía constitucional dispuesta en el artículo 19 N° 4, sobre el respeto a la vida privada y la honra de la persona y su familia. Luego, la comunicación de los datos requeridos a la luz de dispuesto en los citados cuerpos normativos, resulta improcedente.</p>
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5) Que en concordancia con lo señalado precedentemente, la Corte de Apelaciones de Santiago - ante análogo requerimiento-, en sentencia sobre reclamación de ilegalidad Rol N° 6.531-2014, de 26 de enero de 2015, indicó que "la vida privada es un atributo del individuo en sociedad, que deriva precisamente de la concepción de la privacidad como un atributo de la personalidad. De este modo, el derecho a la vida privada se traduce en una materialización u objetivación de la privacidad sustancial, del derecho al yo, de la persona. [Por tal razón] si se entiende la privacidad como una manifestación jurídica de la dignidad y respeto que se debe a todo individuo de la especie humana, es posible considerar que se traduce en la reserva del yo - con todas sus connotaciones - a espacios reducidos, seleccionados por el sujeto. De allí que pueda definírsela como "la posición de una persona o entidad colectiva personal en virtud de la cual se encuentra libre de intromisiones o difusiones cognoscitivas de hechos que pertenecen a su interioridad corporal y psicológica o a las relaciones que ella mantiene o ha mantenido con otros, por parte de agentes externos que, sobre la base de una valoración media razonable, son ajenos al contenido y finalidad de dicha interioridad o relaciones» (el énfasis es nuestro).</p>
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6) Que en virtud de los razonamientos explicitados precedentemente, se rechazará el presente amparo, por resultar aplicable la hipótesis de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en concordancia con lo preceptuado en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Jorge Gómez Rojas en contra de la Municipalidad de Las Condes, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jorge Gómez Rojas y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Las Condes.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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