Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2800-14

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Reclamante:	CAROLA CANELO FIGUEROA
Reclamado:	UNIVERSIDAD DE CHILE
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Universidad de Chile, fundado en la respuesta negativa a un requerimiento referente a la lista en la que figuren los académicos del claustro de la Facultad de Derecho-independientemente si fueron evaluados- que se han excedido en el tiempo de permanencia en su jerarquía o rango académico, en los últimos 8 años, con indicación de los nombres y apellidos de cada académico, la jerarquía o rango en que se excedió y la cantidad de años de permanencia en la misma. El Consejo acoge el amparo, toda vez que el órgano reclamado no ha acreditado de manera precisa de qué manera la entrega de la información distraería el cumplimiento regular de sus funciones.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	6/11/2015
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13 C961-13
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Educación

DECISIÓN AMPARO ROL C2800-14 Entidad pública: Universidad de Chile Requirente: Carola Canelo Figueroa Ingreso Consejo: 30.12.2014 En sesión ordinaria N° 621 del Consejo Directivo, celebrada el 3 de junio de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2800-14. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de noviembre de 2014, doña Carola Canelo Figueroa solicitó a la Universidad de Chile una lista en la que figuren los académicos del claustro de la Facultad de Derecho-independientemente si fueron evaluados- que se han excedido en el tiempo de permanencia en su jerarquía o rango académico, en los últimos 8 años, con indicación de los nombres y apellidos de cada académico, la jerarquía o rango en que se excedió y la cantidad de años de permanencia en la misma. 2) RESPUESTA: El 16 de diciembre de 2014, la Universidad de Chile respondió a dicho requerimiento de información mediante Oficio N° 432 del Sr. Decano (S) de la Facultad de Derecho de dicha Casa de Estudios, señalando, en síntesis, que deniega la entrega de la información fundado en la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, ya que el requerimiento es de carácter genérico, y la preparación de la información implicaría poner en riesgo procesos críticos de la Facultad. En efecto, el alto volumen de trabajo de las tres personas de la unidad de personal impide su distracción de sus funciones habituales. 3) AMPARO: El 30 de diciembre de 2014, doña Carola Canelo Figueroa dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su requerimiento. Además, hace presente que la solicitud no es genérica y que la reclamada debería tener a su fácil disposición y, de no tenerla ya preparada, es de fácil obtención con los medios computacionales de los que dispone. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Rector de la Universidad de Chile, mediante Oficio N° 209 de 8 de enero de 2015, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) explique cómo 10 solicitado afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; y, (3°) refiérase al volumen de la información solicitada. Mediante Oficio N° 25 de 28 de enero de 2015, el Coordinador de la Unidad de Gestión de la Información de la Universidad de Chile presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis que: a) La requirente utilizó una vía distinta a alguno de los canales de ingreso informados en su sitio web. En efecto, su presentación fue ingresada de manera presencial dirigido a un funcionario destinatario que ejerce un cargo específico. b) Aduce que para la validación posterior de requerimientos ingresados por canales no especificados, se requiere la intervención del organismo respectivo actuando a través del responsable legal (Jefe de Servicio), o bien, por parte del órgano interno o funcionario con competencia delegada en esta materia específica, lo que no ocurrió en la especie. c) En dicho contexto, corresponde a esa Unidad de Gestión de la Información Institucional, la ejecución de las funciones de entregar información o evacuar respuestas denegatorias, dentro del ámbito de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo demás, dicha atribución de competencia, por parte de la reglamentación interna, se refuerza y complementa por la designación del suscrito como Enlace ante el Consejo, lo cual implica una interacción frecuente y reiterada con el propio Consejo a propósito de estas materias. d) En definitiva, la funcionaria requirente, al haber utilizado un canal de ingreso no especificado para la recepción plenamente válida de su solicitud, en desmedro de aquellos debidamente informados, asumió el riesgo de que la tramitación de la misma se desarrollara al margen del ámbito de resguardo que supone el poder recurrir válidamente de amparo a este Consejo. e) Por último, declina pronunciarse sobre el fondo del asunto, al estimar que ello es incompatible con los argumentos previamente desarrollados. Y CONSIDERANDO: 1) Que, previo a entrar al fondo del asunto, cabe referirse a la alegación formulada por el órgano reclamado en sus descargos relativa a que la solicitud de acceso que dio origen al presente amparo, se habría efectuado por una vía distinta a la Ley de Transparencia no susceptible de reclamo ante este Consejo. Al respecto, es dable tener presente que la solicitante presentó su requerimiento de manera presencial y material ante el Sr. Decano (S) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, canal de ingreso que no se encuentra entre aquellos informados por dicho establecimiento educacional en su sitio web . Ahora bien, conforme con lo establecido en el punto 1.1 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre procedimiento administrativo de acceso a la información, en el caso de efectuarse una solicitud de acceso a la información a través de algún mecanismo distinto a aquellos especialmente habilitados al efecto por el correspondiente organismo -cuyo es el caso en comento-, procede tener por validada la vía de ingreso, cuando se cumpla con un doble requisito: primero, que el órgano hubiere acusado recibo de la solicitud de acceso y, segundo, que se haya procedido a dar tramitación conforme con el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia. 2) Que, en la decisión Rol C961-13, recaída en un amparo interpuesto en contra de Carabineros de Chile, este Consejo manifestó respecto del primer requisito relativo al "acuse de recibo de las solicitudes", que en el caso que allí se analizó "habiéndose presentado de manera presencial dicho requerimiento, el timbre que figura en el documento, es antecedente suficiente para entender que el organismo requerido lo ha recibido, sin que el requirente haya estimado necesario que, además, aquél emitiese un documento específico por el cual señalara haber acusado recibo de su presentación". A su turno, en la misma decisión, y en lo que atañe al segundo de los requisitos aludidos en el considerando precedente, relativo a que la presentación sea "tramitada" conforme lo previsto en la Ley de Transparencia, este Consejo manifestó que ello implica o debe reflejarse en una actuación precisa e inequívoca del organismo requerido, orientada a someter un requerimiento de acceso a la información, que no ha sido ingresado por un canal habilitado, a las normas establecidas en la Ley de Transparencia para dicho procedimiento. Sobre el particular, dicho pronunciamiento indicó que "el solicitante debe haber tenido la posibilidad de tener conocimiento, por algún medio, que su solicitud de acceso -pese a los vicios formales de presentación que le afectan-, será igualmente tramitada conforme a la Ley N° 20.285, de modo tal de generar en él la expectativa fundada de poder reclamar ante este Consejo. En este sentido, una actuación precisa e inequívoca expresa sería, por ejemplo, comunicar por escrito al solicitante que su solicitud se gestionará conforme al procedimiento interno establecido para las solicitudes formuladas de acuerdo a la Ley de Transparencia. Asimismo, es posible entender tácitamente como una actuación precisa e inequívoca, que el órgano requerido conceda traslado de la solicitud a terceros eventualmente afectados en sus derechos, señalando expresamente que tal acción se realiza en virtud del artículo 20 de Ley de Transparencia, o bien, que responda la solicitud de acceso entregando o denegando lo requerido conforme a alguna causal de reserva de aquellas contempladas en la citada Ley. " 3) Que, de este modo, dado que el órgano reclamado ha dado recepción a la solicitud de acceso del reclamante y, dentro del plazo contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, respondió a la misma invocando una causal de reserva contemplada en el mencionado cuerpo normativo, cabe concluir que ha validado la referida solicitud que ha ingresado por un canal no destinado a ese efecto. A juicio de este Consejo, no resultan oponibles a la reclamante las contingencias administrativas expuestas por el órgano reclamado -que la respuesta no habría emanado de la unidad pertinente- para excluir la solicitud en análisis de la órbita de reclamación consagrada en el artículo 24 de la Ley de Transparencia. 4) Que en cuanto al fondo del presente amparo, el órgano reclamado en su respuesta ha denegado la entrega de la información que ha sido solicitada fundado en lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 literal c) de la Ley de Transparencia, que habilita para denegar su entrega cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos (...) cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento habitual de sus funciones". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7° letra c) del Reglamento de la citada ley, al establecer que "un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". 5) Que respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". 6) Que, el organismo reclamado no ha acreditado de manera precisa cómo la entrega de la información distraería el cumplimiento regular de sus funciones habituales. En efecto, se ha limitado a señalar que el requerimiento sería genérico y ha aludido al "alto volumen de trabajo de las tres personas de la unidad de personal", sin precisar de qué modo proporcionar los datos solicitados configura una afectación como la que alega. En definitiva, la reclamada no ha explicitado las dificultades específicas que tendría en el acceso a la información que se pide, la forma en que ésta se encontraría registrada o archivada, como tampoco los recursos personales y materiales que se deban comprometer y el tiempo específico que sus funcionarios deberían emplear, en relación con su jornada habitual de trabajo, para el desarrollo de las mismas. 7) Que, en este sentido, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente..., sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 8) Que, conforme con lo razonado precedentemente, se acogerá el presente amparo y se requerirá a la reclamada que haga entrega de la información solicitada. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Carola Canelo Figueroa, en contra de la Universidad de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Rector de la Universidad de Chile: a) Hacer entrega al reclamante de la información consignada en el numeral primero de lo expositivo del presente acuerdo. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Carola Canelo Figueroa, y al Sr. Rector de la Universidad de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. La Presidenta del Consejo Directivo doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.