Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C166-15

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Reclamante:	MATÍAS ROJAS MEDINA
Reclamado:	CARABINEROS DE CHILE
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de Carabineros de Chile, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la copia de todo lo obrado por el O.S.7 de Carabineros de Chile, es decir, informes policiales, carpetas de inteligencia de narcóticos, cumplimiento de órdenes de investigar y documentos de cualquier tipo, en torno a la causa rol 14.399 del Primer Juzgado del Crimen de Coyhaique, la cual fuera iniciada a raíz de un procedimiento de drogas efectuado por la Policía de Investigaciones de Chile en octubre del año 1998, sumándose a las pesquisas un funcionario de la policía uniformada proveniente de Santiago, el Teniente que indica, según fuera decretado por el juez que se indica, en el proceso ya señalado." El Consejo rechaza el amparo, toda vez que la información solicitada no obra en poder del órgano reclamado. (VOTO DISIDENTE)
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/18/2015
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C708-14
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Orden y Seguridad Interior

DECISIÓN AMPARO ROL C166-15 Entidad pública: Carabineros de Chile Requirente: Matías Rojas Medina Ingreso Consejo: 20.01.15 En sesión ordinaria N° 612 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de abril de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C166-15. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de diciembre de 2014, don Matías Rojas Medina, solicitó información a Carabineros de Chile, requiriendo "copia de todo lo obrado por el O.S.7 de Carabineros de Chile, es decir, informes policiales, carpetas de inteligencia de narcóticos, cumplimiento de órdenes de investigar y documentos de cualquier tipo, en torno a la causa rol 14.399 del Primer Juzgado del Crimen de Coyhaique, la cual fuera iniciada a raíz de un procedimiento de drogas efectuado por la Policía de Investigaciones de Chile en octubre del año 1998, sumándose a las pesquisas un funcionario de la policía uniformada proveniente de Santiago, el Teniente que indica, según fuera decretado por el juez Sr. Luis Sepúlveda Coronado, en el proceso ya señalado.". 2) RESPUESTA DEL ÓRGANO: El órgano, a través de RSIP N° 27859, de 14 de enero de 2015, da respuesta a la solicitud de información denegando la entrega de la misma. Carabineros de Chile indica que revisados los antecedentes existentes relativos a la causal rol N° 14.399 del primer Juzgado del Crimen de Coyhaique, no se mantienen registros de las acciones o diligencias obradas por personal de Carabineros de Chile, toda vez que la sección O.S.7 Coyhaique fue creada el 20 de diciembre del año 2002, conforme orden general N° 1.500, no manteniendo registro de casos ejecutados con antelación a esa fecha. 3) AMPARO: El 20 de enero de 2015, don Matías Rojas Medina dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de Carabineros de Chile, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información, debido a que la información no existiría. El reclamante indica que la información debería estar en poder del O.S.7 de Carabineros de Santiago. En efecto, cuando el funcionario fue comisionado a esa ciudad, allí no existía todavía una unidad de O.S.7. Por lo que, las carpetas de inteligencia de narcóticos debieran estar entonces, en poder de la O.S.7 de Santiago. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo y confirió traslado al Sr. General Director de Carabineros mediante Oficio N° 767 de 28 de enero de 2015, requiriéndole que se refiera específicamente a la causal de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada, que señale si la información requerida en la solicitud de acceso obra en poder del órgano, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo de la Ley de Transparencia y, que se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida. Con fecha 12 de febrero de 2015, Carabineros de Chile presentó sus descargos u observaciones a través de ordinario N° 26, de misma fecha, señalando, en síntesis que: a) El Departamento del O.S.7 no mantiene antecedentes relativos al caso en mención. Más aún el O.S.7 Coyhaique fue creada con posterioridad a la fecha que indica, esto es, el 20 de diciembre de 2002, no existiendo registro de casos ejecutados con antelación; b) Agrega que, no existe registro de la información solicitada, la que en todo caso tendría una data superior a 17 años, tiempo muy superior a los 6 años de permanencia de documentación en los archivos, de conformidad al artículo 58 del reglamento de documentación de Carabineros de Chile, N° 22 y al anexo seis de la directiva complementaria; e, c) Indican que la información no ha sido denegada, ni tampoco se ha manifestado al solicitante que ésta se encuentra incinerada, sino que, realizada la búsqueda en los registros pertenecientes a Carabineros, ésta no fue hallada. 5) GESTIÓN OFICIOSA: Con fecha 15 de abril de 2015, se remite correo electrónico al órgano solicitándole que indique, en particular, lo siguiente: a) En relación a la alegación que hace respecto de que no se mantienen registros de las acciones o diligencias solicitadas, fundado en que la sección O.S.7 fue creada el 20 de diciembre de 2002. Indique en qué medida la creación de dicha sección significó la eliminación o la pérdida de la documentación solicitada. En caso que disponga de un acto administrativo que dé cuenta de qué ocurrió con la información solicitada, remita dicha documentación a éste Consejo; b) Indique por qué no existen las actas de incineración del año en que se realizaron dichas diligencias; c) Si no cuenta con dichas actas de incineración, ¿cómo le consta que los documentos no fueron incinerados?; d) Indique, expresa y detalladamente, el procedimiento de búsqueda que llevó a cabo, y cómo le consta que dicha información no obra en poder el órgano. e) Refiérase a cualquier otro antecedente que estime necesario para fundamentar la causal alegada. 6) RESPUESTA GESTIÓN OFICIOSA: Con fecha 20 de abril de 2015, Carabineros de Chile, da respuesta a las consultas antes indicadas, señalando, en resumen que: a) El Departamento Drogas O.S.7 de Carabineros de Chile, no posee la información solicitada. A su vez, y en virtud que la información requerida era de Coyhaique, se consultó si poseía la información a la "Sección O.S.7 Aysén" (indistintamente denominada "Sección O.S.7 Coyhaique"), quien informó que no tiene tal información, y agregó que no podría tener aquella porque fue creada con posterioridad a la ocurrencia de los hechos. En efecto, los hechos ocurrieron en el año 1998, y tal Sección O.S.7 fue creada cerca de cinco años después, en diciembre del año 2002. Luego, no habiendo Sección en esa región del país a la época de los hechos, mal podría poseerlos. La creación de dicha Sección no significó la eliminación o pérdida de la documentación solicitada. Se quiso decir que la Sección O.S.7, solo produjo información con posterioridad a su creación, esto es, después de diciembre 2002. b) Sin perjuicio de lo anterior, independiente de la materia, y como una forma de acreditar ante esa Corporación que tanto el Departamento Drogas O.S.7 como su Sección en Coyhaique, no posee la información requerida, se requirió al Departamento Drogas O.S.7 (de Santiago) que acredite la destrucción de toda documentación del año 1998, y a la Sección O.S.7 Coyhaique (también denominada Aysén), que realice la misma acción, con la finalidad de apreciar de las actas de incineración de documentación, si éstas registran algún dato que permitiera advertir que existió documentación como la consultada, y que esta fue expurgada de los archivos institucionales. Así procedió la Repartición y la Sección, y en las actas de destrucción de la documentación, no se advierte algún dato relacionado con la materia consultada. c) El Departamento Drogas O.S.7 (Santiago)-, acompañó acta de incineración, que se adjunta. En ella, no se advierte algún documento incinerado relacionado con la materia consultada. Para la Sección O.S.7 Coyhaique (o Aysén), ésta envió acta de incineración, que data de junio de 2009, que señala que la documentación desde enero 2003 (al 2009) cumplió su tiempo de duración reglamentaria, no existiendo registro de actas u otro tipo de documentación que den cuenta de la incineración de información del año 1998. d) El procedimiento de búsqueda fue el siguiente: i. Recibida la petición de Información, el 8 de enero de 2015 se consultó al Departamento Drogas O.S.7, que por DOE (documento electrónico) N.C.U. 29877307 contestó que no mantiene "ningún registro relativo a alguna posible diligencia realizada por este Departamento Drogas O.S.7.". Esa misma Repartición, por DOE N.C.U. 29901680 de 13 de enero de 2015, amplió la respuesta que entregó en el sentido que no se mantiene "ningún tipo de antecedentes relativos al caso en mención, toda vez que la Sección O.S.7. Coyhaique fue creada el 20 de diciembre de 2012". Dicho documento agrega que la información requerida se encuentra ligada a procesos judiciales, y en el evento que en dicha oportunidad el tribunal de cargo de dicha investigación, al amparo del antiguo procedimiento penal, hubiese decretado una orden de investigar, éstas se habrían ejecutado por este departamento, y del mismo modo habrían sido entregadas al tribunal del cual emanó la correspondiente orden, adjuntándose dicha información al expediente, siendo en consecuencia parte del expediente respectivo. En virtud de lo establecido en el artículo 13 de la ley de transparencia, sugiere al requirente que concurra directamente al tribunal competente. ii. Recibida esta gestión oficiosa, se pidió nuevamente información al Departamento Drogas O.S.7, que por DOE NCU 33045959 de 17 de abril de 2015, y acompañó copia fotostática "del "acta de destrucción de documentación", correspondiente a este Departamento Especializado, en la que consta la destrucción de documentación de los años 1996, 1997, 1998 y 1999, acto administrativo que se llevó a efecto el 15 de mayo del año 2001, por el entonces Sr. Director de Investigación Delictual y Drogas; constancia estampada en el Libro de Registro Destrucción de Documentación de esta Repartición, a fojas 55, 56, 57 y 58". iii. La Sección O.S.7 Coyhaique, por su parte, señaló que la citada Sección especializada, fue creada por medio de la Orden General (R) Nro. 1500 de fecha 20 de diciembre de 2002. Respecto del acta de incineración de documentación, la sección O.S.7. "Aysén", por medio del DOE N.C.U. 33022421 de fecha 17 de abril de 2015, informó que "en lo que respecta al libro de destrucción de documentación en se señala que con fecha 15 de junio del año 2009, la documentación desde enero 2003 cumplió su tiempo de duración reglamentaria, no existiendo registro de actas u otro tipo de documentación que den cuenta de la incineración de información del año 1998. Se adjuntan copias fotostáticas del libro de destrucción de documentación debidamente certificadas." Y CONSIDERANDO: 1) Que, el reclamante solicita copia de todo lo obrado por el O.S.7 de Carabineros en causa que individualiza y Carabineros en su respuesta y descargos señala que la información es inexistente, debido a que no se mantienen registros de las acciones o diligencias obradas por personal de Carabineros de Chile, toda vez que la sección O.S.7 Coyhaique fue creada el 20 de diciembre del año 2002. Con posterioridad, como respuesta a la gestión oficiosa solicitada, indica que buscada la información en el O.S.7 de Santiago, esta no fue habida, y que adicionalmente se consultó al O.S.7 de Aysén, en virtud que la información requerida es de dicha ciudad, y esta también indicó no poseerla, en efecto dicha sección fue creada el año 2002. Sin perjuicio de ello, agregó que como una forma de acreditar que la institución no posee la información requirió que se acreditara la destrucción de toda documentación del año 1998, y en las actas de destrucción indica que no se advierte algún dato relacionado con la materia. 2) Que, los antecedentes requeridos han sido elaborados con presupuesto público, por lo que resulta aplicable a su respecto lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, en cuya virtud son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictación, salvo las excepciones previstas en leyes de quórum calificado. Del mismo modo, declara pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones ahí señaladas. En consecuencia, lo requerido en principio es información pública, a menos que a su respecto concurra alguna de las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 3) Que, el órgano acreditó haber consultado al O.S.7 de Santiago y de la Región de Aysén, quienes indicaron a su vez, que no mantienen ningún tipo de registro respecto de la información solicitada. Adicionalmente, requirió copia de las actas de incineración a objeto de advertir que existió documentación como la señalada, a lo que Carabineros de Chile indicó que no se advierte algún documento incinerado relacionado con la materia consultada. En el informe que remitió el Departamento de Drogas O.S.7 de Santiago indicó que la información requerida se encuentra ligada a procesos judiciales, y en el evento que en dicha oportunidad el tribunal de cargo de dicha investigación, al amparo del antiguo procedimiento penal, hubiese decretado una orden de investigar, éstas se habrían ejecutado por este departamento, y del mismo modo habrían sido entregadas al tribunal del cual emanó la correspondiente orden, adjuntándose dicha información al expediente. En consecuencia, no pudiendo ordenarse la entrega de información que no obra en poder de la entidad reclamada, se rechazará el presente amparo. 4) Que, en la decisión amparo C708-14, el Sr. Matías Rojas Medina, requirió a la Policía de Investigaciones información relativa a órdenes de investigar y trámites realizados por la brigada antinarcóticos de Santiago y Coyhaique, junto con otra información relativa a la causa N° 14.399 del Primer Juzgado del Crimen de Coyhaique. En este caso, la PDI manifestó que no obraba en su poder dicha información. Al efecto, informó que no conserva ni mantiene en su poder las órdenes judiciales dictadas por los Tribunales de Justicia, por cuanto una vez que son diligenciadas por las respectivas unidades son devueltas al tribunal o magistrado que las emitió. Además manifestó que los libros relativos al período a que alude el solicitante en su requerimiento, en virtud de la normativa que cita, fueron incinerados sin que obre en su poder algún registro de dicha actuación. El Consejo resolvió denegar el amparo en esta parte, debido que no es posible ordenar la entrega de información que no obra en poder del órgano reclamado. Mismo sentido en el que se pronunciará en esta oportunidad. 5) Que, sin perjuicio de todo lo anteriormente expuesto, este Consejo estima pertinente y razonable que el órgano reclamado mantuviera un respaldo de los documentos e informes que emite, sin perjuicio que éstos luego sean remitidos a otro órgano del Estado. Asimismo, en el evento de que la información no existiera en poder del órgano deberá elaborarse la correspondiente acta de destrucción o registro que acredite por qué dichos documentos no obran en poder del órgano y dónde fueron remitidos, a objeto de garantizar una debida gestión documental. 6) Que, de la misma forma cabe hacer presente que una adecuada política de gestión documental en el ámbito público debiera tener, entre otras finalidades, las de garantizar y materializar el derecho de acceso de los ciudadanos a dicha información. Por ello, en el asunto discutido en el presente amparo y atendida la naturaleza de los antecedentes solicitados, resulta relevante para este Consejo, así como para el solicitante, conocer el sistema de gestión documental que ha implementado el órgano respecto de la documentación que contiene la información requerida, con énfasis en el ciclo de vida de los documentos desde su creación hasta que se disponga su archivo o eliminación, según sea el caso. Asimismo, el órgano reclamado debería guardar y gestionar un respaldo fidedigno de este tipo de antecedentes, de modo que estos puedan ser consultados, en sintonía con el principio de facilitación, en el respectivo procedimiento de acceso a la información pública. En consecuencia, este Consejo representará, en lo resolutivo de la presente decisión, la inadecuada gestión documental al no haberse acreditado clara y suficientemente el ciclo de vida de la información solicitada. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo interpuesto por don Matías Rojas Medina en contra de Carabineros de Chile, atendida la inexistencia de la información requerida, por los fundamentos señalados precedentemente. II. Representar al Sr. Director General de Carabineros de Chile la inadecuada gestión documental, pues constituyen una infracción al principio de facilitación consagrado en el artículo 11 letra f) de la Ley de Transparencia. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere tal infracción, particularmente en cuanto a la revisión del sistema de gestión documental. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo al Sr. General Director de Carabineros y a don Matías Rojas Medina, remitiendo a este último los descargos y la respuesta a la gestión oficiosa. VOTO DISIDENTE La presente decisión es acordada con el voto en contra del Consejero don Marcelo Drago Aguirre, quien fue partidario de acoger el amparo de acceso a la información interpuesto, por las siguientes razones: 1) Que, conforme ha resuelto previamente este Consejo, la inexistencia de la información solicitada, constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. Al respecto, la Instrucción General N° 10, sobre el Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información, en el acápite sobre búsqueda de la información requerida, número 2.3, en su letra b), dispone que "De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen". 2) Que, a juicio de este Consejero, no revisten plausibilidad los argumentos señalados por la reclamada respecto a que no dispone de la información solicitada. Sobre el particular, se debe señalar que la sola afirmación respecto a la inexistencia de los antecedentes solicitados, no parece una alegación lo suficientemente fundada, que logre acreditar fehacientemente que el órgano hubiere agotado todos los medios disponibles a su disposición para encontrar la información y que, en caso de estimarse que los hechos fueran susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, que se hubiere instruido el correspondiente procedimiento sancionatorio. 3) Que, a diferencia del voto mayoritario, este Consejero estima que en el presente caso no se ha configurado la causal de inexistencia, ya que el órgano no acreditó fehacientemente que la información no obrara en su poder, ya que es necesario que se establezca de manera detallada y cierta, que se efectuaron las búsquedas pertinentes para encontrar la información, instruyendo, si fuere procedente, el procedimiento sancionatorio tendiente a establecer las eventuales responsabilidades administrativas por dicho extravío, cuestión que no ocurrió en el caso en concreto. 4) Que, por último, Carabineros, sin tener un registro claro de la información que obra en su poder, y constando que los documentos no fueron incinerados, debería haber encontrado la forma de reconstituir los documentos perdidos, y tomar las medidas pertinentes para evitar que dicha situación se reitere, particularmente cuando se trata de antecedentes que son requeridos, solicitados y remitidos como consecuencia de una orden judicial. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.